Los Policias creen ilegal la orden sobre inmigrantes

Interior asegura que las expulsiones se ajustan al «milímetro» a la legislación
La circular 1/2010 de la Comisaría General de Extranjería sobre las actuaciones contra los inmigrantes ha levantado una gran polvareda, tanto en el plano político como en el policial. Esta norma marcaba las líneas de actuación de la Policía contra los sin papeles. Pero los policías no tienen tan claro que esta serie de instrucciones estén amparadas por la ley.

Es más, sus representantes consideran que se están dando órdenes para proceder de forma ilegal contra los inmigrantes y que además dejan en claro «riesgo de indefensión jurídica» a los agentes que las lleven a cabo. La normativa de la Comisaría de Extranjería apuesta por agilizar los trámites de expulsión y por aplicar una medida que la ley contempla como excepción: las detenciones cautelares o preventivas de aquellos que en el momento en que se les pida su identificación no puedan acreditarla.

Los principales sindicatos policiales constatan que estas normativas internas pueden ir directamente contra la ley. Desde el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) se estudia impugnar la norma ante la Justicia ya que establece «un procedimiento de actuación que no respeta los derechos constitucionales de los ciudadanos, que también son aplicables a los inmigrantes». Considera que la Comisaría de Extranjería «está reinterpretando la ley y abocando a los policías que cumplan esa circular a cometer detenciones ilegales sancionadas con penas de cárcel y expulsión de la Policía». El SUP exige la retirada inmediata de esta circular. «Recomendamos a todos los policías encargados de cumplirla que actúen desde la legalidad, evitando así posibles sanciones penales y disciplinarias».

Desde la Confederación Española de Policía (CEP) no se quedan cortos: «Nos encontramos ante un riesgo más para la seguridad jurídica de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía que, de cumplir a rajatabla la circular podrían enfrentarse a las correspondientes acciones judiciales de los abogados de los inmigrantes perjudicados». La CEP sospecha que podemos estar «ante otro intento de convertir los flujos migratorios ilegales en un elemento de mejora de la eficacia policial por su influencia sobre las estadísticas operativas».

Desde el Ministerio del Interior se trata de calmar las aguas. Según informan las agencias Efe y Europa Press, Interior considera que esta normativa de la Comisaría General de Extranjería se «ajusta al milímetro» a la nueva legislación sobre Extranjería. Fuentes del departamento dirigido por Alfredo Pérez Rubalcaba, citadas por ambas agencias aseguran que no se están acelerando las expulsiones y que la legislación actual avala las «detenciones preventivas». Desde el Ministerio se admite que la circular no fue conocida previamente por la cúpula del Departamento dirigido por Rubalcaba, pero que no obstante «no se separa ni un milímetro» de lo dispuesto en la legislación vigente.

Interior asegura que las detenciones preventivas a efectos de identificación que contempla la ley no distinguen entre españoles y extranjeros. No obstante, la circular policial está elaborada por los responsables en extranjería. Dice que la norma interna se ajusta tanto a la nueva Ley de Extranjería como a la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Corcuera, vigente desde 1992.