- JOAQUÍN MANSO MADRID
- 12/07/2013 PORTADA/El Mundo
Pablo Ruz centra su minucioso interrogatorio al director de EL MUNDO en el
manuscrito de Bárcenas / Romeral: «Son documentos buscados con ahínco en los
últimos meses»El juez Pablo Ruz y el fiscal Antonio Romeral justificaron ayer la inusual premura con la que fue citado para testificar el director de EL MUNDO, Pedro J. Ramírez, en «la relevancia» de la «nueva documentación» aportada por el periodista y en su «evidente incidencia» en la investigación del caso Bárcenas.
Los dos consideran de una importancia determinante para la causa el manuscrito del ex tesorero en el que se reflejaría la financiación ilegal del PP. Se trata de «los documentos originales buscados con ahínco en los últimos meses», según el fiscal.
El director de EL MUNDO compareció ayer durante dos horas y Ruz centró su minucioso interrogatorio en ese escrito.
Los abogados Miguel Bajo y Alfonso Trallero –que anunciaron su renuncia a
seguir defendiendo al ex tesorero encarcelado al día siguiente de que este
periódico publicase una entrevista en la que revelaba una presunta trama de
financiación ilegal, cohechos y sobresueldos en dinero negro en la cúpula del
PP– enviaron en la mañana de ayer una nota al juzgado en la que informaban de
que no tenían intención de acudir a la declaración testifical del director de EL
MUNDO. Al mismo tiempo, entregaron en el registro de la Audiencia un recurso contra la providencia del juez en la que acordaba citar a Pedro J. Ramírez en menos de 24 horas y solicitaban su suspensión, con el argumento de que la diligencia no era urgente y podía provocar indefensión al imputado Luis Bárcenas –lo que conllevaría su eventual nulidad– si se celebraba sin que ningún abogado le representase.
El juez concedió la palabra a las partes para que se manifestaran al respecto y el fiscal anticorrupción fue así de contundente: «La celeridad está justificada por una circunstancia que desencadena la futura tramitación del procedimiento y diligencias que haya que practicar». A saber: «La aportación de los documentos originales buscados con ahínco en los últimos meses determina la condición futura en cuanto a la posición procesal del imputado y las diligencias a practicar», por lo que es «necesaria la ratificación inmediata por el testigo en este acto». Esto es: que el original de Bárcenas tiene una importancia determinante para la propia supervivencia del procedimiento y para decidir las pruebas que deban llevarse a cabo.
El abogado del también ex tesorero Álvaro Lapuerta, Javier Iglesias, fue quien defendió con más vehemencia que la declaración no tuviera lugar e incluso protagonizó un incidente al pedir al juez, sin éxito, que expulsara al periodista de la sala.
Finalmente, Ruz tomó la decisión. La declaración de Ramírez, dijo, «es acordada con carácter de urgencia ante la relevancia de la nueva documentación puesta a disposición del juzgado en orden a la investigación de los hechos en curso y su evidente incidencia», al tratarse, «en apariencia, de un documento original entregado por el imputado señor Bárcenas al diario EL MUNDO» de cuya presentación puede derivarse «la eventual necesidad de acordar otras diligencias urgentes».
Ya durante el interrogatorio, de hecho, dedicó al menos una veintena de preguntas a aclarar las circunstancias en las que llegó el manuscrito a este diario y cuántas personas tuvieron acceso a él y cómo.
Esa hoja original a la que el juez y el fiscal dan la máxima importancia, arrancada de uno de los cuadernos de Bárcenas, refleja anotaciones de una presunta contabilidad B del PP que revelaría una financiación ilegal sostenida sobre entradas masivas de dinero en efectivo por parte de empresarios adjudicatarios de obra pública. Al mismo tiempo, expresaría salidas en metálico para pagar sobresueldos a la cúpula dirigente. Uno de los apuntes sería un cobro del actual presidente, Mariano Rajoy, que sería irregular, pues entonces ocupaba el cargo de ministro de Administraciones Públicas.
El director de EL MUNDO señaló durante su declaración que interpretó que el ex tesorero le hiciese llegar ese documento después de la entrevista publicada el pasado domingo como una muestra de que el próximo lunes no va a desmentir las informaciones publicadas por este diario y de que está dispuesto a «colaborar con la Justicia». Bárcenas saldrá de la cárcel de Soto del Real para declarar ante el mismo juez que le envió a prisión tras descubrir que ocultaba 48 millones en Suiza y lo hará acompañado ya por su nuevo abogado, Javier Gómez de Liaño.
Ramírez también ratificó todos los detalles de su entrevista con Luis Bárcenas publicada el pasado domingo, en la que el ex tesorero del PP, días antes de su ingreso en prisión, le relató la financiación ilegal durante dos décadas del partido en el Gobierno y admitió que había negado hasta ahora la autoría de los documentos fotocopiados –llegó incluso a intentar en vano disimular su letra– debido a un pacto que alcanzó con el PP.
El periodista aportó un detalle novedoso que no se incluyó en esa entrevista. Se trata del relato de una entrega en efectivo de 300.000 euros que pretendía hacer uno de los donantes habituales del PP, «con mucho interés en que Rajoy lo supiera», en uno de los recientes periodos electorales de 2011, cuando ni Luis Bárcenas ni Álvaro Lapuerta eran ya tesoreros del partido. Por esa razón, le remitieron a José Manuel Romay Beccaria. Fuentes jurídicas aseguraron que ese donante sería un empresario de la construcción que ya está imputado en este procedimiento, aunque el director de EL MUNDO no dio su nombre.
Las acusaciones preguntaron de forma insistente acerca del presunto cobro de una comisión de 200.000 euros por encargo del PP de Castilla-La Mancha, presidido por María Dolores de Cospedal, a cambio de la adjudicación de una contrata de limpieza del Ayuntamiento de Toledo. Significativamente, el fiscal también se interesó por ello.
Gómez de Liaño asume la defensa de Bárcenas y su mujer, la defensa de Rosalía Iglesias, la esposa de Bárcenas
FOTO: Javier Gómez de
Liaño y su mujer María Dolores Márquez de Prado, ambos abogados y
amigos íntimos y de cenorras de Pedro J. El ex juez y abogado Javier
Gómez de Liaño es también columnista del diario El Mundo y escribe
bajo el seudónimo SECONDAT
El abogado y ex juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño asumió
ayer la defensa de Luis Bárcenas, después de que los letrados Miguel Bajo y
Alfonso Trallero renunciaran a representarle tras la entrevista en EL MUNDO al
ex tesorero del PP. La mujer de Gómez de Liaño, la abogada y ex fiscal María
Dolores Márquez de Prado, asumirá la defensa de la mujer de Bárcenas, Rosalía
Iglesias. 
Gómez de Liaño visitó a Bárcenas durante casi dos horas en la cárcel
madrileña de Soto del Real, donde aseguró que no hará «cócteles entre justicia y
política». «Que nadie vea por parte de estos abogados que esto es una acción pública o una estrategia de atacar a un Gobierno. Eso no ha estado nunca en mi ánimo», afirmó el letrado, que dijo que nunca le han gustado «los tribunales de tumulto».
«Sé muchísimas cosas de las cuentas suizas»
Bárcenas rechazó revelar a Ruz las personas «honorables» con las que ha hecho negociosEl ex tesorero del Partido Popular se negó a desvelar al juez Pablo Ruz el pasado 27 de junio la identidad de las personas que están detrás de las cuentas suizas descubiertas gracias a la documentación enviada por las autoridades helvéticas sobre las posiciones bancarias del propio Luis Bárcenas en ese país. El imputado, que tras esa última declaración judicial sería conducido a prisión, tampoco concretó las «operaciones comerciales» que, según él, explicarían la fortuna que tiene en el extranjero y no fue capaz de individualizar de dónde salieron los 3,3 millones que fueron el origen de su cuenta en el Lombard Odier (LO) de Ginebra.
