- FERNANDO LÁZARO MADRID
- 06/08/2013 ESPAÑA/El Mundo
Mucho tendrían que cambiar el panorama para que en las próximas horas no se concrete una maniobra política en Navarra que deberá ser analizada con paciencia y pulso firme. Y es que todo apunta a que mañana los socialistas navarros, junto a los abertzales de Bildu, apoyarán una iniciativa en el Parlamento navarro tildada de antemano de inconstitucional por los servicios jurídicos. La oposición pretende aprobar en el Parlamento de Navarra una ley foral que permitiría paralizar despidos en empresas públicas. Se trata de una proposición presentada por Aralar y avalada tanto por socialistas como por Bildu, Izquierda Unida y Geroa Bai. Y sería una proposición destinada a modificar la ley de creación de la Sociedad Corporativa Pública Empresarial de Navarra, aprobada en 2009.
Esta nueva iniciativa, entre otras competencias, pretende que, por ley, se puedan paralizar los despidos en el seno de este ente público e, incluso, que se puedan llevar a cabo iniciativas con carácter retroactivo en el ámbito laboral.
El pulso contra el Gobierno foral de Yolanda Barcina es claro. Toda la oposición, después del archivo del caso de las dietas por el caso Cajanavarra, trata de minar, con toda herramienta que tenga a su alcance, la posición del grupo mayoritario de UPN. Sabe que puede, aglutinando todas las posiciones y a todos los grupos, sacar adelante su propuesta. Y esta propuesta ha sido descalificada por los servicios jurídicos de la Cámara. ¿Y qué puede suponer? Algunos hablan de un comportamiento digno de análisis para la Fiscalía si los parlamentarios arropan una iniciativa ya alertada de su inconstitucionalidad. Nadie podría aducir desconocimiento. Y es que los dictámenes son claros. Así lo manifestaron los servicios jurídicos en su escrito presentado ante la Cámara el pasado mes, emitido a petición de los portavoces del Parlamento navarro, «sobre la adecuación de la proposición de Ley Foral de modificación parcial de la Ley Foral de 18 de junio de creaciónd e la sociedad Corporación Pública Empresarial de Navarra, a los límites que deriven del ordenamiento constitucional».
Uno de los puntos más polémicos de la reforma prevista por socialistas y abertzales es que el Parlamento de Navarra tendrá que realizar una autorización previa de «los expedientes de regulación de empleo y de los planes de reestructuración de plantillas que afecten a más del 10% de los empleados de una sociedad pública».
El otro punto conflictivo es la retroactividad de la nueva norma: «Las operaciones que necesiten autorización previa del Parlamento de Navarra en virtud de lo dispuesto en esta ley y que se hayan adoptado, o iniciado su procedimiento de adopción, desde el 1 de enero de 2013 requerirán en todo caso ser sometidos a autorización del Parlamento de Navarra». Y el informe de los expertos asegura que existe inconstitucionalidad en los puntos clave del proyecto de ley que hoy estará sobre la mesa. Habla del «sistema de distribución de competencias establecidos en la Constitución y en el amejoramiento del Fuero».
En un escrito, el Ejecutivo navarro también protestó tras el hecho de que la Mesa del Parlamento de Navarra acordara «ordenar la publicación en el BO del Parlamento de Navarra de la proposición de Ley Foral de modificación parcial de la Ley Foral 8/2009, de creación de la sociedad Corporación Pública Empresarial de Navarra, su tramitación por el procedimiento de urgencia». En su escrito, el Ejecutivo de Barcina calificó de «puramente política» la moticación de esta reforma.
«Competencias del Estado»
«Se trata de una proposición de ley foral singular, cuya única finalidad es la de condicionar la adopción de decisiones que corresponden a una sociedad pública concreta, a la autorización previa del Parlamento, quebrando las más elementales reglas del reparto de poder, de las leyes forales que establecen el marco jurídico del sector público empresarial, del derecho societario y del derecho laboral, infringiendo incluso el propio Reglamento del Parlamento de Navarra», apunta el Gobierno. Añade que los servicios jurídicos tachan de «inconstitucional la atribución al Parlamento de competencias exclusivas del Estado en legislación laboral».
Estos que dicen ser socialistas que no lo son, siempre están dando por culo, Lo mejor que podían hacer, es disolverse con un potingue del químico.
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