Comparaciones odiosas

Comparaciones odiosas

Me gustaría invitarles a todos ustedes a que reflexionaran conmigo sobre las evidentes diferencias entre dos casos de extraordinaria gravedad que han sacudido a nuestra frágil democracia en los últimos años. Me refiero, concretamente, a la investigación de los atentados del 11-M y a la de ese ejemplo de chivatazo a ETA que se ha dado en denominar el caso Faisán.

En estas últimas semanas, hemos conocido diversas noticias, declaraciones e interpelaciones parlamentarias que permiten albergar un cierto grado de esperanza en que el caso del Bar Faisán termine clarificándose. O, al menos, en que termine pasando factura política a sus aparentes responsables.

Así, el Partido Popular se ha personado, junto a diversas organizaciones cívicas, en la causa que investiga el chivatazo. Y, además de personarse, el Partido Popular no ha dudado en realizar contundentes declaraciones públicas sobre las responsabilidades políticas del caso, ni en llevar a cabo interpelaciones parlamentarias sobre un asunto que al ministro Rubalcaba parece ponerle de los nervios.

Pero no es sólo el PP el que parece dispuesto a llegar hasta el final en ese caso. También la Audiencia Nacional ha dado muestras de querer profundizar en los hechos, propinando un fuerte varapalo al juez Garzón y obligándole a realizar una serie de diligencias que las acusaciones populares habían solicitado y que nuestro ínclito juez estrella desestimó sin demasiado fundamento.

Tenemos, por tanto, un caso – el del chivatazo del Bar Faisán – en el que no sólo la Oposición, sino también la Justicia, se enfrentan al Gobierno con el aparente fin de tratar de esclarecer la verdad de los hechos y de exigir las responsabilidades políticas a que hubiere lugar.

Pero las comparaciones son odiosas. Y aunque ese celo investigador en el caso del chivatazo a ETA me llena de satisfacción, no puedo menos que preguntarme a qué se deben las evidentes diferencias con otro caso, el del 11-M, que continúa sin resolverse, aunque todos sospechemos en realidad qué fue lo que pasó.

Porque todo ese celo investigador, ese ardor declarativo, esa contundencia parlamentaria que el PP exhibe con el caso del Bar Faisán, se torna en un sepulcral y clamoroso silencio en lo que al 11-M se refiere. El PP, por ejemplo, no se ha atrevido a personarse en ninguna de las causas judiciales abiertas en relación con la masacre de Madrid. El PP huye como de la peste de hacer cualquier tipo de declaración de la que pudiera deducirse que no comparte la versión oficial del atentado del 11-M. Para el PP, el 11-M no parece existir parlamentariamente hablando.

Y las diferencias no afectan únicamente al PP. La Audiencia Nacional, que tan contundente se ha mostrado ahora para exigir al juez Garzón que continúe investigando el chivatazo, es esa misma Audiencia Nacional que no ha vacilado en rechazar – por activa y por pasiva – todas las solicitudes de investigación que las víctimas del 11-M le han ido planteando.

¿A qué puede deberse semejante incoherencia?

Intentemos buscarle una explicación. ¿Acaso el asunto del chivatazo del Bar Faisán es menos grave que el 11-M? Evidentemente, no. En el caso del chivatazo, estaríamos hablando de una presunta colaboración con banda armada. Una colaboración gravísima, ya que el dinero de las extorsiones etarras sirve para financiar las actividades criminales de la banda, pero es una colaboración que no habría ido directamente dirigida a la comisión de ningún asesinato. El 11-M, por el contrario, no es otra cosa que el asesinato premeditado, a sangre fría, de 193 españoles elegidos al azar. Por tanto, si el PP o la Audiencia Nacional no se atreven con el 11-M y sí con el chivatazo no es porque el 11-M sea menos grave.

Tratemos de buscar otra explicación. ¿Acaso puede tener el PP algo que esconder en el tema del 11-M? No parece que ése sea el caso. Porque, si fuera así, entonces el PSOE no dudaría en estarle restregando por la cara al PP la masacre de Madrid un día sí y otro también, y lo cierto es que el propio gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero es el que más ha hecho porque el 11-M no se investigue.

¿Pero entonces, cuál puede ser la razón de semejante diferencia de trato para con los dos casos?

En realidad, se trata de una pregunta retórica, ¿verdad? Porque todos sabemos cuál es la única respuesta lógica. La diferencia de trato se debe a que, si el chivatazo se resolviera, el único que se vería en apuros, por la necesidad de asumir responsabilidades políticas, sería el Partido Socialista. Eso podría ser grave para los implicados, pero para nadie más.

Sin embargo, la resolución del 11-M conllevaría un resultado bien distinto.

Porque el 11-M no fue – como la actitud de todas las instituciones democráticas ha ido poniendo de manifiesto – ni un atentado islamista, ni un atentado de ETA. Si hubiera sido un simple caso de terrorismo, o el PP o el PSOE (dependiendo de quién fuera el responsable de la masacre) habrían capitaneado las investigaciones para machacar a su oponente lo más posible. Y la Justicia habría funcionado, aunque fuera parcialmente.

Pero el 11-M no fue un caso de simple terrorismo, sino otra cosa bien distinta. Fue un caso de utilización directa de una violencia indiscriminada para conseguir una serie de efectos políticos inmediatos en nuestro país. Lo cual no es otra cosa, técnicamente hablando, que la definición de golpe de estado.

Y no hace falta ser muy avispado para imaginar que la resolución del 11-M traería consigo un verdadero cataclismo político, una auténtica sacudida de las estructuras del estado, que tendría consecuencias imprevisibles y que llevaría a poner en cuestión muchos aspectos de nuestro actual sistema político. De ahí las diferencias de trato.

El caso del chivatazo no es otra cosa, al fin y al cabo, que una mera investigación criminal. El 11-M, por el contrario, se ha convertido en una auténtica cuestión de estado.

Porque así lo previeron quienes organizaron aquella masacre.