ÁNGELES ESCRIVÁ / Madrid / El Mundo
«El objetivo final del proceso no es la rendición de ETA, sino que pueda defender su proyecto político en igualdad de condiciones», según el acta de la reunión de 18 de mayo de 2007
Antes el enviado del Ejecutivo había asegurado: «El proceso sigue roto por [el atentado de] Barajas y los incidentes [detenciones de etarras] son consecuencia de ello»
Recordó a los observadores internacionales que «al Gobierno tampoco le gusta la Ley de Partidos pero que ésta respondió a los asesinatos que cometía ETA contra cargos políticos»
«Para el Gobierno, el acuerdo político es posible, pero su alcance es distinto si se garantiza el alto el fuego. La disposición del Gobierno es favorable aunque depende de qué acuerdo y depende de los compromisos de ETA». Ésta es una de las respuestas dadas por los representantes del Ejecutivo a los enviados de la banda durante una de las reuniones entre ambas partes tras el atentado en la T-4 en la que participaron dos miembros de Batasuna. Así lo recoge una de las actas incautadas a
Thierry que describe el encuentro en el que el Ejecutivo fue más estricto.
El encuentro consta de dos reuniones. En la primera, destaca el planteamiento global realizado por el Gobierno, que pretende encontrar una solución política -no quiere que los esfuerzos de los meses anteriores queden baldíos- reactivando la mesa de partidos fracasada el otoño anterior porque Batasuna -por orden de ETA- no quiso firmar el acuerdo al que habían llegado.
El Ejecutivo se muestra dispuesto a ahondar en ese camino con el que trata de atar o arrastrar a ETA, igual que está dispuesto a avanzar en la denominada mesa técnica, aquella en la que se habla de presos, procedimientos judiciales y armas, pero argumenta que no puede hacerlo mientras la banda considere compatible la negociación y el proceso entero con los atentados.
En la segunda parte, de hecho, el Gobierno experimenta una actitud mucho más estricta respecto a la mantenida en las conversaciones anteriores a la T-4 y, aunque está dispuesto a adquirir compromisos, restringe los que adquirió en secreto antes de empezar la negociación oficial, como intervenir en los procesos judiciales o no efectuar detenciones. La obsesión de la banda porque ponga sus pretensiones por escrito provocan la práctica ruptura.
Según el acta de ETA, en aquella reunión estuvieron presentes dos representantes de Batasuna, dos de ETA, dos del PSOE, dos del Gobierno, dos del Sinn Fein, dos del Ejecutivo de Las Landas [escenificación de los dos Estados «represores», según ETA] y uno del de Noruega. Los observadores internacionales acudieron «en calidad de testigos».
El intermediario de la Fundación Henry Dunant tomó la palabra: «Damos la bienvenida a todos los presentes, en especial a los observadores internacionales». Explicó que se estaban abordando temas «fundamentales para el futuro de Euskal Herria» y que las posiciones estaban muy alejadas respecto a los temas importantes tales como «Nafarroa, Euskadi o la decisión sobre su futuro del pueblo vasco».
Uno de los representantes del Gobierno intervino para subrayar que estaban allí para «reactivar el proceso», que eran partidarios del diálogo y de la implicación internacional y que debía mantenerse la tregua; que no cabía que se estuviese utilizando la violencia «como elemento de presión en un proceso de negociación». Recordó «el atentado de Barajas y advirtió que eso debe desaparecer al igual que el comunicado posterior de ETA en el que se mencionaba la posibilidad de respuesta».
El terrorista expuso los seis puntos con los que el Gobierno definió su ámbito de maniobra:
1) «El proceso sigue roto por Barajas y los incidentes [detenciones] son consecuencia de ello. En los contactos mantenidos no hemos llegado a superar esta situación. Lo ocurrido en las elecciones [las municipales de 2007] ha sucedido porque no retomamos el proceso antes.
Habrá que ver cómo abordar el tema de la legalización y desactivar elementos de la Ley de Partidos.
Se recuerda a los observadores internacionales que al Gobierno tampoco le gusta la Ley de Partidos, pero que esta ley respondió «a los asesinatos que cometía ETA contra los cargos políticos».
2) «El bloqueo del proceso se ha producido porque ETA ha querido atar al Gobierno hacia un final político en un proceso determinado. Eso no es posible. Eso debe dirimirse en las urnas de forma democrática, todas las opciones en igualdad de condiciones».
3) «La vía política avanzará si paralelamente avanza también la técnica. Si no se avanza en una, la otra se para. A partir del desbloqueo político habrá que avanzar en la mesa técnica. La violencia hará que ambas retrocedan».
