El grupo socialista en el Parlamento de Estrasburgo votó ayer en contra de pedir a la Comisión Europea que suprima las ventajas arancelarias a Argentina, como respuesta a la expropiación de YPF. El voto negativo se produjo a pesar de que la portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, había asegurado que su partido apoyaría al Gobierno en este conflicto. Los socialistas europeos se desmarcaron de la medida al considerarla «desproporcionada». Viene de primera página El Partido Socialista Europeo votó a favor de toda la resolución redactada por los grupos parlamentarios a excepción del punto octavo, el más práctico y concreto, porque es el único que incluye una medida sancionadora contra Argentina. En concreto se «insta a la Comisión Europea y al Consejo a que estudien y adopten en defensa de los intereses europeos cuantas medidas sean necesarias para evitar que se produzcan situaciones como la actual» y para ello mencionan la retirada del país suramericano del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG), una herramienta comercial destinada a los países considerados «pobres», a los que se les da una serie de ventajas para promover la importación de sus productos. En la práctica, el SPG supone imponer unos aranceles más bajos que al resto de países desarrollados y, hasta ahora, la economía argentina se ha beneficiado de este sistema para un 27% de sus exportaciones a la UE, especialmente en productos estratégicos para el país como el biodiesel, el aceite de soja o el tabaco, entre otros, con un valor aproximado de 2.800 millones de euros anuales. 
La gran mayoría de los eurodiputados socialistas votó en contra de este punto, con la excepción de cinco votos a favor y cuatro abstenciones, alegando que «el grupo defiende una solución del conflicto basada en el diálogo y la negociación» y por considerar que esta respuesta sería desproporcionada, según justificó después el eurodiputados Enrique Guerrero. Junto a ellos, votaron en contra de esta propuesta los Verdes, IU y la Alianza de Liberales. El PP ha pedido explicaciones a los socialistas por este voto en contra, que considera «cicatero», según el portavoz popular de Exteriores en el Congreso, José María Beneyto. La suspensión de las ventajas especiales tendría un impacto considerable en el país suramericano, que representa el 0,5% del comercio de bienes con la UE, con unas exportaciones totales de 8.300 millones de euros. La Comisión, no obstante, aún no ha tomado la decisión de retirar el SPG puesto que ya estaba previsto para 2014 ya que Argentina ya no es considerado un país pobre. Fuentes del departamento de Comercio descartan adelantar el calendario previsto, aunque la decisión final dependerá sobre todo de la voluntad política del presidente del Ejecutivo comunitario, Jose Manuel Durao Barroso, y su colegio de comisarios. Ayer también, el expresidente del Gobierno Felipe González apostó por «un espacio de recuperación del diálogo, la confianza y la cooperación» con el Gobierno de Argentina tras la nacionalización, pero «sin perder la firmeza». España suprime la importación de biodiésel argentino por 700 millones
Argentina no responderá por «respeto a la soberanía» de Madrid
Se esperaban para el Consejo de Ministros de ayer más medidas, y más contundentes, contra Argentina, pero el Gobierno optó por aplicar sólo una. Hoy se publica en el BOE una orden ministerial, heredada del anterior Gobierno de Zapatero, que limita la importación de biodiésel argentino. Es la primera represalia comercial que aprueba el Ejecutivo y puede suponer una merma de ingresos de hasta 700 millones de euros para las arcas argentinas. Las distribuidoras de combustibles españolas se gastaron esta cantidad en 2011 en compras de biodiésel del país austral. Sólo el 19% de este combustible energético se produce en España. El resto se importa principalmente de Argentina e Indonesia, pero la nueva norma fija cuotas obligatorias de compra de biodiésel sólo de plantas que estén en cualquier país de la UE. La medida beneficia, claramente, a las plantas que hay en España y que ahora están casi paradas por no poder competir con el biodiésel foráneo. Los importadores españoles podrán seguir comprando en Argentina, pero de nada les servirá para cumplir con la norma que obliga a que cada litro de gasóleo lleve un 6% de biocombustible. A partir de ahora, este 6% sólo podrá cubrirse con biodiésel europeo. La norma aprobada ayer transpone una directiva europea para la lucha contra la competencia desleal de países como Argentina, donde una tonelada de biodiésel es 100 euros más barata que en España. El biodiésel es una de las fuentes de ingresos externos de Argentina, que ha creado un nuevo sector industrial gracias a que la materia prima, la soja y su aceite, es uno de los productos agrícolas más cultivados en el país. Así que la medida del Gobierno español no sólo supone menos ingresos para el país sino que además pone en riesgo el futuro de esta industria. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, no avanzó otras posibles nuevas medidas de carácter comercial contra Argentina por su decisión arbitraria de expropiar YPF a Repsol. Las nuevas medidas no se anunciarán hasta que tengan «una concreción», dijo, además de destacar la labor de presión diplomática que está haciendo España para denunciar la expropiación y que, según la vicepresidenta, se ha plasmado en un «importante y enorme» respaldo internacional. Sáenz de Santamaría recordó el «amplio apoyo» de Iberoamérica, de la UE y de Estados Unidos, así como de numerosos organismos internacionales. También resaló la relevancia del texto aprobado en la Eurocámara, aunque ha lamentado que el PSOE no respaldara la suspensión de los beneficios arancelarios de los productos argentinos. Horas después de hacerse pública la decisión del Ejecutivo, la presidenta argentina, Cristina Kirchner, aseguró que su Gobierno «no responderá» a las represalias por la expropiación del 51% de YPF por «respeto» a la soberanía de España. «No plantearemos este asunto a la Organización Mundial del Comercio (OMC)», insistió Cristina Kirchner, quién aseguró que su país está en disposición de absorber las 400.000 toneladas anuales de biodiésel que coloca en el mercado español. Por otra parte, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) -el órgano regulador de las telecomunicaciones en Argentina- estudia quitar ocho canales de televisión a Telefónica. La revocación de las licencias se produciría porque, en opinión de Afsca, la teleco española vulnera la actual normativa sobre participación extranjera en los medios, de acuerdo con la información publicada ayer por Clarín. 
Así es como suelen actuar los cuatreros.
ResponderEliminarEstos que dicen ser socialistas, que no lo son, mucho menos obreros, y mucho menos aún españoles, porque si lo fueran, no maltratarían a España como lo están haciendo.