La sección de Enrique López, candidato del PP al Constitucional, inclinará la balanza
.Al
menos ocho magistrados de la Audiencia Nacional se habían mostrado ayer
partidarios de que sea el Pleno del tribunal, y no sólo una de sus
secciones, el que resuelva el recurso del caso Bolinaga. Para ello hará
falta que, al concluir la jornada de hoy, los apoyos hayan alcanzado la
decena, es decir, la mayoría del tribunal. La Sección Segunda, de la que
forma parte el candidato del PP al Constitucional Enrique López, será
clave para inclinar la balanza.El presidente de la Sala de lo Penal, Fernando Grande-Marlaska, abrió ayer un plazo para que, entre el lunes y el martes, los magistrados que lo consideraran necesario solicitaran la celebración del Pleno. Parte de la Sala respondió ayer, pero aún faltaban magistrados por pronunciarse. O, más exactamente, por guardar silencio, ya que si un magistrado no responde se interpreta que «no estima razonable» la avocación a Pleno.
Entre quienes ayer aún no se habían pronunciado se encontraban magistrados de la Sección Segunda, presidida por Fernando García Nicolás y de la que forma parte Enrique López, candidato del PP al Tribunal Constitucional. En junio del año que viene el magistrado podría ocupar una de las dos plazas de libre designación que corresponden a un Gobierno para el que el caso Bolinaga se ha convertido en un quebradero de cabeza. Según fuentes del tribunal, la Sección Segunda se inclinaba por no estimar necesaria la avocación, aunque la decisión no estaba cerrada.
La confirmación de la libertad condicional para Josu Uribetxeberria Bolinaga sería un alivio para el Ministerio del Interior. Y según fuentes jurídicas esa confirmación sería más factible si el caso se mantiene en los límites de la Sección Primera.
La Sala de lo Penal de la Audiencia está compuesta por 19 magistrados con derecho a voto, aunque una jueza se cae de la lista al encontrarse de licencia de vacaciones. Ayer la avocación a Pleno contaba al menos con los cuatro votos de la Sección Cuarta, dos de la Tercera y otros dos de la Primera, según varias fuentes de la Sala.
Sería esta Sección Primera, presidida por Grande-Marlaska, la que resolvería el caso Bolinaga si finalmente no va a Pleno, ya que es la encargada de revisar todos los recursos de vigilancia penitenciaria.
Según fuentes judiciales, entre los partidarios de ir a Pleno se encuentra el ponente del asunto, Nicolás Poveda. En circunstancias normales, eso bastaría para que el asunto fuera estudiado en grupo. No hay norma que lo establezca, pero así se ha venido actuando siempre en la Audiencia Nacional.
Frente al criterio del ponente, otros dos magistrados que se pronunciarán sobre el asunto en cualquier caso al ser miembros de la Sección Primera se oponen a la avocación. Se trata de Ramón Sáez y Javier Martínez Lázaro, cuyo criterio compartían ayer al menos otros dos magistrados de la Audiencia.
Los plazos impuestos por Grande-Marlaska son perentorios. Si el asunto acaba en el Pleno será abordado este mismo jueves por la tarde, aprovechando que ya se había convocado una reunión para tratar la doctrina Parot. Si permanece en la Sección Primera, los cuatro jueces que la componen y un quinto elegido al azar abordarán la deliberación de manera «inmediata». Así que, por una vía o por otra, la resolución podría llegar esta misma semana.
La ley ofrece dos posibilidades para llevar un asunto a Pleno. Que así lo determine el presidente de la Sala -prerrogativa a la que Grande Marlaska ha renunciado-, o que lo pida «la mayoría» cuando «lo estime necesario para la Administración de Justicia», tal y como pedía el fiscal ante la relevancia del caso
Los plazos impuestos por Grande-Marlaska son perentorios. Si el asunto acaba en el Pleno será abordado este mismo jueves por la tarde, aprovechando que ya se había convocado una reunión para tratar la doctrina Parot. Si permanece en la Sección Primera, los cuatro jueces que la componen y un quinto elegido al azar abordarán la deliberación de manera «inmediata». Así que, por una vía o por otra, la resolución podría llegar esta misma semana.