El interés del juez instructor se centró, precisamente, en esa cuenta del LO llamada Novis, que se sumó a la inicialmente hallada en el Dresdner Bank con un saldo conjunto entre ambas que llegó a alcanzar los 48 millones de euros.
Según Bárcenas, el origen de su dinero en Suiza está en una antigua cuenta que abrió en 1988 en el Private Bank con unos 100 millones de pesetas de la época (en su declaración del 25 de febrero la cifra que mencionó era inferior, 80 millones de pesetas). Millón arriba, millón abajo, los fondos procederían de los beneficios obtenidos como socio de una empresa alemana llamada Innova, beneficios que invirtió en Bolsa «con importantes plusvalías».
En 1994, Private Bank cambió de dueño y Bárcenas se llevó el dinero a otras dos entidades: el Dresdner Bank y la Banca della Svizzera Italiana. Esta última es cerrada en 1999 y los fondos transferidos a la cuenta Novis, del LO. «¿Puede individualizar de dónde salen los 3,389.716 euros con los que se abre la cuenta Novis?», preguntó Ruz a Bárcenas. El ex tesorero contestó que no podía citar «operaciones concretas».
En la documentación remitida por Suiza respecto a Novis existen referencias a otras cuentas, también abiertas en LO, bajo los nombres Obispado, Ranke, Alejando, Ignacio, M....«Yo de las cuentas que figuran ahí conozco muchísimas cosas», contestó Bárcenas cuando el instructor le preguntó. Pero tampoco en este punto facilitó información porque, dijo, «prefiero que sean las autoridades suizas» las que desvelen esas identidades. Aseguró que entonces «se verificará» que son personas «espléndidas», «honorabilísimas», que «no tienen ninguna relación con Gürtel ni con ningún tema ilícito».
Ruz pinchó en hueso cada vez que intentó obtener información sobre transferencias concretas. Preguntó, por ejemplo, por dos ingresos recibidos en Novis en mayo y julio de 2007 por importe de 200.000 euros procedentes de una cuenta del LO en Nassau (Bahamas). «No puedo identificarlo», señaló Bárcenas, que añadió que esas transferencias respondieron a «operaciones comerciales». «¿Cuáles?», insistió el instructor. «Una intermediación agro-forestal», contestó un impreciso Bárcenas.
Tampoco fue muy explícito respecto a la transferencia que hizo a favor de la cuenta Obispado de todos los activos que ubicados en la cuenta Rosalía, abierta «para gastos» en LO y cuya propiedad se atribuyó Bárcenas, desvinculando a su esposa, Rosalía Iglesias. Esa transferencia, de 175.000 euros, se produjo el 12 de febrero de 2009, justo cuando estalló el caso Gürtel. Pero Bárcenas manifestó que simplemente quería cerrar la cuenta Rosalía y que su saldo coincidía con una cantidad que él adeudaba al titular de Obispado.
La Policía cree que la cuenta Obispado pertenece a Francisco Yáñez, ex trabajador del PP y padre de Iván Yáñez, gestor de las cuentas de Bárcenas tras el caso Gürtel. El ex tesorero no quiso confirmarlo, pero durante su declaración tuvo un lapsus al manifestar que las transferencias desde la cuenta Rosalía eran «para devolver la deuda a Francisco...». Y ahí se quedó.
Para su desgracia, Iván Yáñez declaró después que él y la fiscal le preguntó si Bárcenas le debía dinero a su padre. «Lo dudo», contestó.
«No pude ir a Baffin porque usted me retiró el pasaporte»
De los pocos datos concretos que Bárcenas proporcionó al juez Pablo Ruz en su última declaración judicial, uno fue el relativo a un viaje que pensaba realizar a la isla de Baffin, al norte de Canadá, el pasado marzo. «No pude ir porque usted me retiró el pasaporte», recordó el ex tesorero del PP.
El instructor le estaba preguntando por dos transferencias realizadas el 6 de
noviembre de 2012 y el 11 de enero de 2013 desde su cuenta en Lombard Odier a la
entidad BBI Beyond Boundaries Heliski International Trust, con sede en
Liechtenstein, por un importe total de 22.000 euros. Esas transferencias han
sido utilizadas por la Fiscalía para poner de manifestó que, en fechas muy
recientes, el imputado ha estado realizando disposiciones de dinero cuya
procedencia es supuestamente ilícita.
Bárcenas, que niega la mayor (el origen ilícito de su fortuna), señaló que ese dinero «era para un viaje que tenía contratado para marzo y que, como usted me retiró el pasaporte, no pude realizar».
Ruz impuso a Bárcenas las primeras medidas cautelares, entre ellas la retirada del pasaporte, el 25 de febrero pasado, ocho días después de que el imputado regresara de otro viaje, también a Canadá, donde estuvo esquiando. Fue a su llegada al aeropuerto de Barajas cuando se captó al imputado haciendo una peineta a los fotógrafos que le esperaban.
Luis Bárcenas puso especial empeño en desvincular a su esposa, Rosalía Iglesias, de las cuentas de Suiza, incluso la que puso a su nombre. «Mi esposa jamás supo nada», dijo el imputado, que añadió que las tarjetas de crédito sacadas a su nombre y al de su esposa sólo fueron utilizadas en el extranjero y nunca en España «por elementales criterios de prudencia».
– «¿Prudencia por qué?», quiso sabe el instructor.
– «Si los fondos están en el extranjero y no se conocen en España, son ganas de que por usar las tarjetas en un cajero...», dijo Bárcenas. «Si el dinero está oculto al fisco la prudencia.... Es lo que hace todo el mundo, como usted sabe perfectamente».
– «Yo no lo sé», zanjó Ruz.
Rosalía Iglesias, que compareció tras su marido, ratificó que quien manejaba los asuntos económicos era Bárcenas. «No soy tonta, ni mucho menos. Pero en mi casa, en mi familia, hay una distribución de papeles», dijo Iglesias, que añadió que «cuando a mi marido me dice que firme algo, como todos los temas económicos, mover el patrimonio, lo lleva él, tiene mi autorización, beneplácito, mi todo y por supuesto, mi firma».
El PP recibió ayer con una generalizada sorpresa la posibilidad de que la
secretaria general, María Dolores de Cospedal, declare como testigo en el caso
Bárcenas. Más aún, se debatía entre el desconcierto y el encono por el hecho de
que la Fiscalía respaldara dicho testimonio, de entre los tres solicitados por
la acusación particular de Izquierda Unida: Javier Arenas y Francisco Álvarez
Cascos.
«Es absurdo», «no tiene sentido», «no entendemos nada»... Así reaccionaron a la noticia en algunos despachos. Y no faltó, cerca de la cúpula, alguna alusión explícita a la teoría conspirativa que sitúa al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, como el responsable de una «operación política» para el desgaste de quien podría convertirse en su competidora por la sucesión de Rajoy.
Pero las razones que más alimentaban el desconcierto tenían que ver con el hecho de que Cospedal llegó al cargo en junio de 2008, cuando las donaciones anónimas objeto de la investigación judicial hacía un año que habían dejado de ser legales (cuando informó el fiscal todavía no había declarado Pedro J.Ramírez sobre un intento de donación de 300.000 euros en 2011).