4) «El Gobierno quiere remarcar que el Estado de Derecho sigue funcionando en un proceso de paz. No es posible parar a tribunales ni jueces ante actuaciones de violencia. No hay proceso de paz en el que esto pueda pretenderse».
5) «La situación política en el Estado no permite un pacto de Estado con la oposición para poder encarar el proceso de paz [ésta era una de las exigencias iniciales de la banda, que consideraba que sin que el PP respaldara el proceso, éste estaba abocado al fracaso]. Que el Gobierno salga reforzado en las elecciones generales es imprescindible para implementar el proceso».
6) «El objetivo final del proceso no es la rendición de ETA. Tampoco es la independencia de Euskal Herria, ni el estatuto único. El objetivo final del proceso es que la izquierda abertzale y ETA puedan defender su proyecto político en igualdad de condiciones y que ETA desaparezca porque existen esas vías políticas. Finalmente, la desaparición de presos y exiliados porque ya no existen las causas para que los haya».
También el representante de ETA saludó cordialmente a los representantes internacionales.
La banda sostuvo que, desde el inicio, había mostrado voluntad para resolver «un conflicto que dura desde hace 200 años y 40, y que no se resolvió con la Transición española por la imposición de la Constitución».
El dirigente de la banda terrorista argumentó, según viene en los documentos, que, tras el alto el fuego, el Gobierno respondió con incumplimientos y la no distensión. ETA, dice, se vio obligada «finalmente a responder con la acción militar de Barajas tras haber denunciado reiteradamente la situación mediante cartas a Rodríguez Zapatero en la mesa de negociación y públicamente». «El Gobierno no ha dado pasos de distensión [suficientes] y ETA tiene claro que no es posible desarrollar un proceso de paz con los mismos mecanismos que han originado la guerra».
La banda se comprometió a mantener el alto el fuego siempre que el Ejecutivo «respete y desarrolle el acuerdo firmado» y siempre que se comprometa a que la «distensión sea bilateral». ETA exigía para desbloquear la situación que previamente el Gobierno y Batasuna llegasen a un acuerdo político y únicamente se comprometía a no emplear la violencia si el Estado tampoco lo hacía. La violencia del Estado para la organización son las detenciones, los procedimientos judiciales y la ilegalización de partidos, elementos a los que el Gobierno debía renunciar.
La banda insistió en pedir un pacto de Estado aunque fuera sin el PP, «con el resto de las fuerzas políticas que son mayoría»; reiteró que para conseguir «el desmantelamiento de las estructuras militares de ETA» es necesario «solucionar las causas del conflicto, que son la territorialidad y la autodeterminación», y advirtió: «La gravedad de la situación viene causada por excluir a las listas electorales de la izquierda abertzale».
Finalmente, el Gobierno insistió en «explorar las posibilidades de la mesa política» y ETA dio su visto bueno a que los representantes de Batasuna y los del Gobierno protagonizasen el siguiente encuentro.
Los folios de la segunda reunión se abren con una frase en la que los etarras afirman que tanto el Gobierno como el PSOE «condicionan su compromiso para el acuerdo político a las garantías de ETA sobre el alto el fuego permanente en todo el desarrollo del proceso».
Toda la primera parte de ese encuentro se consume en la disputa sobre si una cosa ha de ser antes de la otra. Lo que el Gobierno no llega a plantear nunca es que ETA deba disolverse como requisito para poner en marcha las reuniones políticas con Batasuna. Avanzada la discusión, el representante del Ejecutivo asegura, siempre según la organización terrorista: «Para el Gobierno el acuerdo político es posible, pero su alcance es distinto si se garantiza el alto el fuego. La disposición del Gobierno es favorable aunque depende de qué acuerdo y depende de los compromisos de ETA».
La banda insiste en «desbloquear» el acuerdo con político con Batasuna antes, pero acepta entrar en los detalles técnicos antes de volver a la política. Y en ese punto recuerda al Gobierno que debe cumplir las «garantías» que firmó al principio y «los agentes internacionales deben garantizar su cumplimiento».
«La verdad es que no sé muy bien qué decir», responde el enviado del Ejecutivo; «el Gobierno no viene aquí a firmar cualquier cosa para salvar el proceso si no se dan las situaciones y condiciones necesarias». Y más adelante: «Si lo que ETA pide es que el Gobierno se comprometa hacia un escenario político final determinado y que ponga todos los mecanismos a su alcance para cumplir totalmente las garantías y que eso sea verificado por instancias internacionales, eso no es posible».
ETA pregunta: «¿A qué se compromete el Gobierno?» y éste responde: «Es cuestión de voluntad política, no de problemas técnicos».
