Ayer viernes ocurrió un hecho inédito en nuestro país: los abogados de varias asociaciones presentaron una denuncia administrativa contra el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por autorizar la venta de armas a Marruecos.
Entre las entidades está la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA), la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), la Asociación Internacional de Juristas por El Sáhara Occidental (IAJUWS), el Observatorio Asturiano de Derechos Humanos para El Sáhara Occidental, el Observatorio Aragonés para El Sahara Occidental y la Asociación Canaria de Juristas por la Paz y los Derechos Humanos (JUPADEHU).
Los denunciantes consideran que el gobierno español viola la Ley de Control de Armas al aprobar ventas de armamento a un país como Marruecos que viola los derechos humanos y está implicado en un conflicto interno y vecinal.
La Ley 53/2007, aprobada por el Parlamento el 28 de diciembre de 2007, establece serías restricciones para la venta de armas españolas a países que puedan utilizarlas para “perturbar la paz, la estabilidad o seguridad regional, exacerbar conflictos o tensiones latentes, de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, con fines de represión interna, o en situaciones de violaciones de los derechos humanos”. En su artículo 4 se afirma tajantemente que “las solicitudes de autorización serán denegadas, suspendidas o revocadas” cuando se presente alguno de los supuestos anteriormente citados.
A pesar de ello, y tal como se recoge en la denuncia presentada ayer, el Consejo de Ministros de 18 de enero de 2008 autorizó una cesión de armamento por “el precio simbólico de un euro de ocho juegos lanzadores de bombas de aviación a la Fuerza Aérea marroquí valorado en 86.848 euros, para incorporarlos con toda probabilidad a la flota de cazabombarderos Mirage F1”.
Seis meses más tarde, el 27 de junio de 2008, el Consejo de Ministros de nuevo autorizó regalar media docena de torpedos a la Marina Real de Marruecos. Ambas decisiones se realizaron con el objetivo de reforzar las relaciones bilaterales entre ambos países.
En la denuncia se informa que España realizó en 2008 exportaciones de armamento a Marruecos por un valor 114 millones de euros y se otorgaron ocho licencias que autorizaban exportaciones por un monto de otros cuatro millones de euros. Durante el primer semestre de 2009 se autorizaron venta de vehículos y camiones militares por 30 millones de euros y se otorgaban licencias de exportación por otros 50 millones de euros.
El gobierno español no solo viola la ley española sino que pisotea los códigos de conducta sobre exportación de armas aprobados por el Consejo de la Unión Europea donde se especifica que los países que reciban armas españolas debe respetar los derechos humanos y el Derecho Internacional humanitario y que siempre se debe tener en cuenta la situación interna del país a la hora de autorizar esas ventas.
En caso de duda el país vendedor, en este caso España, deberá tener en cuenta “los informes de los órganos de derechos humanos y otros organismos de Naciones Unidas, la información facilitada por organizaciones y centros de investigación de reconocido prestigio en el ámbito del desarrollo, la paz y la seguridad, el desarme, la desmovilización y los derechos humanos”.
Los denunciantes recuerdan el permanente historial de violaciones de los derechos humanos de Marruecos desde la proclamación de su independencia hace más de 50 años. Y acusan al país de llevar a cabo desapariciones forzosas, detenciones arbitrarias y utilizar la tortura de forma cotidiana en base a informes realizados por organizaciones internacionales de derechos humanos muy prestigiosas como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Freedom House, Front Line Defenders u organismos como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos del año 2006 o el Parlamento Europeo.
Existen serias posibilidades de que el armamento español pueda ser utilizado contra la población saharaui tal como ocurrió en el pasado. Muchos de los ciudadanos saharauis tiene documentación y nacionalidad española.
Las vergüenzas bélicas del gobierno española traspasan las fronteras de nuestro vecino del sur tal como se demuestra en el análisis de las exportaciones españolas de material de defensa y doble uso ocurridas en el primer semestre de 2009 y presentando recientemente por una coalición de ONGs españolas.
A parte de Marruecos, España sigue vendiendo armas a países como Colombia, Guinea Conakry, Sri Lanka, Pakistán o Tailandia, que sufren graves situaciones bélicas internas. Las organizaciones humanitarias se preguntan qué criterios está utilizando la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior para violar sistemáticamente la ley de Control de Armas.
En el primer semestre de 2009 España exportó material de defensa por un valor de 411 millones de euros, que supone un 64,5% de aumento sobre el mismo periodo del año anterior. Además, el valor de las exportaciones autorizadas (incluidas las que están pendientes de realizarse a destinos muy preocupantes) fue de 1.095 millones de euros.
Si a estas cantidades añadimos la exportación de lo que se conoce como material de doble uso (armas de caza y tiro deportivo que pueden ser utilizado en caso de crisis contra las personas), el total de las exportaciones autorizadas sumaron más de 1.200 millones de euros y las operaciones realizadas superaron los 437 millones de euros sólo en el primer medio año de 2009.
Pero que vergüenzas ni que nada, si no la tiene ni la a conocido nunca. La pela es la pela y lo demás tonterias. Se aplica la doble moral, una para darse golpes de pecho, que si somos sociatas etc.., y otra para el interés.
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