Zougam y su familia expondrán hoy a la juez el relato con el que sostienen su inocencia
La Fiscalía ha pedido a la Audiencia de Madrid que ordene la citación de la persona que ocupaba el cargo de cónsul de Rumanía en España en 2004 para que aclare las extrañas circunstancias en las que declararon las testigos del 11-M imputadas por un posible falso testimonio contra Jamal Zougam. Las dos mujeres han recurrido de manera insistente para evitar que comparezca -lo que los abogados del marroquí interpretan como un «indicio de criminalidad»- con los argumentos de que los convenios internacionales le eximen de hacerlo y que, si lo hiciese, podría «incluso generar un conflicto diplomático». La fiscal responde, sin embargo, que sí que está obligado.
Zougam y su familia protagonizan hoy, con su declaración ante la juez Belén Sánchez, el hecho insólito de la reapertura de la investigación judicial sobre la participación en el atentado más grave de la historia de Europa del único condenado por colocar las bombas. El marroquí, que pasará 40 años en la cárcel si no se revisa la sentencia, fue trasladado hace más de una semana desde su celda de aislamiento en Villena (Alicante) hasta otra en Valdemoro (Madrid), a la espera de ser conducido a los juzgados de la plaza de Castilla.
La previsión inicial era que hoy compareciese también el cónsul de Rumanía en España en 2004. Este diario publicó el 7 de diciembre de 2011 un reportaje en el que se revelaba cómo, según el relato detallado que hicieron fuentes cercanas a la investigación, la testigo C-65 fue remitida a la Policía el 1 de abril de 2004 desde el consulado, adonde había acudido acompañada de otra mujer para cobrar las indemnizaciones establecidas por el Gobierno de Bucarest. A esta segunda persona se le denegó el dinero porque no acreditó ser víctima de los atentados y, en ese momento, ambas manifestaron que el 11-M viajaban juntas en el tren y que habían visto a un terrorista. En habitaciones separadas, identificaron a Zougam en la misma foto que llevaba 10 días siendo ampliamente difundida, tras ser detenido porque en su tienda se vendieron las tarjetas que se usaron en las bombas.
Lo llamativo es que la identidad de esa mujer que acompañaba a C-65 no coincide con la de la testigo J-70, que fue la que dijo en el juicio que viajaba con ella. La Audiencia ordenó que esa información fuese «singularmente» investigada. Para eso estaba citado el cónsul.
El abogado de las rumanas, que actúa por encargo de la Asociación 11-M Afectados de Terrorismo, ha recurrido en dos ocasiones para evitar su comparecencia, por lo que la juez ha optado por posponerla hasta que resuelva la Audiencia. Lo que razona el letrado es que la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas eximiría al cónsul de la obligación de declarar y que su decisión de hacerlo o no «puede incluso generar un conflicto diplomático».
La Fiscalía -que de manera muy significativa actúa por primera vez en sentido favorable a la investigación- argumenta, en cambio, que tanto aquella Convención como la de Relaciones Consulares establecen la obligación del cónsul de comparecer, en todo caso, ante el juzgado, y que, una vez allí, sólo podría negarse a declarar «sobre hechos relacionados con el ejercicio de sus funciones».
El letrado Francisco Andújar, que representa a la acción popular que ejerce la madre de Zougam, considera que la entrevista del cónsul con C-65 y su amiga no forma parte de las «funciones consulares». Y señala que «es absolutamente posible que el cónsul entienda que, como representante de una nación amiga como es Rumanía, lo que sí puede provocar un conflicto diplomático es que», pudiendo «arrojar luz» sobre la autoría del 11-M, se le imposibilite hacerlo. «Quizá es precisamente eso lo que tanto asusta a la representación de C-65 y J-70. Deberían estar deseando que el cónsul acudiera a declarar; cualquier otra actitud bien puede ser considerada como un indicio racional de criminalidad», concluye.