La ley ofrece dos posibilidades para llevar un asunto a Pleno. Que así lo determine el presidente de la Sala -prerrogativa a la que Grande Marlaska ha renunciado-, o que lo pida «la mayoría» cuando «lo estime necesario para la Administración de Justicia», tal y como pedía el fiscal ante la relevancia del caso
Al menos ocho magistrados de la Audiencia Nacional se habían mostrado ayer partidarios de que sea el Pleno del tribunal, y no sólo una de sus secciones, el que resuelva el recurso del caso Bolinaga. Para ello hará falta que, al concluir la jornada de hoy, los apoyos hayan alcanzado la decena, es decir, la mayoría del tribunal. La Sección Segunda, de la que forma parte el candidato del PP al Constitucional Enrique López, será clave para inclinar la balanza.
El presidente de la Sala de lo Penal, Fernando Grande-Marlaska, abrió ayer un plazo para que, entre el lunes y el martes, los magistrados que lo consideraran necesario solicitaran la celebración del Pleno. Parte de la Sala respondió ayer, pero aún faltaban magistrados por pronunciarse. O, más exactamente, por guardar silencio, ya que si un magistrado no responde se interpreta que «no estima razonable» la avocación a Pleno.
Entre quienes ayer aún no se habían pronunciado se encontraban magistrados de la Sección Segunda, presidida por Fernando García Nicolás y de la que forma parte Enrique López, candidato del PP al Tribunal Constitucional. En junio del año que viene el magistrado podría ocupar una de las dos plazas de libre designación que corresponden a un Gobierno para el que el caso Bolinaga se ha convertido en un quebradero de cabeza. Según fuentes del tribunal, la Sección Segunda se inclinaba por no estimar necesaria la avocación, aunque la decisión no estaba cerrada.
La confirmación de la libertad condicional para Josu Uribetxeberria Bolinaga sería un alivio para el Ministerio del Interior. Y según fuentes jurídicas esa confirmación sería más factible si el caso se mantiene en los límites de la Sección Primera.
La Sala de lo Penal de la Audiencia está compuesta por 19 magistrados con derecho a voto, aunque una jueza se cae de la lista al encontrarse de licencia de vacaciones. Ayer la avocación a Pleno contaba al menos con los cuatro votos de la Sección Cuarta, dos de la Tercera y otros dos de la Primera, según varias fuentes de la Sala.
Sería esta Sección Primera, presidida por Grande-Marlaska, la que resolvería el caso Bolinaga si finalmente no va a Pleno, ya que es la encargada de revisar todos los recursos de vigilancia penitenciaria.
Según fuentes judiciales, entre los partidarios de ir a Pleno se encuentra el ponente del asunto, Nicolás Poveda. En circunstancias normales, eso bastaría para que el asunto fuera estudiado en grupo. No hay norma que lo establezca, pero así se ha venido actuando siempre en la Audiencia Nacional.
Frente al criterio del ponente, otros dos magistrados que se pronunciarán sobre el asunto en cualquier caso al ser miembros de la Sección Primera se oponen a la avocación. Se trata de Ramón Sáez y Javier Martínez Lázaro, cuyo criterio compartían ayer al menos otros dos magistrados de la Audiencia.
Los plazos impuestos por Grande-Marlaska son perentorios. Si el asunto acaba en el Pleno será abordado este mismo jueves por la tarde, aprovechando que ya se había convocado una reunión para tratar la doctrina Parot. Si permanece en la Sección Primera, los cuatro jueces que la componen y un quinto elegido al azar abordarán la deliberación de manera «inmediata». Así que, por una vía o por otra, la resolución podría llegar esta misma semana.
La ley ofrece dos posibilidades para llevar un asunto a Pleno. Que así lo determine el presidente de la Sala -prerrogativa a la que Grande Marlaska ha renunciado-, o que lo pida «la mayoría» cuando «lo estime necesario para la Administración de Justicia», tal y como pedía el fiscal ante la relevancia del caso
Los plazos impuestos por Grande-Marlaska son perentorios. Si el asunto acaba en el Pleno será abordado este mismo jueves por la tarde, aprovechando que ya se había convocado una reunión para tratar la doctrina Parot. Si permanece en la Sección Primera, los cuatro jueces que la componen y un quinto elegido al azar abordarán la deliberación de manera «inmediata». Así que, por una vía o por otra, la resolución podría llegar esta misma semana.
