Cree que «no hay duda» de que llamarlo es «trascendental» y rechaza el veto de las testigos
La Audiencia de Madrid ha ordenado a la juez Belén Sánchez que cite ya como testigo al cónsul de Rumanía en España en 2004 para que aclare las circunstancias en que llegaron a declarar en el procedimiento del 11-M las dos mujeres imputadas por un posible falso testimonio contra Jamal Zougam.
En un auto notificado el lunes, la Sección Penal Cuarta sigue así el criterio de la Fiscalía y descarta el veto que, significativamente, querían imponer las dos testigos protegidos sobre la comparecencia de su representante consular: esa pretensión «carece de todo fundamento», afirma la Sala.
Antes al contrario, el tribunal considera que «no hay duda de que debe practicarse dicha prueba» -cuidando de cumplir los convenios internacionales para estos casos- y recuerda que ya se pronunció sobre su especial «relevancia y trascendencia» en el contundente auto en el que acordó la admisión de la querella que prepararon los abogados Eduardo García Peña y Francisco Andújar.
En aquella resolución, de junio de 2012, la Audiencia destacaba la importancia que tuvieron los testimonios de las dos mujeres, identificadas como C-65 y J-70, porque Jamal Zougam -decía- recibió «una pena de prisión de extrema gravedad con fundamento, precisamente, en las declaraciones que ahora se reputan falsas y cuya falsedad, de resultar acreditada, daría lugar a la revisión» de la condena.
A ese respecto, mencionaba un reportaje que publicó EL MUNDO el 7 de diciembre de 2011, resaltaba que no ha sido desmentido y contenía datos que no fueron conocidos por el tribunal del 11-M, y señalaba que «debe ser singularmente investigado».
Lo que reveló este diario es que, según el relato detallado que hicieron fuentes cercanas a la investigación, la testigo C-65 fue remitida a la Policía el 1 de abril de 2004 desde el Consulado, adonde había acudido acompañada de otra mujer para cobrar las indemnizaciones establecidas por el Gobierno de Bucarest.
A esa segunda persona se le denegó el dinero porque no acreditó ser víctima de los atentados y, en ese momento, ella y C-65 habrían manifestado al cónsul que el 11-M viajaban juntas y que habían visto a un terrorista. En habitaciones separadas, identificaron a Zougam en la foto que llevaba 10 días siendo difundida tras ser detenido porque en su tienda se vendieron las tarjetas que se usaron en las bombas.
Lo llamativo es que, según las fuentes, el nombre de esa mujer que acompañaba a C-65 en el Consulado no coincide con la de la testigo J-70, que fue la que dijo en el juicio que viajaba con ella y reconoció también a Zougam.
Este diario publicó asimismo que la testigo J-70 no acudió a declarar contra Zougam hasta 11 meses después del atentado y lo hizo sólo 15 días después de que Interior le cerrase las puertas a las indemnizaciones, ya que los técnicos oficiales no la creyeron cuando dijo que fue herida en los trenes. La mujer había llevado a cabo durante 2004 media docena de trámites ante la Policía y el Ministerio, e incluso se entrevistó con un abogado para personarse como perjudicada en el sumario. En ningún caso dijo que hubiese visto a un posible terrorista en el vagón. Testificó por primera vez en febrero de 2005 y terminó cobrando 48.000 euros.
Pues bien, en otra resolución, la Audiencia entiende que no procede todavía levantar la protección a las testigos pero, aunque no se le preguntaba por las diligencias que han solicitado los abogados de Zougam para confirmar las informaciones de este diario, los magistrados afirman que «adelantamos ya que deben llevarse a cabo». En ese sentido, recuerdan a la juez que hay herramientas procesales para pedir la documentación a Interior y la Audiencia Nacional sin vulnerar ese sigilo.
Estas decisiones mantienen la línea del auto en el que se admitió la querella, en el que se ordena practicar «cuantas diligencias de prueba fueran necesarias para investigar» si las dos rumanas «pudieron confabularse con la finalidad de alcanzar ciertos beneficios personales y económicos, faltando a la verdad en las manifestaciones que realizaron en la vista del juicio oral».
La Audiencia de Madrid ha ordenado a la juez Belén Sánchez que cite ya como testigo al cónsul de Rumanía en España en 2004 para que aclare las circunstancias en que llegaron a declarar en el procedimiento del 11-M las dos mujeres imputadas por un posible falso testimonio contra Jamal Zougam.En un auto notificado el lunes, la Sección Penal Cuarta sigue así el criterio de la Fiscalía y descarta el veto que, significativamente, querían imponer las dos testigos protegidos sobre la comparecencia de su representante consular: esa pretensión «carece de todo fundamento», afirma la Sala.