Más aún, los populares se preguntaban qué podría aportar la secretaria general acerca de un periodo de investigación que, según el propio escrito del fiscal, culmina en diciembre de 2008; o sea, sólo seis meses después de haber accedido a la secretaría general «Es rocambolesco», corroboraba una diputada.
Sin embargo, no todos hacían reproches. «La Fiscalía no ha pedido citar a Cospedal», corregía un jurista del PP, «pero no podía negarse a una prueba –sobre la que en todo caso decidirá el juez– que persigue consultar sobre la mecánica de la financiación, bien a la actual secretaria general, bien al representante legal del partido, tal como puntualiza el informe». Pero «sí es verdad», admitía, «que esto tiene un morbo político fenomenal; sobre todo, porque un testigo tiene la obligación de decir la verdad, hasta el punto de que se le puede acusar de falso testimonio si opta por no contar lo que sabe, para proteger a otros».
En otras palabras, que aunque no conociera la época de las donaciones anónimas, ni siquiera los presuntos sobresueldos, la testigo podría verse comprometida con preguntas sobre si conocía la reunión entre Rajoy, Arenas, Bárcenas y su esposa, que reveló el ex tesorero a través de Pedro J. Ramírez; o sobre los detalles de aquella polémica «indemnización en diferido» por la que Bárcenas siguió cobrando del PP hasta este año.
Y a partir de ahí, el dilema, decían en el PP, está servido: o asume y defiende en bloque la historia del partido, lo que incluye a Javier Arenas o al propio Rajoy; o lleva a la práctica su vieja máxima de que «cada palo aguante su vela».
Ésta última era la hipótesis que ganaba en las apuestas de los populares. «Ella sólo puede responder de lo que ha vivido desde 2008. El problema lo tienen los de 1997,1998 y 1999», decían sus más partidarios, en relación con los que, precisamente, el fiscal ha informado que no deben declarar: Cascos y Arenas. «Ella está enfadada, pero muy, muy muy tranquila», decían los más próximos. «¡Qué va!, está encantada; lo que está deseando es declarar!», decían, significativamente, los menos partidarios.
El Consejo de Europa publicó ayer un informe sobre la transparencia de los partidos políticos en España en el que les acusa de utilizar fundaciones y asociaciones paralelas como método irregular de financiación. El documento elaborado por el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco, por sus siglas en francés) hace una evaluación de los progresos que ha hecho España para adoptar las recomendaciones de este organismo en materia de transparencia y concluye que el Gobierno ha adoptado sólo seis de las 15 propuestas dictadas.
Esta institución europea, que no forma parte de la UE, sostiene que la legislación española sobre financiación de partidos políticos es insuficiente y no cumple con los estándares que promueve el organismo. Tras analizar el sistema español, el informe concluye que «es esencial asegurar que las fundaciones y asociaciones políticas no son utilizadas como una forma paralela de financiación de las campañas electorales y la actividad de los partidos», y advierte de que esta práctica incumple las restricciones que establece la ley española. Los responsables de este grupo de vigilancia consideran que los partidos políticos españoles «deben dar pasos adicionales para poner en marcha mecanismos de control interno y mejorar la transparencia de las operaciones financieras», especialmente aquellas que tienen lugar a nivel local.
Sin citar ningún caso concreto de corrupción que afrontan varios grupos políticos españoles, el informe sí recalca la necesidad de que los ciudadanos «dispongan de información suficiente sobre las donaciones a los partidos políticos, sus marcas y empresas asociadas, para disponer de mejores herramientas para identificar posibles irregularidades».
Además, concluye que «el régimen de sanciones ante casos de financiación irregular de los partidos políticos debe ser endurecido». «Es crucial para la credibilidad del sistema que la legislación españolas no se quede en papel mojado. Greco urge a las autoridades española a tomar todos los pasos posibles en este asunto», añade.
El Consejo de Europa es, probablemente, la institución internacional que más empeño pone en luchar contra la corrupción en los países europeos. En 2011 ya emitió una primera evaluación del sistema español donde advertía de que el progreso mostrado a la hora de aplicar las recomendaciones era «muy modesto» y advertía de que los partidos políticos españoles eran «particularmente propensos a la negligencia».
De forma más pormenorizada, el organismo sostiene que España no ha regulado correctamente la concesión de créditos a partidos políticos por parte de entidades financieras y sostiene que «la ley española no profundiza en las obligaciones de los partidos de informar claramente sobre los créditos recibidos». También lamenta que el Tribunal de Cuentas sólo reciba información pormenorizada de la financiación de los partidos a nivel regional y nacional, pero no local, «donde se producen la mayoría de abusos».
«Dados los escándalos que han salido a la luz en los últimos años respecto a la financiación irregular, Greco considera que la implementación de sus recomendaciones es esencial para restaurar la credibilidad», añade.
El presidente del Gobierno dijo el miércoles algo de mucho interés: de vez en
cuando, hay que hablar de «las cosas que son importantes» –el liderazgo de
España en el sector del automóvil–, frente a la tendencia a «contar las cosas
que no son las mejores». Una expresión para paladear. Como en la vieja anécdota
del tipo que intentaba a toda costa franquear la barrera de una eficaz
secretaria con el argumento de que tenía que comunicar a su jefe algo
importante, habría que preguntar: «Importante, ¿para él o para mí?».
Uno se ha pasado las dos legislaturas anteriores admirando a un Gobierno que alcanzó la perfección en el arte de sustituir la responsabilidad por la exhibición de sus sentimientos. Éste ha desarrollado otra especialidad, también muy meritoria: soslayar la explicación de las propias responsabilidades para señalar en qué debemos fijarnos. Es inobjetable: para los intereses colectivos son mucho más positivas las noticias sobre la buena marcha del sector del automóvil reveladas por Rajoy en la factoría Ford de Figueruelas que las felonías practicadas por el ex tesorero del PP.
En otra planta de Ford, la de Almusafes, Teresa Fernández de la Vega explicó en febrero de 2008 a los trabajadores que no debían hacer «demasiado caso a los cantos apocalípticos de algunos sectores» sobre la situación económica en España, pues usan «algunos datos coyunturales» para intentar hacer creer que ésta «no va bien».
¿Qué es lo importante? Bárcenas no, ciertamente. De ahí que se haya borrado su nombre de la conversación entre personas decentes, salvando algunas excepciones como Aguirre y Cospedal. La importancia y la verdad, grandes asuntos. El antiguo tesorero del PP es para unos el oráculo de Delfos, mientras otros ven en él la Bocca della Verità, que atrapó la mano de Juliano el Apóstata y lo engañó. Algunos que ponen la suya por la veracidad de Bárcenas, eran más partidarios de comparar honorabilidades en versiones contradictorias: «¿A quién se va a creer, a una organización terrorista o a un Gobierno democrático?». Pues depende. No es lo mismo plantearse a quién prefieres para salir el sábado. Creer, creer, a quien diga la verdad, y tanto un Gobierno democrático como una banda terrorista pueden tener motivos para ser veraces o para mentir. Lo mismo cabría decir del ex tesorero y su ex partido, si no fuera porque el ex partido calla obstinadamente.
La oposición exige que el presidente se explique y tiene razón en ello, aunque lo haya reclamado con un plante parlamentario a todas luces inadecuado. Sin presuponer cuánta verdad hay en las revelaciones de Bárcenas, ni en cuál de ellas, mientras el juez Ruz deshilvana la madeja, Rajoy debe explicar su responsabilidad en el nombramiento de su tesorero, parcialmente desactivado su augurio: «Nadie podrá demostrar que no es inocente». Esperemos, confiando en que Bárcenas explique la verdad sobre sus cuentas suizas y que la oposición haga con los asuntos propios lo que exige al Gobierno con los suyos. Así sea.