La ley ofrece dos posibilidades para llevar un asunto a Pleno. Que así lo determine el presidente de la Sala -prerrogativa a la que Grande Marlaska ha renunciado-, o que lo pida «la mayoría» cuando «lo estime necesario para la Administración de Justicia», tal y como pedía el fiscal ante la relevancia del caso
Estrenan el filme sobre presos de ETA tras burlar al fiscal
El Ejecutivo había instado al Ministerio Público a impedirlo
La productora de la película Ventanas al interior -en la que se narra la historia de cinco presos de ETA- burló ayer los intentos de la Delegación del Gobierno para impedir su estreno, previsto inicialmente para hoy, al adelantar su exhibición a la tarde de ayer en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián. Al pase de la cinta acudieron cientos de personas, entre ellas algunos representantes de la izquierda abertzale, como Joseba Permach o Joseba Álvarez, así como Jon Garai, el portavoz de la plataforma de apoyo a los presos de ETA. Entre los presentes también estuvo la delegada de Cultura del Ayuntamiento de la capital guipuzcoana, Nerea Txapartegi.
Precisamente hoy el delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, remitirá un nuevo escrito al fiscal de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, para comunicarle el adelanto de los dos pases del estreno con la intención de burlar una posible suspensión por vulnerar la ley de protección a las víctimas.
A primera hora de ayer, Urquijo envió un escrito al alcalde de la capital guipuzcoana, Juan Karlos Izagirre, exigiéndole que prohibiese la exhibición en el citado teatro municipal, que había sido alquilado por la productora Zinez. El delegado le recordó que su exhibición podría vulnerar la ley 4/2008 de reconocimiento y reparación de las víctimas del terrorismo, así como la Ley 29/2011 de reconocimiento y protección integral de las víctimas. Urquijo apuntó a Izagirre que las dos leyes encomiendan a los poderes públicos a evitar actos que puedan suponer un «menosprecio o humillación de las víctimas» o un posible «enaltecimiento del terrorismo». Junto a ello, le comunicaba que podía incurrir en responsabilidades administrativas y penales, así como que la petición de suspensión había sido remitida a la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
En la cinta, que firman cinco directores, se relatan las historias de otros tantos miembros de ETA, entre ellos el que fuera dirigente de la banda, Mikel Albisu, Antza. En el trailer se muestran varias reflexiones de presos de ETA en la cárcel. Junto a ello, se ve a dos personas que relatan cómo, a su entender, tanto en Madrid como en París se habla del terrorismo en Euskadi con «ideas erróneas» o con posiciones que «no reflejan la realidad».
En otro fragmento se escucha la voz de la actual candidata a lehendakari de EH Bildu, Laura Mintegi, en la que se refiere a los procesos de encarcelamiento de miembros de la izquierda abertzale ilegalizada, que define como un intento por «criminalizar una idea» y en la que las detenciones supusieron «una lotería macabra» que a unos les tocó «y a otros no».
MANUEL MARRACO MADRID
11/09/2012 ESPAÑA
La productora de la película Ventanas al interior -en la que se narra la historia de cinco presos de ETA- burló ayer los intentos de la Delegación del Gobierno para impedir su estreno, previsto inicialmente para hoy, al adelantar su exhibición a la tarde de ayer en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián. Al pase de la cinta acudieron cientos de personas, entre ellas algunos representantes de la izquierda abertzale, como Joseba Permach o Joseba Álvarez, así como Jon Garai, el portavoz de la plataforma de apoyo a los presos de ETA. Entre los presentes también estuvo la delegada de Cultura del Ayuntamiento de la capital guipuzcoana, Nerea Txapartegi.
Precisamente hoy el delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, remitirá un nuevo escrito al fiscal de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, para comunicarle el adelanto de los dos pases del estreno con la intención de burlar una posible suspensión por vulnerar la ley de protección a las víctimas.