El intermediario sugirió en este punto más que delicado, dos reuniones paralelas, PSOE con Batasuna y ETA con el Gobierno.
Los enviados del Ejecutivo expusieron cuáles iban a ser las «garantías» que iban a asumir a partir de entonces, muy diferentes a los compromisos adquiridos en 2005. «No hay garantía en los casos de detenciones por actos criminales» [es decir, el Gobierno no garantiza que no vaya a detener a quienes hacen un atentado, a quienes lo preparan, a quienes extorsionan económicamente ni a quienes roban armas y explosivos]. El Ejecutivo pidió aquí «mecanismos de verificación». Tampoco se garantiza que no vayan a ser arrestados los vinculados al terrorismo callejero, quienes oculten armas y explosivos o quienes estén sujetos a órdenes de búsqueda internacional «que ya estén en marcha».
Respecto a la acción de los tribunales: sobre las personas aún no condenadas, «los juicios pendientes no se pueden parar aunque se pueden manejar los tiempos; si las condenas no tienen que ver con delitos de sangre, se tomarán las medidas posibles para un régimen de libertad o prisión atenuada; en fases avanzadas del proceso de paz se pueden habilitar medidas que permitan flexibilizar las medidas y legislaciones penitenciarias; todo sería reversibles».
Para los etarras ya juzgados, habría acercamientos al País Vasco y quienes tuvieran delitos de sangre, «sólo accederán a la libertad tras el desarme de la organización».
Los encarcelados tras el alto el fuego, serían un «paquete» aparte y los indultos se darían al final del proceso. «El Gobierno se reafirma en los acuerdos previos, pero las circunstancias han cambiado», dice el acta.
ETA consideró este planteamiento una declaración de guerra pero, al verse presionada, se comprometió a mantener el alto el fuego permanente y a no perpetrar actos de violencia callejera durante el proceso. Mostró su disposición a crear una comisión de verificación internacional, a «desactivar la lucha armada y a desmantelar sus estructuras militares en el marco de la consecución definitiva de los objetivos políticos y técnicos del proceso.
El Gobierno dijo que tenía que completar y precisar esa oferta y la banda le acusó de dilaciones y de no querer poner nada por escrito. Así la negociación quedó ya prácticamente rota.
Lo que se dijo... según los etarras
>Protagonistas. Estuvieron presentes dos representantes de Batasuna, dos de ETA, dos del PSOE, dos del Gobierno español, dos del Sinn Fein, dos del Ejecutivo de Las Landas (para escenificar la existencia de dos estados involucrados) y uno de Noruega.
>Intermediarios. Dieron «la bienvenida a todos, en especial a los observadores internacionales» y proclamaron que iban a abordar temas «fundamentales» para «Euskal Herria».
>Batasuna. «Habrá que ver cómo abordar el tema de la legalización y desactivar elementos de la Ley de Partidos [...] al Gobierno tampoco le gusta la Ley de Partidos pero esta ley respondió a los asesinatos que cometía ETA contra cargos políticos», dijo uno de los enviados del Ejecutivo.
>Bloqueo. «El proceso ha quedado bloqueado porque ETA ha querido atar al Gobierno hacia un final político en un proceso determinado. Eso debe dirimirse en las urnas de forma democrática, todas las opciones en libertad de condiciones».
>Acuerdos. «La situación política del Estado no permite un pacto de Estado con la oposición para poder encarar un proceso de paz. Que este Gobierno salga reforzado de las elecciones generales [2008] es imprescindible para implementar el proceso».
>Estrategia. « El objetivo final del proceso no es la rendición de ETA. Tampoco es la independencia de Euskal Herria ni el estatuto único. El objetivo final es que la izquierda 'abertzale' y ETA puedan defender su proyecto político en igualdad de condiciones y que ETA desaparezca porque existen esas vías políticas. Finalmente, la desaparición de presos y exiliados porque ya no existen causas para que los haya».
>Presos. «Si las condenas no tienen que ver con delitos de sangre, se tomarán las medidas penitenciarias posibles para un régimen de libertad o prisión atenuada». Quienes tuvieran delitos de sangre «accederán a la libertad tras el desarme de la organización».
>Límites. «El Gobierno no viene aquí para firmar cualquier cosa para salvar el proceso si no se dan las situaciones y condiciones necesarias».
/ Libertad Digital
La AVT es, con mucha diferencia, la más representativa y plural asociación de víctimas de España y, desde luego, la más antigua. Cuenta con 3.600 afiliados -de ellos, unos 600 proceden del 11-M- que han padecido el azote de todos los grupos terroristas que han actuado en nuestro país: de ETA al FRAP, del GRAPO al islamismo salafista.