En teoría, la intervención de Alfredo Pérez Rubalcaba en la Diputación Permanente de ayer se decidió el martes en la reunión extraordinaria de la Ejecutiva Permanente del PSOE para analizar el denominado caso Bárcenas. Y, según fuentes oficiales, se quiso mantener en secreto para no dar pistas al PP.
Pero lo cierto es que en el PSOE había un gran malestar por la ausencia del líder del partido durante más de cinco días, desde que se conocieron las nuevas revelaciones sobre el ex tesorero del Partido Popular, publicadas en los últimos días por EL MUNDO.
Nadie entendía que Rubalcaba estuviera escondido –«como si fuera él quien huyera de Bárcenas» llegó a decir un diputado–, cuando se publicaban acusaciones tan graves contra el presidente del Gobierno. Dirigentes del partido y diputados estaban de hecho a punto de levantar la voz y no comprendían la estrategia de la dirección socialista.
«Está bien que la primera reacción la haga Óscar López, que luego siga Elena Valenciano, pero Rubalcaba no puede estar escondido, dando la impresión de que ha pactado con el PP o que no quiere estar dando la cara», comentó una diputada del PSOE.
Las apuestas por la petición de elecciones anticipadas o ir a una moción de censura se oían entre las filas socialistas, ante el silencio de su líder frente a esta situación.
Sin embargo, las críticas se frenaron ayer con su intervención en la Diputación Permanente, que gustó y que calmó a sus diputados.
Algunos parlamentarios reconocieron que estuvo contundente y firme en su intervención, y que al PSOE le hacía falta esta reacción de su máximo dirigente.
Todo apunta a que en el Comité Federal de mañana sábado, Rubalcaba redoblará la crítica contra Rajoy ante este escándalo, sobre todo tras el rechazo del Partido Popular a que comparezca para dar explicaciones y que ni siquiera se someta a la sesión de control, la semana que viene, en el último pleno del actual periodo de sesiones.
A buen seguro también será un reclamo de los dirigentes del PSOE, que entienden que la dirección del partido no puede ser condescendiente con el Ejecutivo en este asunto, ante la gravedad de los hechos conocidos.
En Ferraz se espera como agua de mayo la declaración de Luis Bárcenas el próximo lunes, en su comparecencia en la Audiencia Nacional, pero está decidido a hacer batalla de este asunto, que puede poner contra las cuerdas al máximo dirigente del PP y actual presidente del Gobierno.
«Tenemos nuestras estrategias», dijo un dirigente del PSOE federal, «que nadie se impaciente y que nadie crea que vamos a estar pusilánimes en este asunto».
Lo cierto es que la intervención de ayer de Rubalcaba le salvó, en parte, de un malestar latente en el partido por su prudencia a la hora de pronunciarse sobre estos asuntos. Hasta enfada a los suyos.
Son dos cuestiones distintas las que ahora mismo están cargando el aire que
tanto crispa al PP. Ambas de la máxima importancia pero de distinta naturaleza.
Una de ellas, la que parece que interesa especialmente al juez, es la de la presunta financiación irregular de ese partido. La extraordinaria importancia que tanto el juez Ruz como el fiscal Romeral han dado a ese manuscrito original de Bárcenas, tiene que ver con el rastreo de las donaciones, muy por encima de los límites que marca la ley, que el PP podría haber recibido.
La cuestión, en ese caso, estaría en comprobar quién aportó dinero, en qué cantidades y a cambio de qué concesiones. Y, por supuesto, descubrir también la dimensión de las comisiones que, por el camino, se hayan podido distraer hacia los bolsillos particulares de algunos. Hacia el de Luis Bárcenas desde luego, aunque esa siga siendo de momento una hipótesis.
Lo que los dirigentes populares no saben todavía es hasta dónde está dispuesto a llegar su ex tesorero en la denuncia, más allá del caso Gürtel, de esa supuesta financiación ilegal. Ni qué es lo que puede probar. Y no porque la financiación irregular sea un delito, que no lo es. Ojo a eso, no nos vayamos a equivocar. La financiación puede ser contraria a determinadas leyes pero no está contemplada como delito en el Código Penal. Lo que sí es un delito es el cohecho, que tiene pena de prisión. Y pudiera ser que Bárcenas estuviera dispuesto a hacer ante el juez nuevas aportaciones en ese sentido. De ahí la tensión que el portavoz del PP mostró ayer en el Congreso, llamando directamente delincuente al hombre que durante 20 años administró las cuentas de su partido y que, de momento, no ha sido condenado como tal.
Y luego está la segunda parte, que sólo tiene ribetes políticos pero que es de una enorme trascendencia: quién recibió dinero que, según la Ley de Incompatibilidades, no debía recibir. Y quién lo recibió pudiendo hacerlo, pero lo ocultó a Hacienda.
Y ahí es donde se hace foco en Mariano Rajoy porque es presidente del Gobierno de España. Los demás nombres tienen también su importancia, pero casi todos están ya fuera de las estructuras de poder del PP y, en todo caso, su falta habría prescrito.
De modo que lo que se dirime aquí es algo tan simple como trascendental: si Rajoy es, o no es, el hombre íntegro, transparente y estricto cumplidor de las normas que él siempre ha dicho que era y que, desde luego, parece. Él acuñó para la Historia una frase rotunda: «Es falso: nunca, repito, nunca, he recibido dinero negro, ni en este partido, ni en ninguno». Dicho queda.
De la documentación que pueda aportar Bárcenas depende ahora que su reputación se mantenga, e incluso se refuerce o, al contrario, salte hecha añicos. Pero si Rajoy está tranquilo, como dicen que está, aunque se empeña en seguir callado, lo que no se comprende es por qué los suyos se comportan como si llevaran los dedos metidos en un enchufe.
El lunes empezaremos a despejar dudas.
Bárcenas, que niega la mayor (el origen ilícito de su fortuna), señaló que ese dinero «era para un viaje que tenía contratado para marzo y que, como usted me retiró el pasaporte, no pude realizar».
Ruz impuso a Bárcenas las primeras medidas cautelares, entre ellas la retirada del pasaporte, el 25 de febrero pasado, ocho días después de que el imputado regresara de otro viaje, también a Canadá, donde estuvo esquiando. Fue a su llegada al aeropuerto de Barajas cuando se captó al imputado haciendo una peineta a los fotógrafos que le esperaban.
Luis Bárcenas puso especial empeño en desvincular a su esposa, Rosalía Iglesias, de las cuentas de Suiza, incluso la que puso a su nombre. «Mi esposa jamás supo nada», dijo el imputado, que añadió que las tarjetas de crédito sacadas a su nombre y al de su esposa sólo fueron utilizadas en el extranjero y nunca en España «por elementales criterios de prudencia».
– «¿Prudencia por qué?», quiso sabe el instructor.
– «Si los fondos están en el extranjero y no se conocen en España, son ganas de que por usar las tarjetas en un cajero...», dijo Bárcenas. «Si el dinero está oculto al fisco la prudencia.... Es lo que hace todo el mundo, como usted sabe perfectamente».
– «Yo no lo sé», zanjó Ruz.
Rosalía Iglesias, que compareció tras su marido, ratificó que quien manejaba los asuntos económicos era Bárcenas. «No soy tonta, ni mucho menos. Pero en mi casa, en mi familia, hay una distribución de papeles», dijo Iglesias, que añadió que «cuando a mi marido me dice que firme algo, como todos los temas económicos, mover el patrimonio, lo lleva él, tiene mi autorización, beneplácito, mi todo y por supuesto, mi firma».
