Le digo que si para ayudarme con el piso yo tengo que decir lo que dicen ellos o que no me ayuda con nada y ha saltado Casimiro que me van a ayudar por ser víctima da igual si yo no le ayudo
El máximo responsable del cuerpo, según fuentes de la Dirección General, ha dado instrucciones al jefe superior de Policía en Andalucía Occidental, Miguel Rodríguez Durán, para que averigüe si las pesquisas sobre los papeles de Iván Chaves Iborra -que evidencian sus negocios como comisionista con la Junta de Andalucía cuando la presidía su padre- fueron bloqueadas por orden de «la superioridad». Así lo asegura el inspector jefe Francisco R. B. en el escrito del que ayer dio cuenta EL MUNDO y en el que, además, denuncia «injerencias constantes» por parte del comisario jefe de la Brigada de Policía Judicial, Manuel Piedrabuena.La orden que ayer recibió el jefe superior andaluz se concreta en la apertura de una información reservada o información previa a lo que podría llegar a ser, de confirmarse que el caso Iván Chaves fue boicoteado, un procedimiento disciplinario contra los mandos responsables. Rodríguez Durán deberá enviar en los próximos días un informe con sus conclusiones a Cosidó, que será el que tenga que tomar la decisión de depurar responsabilidades, si las hubiera.
Las fuentes consultadas especificaron que la información reservada tratará de contrastar «todos los extremos» que contiene la declaración del ex jefe de la Udyco de Sevilla, que llega a asegurar que el comisario Piedrabuena le ordenó hacer «una faena de aliño» en el caso del hijo del ex presidente de la Junta, sin profundizar en el «trasfondo defraudatorio» que, en opinión del inspector jefe, ponían de manifiesto los contratos cuyo robo denunció en marzo del año pasado.
De hecho, Francisco R. B., que fue destituido en noviembre pasado, mantiene en esta declaración que hay indicios más que suficientes para vincular a Iván Chaves Iborra con una trama de tráfico de influencias en la que se habría valido del nombre de su padre para hacer negocios con la Administración andaluza.
En un escrito confidencial firmado por el inspector jefe Francisco R. B., al que ha tenido acceso EL MUNDO, quien fuese el responsable principal de la investigación -que se abrió tras la denuncia interpuesta en marzo de 2011 por Chaves Iborra- insiste en que hay indicios de que éste pudo cometer al menos tres delitos al facilitar el acceso de sus clientes, en algunos casos adjudicatarios directos, a la Administración que dirigía su padre.
En una declaración que suscribe en el marco de una investigación interna abierta contra él tras su destitución, el ex jefe de la Udyco de Sevilla cita los delitos de cohecho, falsedad documental y blanqueo de capitales. Y recuerda, además, que el atestado que se remitió al Juzgado de Instrucción número 17 de Sevilla ya aludía a estos presuntos delitos, a pesar de lo cual el caso terminó archivado a instancias de la Fiscalía.
En su denuncia, Chaves Iborra daba cuenta de la supuesta sustracción de diversa documentación de su despacho; en concreto, varios contratos con clientes que luego fueron publicados por este periódico y El Confidencial y que evidenciaban el papel de comisionista que desempeñó durante años el hijo del ex presidente de la Junta ante la Administración andaluza.
El análisis de estos documentos despertó las sospechas de los investigadores del Grupo de Blanqueo acerca de la existencia, con el hijo de Chaves como pieza central, de una «trama de tráfico de influencias».
Colaborador de ETA muy bien situado
El letrado de las testigos tiene excelentes relaciones en la Audiencia Nacional
Salió de la cárcel en 2002 y, tras un tiempo trabajando en Pamplona, aprovechó los excelentes contactos que su familia conserva entre la izquierda política de Chile para, a través del Consulado, ir haciéndose con la cartera de los delincuentes andinos de Madrid. Por la misma vía, consiguió la representación legal de la única víctima chilena del 11-M en el procedimiento por la matanza.
Boye no desaprovechó la oportunidad y, además de obtener una notable relevancia pública, trabajó la cercanía con la Fiscalía de la Audiencia Nacional sirviendo a sus intereses -compartió un almibarado reportaje con Olga Sánchez, la fiscal que le mandó a prisión en 1996- y también con el juez Javier Gómez Bermúdez y con Pilar Manjón.
Ese nivel de introducción óptimo en la Audiencia Nacional quizás explique por qué Boye ha colocado la denuncia ante la Sala que ejecuta la sentencia del 11-M, que es manifiestamente incompetente para resolver sobre la versión que ofrecen las testigos protegidas de su relación con este diario.
Su pasado como colaborador de ETA no le impide haber abanderado todo tipo de iniciativas vinculadas a las causas de los derechos humanos o de la justicia universal. Tiene una entrada en la Wikipedia en la que se le define como «a human rights lawyer». Ejerce la acusación en las causas de Guantánamo o Israel y fue uno de los promotores de la querella contra las agencias de crédito. Por todo ello, ha adquirido predicamento entre la izquierda social e incluso ha escrito tribunas en los diarios Público y El País.
Sus compañeros le definen como un mal rival al que enfrentarse: un abogado duro, buen conocedor del proceso penal y de cómo embarrar el terreno de juego, locuaz durante los juicios y con cierta tendencia al «afán de notoriedad».
Embarrado tema el de la udyco de sevilla.
ResponderEliminarY lo del abogado chileno, no tiene desperdicio.