La querella contra Del Olmo

26 de Abril de 2010 - 18:28:44 - Luis del Pino

En agosto de 2006, en plena polémica por el tema de los explosivos utilizados en el atentado del 11-M, se producía en Leganés un extraño suceso: un gitano se presentó en comisaría con un paquete, diciendo que alguien se lo había dado como si fuera droga, para que hiciera de correo, pero que, al abrirlo, había visto que se trataba de dinamita Goma2-ECO. Así que había decidido ir a denunciar el asunto.

A partir de ese inicio de historia tan rocambolesco, en las semanas siguientes se desató un culebrón judicial en el que salió a la luz una presunta mafia policial que se dedicaba a cuestiones tales como el tráfico de explosivos y de droga o la simulación de delitos por encargo, para clientes deseosos de vengarse de tal o cual persona.

Y aquel caso tan extraño y tan embrollado le tocó en suerte al juez Del Olmo, que no desperdició la ocasión de protagonizar uno de los mayores escándalos de la instrucción del sumario del 11-M. Porque aquellas investigaciones sobre una presunta mafia policial terminaron derivando en una investigación contra dos policías - Celestino Rivera y Antonio Parrilla - que no tenían relación ninguna con esa mafia. El juez Del Olmo acusó a esos dos policías de pasarle información al periódico El Mundo, les impuso una fianza desorbitada y les hizo pasar casi un mes en la cárcel, cuando el delito del que les acusaba (revelación de secretos) no lleva aparejada más que una pena de multa.

Por supuesto, aquella inexplicable actuación del juez Del Olmo estuvo apoyada por la consabida campaña mediática, que utilizó - ¡cómo no! - al periódico El País para el trabajo sucio. Así, en diciembre de 2006, el periódico El País justificaba - en un editorial titulado "La estrategia del ruido" - que el juez Del Olmo hubiera enviado a la cárcel a los policías Parrilla y Rivera, sugiriendo que éstos estaban implicados en esa presunta mafia policial de tráfico de droga y explosivos y achacándoles, además, una connivencia con el periódico para El Mundo para inventar noticias que vincularan a ETA con el 11-M. O sea, que para el periódico El País los policías Rivera y Parrilla eran unos canallas conspiranoicos que merecían dar con sus huesos en la cárcel.

Al final, los dos policías injustamente encarcelados pudieron salir de prisión porque hubo un sindicato policial, la CEP, que se encargó de su defensa y porque el periódico El Mundo organizó una colecta y se pudo cubrir la fianza.

Dos años y medio después, en mayo de 2009, la Audiencia Provincial de Madrid dictaba una demoledora sentencia en el caso de las investigaciones contra estos dos policías. En concreto, el fallo de la Audiencia dejaba como un trapo al juez Del Olmo, a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía y al Ministerio de Interior. Señalaba esa sentencia que al policía Antonio Parrilla se le arrestó sin fundamento alguno, basándose en "presunciones" y "conjeturas"; señalaba también que la Unidad de Asuntos Internos "silenció" y "omitió" datos para conseguir arrestar a los policías Parrilla y Rivera y envió informes "que no respondían a la realidad"; señalaba, en fin, que el juez Del Olmo impuso a esos dos policías fianzas "desproporcionadas" y los mantuvo 24 días en la cárcel por un delito que no sólo no era tal, sino que en caso de haberlo sido tan sólo llevaba aparejada una pena de multa...

La Audiencia Provincial de Madrid dejaba al descubierto, con su sentencia, el infame montaje urdido para encarcelar a dos policías que no tenían ninguna relación con ninguna mafia policial y que tan sólo cometieron el pecado de hablar con Fernando Lázaro, un periodista del periódico El Mundo.

Hoy conocemos, precisamente a través de una noticia publicada por Fernando Lázaro, que los agentes Parrilla y Rivera han presentado ante el Tribunal Supremo una querella por prevaricación contra el juez Del Olmo, y que el Tribunal Supremo ha acordado remitir dicha querella a Murcia, que es donde Del Olmo ejerce ahora de juez.

Es tan palmaria la injusticia que en su día cometió Del Olmo en este caso, imponiendo a esos dos policías fianzas superiores a las que se les imponen a personas acusadas de colaborar con ETA; es tan evidente que se extralimitó en sus funciones, investigando un delito para el que no era competente, que la querella tendrá, muy posiblemente un largo recorrido. Y el juez Del Olmo, que pasará a la Historia como aquél que consiguió embarullar la investigación judicial del 11-M, tendrá que explicar ahora por qué se dedicó a perseguir sañudamente y sin motivo a dos policías por hablar con el periódico El Mundo, en lugar de dedicar su tiempo a cumplir con su obligación de decirnos a los españoles quiénes asesinaron a 193 personas a tres días de unas elecciones generales.
Unas elecciones generales que supusieron, por cierto, el inicio del proceso de descomposición institucional que ahora padecemos.