Sorpresa en el PP por la petición del fiscal de que testifique Cospedal
Accedió a la Secretaría General un año después de ilegalizarse las donaciones anónimas
El PP recibió ayer con una generalizada sorpresa la posibilidad de que la
secretaria general, María Dolores de Cospedal, declare como testigo en el caso
Bárcenas. Más aún, se debatía entre el desconcierto y el encono por el hecho de
que la Fiscalía respaldara dicho testimonio, de entre los tres solicitados por
la acusación particular de Izquierda Unida: Javier Arenas y Francisco Álvarez
Cascos. «Es absurdo», «no tiene sentido», «no entendemos nada»... Así reaccionaron a la noticia en algunos despachos. Y no faltó, cerca de la cúpula, alguna alusión explícita a la teoría conspirativa que sitúa al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, como el responsable de una «operación política» para el desgaste de quien podría convertirse en su competidora por la sucesión de Rajoy.
Pero las razones que más alimentaban el desconcierto tenían que ver con el hecho de que Cospedal llegó al cargo en junio de 2008, cuando las donaciones anónimas objeto de la investigación judicial hacía un año que habían dejado de ser legales (cuando informó el fiscal todavía no había declarado Pedro J.Ramírez sobre un intento de donación de 300.000 euros en 2011).
Más aún, los populares se preguntaban qué podría aportar la secretaria general acerca de un periodo de investigación que, según el propio escrito del fiscal, culmina en diciembre de 2008; o sea, sólo seis meses después de haber accedido a la secretaría general «Es rocambolesco», corroboraba una diputada.
Sin embargo, no todos hacían reproches. «La Fiscalía no ha pedido citar a Cospedal», corregía un jurista del PP, «pero no podía negarse a una prueba –sobre la que en todo caso decidirá el juez– que persigue consultar sobre la mecánica de la financiación, bien a la actual secretaria general, bien al representante legal del partido, tal como puntualiza el informe». Pero «sí es verdad», admitía, «que esto tiene un morbo político fenomenal; sobre todo, porque un testigo tiene la obligación de decir la verdad, hasta el punto de que se le puede acusar de falso testimonio si opta por no contar lo que sabe, para proteger a otros».
En otras palabras, que aunque no conociera la época de las donaciones anónimas, ni siquiera los presuntos sobresueldos, la testigo podría verse comprometida con preguntas sobre si conocía la reunión entre Rajoy, Arenas, Bárcenas y su esposa, que reveló el ex tesorero a través de Pedro J. Ramírez; o sobre los detalles de aquella polémica «indemnización en diferido» por la que Bárcenas siguió cobrando del PP hasta este año.
Y a partir de ahí, el dilema, decían en el PP, está servido: o asume y defiende en bloque la historia del partido, lo que incluye a Javier Arenas o al propio Rajoy; o lleva a la práctica su vieja máxima de que «cada palo aguante su vela».
Ésta última era la hipótesis que ganaba en las apuestas de los populares. «Ella sólo puede responder de lo que ha vivido desde 2008. El problema lo tienen los de 1997,1998 y 1999», decían sus más partidarios, en relación con los que, precisamente, el fiscal ha informado que no deben declarar: Cascos y Arenas. «Ella está enfadada, pero muy, muy muy tranquila», decían los más próximos. «¡Qué va!, está encantada; lo que está deseando es declarar!», decían, significativamente, los menos partidarios.
«Los partidos deben mejorar la transparencia»
El Consejo de Europa denuncia financiación irregular en España a través de fundacionesEl Consejo de Europa publicó ayer un informe sobre la transparencia de los partidos políticos en España en el que les acusa de utilizar fundaciones y asociaciones paralelas como método irregular de financiación. El documento elaborado por el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco, por sus siglas en francés) hace una evaluación de los progresos que ha hecho España para adoptar las recomendaciones de este organismo en materia de transparencia y concluye que el Gobierno ha adoptado sólo seis de las 15 propuestas dictadas.
Esta institución europea, que no forma parte de la UE, sostiene que la legislación española sobre financiación de partidos políticos es insuficiente y no cumple con los estándares que promueve el organismo. Tras analizar el sistema español, el informe concluye que «es esencial asegurar que las fundaciones y asociaciones políticas no son utilizadas como una forma paralela de financiación de las campañas electorales y la actividad de los partidos», y advierte de que esta práctica incumple las restricciones que establece la ley española. Los responsables de este grupo de vigilancia consideran que los partidos políticos españoles «deben dar pasos adicionales para poner en marcha mecanismos de control interno y mejorar la transparencia de las operaciones financieras», especialmente aquellas que tienen lugar a nivel local.
Sin citar ningún caso concreto de corrupción que afrontan varios grupos políticos españoles, el informe sí recalca la necesidad de que los ciudadanos «dispongan de información suficiente sobre las donaciones a los partidos políticos, sus marcas y empresas asociadas, para disponer de mejores herramientas para identificar posibles irregularidades».
Además, concluye que «el régimen de sanciones ante casos de financiación irregular de los partidos políticos debe ser endurecido». «Es crucial para la credibilidad del sistema que la legislación españolas no se quede en papel mojado. Greco urge a las autoridades española a tomar todos los pasos posibles en este asunto», añade.
El Consejo de Europa es, probablemente, la institución internacional que más empeño pone en luchar contra la corrupción en los países europeos. En 2011 ya emitió una primera evaluación del sistema español donde advertía de que el progreso mostrado a la hora de aplicar las recomendaciones era «muy modesto» y advertía de que los partidos políticos españoles eran «particularmente propensos a la negligencia».
De forma más pormenorizada, el organismo sostiene que España no ha regulado correctamente la concesión de créditos a partidos políticos por parte de entidades financieras y sostiene que «la ley española no profundiza en las obligaciones de los partidos de informar claramente sobre los créditos recibidos». También lamenta que el Tribunal de Cuentas sólo reciba información pormenorizada de la financiación de los partidos a nivel regional y nacional, pero no local, «donde se producen la mayoría de abusos».
«Dados los escándalos que han salido a la luz en los últimos años respecto a la financiación irregular, Greco considera que la implementación de sus recomendaciones es esencial para restaurar la credibilidad», añade.
Hablar de lo importante
Uno se ha pasado las dos legislaturas anteriores admirando a un Gobierno que alcanzó la perfección en el arte de sustituir la responsabilidad por la exhibición de sus sentimientos. Éste ha desarrollado otra especialidad, también muy meritoria: soslayar la explicación de las propias responsabilidades para señalar en qué debemos fijarnos. Es inobjetable: para los intereses colectivos son mucho más positivas las noticias sobre la buena marcha del sector del automóvil reveladas por Rajoy en la factoría Ford de Figueruelas que las felonías practicadas por el ex tesorero del PP.
En otra planta de Ford, la de Almusafes, Teresa Fernández de la Vega explicó en febrero de 2008 a los trabajadores que no debían hacer «demasiado caso a los cantos apocalípticos de algunos sectores» sobre la situación económica en España, pues usan «algunos datos coyunturales» para intentar hacer creer que ésta «no va bien».
¿Qué es lo importante? Bárcenas no, ciertamente. De ahí que se haya borrado su nombre de la conversación entre personas decentes, salvando algunas excepciones como Aguirre y Cospedal. La importancia y la verdad, grandes asuntos. El antiguo tesorero del PP es para unos el oráculo de Delfos, mientras otros ven en él la Bocca della Verità, que atrapó la mano de Juliano el Apóstata y lo engañó. Algunos que ponen la suya por la veracidad de Bárcenas, eran más partidarios de comparar honorabilidades en versiones contradictorias: «¿A quién se va a creer, a una organización terrorista o a un Gobierno democrático?». Pues depende. No es lo mismo plantearse a quién prefieres para salir el sábado. Creer, creer, a quien diga la verdad, y tanto un Gobierno democrático como una banda terrorista pueden tener motivos para ser veraces o para mentir. Lo mismo cabría decir del ex tesorero y su ex partido, si no fuera porque el ex partido calla obstinadamente.