En la misma línea, el abogado que representa a Zougam, Eduardo García Peña, señala como «claramente significativa» la «resistencia pertinaz (y lógica por otro lado)» de las imputadas a que se investiguen los hechos, actitud «obstruccionista» que califica como «estrategia culpable»
La Fiscalía ha pedido a la Audiencia de Madrid que ordene la citación de la persona que ocupaba el cargo de cónsul de Rumanía en España en 2004 para que aclare las extrañas circunstancias en las que declararon las testigos del 11-M imputadas por un posible falso testimonio contra Jamal Zougam. Las dos mujeres han recurrido de manera insistente para evitar que comparezca -lo que los abogados del marroquí interpretan como un «indicio de criminalidad»- con los argumentos de que los convenios internacionales le eximen de hacerlo y que, si lo hiciese, podría «incluso generar un conflicto diplomático». La fiscal responde, sin embargo, que sí que está obligado.Zougam y su familia protagonizan hoy, con su declaración ante la juez Belén Sánchez, el hecho insólito de la reapertura de la investigación judicial sobre la participación en el atentado más grave de la historia de Europa del único condenado por colocar las bombas. El marroquí, que pasará 40 años en la cárcel si no se revisa la sentencia, fue trasladado hace más de una semana desde su celda de aislamiento en Villena (Alicante) hasta otra en Valdemoro (Madrid), a la espera de ser conducido a los juzgados de la plaza de Castilla.
La previsión inicial era que hoy compareciese también el cónsul de Rumanía en España en 2004. Este diario publicó el 7 de diciembre de 2011 un reportaje en el que se revelaba cómo, según el relato detallado que hicieron fuentes cercanas a la investigación, la testigo C-65 fue remitida a la Policía el 1 de abril de 2004 desde el consulado, adonde había acudido acompañada de otra mujer para cobrar las indemnizaciones establecidas por el Gobierno de Bucarest. A esta segunda persona se le denegó el dinero porque no acreditó ser víctima de los atentados y, en ese momento, ambas manifestaron que el 11-M viajaban juntas en el tren y que habían visto a un terrorista. En habitaciones separadas, identificaron a Zougam en la misma foto que llevaba 10 días siendo ampliamente difundida, tras ser detenido porque en su tienda se vendieron las tarjetas que se usaron en las bombas.
Lo llamativo es que la identidad de esa mujer que acompañaba a C-65 no coincide con la de la testigo J-70, que fue la que dijo en el juicio que viajaba con ella. La Audiencia ordenó que esa información fuese «singularmente» investigada. Para eso estaba citado el cónsul.
El abogado de las rumanas, que actúa por encargo de la Asociación 11-M Afectados de Terrorismo, ha recurrido en dos ocasiones para evitar su comparecencia, por lo que la juez ha optado por posponerla hasta que resuelva la Audiencia. Lo que razona el letrado es que la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas eximiría al cónsul de la obligación de declarar y que su decisión de hacerlo o no «puede incluso generar un conflicto diplomático».
La Fiscalía -que de manera muy significativa actúa por primera vez en sentido favorable a la investigación- argumenta, en cambio, que tanto aquella Convención como la de Relaciones Consulares establecen la obligación del cónsul de comparecer, en todo caso, ante el juzgado, y que, una vez allí, sólo podría negarse a declarar «sobre hechos relacionados con el ejercicio de sus funciones».
El letrado Francisco Andújar, que representa a la acción popular que ejerce la madre de Zougam, considera que la entrevista del cónsul con C-65 y su amiga no forma parte de las «funciones consulares». Y señala que «es absolutamente posible que el cónsul entienda que, como representante de una nación amiga como es Rumanía, lo que sí puede provocar un conflicto diplomático es que», pudiendo «arrojar luz» sobre la autoría del 11-M, se le imposibilite hacerlo. «Quizá es precisamente eso lo que tanto asusta a la representación de C-65 y J-70. Deberían estar deseando que el cónsul acudiera a declarar; cualquier otra actitud bien puede ser considerada como un indicio racional de criminalidad», concluye.
En la misma línea, el abogado que representa a Zougam, Eduardo García Peña, señala como «claramente significativa» la «resistencia pertinaz (y lógica por otro lado)» de las imputadas a que se investiguen los hechos, actitud «obstruccionista» que califica como «estrategia culpable»
Haber si tanto marear el faisán, perdón la perdiz, sacamos ya de una vez por todas algo claro en esto. Ya que la justicia se lució, espero que ahora se limpie con esto.
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