Sostiene que si los policías que rastrearon el chivatazo hubieran analizado sus llamadas, habrían «infringido el Código Penal
FERNANDO LÁZARO
Madrid
El secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, envió ayer una carta al director de EL MUNDO en la que admite que no recuerda si habló por teléfono con el director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, justo después de que éste, presuntamente, ordenara el chivatazo. No obstante, en su escrito advierte de que hubiera sido «ilegal» que las Fuerzas de Seguridad le investigaran en la trama del chivatazo al aparato de extorsión de ETA y que le rastrearan sus llamadas.
En el escrito, el número dos de Interior sostiene que si los agentes encargados de las pesquisas sobre esta delación hubieran analizado sus comunicaciones habrían «infringido el Código Penal». Este periódico informó ayer de que los investigadores detectaron una llamada del director de la Policía a Camacho el día 3 de mayo de 2006, justo después de que, presuntamente, García Hidalgo diera luz verde al chivatazo.
Antonio Camacho explica en su carta que en EL MUNDO «se mencionan llamadas que, según parece, se me hicieron por parte del director general de la Policía hace ya casi cuatro años. Obviamente, es imposible que yo recuerde esas llamadas, pero en todo caso es habitual que en mi cargo hable en múltiples ocasiones con el director general de la Policía todos los días. De lo que no tengo ninguna duda es de que esas llamadas no tuvieron el sentido ni el contenido que periodísticamente se les atribuye».
A continuación, se detiene en una comunicación entre él y el entonces responsable de la Comisaría General de Información, Telesforo Rubio. «Resulta sorprendente que en el cuadro de llamadas publicado se recoja una efectuada por mí al comisario general de Información. Es sorprendente porque ni mi tráfico de llamadas fue analizado ni, por lo que sé, tampoco el del comisario general de Información, puesto que ninguno de los dos hemos sido investigados en esta causa».
Y añade: «Y es sorprendente, con independencia de que se hiciera esa llamada, lo cual es imposible de recordar, que se hayan investigado llamadas efectuadas por una persona que ni está ni estaba siendo investigada en la causa judicial, lo cual, a todas luces, sería ilegal y constitutivo de una infracción recogida en el Código Penal». Camacho finaliza mostrando su respaldo y respeto a la Policía y al Poder Judicial. El número dos de Interior asegura que la información publicada ayer por EL MUNDO «sólo puede deberse a una equivocación más del periodista que ha elaborado la noticia».
Por su parte, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró en una entrevista en Punto Radio que Camacho no ha sido objeto de investigación en el caso Faisán. En cuanto a la llamada que presuntamente recibió Camacho ese día del entonces director de la Policía, admitió que no le constaba esta comunicación, pero que el hecho de que sólo fuera una demuestra que se trató de un día «muy tranquilo».
En su opinión, el titular de la noticia ha sido escrito con «malicia» al indicar que la investigación «incluye» al secretario de Estado, cuando la realidad es que «jamás ha sido investigado». Subrayó que la llamada del director a Camacho fue «absolutamente normal», y además refleja que fue un día «absolutamente tranquilo» porque normalmente los responsables de Interior reciben muchas más advirtiendo de operaciones, pateras, asesinatos o problemas en cárceles. Es «rarísima» la noche en que reciben una sola llamada. Según sus informaciones, Camacho recibió una llamada que se cortó a mitad de la conversación.
La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, anunció que su formación va a solicitar de nuevo la comparecencia en el Congreso de Rubalcaba, para que aclare hasta dónde llega la supuesta implicación de Antonio Camacho en el caso del chivatazo
Los guardias hablan de «alta traición»
La Unión de Oficiales (UO) de la Guardia Civil aseguró ayer que el caso del chivatazo a ETA puede ser considerado como «alta traición», por lo que este colectivo pidió que el asunto no quede en «una simple confrontación política».
A través de un comunicado, la UO señaló que teme que este soplo a la banda terrorista quede reducido a una «disputa» entre PSOE y PP, ya que puede llevar a que «no se aprecie en su totalidad las extremadamente graves implicaciones de un caso que podríamos calificar de alta traición», según informa Servimedia
Este caso, como otros, quedará al final en aguas de borrajas. Todo ello, gracias a la tenaz pèrseverancia del gobierno, que no quiere reconocer los datos. Al final, la Policía es como siempre el chivo expiatorio, y la culpable, en vez de ellos. En este país parece ser, que el ser político tiene gula para hacer y deshacer a su antojo, implique al que sea, a todos, menos a ellos.
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