La oposición exige que el presidente se explique y tiene razón en ello, aunque lo haya reclamado con un plante parlamentario a todas luces inadecuado. Sin presuponer cuánta verdad hay en las revelaciones de Bárcenas, ni en cuál de ellas, mientras el juez Ruz deshilvana la madeja, Rajoy debe explicar su responsabilidad en el nombramiento de su tesorero, parcialmente desactivado su augurio: «Nadie podrá demostrar que no es inocente». Esperemos, confiando en que Bárcenas explique la verdad sobre sus cuentas suizas y que la oposición haga con los asuntos propios lo que exige al Gobierno con los suyos. Así sea.
Convivencia carcelaria
La entrada en la cárcel de personas conocidas ha hecho que muchos fijen la mirada en la manera de estar y convivir en nuestras prisiones. Se temía que en algunos casos se cumpliera pronto el aforismo que repiten los italianos: «El loro habla más cuando está enjaulado». Y sorprendentemente nos encontramos con que, según Emilio Monteserín y Diego Galán, especialistas en el asunto, el sistema carcelario español es bastante bueno, de más calidad que el de Estados Unidos de América, y que son muchos los países hispanoamericanos que lo toman como modelo. En España no se cumplen, al parecer, los temores de Concepción Arenal: «La prisión puede no corregir, sino depravar». En nuestras cárceles, además, y desde 2001, se están implantando con éxito ‘módulos de respeto’, nueva forma de convivencia inaugurada en la prisión de Mansilla de las Mulas (León). En esos módulos se practica el respeto a los demás como máximo valor. Se recuerda que Kant nos dejó escrito: «El respeto es el único e indudable motor de la moral».El PP a los demás partidos: ‘Están ustedes apadrinando a un delincuente’
El portavoz Alfonso Alonso pierde los nervios al negarse a la comparecencia de Rajoy en el Congreso de los Diputados
Afirma que el que fue durante 20 años gerente y tesorero del partido «ha
hecho de la mentira su profesión»
Rubalcaba: «Bárcenas es un delincuente, pero es su delincuente»; UPyD: «La mayoría empieza a ser tiranía»
El PP se revolvió acosado, dando zarpazos a su alrededor. Iracundos como
nunca, dispuestos a levantar una muralla que preserve el silencio del presidente
del Gobierno. El ex tesorero Luis Bárcenas seguirá siendo el innombrable para
Rajoy. Ni una palabra, ni una explicación cabe esperar de su boca.
Toda la oposición clamó ayer contra el oscurantismo, pidió luz y exigió aclaraciones al jefe del Ejecutivo, pero lo que consiguió fue que el PP, a través de su portavoz Alfonso Alonso, le dedicara una acusación rotunda, desmesurada: «Están ustedes apadrinando a un delincuente».
La estrategia de los populares para conseguir por enésima vez vetar una comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso en la que disipe dudas acerca de las graves sospechas de corrupción que se ciernen sobre su partido y que, incluso, apuntan hacia su propia persona, giró en torno a una idea que Alonso repitió en sus más variadas formas: culpar a las fuerzas políticas de dar más credibilidad al ex tesorero del PP encarcelado en Soto del Real –y que, según dijo, «ha hecho de la mentira su profesión»– que a Mariano Rajoy.
En el PP mantienen que el presidente, en su intervención ante la directiva de su partido –que no ante los representantes de la soberanía popular– el pasado mes de febrero, ya dijo todo lo que tenía que decir sobre este asunto, ya negó toda veracidad a las cuentas de Bárcenas –por entonces fotocopiadas– y rechazó cualquier acusación de trajín de dinero negro en las plantas nobles de Génova.
«Se han convertido ustedes en abogados defensores de la causa de Bárcenas», espetó un Alonso con los nervios desatados a los portavoces de los restantes grupos políticos. «A Bárcenas», insistió, «le han salido nuevos abogados. Todos ustedes. Él ha inspirado sus intervenciones y ustedes le siguen como autómatas». Los diputados de la oposición escuchaban atónitos, desde la representante del BNG, Rosana Pérez, hasta el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba.
Antes de que el portavoz de los populares tomara la palabra, todos los demás enhebraron un discurso que podría haber sido único.
Ninguno entiende el empecinamiento del presidente y del grupo que le sostiene en no dirigirse a los españoles, en no limpiar su imagen de sospechas, en no disipar las dudas de financiación ilegal y pago de sobresueldos en negro. Tanto es así que la diputada Irene Lozano, de UPyD, llegó a reprocharles que en su caso «la mayoría absoluta empieza a convertirse en tiranía». «Tienen ustedes ahora la oportunidad de dejar de ser el partido de la sospecha; no la desaprovechen», dijo.
Todas las incógnitas, en opinión de la oposición, han aumentado exponencialmente en los últimos días, después de que Luis Bárcenas explicara desde las páginas de EL MUNDO el tinglado de dinero que, según él, ha existido en el PP durante dos décadas. Y apoyara todo ello, además, presentando una de las hojas originales de su libreta en la que figuran entregas sustanciosas a Mariano Rajoy, Javier Arenas, Francisco Álvarez Cascos, Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja cuando ocupaban puestos ministeriales en el Gobierno de Aznar y, en consecuencia, tenían prohibida por ley la recepción de cualesquiera cantidades al margen de su sueldo en el Ejecutivo.
Rubalcaba insistió en que desde que surgió hace casi cinco años el casoGürtel «el PP ha mentido sistemáticamente», y puso el dedo en la llaga al asegurar que «ahora, las acusaciones contra el propio presidente son gravísimas». En su opinión, a estas alturas «la suerte de Rajoy está ligada a la de Bárcenas» que es «una nube que descarga lluvia ácida y que, esta semana, ha soltado una auténtica granizada».
Para el líder del PSOE, el «sinfín de mentiras a los españoles» sólo puede solventarse en el Parlamento. Y añadió, frente a la tentación del PP de echar piedras sobre el tejado de la prensa: «Las acusaciones no las hace un insidioso medio de comunicación; las acusaciones las hace Bárcenas».
Rubalcaba recalcó que los ciudadanos piensan ya que «quien calla otorga», y alertó a los populares del «grave error» que cometen al impedir una comparecencia del presidente del Gobierno.
Después, cuando el portavoz del PP ya había arremetido contra tirios y troyanos, el líder de los socialistas le recordó: «Bárcenas es un delincuente sí, pero es su delincuente, no el nuestro». También el portavoz del PNV, Pedro Azpiazu, les avisó: «Sin hacer nada esto no se va a resolver. Bárcenas va a seguir hablando y Pedro J. va a seguir publicándolo, y otros medios».
Cayo Lara, de IU, resumió el sentir general trayendo a colación una frase de la mismísima vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, cuando era portavoz de su grupo en la etapa de Zapatero: «Sólo quien tiene algo que ocultar en el Gobierno esconde cosas en el Parlamento».