A primera hora de ayer, Urquijo envió un escrito al alcalde de la capital guipuzcoana, Juan Karlos Izagirre, exigiéndole que prohibiese la exhibición en el citado teatro municipal, que había sido alquilado por la productora Zinez. El delegado le recordó que su exhibición podría vulnerar la ley 4/2008 de reconocimiento y reparación de las víctimas del terrorismo, así como la Ley 29/2011 de reconocimiento y protección integral de las víctimas. Urquijo apuntó a Izagirre que las dos leyes encomiendan a los poderes públicos a evitar actos que puedan suponer un «menosprecio o humillación de las víctimas» o un posible «enaltecimiento del terrorismo». Junto a ello, le comunicaba que podía incurrir en responsabilidades administrativas y penales, así como que la petición de suspensión había sido remitida a la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
En la cinta, que firman cinco directores, se relatan las historias de otros tantos miembros de ETA, entre ellos el que fuera dirigente de la banda, Mikel Albisu, Antza. En el trailer se muestran varias reflexiones de presos de ETA en la cárcel. Junto a ello, se ve a dos personas que relatan cómo, a su entender, tanto en Madrid como en París se habla del terrorismo en Euskadi con «ideas erróneas» o con posiciones que «no reflejan la realidad».
En otro fragmento se escucha la voz de la actual candidata a lehendakari de EH Bildu, Laura Mintegi, en la que se refiere a los procesos de encarcelamiento de miembros de la izquierda abertzale ilegalizada, que define como un intento por «criminalizar una idea» y en la que las detenciones supusieron «una lotería macabra» que a unos les tocó «y a otros no».
Acusados de loar a etarras alegan que eran enfermos
El estado de salud de un preso etarra lo mismo vale para montar
campañas públicas contra la política penitenciaria como para esgrimir
una coartada en la Audiencia Nacional. Así lo hicieron ayer cuatro
acusados de enaltecimiento del terrorismo, que explicaron que habían
pegado un cartel del Txus Martín Hernando en Basauri (Vizcaya) porque se
trata de un preso de la localidad que estaba «enfermo» y que tiene el
derecho a estar en su casa. Martín Hernando, recientemente condenado por
asesinato, se encuentra en una prisión del País Vasco por razones de
salud. El fiscal del caso, Marcelo Azcárraga, pide para los acusados un
año de prisión y señala en su escrito que se colocaron fotos de 14
terroristas.
En otro juicio simultáneo en la Audiencia, también por enaltecimiento del terrorismo, el fiscal Carlos Bautista criticó a la Ertzaintza por tener como principio no desplazarse físicamente a testificar en la Audiencia y hacerlo por videoconferencia. Normalmente no resulta relevante, pero ayer surgieron discrepancias entre lo que constaba en los atestados policiales y lo que declaraban los ertzainas, y el fiscal no pudo exhibir los atestados para seguir adelante con el interrogatorio e intentar aclarar esas discrepancias. En este caso, el fiscal solicita para cada uno de los dos acusados un año y medio de cárcel por colgar fotos de etarras en Portugalete
En otro juicio simultáneo en la Audiencia, también por enaltecimiento del terrorismo, el fiscal Carlos Bautista criticó a la Ertzaintza por tener como principio no desplazarse físicamente a testificar en la Audiencia y hacerlo por videoconferencia. Normalmente no resulta relevante, pero ayer surgieron discrepancias entre lo que constaba en los atestados policiales y lo que declaraban los ertzainas, y el fiscal no pudo exhibir los atestados para seguir adelante con el interrogatorio e intentar aclarar esas discrepancias. En este caso, el fiscal solicita para cada uno de los dos acusados un año y medio de cárcel por colgar fotos de etarras en Portugalete
Lo que da de si el caso del bolinga este. Todos se escabullen, y nadie da la cara. Este pais adolece de la justicia digna y necesaria en casos como este, y no tiene pitera para decir lo que hay que hacer. Sin embargo vemos que en casos de menudencia o de choriceo, son más "valientes" y no dudan tanto para meter un crujido.
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