Antes al contrario, el tribunal considera que «no hay duda de que debe practicarse dicha prueba» -cuidando de cumplir los convenios internacionales para estos casos- y recuerda que ya se pronunció sobre su especial «relevancia y trascendencia» en el contundente auto en el que acordó la admisión de la querella que prepararon los abogados Eduardo García Peña y Francisco Andújar.
En aquella resolución, de junio de 2012, la Audiencia destacaba la importancia que tuvieron los testimonios de las dos mujeres, identificadas como C-65 y J-70, porque Jamal Zougam -decía- recibió «una pena de prisión de extrema gravedad con fundamento, precisamente, en las declaraciones que ahora se reputan falsas y cuya falsedad, de resultar acreditada, daría lugar a la revisión» de la condena.
A ese respecto, mencionaba un reportaje que publicó EL MUNDO el 7 de diciembre de 2011, resaltaba que no ha sido desmentido y contenía datos que no fueron conocidos por el tribunal del 11-M, y señalaba que «debe ser singularmente investigado».
Lo que reveló este diario es que, según el relato detallado que hicieron fuentes cercanas a la investigación, la testigo C-65 fue remitida a la Policía el 1 de abril de 2004 desde el Consulado, adonde había acudido acompañada de otra mujer para cobrar las indemnizaciones establecidas por el Gobierno de Bucarest.
A esa segunda persona se le denegó el dinero porque no acreditó ser víctima de los atentados y, en ese momento, ella y C-65 habrían manifestado al cónsul que el 11-M viajaban juntas y que habían visto a un terrorista. En habitaciones separadas, identificaron a Zougam en la foto que llevaba 10 días siendo difundida tras ser detenido porque en su tienda se vendieron las tarjetas que se usaron en las bombas.
Lo llamativo es que, según las fuentes, el nombre de esa mujer que acompañaba a C-65 en el Consulado no coincide con la de la testigo J-70, que fue la que dijo en el juicio que viajaba con ella y reconoció también a Zougam.
Este diario publicó asimismo que la testigo J-70 no acudió a declarar contra Zougam hasta 11 meses después del atentado y lo hizo sólo 15 días después de que Interior le cerrase las puertas a las indemnizaciones, ya que los técnicos oficiales no la creyeron cuando dijo que fue herida en los trenes. La mujer había llevado a cabo durante 2004 media docena de trámites ante la Policía y el Ministerio, e incluso se entrevistó con un abogado para personarse como perjudicada en el sumario. En ningún caso dijo que hubiese visto a un posible terrorista en el vagón. Testificó por primera vez en febrero de 2005 y terminó cobrando 48.000 euros.
Pues bien, en otra resolución, la Audiencia entiende que no procede todavía levantar la protección a las testigos pero, aunque no se le preguntaba por las diligencias que han solicitado los abogados de Zougam para confirmar las informaciones de este diario, los magistrados afirman que «adelantamos ya que deben llevarse a cabo». En ese sentido, recuerdan a la juez que hay herramientas procesales para pedir la documentación a Interior y la Audiencia Nacional sin vulnerar ese sigilo.
Estas decisiones mantienen la línea del auto en el que se admitió la querella, en el que se ordena practicar «cuantas diligencias de prueba fueran necesarias para investigar» si las dos rumanas «pudieron confabularse con la finalidad de alcanzar ciertos beneficios personales y económicos, faltando a la verdad en las manifestaciones que realizaron en la vista del juicio oral».
La «vergüenza» de la división
El secretario general del PSM, Tomás Gómez, dijo ayer que le da «vergüenza» que las instituciones «no sean capaces de entenderse» para organizar un solo acto de recuerdo de las víctimas y heridos del 11-M. Durante una rueda de prensa tras la Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid, Gómez opinó también que es una «vergüenza» que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, «en vez de estar en los actos en recuerdo del dolor de las víctimas, estuviese en un desayuno arropando a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, o a quien fuese». Además, el secretario general del PSM aseveró que el homenaje institucional en la Comunidad de Madrid se adelantó una hora con el fin de que el presidente regional, Ignacio González, estuviese en ese «acto partidista» con Cospedal
La rumanas mentirosas y sanguijuelas, chupando del dinero de las verdaderas víctimas, y haciendo perjurio contra un inocente.
ResponderEliminarEspero que la justicia se cumpla y sea verdadera, porque ya huele...