Rubalcaba: «Bárcenas es un delincuente, pero es su delincuente»; UPyD: «La mayoría empieza a ser tiranía»
El PP se revolvió acosado, dando zarpazos a su alrededor. Iracundos como
nunca, dispuestos a levantar una muralla que preserve el silencio del presidente
del Gobierno. El ex tesorero Luis Bárcenas seguirá siendo el innombrable para
Rajoy. Ni una palabra, ni una explicación cabe esperar de su boca. Toda la oposición clamó ayer contra el oscurantismo, pidió luz y exigió aclaraciones al jefe del Ejecutivo, pero lo que consiguió fue que el PP, a través de su portavoz Alfonso Alonso, le dedicara una acusación rotunda, desmesurada: «Están ustedes apadrinando a un delincuente».
La estrategia de los populares para conseguir por enésima vez vetar una comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso en la que disipe dudas acerca de las graves sospechas de corrupción que se ciernen sobre su partido y que, incluso, apuntan hacia su propia persona, giró en torno a una idea que Alonso repitió en sus más variadas formas: culpar a las fuerzas políticas de dar más credibilidad al ex tesorero del PP encarcelado en Soto del Real –y que, según dijo, «ha hecho de la mentira su profesión»– que a Mariano Rajoy.
En el PP mantienen que el presidente, en su intervención ante la directiva de su partido –que no ante los representantes de la soberanía popular– el pasado mes de febrero, ya dijo todo lo que tenía que decir sobre este asunto, ya negó toda veracidad a las cuentas de Bárcenas –por entonces fotocopiadas– y rechazó cualquier acusación de trajín de dinero negro en las plantas nobles de Génova.
«Se han convertido ustedes en abogados defensores de la causa de Bárcenas», espetó un Alonso con los nervios desatados a los portavoces de los restantes grupos políticos. «A Bárcenas», insistió, «le han salido nuevos abogados. Todos ustedes. Él ha inspirado sus intervenciones y ustedes le siguen como autómatas». Los diputados de la oposición escuchaban atónitos, desde la representante del BNG, Rosana Pérez, hasta el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba.
Antes de que el portavoz de los populares tomara la palabra, todos los demás enhebraron un discurso que podría haber sido único.
Ninguno entiende el empecinamiento del presidente y del grupo que le sostiene en no dirigirse a los españoles, en no limpiar su imagen de sospechas, en no disipar las dudas de financiación ilegal y pago de sobresueldos en negro. Tanto es así que la diputada Irene Lozano, de UPyD, llegó a reprocharles que en su caso «la mayoría absoluta empieza a convertirse en tiranía». «Tienen ustedes ahora la oportunidad de dejar de ser el partido de la sospecha; no la desaprovechen», dijo.
Todas las incógnitas, en opinión de la oposición, han aumentado exponencialmente en los últimos días, después de que Luis Bárcenas explicara desde las páginas de EL MUNDO el tinglado de dinero que, según él, ha existido en el PP durante dos décadas. Y apoyara todo ello, además, presentando una de las hojas originales de su libreta en la que figuran entregas sustanciosas a Mariano Rajoy, Javier Arenas, Francisco Álvarez Cascos, Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja cuando ocupaban puestos ministeriales en el Gobierno de Aznar y, en consecuencia, tenían prohibida por ley la recepción de cualesquiera cantidades al margen de su sueldo en el Ejecutivo.
Rubalcaba insistió en que desde que surgió hace casi cinco años el casoGürtel «el PP ha mentido sistemáticamente», y puso el dedo en la llaga al asegurar que «ahora, las acusaciones contra el propio presidente son gravísimas». En su opinión, a estas alturas «la suerte de Rajoy está ligada a la de Bárcenas» que es «una nube que descarga lluvia ácida y que, esta semana, ha soltado una auténtica granizada».
Para el líder del PSOE, el «sinfín de mentiras a los españoles» sólo puede solventarse en el Parlamento. Y añadió, frente a la tentación del PP de echar piedras sobre el tejado de la prensa: «Las acusaciones no las hace un insidioso medio de comunicación; las acusaciones las hace Bárcenas».
Rubalcaba recalcó que los ciudadanos piensan ya que «quien calla otorga», y alertó a los populares del «grave error» que cometen al impedir una comparecencia del presidente del Gobierno.
Después, cuando el portavoz del PP ya había arremetido contra tirios y troyanos, el líder de los socialistas le recordó: «Bárcenas es un delincuente sí, pero es su delincuente, no el nuestro». También el portavoz del PNV, Pedro Azpiazu, les avisó: «Sin hacer nada esto no se va a resolver. Bárcenas va a seguir hablando y Pedro J. va a seguir publicándolo, y otros medios».
Cayo Lara, de IU, resumió el sentir general trayendo a colación una frase de la mismísima vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, cuando era portavoz de su grupo en la etapa de Zapatero: «Sólo quien tiene algo que ocultar en el Gobierno esconde cosas en el Parlamento».
Y al quinto día, Rubalcaba
Las críticas soterradas en el PSOE por la desaparición de su líder ante el escándalo se frenan tras su intervención en el CongresoEn teoría, la intervención de Alfredo Pérez Rubalcaba en la Diputación Permanente de ayer se decidió el martes en la reunión extraordinaria de la Ejecutiva Permanente del PSOE para analizar el denominado caso Bárcenas. Y, según fuentes oficiales, se quiso mantener en secreto para no dar pistas al PP.
Pero lo cierto es que en el PSOE había un gran malestar por la ausencia del líder del partido durante más de cinco días, desde que se conocieron las nuevas revelaciones sobre el ex tesorero del Partido Popular, publicadas en los últimos días por EL MUNDO.
Nadie entendía que Rubalcaba estuviera escondido –«como si fuera él quien huyera de Bárcenas» llegó a decir un diputado–, cuando se publicaban acusaciones tan graves contra el presidente del Gobierno. Dirigentes del partido y diputados estaban de hecho a punto de levantar la voz y no comprendían la estrategia de la dirección socialista.
«Está bien que la primera reacción la haga Óscar López, que luego siga Elena Valenciano, pero Rubalcaba no puede estar escondido, dando la impresión de que ha pactado con el PP o que no quiere estar dando la cara», comentó una diputada del PSOE.
Las apuestas por la petición de elecciones anticipadas o ir a una moción de censura se oían entre las filas socialistas, ante el silencio de su líder frente a esta situación.
Sin embargo, las críticas se frenaron ayer con su intervención en la Diputación Permanente, que gustó y que calmó a sus diputados.
Algunos parlamentarios reconocieron que estuvo contundente y firme en su intervención, y que al PSOE le hacía falta esta reacción de su máximo dirigente.
Todo apunta a que en el Comité Federal de mañana sábado, Rubalcaba redoblará la crítica contra Rajoy ante este escándalo, sobre todo tras el rechazo del Partido Popular a que comparezca para dar explicaciones y que ni siquiera se someta a la sesión de control, la semana que viene, en el último pleno del actual periodo de sesiones.
A buen seguro también será un reclamo de los dirigentes del PSOE, que entienden que la dirección del partido no puede ser condescendiente con el Ejecutivo en este asunto, ante la gravedad de los hechos conocidos.
En Ferraz se espera como agua de mayo la declaración de Luis Bárcenas el próximo lunes, en su comparecencia en la Audiencia Nacional, pero está decidido a hacer batalla de este asunto, que puede poner contra las cuerdas al máximo dirigente del PP y actual presidente del Gobierno.
«Tenemos nuestras estrategias», dijo un dirigente del PSOE federal, «que nadie se impaciente y que nadie crea que vamos a estar pusilánimes en este asunto».
Lo cierto es que la intervención de ayer de Rubalcaba le salvó, en parte, de un malestar latente en el partido por su prudencia a la hora de pronunciarse sobre estos asuntos. Hasta enfada a los suyos.
