.El grupo de verificadores internacionales, de visita en el País Vasco, explicó ayer que ETA propone al Gobierno sentarse a hablar, como asunto más importante, de la situación de sus presos y, después, del «desmantelamiento de las estructuras militares de la organización», de su propio «desarme» y de la desmilitarización del País Vasco, es decir, de la salida de la Policía, la Guardia Civil y la Ertzaintza del País Vasco y Navarra.
Lo que no establecen es el orden en el que la banda querría tratar esos asuntos. Precisamente ése es uno de los motivos -el señuelo inicial- que justificaría que el Gobierno se pusiese en contacto con ellos: ver qué asunto ponen antes encima de la mesa.
La única respuesta del Ejecutivo a las palabras de los mediadores fue que «el Gobierno no necesita de verificadores internacionales para comprobar si ETA se disuelve». «Con la Guardia Civil y la Policía», añade la nota de Interior, «se ha derrotado a ETA y con ellas es suficiente para verificar una eventual disolución de la organización terrorista».
Los verificadores consideran como «un paso en la dirección adecuada» el plan de reinserción hecho público por el Gobierno del PP la pasada semana. Estima que el paso dado por el Ejecutivo es un «cambio» evidente en su postura y, según dice, es «positivo», pero no lo bastante profundo. Desde su punto de vista, sería muy conveniente para que el «proceso prospere» que el equipo de Mariano Rajoy -también la banda- incrementase su «flexibilidad» y estableciese el «contacto» con ETA que los terroristas le piden.
Cuando se pregunta a los verificadores por qué la vía correcta para acabar con el problema es la flexibilidad y no la firmeza, no ofrecen un discurso excesivamente elaborado. Lo que no impide que se mantengan en la posición establecida como correcta por la izquierda abertzale, seguida ahora también por el PSE y el PNV en diferente medida.
«Con flexibilidad se puede llegar a que desaparezcan», asegura el portavoz de esta comisión de cinco personas, Ram Manikkalingam. Este profesor de la universidad de Amsterdam obvia el hecho de que ETA lleva ya bastante tiempo operativamente derrotada.
Esta vez, los verificadores no han querido ser más precisos sobre si han tenido o no un contacto directo con la dirección de la banda, pero no han mostrado inconveniente en acercarse de nuevo al corazón del problema para trasladar un mensaje que ETA les ha hecho llegar y en el que lleva insistiendo machaconamente desde que anunciase el cese definitivo: quieren que se abra un diálogo con los gobiernos español y francés «para pasar de un escenario de verificación a otro de soluciones definitivas».
Los verificadores siguen con su esquema: no le han pedido a ETA que se disuelva porque consideran que éste es un asunto político en el que no se deben meter; tampoco piensan pedírselo y dan por bueno el hecho de que la banda «está cumpliendo los compromisos adquiridos»; creen que el planteamiento ha de ser que ambas partes vayan dando pasos y, en ningún caso, están sobre el terreno acreditando qué pasa con los explosivos o los comandos.
Lo que hacen es hablar con todo el mundo y después extraer sus conclusiones y marcar posición. Ésta suele ser la de conformarse con que ETA siga con su propósito de mantener el cese definitivo y alabar los movimientos de los gobiernos central y vasco para conseguir avances: es el caso del plan de reinserción, pero también el de la Comisión de Convivencia organizada por el lehendakari, Patxi López.
A pesar de que insisten en que lo suyo no es presionar a ETA para que primero se disuelva y luego ya se verá, es la segunda vez que son recibidos por el consejero de Interior del Gobierno vasco. Al principio, Rodolfo Ares los consideró usurpadores de unas funciones que sólo son atribuibles a las Fuerzas de Seguridad. Pero ahora no parece importarle que sus peticiones sean orilladas, y legitima al grupo de verificadores con reuniones de una hora.
Los mediadores se justifican asegurando que quienes creen que podrían presionar a ETA para dar el paso definitivo les atribuyen un poder que no tienen. Incluso desconocen si es cierto que, como asegura la izquierda abertzale, la condición que ha puesto ETA para empezar a desmantelar sus estructuras es que el Gobierno acepte su cometido.
El grupo de interventores internacionales reconoce que no tiene medios para saber si ETA está haciendo lo mismo que el IRA cuando anunció su cese definitivo -vender las armas a otros terroristas-, pero sí acredita que su información coincide con la del Gobierno vasco -contraria a los informes de Europol- y que los terroristas no están reestructurando comandos ni buscando objetivos.
Hace unos meses, pidieron a los etarras que no llevasen armas y lo que han conseguido, según aseguran, es que se comprometan a no utilizarlas en caso de arresto.
Se han reunido con todos los partidos excepto el PP y UPyD, y no se resignan a que el Gobierno central los deje de lado. Aseguran que nunca han hecho gestiones para establecer un contacto con el gabinete de Rajoy, pero que estarán encantados de hacerlo en cuanto reciban una «señal».
La última vez sostenían que ETA se mantendría en su decisión aunque el Ejecutivo popular no moviese un dedo hacia la flexibilidad. En esta ocasión son más cautos, o más diplomáticos, o miden más el alcance de la respuesta y dicen que ETA sigue teniendo la voluntad de mantener el cese definitivo. Sin más.
Entregado por intento de regicidio
La
Justicia británica autorizó ayer la extradición a España del etarra
Eneko Gogeaskoetxea, al que la Audiencia Nacional reclama por diversos
delitos, entre ellos el intento de asesinato del Rey Juan Carlos I en
1997, según informa Efe.El Tribunal Superior de Londres dio luz verde a la entrega tras rechazar un recurso de la defensa, que había argumentado que su cliente no tendría un juicio justo en nuestro país.
«No hay impedimentos para la extradición», señalaron los jueces John Laws y John Griffith Williams. La extradición ya había sido autorizada en una primera instancia, pero no por el intento de atentado contra el Rey.
Ahora, el Tribunal Superior de Londres ha revocado esa limitación. Los abogados defensores tienen un plazo de 10 días para poner en marcha el trámite para recurrir la decisión ante la máxima instancia judicial británica, la Corte Suprema.
Pues que bien, exigiendo los colegas de eta lo de siempre, esto ya lo pedían con la alternativa KAS. Que por pedir que no quede. Seguirán cobrando estos ineptos de mediadores??, pues claro que si, buen negocio hacen.
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