Señala que la Guardia Civil le deja de nuevo «en evidencia» El último informe remitido por la Guardia Civil a la Audiencia Nacional sobre el chivatazo a ETA en el bar Faisán ha reactivado de nuevo las críticas políticas hacia la gestión del que fuera ministro del Interior y vicepresidente del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, Alfredo Pérez Rubalcaba. Desde las filas del Partido Popular se apunta que, de nuevo, los datos aportados por las Fuerzas de Seguridad del Estado «dejan en evidencia» tanto al actual líder de los socialistas como a los que fueron sus colaboradores en el Ministerio del Interior. El chivatazo policial a ETA se perpetró el 4 de mayo de 2006, cuando ya Rubalcaba estaba al frente de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado. Desde las filas populares, su secretario de Justicia, Derechos y Libertades, Iñaki Oyarzabal, valoró el trabajo realizado por la Guardia Civil: «Damos el máximo crédito al informe» del Instituto Armado. En dicho informe, los agentes de información avalan las sospechas apuntadas ya por la Policía en sus reiterados informes sobre el que fuera jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, y su subordinado y hombre de confianza, el inspector José María Ballesteros. La Policía incluía en la maniobra del Faisán al que fuera director general, el primero de la época del Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, Víctor García Hidalgo. «La Guardia Civil actúa con total objetividad. Lo más grave y preocupante del informe es que deja en evidencia a Rubalcaba y a su equipo, de manera clara». Para el dirigente popular, número dos del PP en el País Vasco, en los informes policiales se apuntan «sospechas que ponen en tela de juicio la acción del Ministerio del Interior anterior, deja serias dudas sobre la gestión de altos cargos de Rubalcaba». Para Oyarzabal, los informes policiales, tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional, confirman «actuaciones absolutamente reprobables, con chivatazo de por medio, de un Ministerio» durante un proceso de negociación con ETA. El juez Ruz reclamó un informe a la Guardia Civil sobre el soplo a Joseba Elosua, propietario del bar Faisán y uno de los implicados en la trama de extorsión de los terroristas. Elosua fue alertado por dos policías de que iba a ser detenido cuando se desplazara a Francia para entregar a ETA dinero procedente del cobro del llamado impuesto revolucionario entregado por empresarios vascos y navarros. Ruz llegó a procesar inicialmente a los mandos policiales Enrique Pamiés y José María Ballesteros, y al que fue su director, García Hidalgo. Pero en una extraña maniobra de Gómez Bermúdez, el procesamiento fue revocado y se le reclamó a Ruz que profundizara en las pesquisas. El juez pidió entonces estos informes a la Guardia Civil. Acusaciones como Dignidad y Justicia ya han asegurado que pedirán al instructor el procesamiento de los sospechosos.
Si como dicen los investigadores está la cosa relacionada a nivel de Rubalcaba, este recibiría órdenes del entonces presidente Zapatero, por tanto, están los dos enmerdados en el caso. Estos y los de la kgb por actúar fuera de la ley, deberían ser juzgados y empaquetados. Y desde luego la imagen de la Policía debería ser limpiada.
ResponderEliminar