Cohecho y reputación
Una de ellas, la que parece que interesa especialmente al juez, es la de la presunta financiación irregular de ese partido. La extraordinaria importancia que tanto el juez Ruz como el fiscal Romeral han dado a ese manuscrito original de Bárcenas, tiene que ver con el rastreo de las donaciones, muy por encima de los límites que marca la ley, que el PP podría haber recibido.
La cuestión, en ese caso, estaría en comprobar quién aportó dinero, en qué cantidades y a cambio de qué concesiones. Y, por supuesto, descubrir también la dimensión de las comisiones que, por el camino, se hayan podido distraer hacia los bolsillos particulares de algunos. Hacia el de Luis Bárcenas desde luego, aunque esa siga siendo de momento una hipótesis.
Lo que los dirigentes populares no saben todavía es hasta dónde está dispuesto a llegar su ex tesorero en la denuncia, más allá del caso Gürtel, de esa supuesta financiación ilegal. Ni qué es lo que puede probar. Y no porque la financiación irregular sea un delito, que no lo es. Ojo a eso, no nos vayamos a equivocar. La financiación puede ser contraria a determinadas leyes pero no está contemplada como delito en el Código Penal. Lo que sí es un delito es el cohecho, que tiene pena de prisión. Y pudiera ser que Bárcenas estuviera dispuesto a hacer ante el juez nuevas aportaciones en ese sentido. De ahí la tensión que el portavoz del PP mostró ayer en el Congreso, llamando directamente delincuente al hombre que durante 20 años administró las cuentas de su partido y que, de momento, no ha sido condenado como tal.
Y luego está la segunda parte, que sólo tiene ribetes políticos pero que es de una enorme trascendencia: quién recibió dinero que, según la Ley de Incompatibilidades, no debía recibir. Y quién lo recibió pudiendo hacerlo, pero lo ocultó a Hacienda.
Y ahí es donde se hace foco en Mariano Rajoy porque es presidente del Gobierno de España. Los demás nombres tienen también su importancia, pero casi todos están ya fuera de las estructuras de poder del PP y, en todo caso, su falta habría prescrito.
De modo que lo que se dirime aquí es algo tan simple como trascendental: si Rajoy es, o no es, el hombre íntegro, transparente y estricto cumplidor de las normas que él siempre ha dicho que era y que, desde luego, parece. Él acuñó para la Historia una frase rotunda: «Es falso: nunca, repito, nunca, he recibido dinero negro, ni en este partido, ni en ninguno». Dicho queda.
De la documentación que pueda aportar Bárcenas depende ahora que su reputación se mantenga, e incluso se refuerce o, al contrario, salte hecha añicos. Pero si Rajoy está tranquilo, como dicen que está, aunque se empeña en seguir callado, lo que no se comprende es por qué los suyos se comportan como si llevaran los dedos metidos en un enchufe.
El lunes empezaremos a despejar dudas.
El PP rechaza todas las peticiones de comparecencias de sus ministros
Indignación en la oposición por el «rodillo» ‘popular’ en su actuación
parlamentaria
El PP rechazó ayer en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados todas las peticiones de comparecencia de miembros del Gobierno formuladas por la oposición, incluidas las dirigidas al presidente.
En 18 ocasiones el PP votó en contra de otras tantas peticiones defendidas por todos los demás grupos parlamentarios.
Varios puntos incluidos en el orden del día fueron retirados por los grupos proponentes para adelantar el debate sobre las peticiones relacionadas con el caso Bárcenas. Esas peticiones, al ser de las últimas en incluirse en el orden del día, habrían sido debatidas a una hora a la que hubieran tenido menor eco en los medios de comunicación, dado el rechazo del PP a cambiar el orden del debate.
Por ello, al comenzar la reunión de la Diputación Permanente varios grupos anunciaron la retirada de algunos puntos, para adelantar con ello el debate. Esa decisión provocó el enfado en las filas del PP y el presidente del Congreso, Jesús Posada, se vio obligado a recordar al diputado José Antonio Bermúdez de Castro que los grupos son los dueños de las iniciativas y pueden retirarlas siempre que lo consideren oportuno.
Después de cinco horas y media de debate, sólo dos puntos fueron aprobados: los dos que tenían acuerdo previo de todos los grupos parlamentarios. Uno para celebrar una sesión extraordinaria de la Comisión de Industria en la que se apruebe la proposición no de ley firmada por todos para apoyar al sector naval, y otro para que una sesión de la Comisión Mixta para la Unión Europea aborde una propuesta de directiva del Parlamento y el Consejo europeos.
Todos los demás puntos que se mantuvieron en el orden del día fueron rechazados.
El PP tumbó también la petición de Izquierda Plural y Grupo Mixto para que una sesión extraordinaria del Pleno debatiera la creación de una comisión de investigación sobre la corrupción política. Se rechazaron también peticiones de comparecencia de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría; del ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos; de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro; de Sanidad, Política Social e Igualdad, Ana Mato; de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García Margallo; de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria; de Fomento, Ana Pastor, y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete.
En la oposición, por primera vez en esta legislatura la indignación era importante, porque lo que llaman el «rodillo» del PP, con su mayoría absoluta, traspasó en la sesión de ayer todos los límites.
El PP rechazó ayer en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados todas las peticiones de comparecencia de miembros del Gobierno formuladas por la oposición, incluidas las dirigidas al presidente.
En 18 ocasiones el PP votó en contra de otras tantas peticiones defendidas por todos los demás grupos parlamentarios.
Varios puntos incluidos en el orden del día fueron retirados por los grupos proponentes para adelantar el debate sobre las peticiones relacionadas con el caso Bárcenas. Esas peticiones, al ser de las últimas en incluirse en el orden del día, habrían sido debatidas a una hora a la que hubieran tenido menor eco en los medios de comunicación, dado el rechazo del PP a cambiar el orden del debate.
Por ello, al comenzar la reunión de la Diputación Permanente varios grupos anunciaron la retirada de algunos puntos, para adelantar con ello el debate. Esa decisión provocó el enfado en las filas del PP y el presidente del Congreso, Jesús Posada, se vio obligado a recordar al diputado José Antonio Bermúdez de Castro que los grupos son los dueños de las iniciativas y pueden retirarlas siempre que lo consideren oportuno.
Después de cinco horas y media de debate, sólo dos puntos fueron aprobados: los dos que tenían acuerdo previo de todos los grupos parlamentarios. Uno para celebrar una sesión extraordinaria de la Comisión de Industria en la que se apruebe la proposición no de ley firmada por todos para apoyar al sector naval, y otro para que una sesión de la Comisión Mixta para la Unión Europea aborde una propuesta de directiva del Parlamento y el Consejo europeos.
Todos los demás puntos que se mantuvieron en el orden del día fueron rechazados.
El PP tumbó también la petición de Izquierda Plural y Grupo Mixto para que una sesión extraordinaria del Pleno debatiera la creación de una comisión de investigación sobre la corrupción política. Se rechazaron también peticiones de comparecencia de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría; del ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos; de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro; de Sanidad, Política Social e Igualdad, Ana Mato; de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García Margallo; de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria; de Fomento, Ana Pastor, y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete.
En la oposición, por primera vez en esta legislatura la indignación era importante, porque lo que llaman el «rodillo» del PP, con su mayoría absoluta, traspasó en la sesión de ayer todos los límites.
Todo lo referente a Bárcenas y sus piropos hacia el PP. Esperemos que no se quede como todo en este pais, vamos, en agua de borrajas. Haber si aún existe justicia en este pais, y la vemos de verdad. Aunque a estas alturas, pocas esperanzas tenemos los españoles en esta justicia politizada por los de siempre, y amnipulada a su antojo para sus intereses.
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