Interior comunica a las víctimas que se primará a aquéllos que ayuden a resolver los crímenes no aclarados de ETA
El Gobierno exigirá el máximo legal a aquellos presos de ETA que pretendan acogerse a beneficios penitenciarios. Y entre esas exigencias estará, no sólo pedir perdón a las víctimas de sus actuaciones y desmarcarse claramente de las directrices de la organización terrorista, sino también colaborar con la Justicia en el esclarecimiento de los crímenes que quedan por resolver.El ministro del Interior, Jorge Fernández, explicó ayer que el Ejecutivo exigirá una colaboración plena a los etarras para que identifiquen a los autores del centenar de asesinatos de la banda aún por resolver. El ministro se reunió ayer con las federaciones autonómicas de víctimas del terrorismo, a las que trasladó su intención de que «de la derrota de ETA se pase a su desaparición». Fernández insistió en que el Estado de Derecho «no va a bajar la guardia».
El ministro del Interior sacó su tono más contundente ayer contra ETA. Tras mantener un encuentro con víctimas del terrorismo, Jorge Fernández reincidió en exponer las condiciones que fija la ley para que los etarras puedan acogerse a beneficios penitenciarios. Pero ayer fue un paso más allá y dejó claro que la intención del Ejecutivo es exigir a los terroristas que están cumpliendo condena en prisión que colaboren con la Justicia para aclarar los cientos de crímenes que quedan por resolver.
Fernández insistió en que los presos que quieran acogerse a beneficios penitenciarios deben pedir perdón a las víctimas, romper con las estructuras etarras y colaborar con la Justicia cuando sean requeridos. Y en esa colaboración incluyó la exigencia de que ayuden a esclarecer la autoría de los asesinatos pendientes. «ETA está derrotada. Pero no podemos cometer el error de bajar la guardia, y no la vamos a bajar hasta que se disuelva». El titular de Interior argumentó que desde el Gobierno se actuará siempre en marco de la ley para poner fin al terrorismo.
El ministro se reunió ayer con las federaciones autonómicas de víctimas del terrorismo. Tras el encuentro, Fernández compareció ante la prensa. A la pregunta de cómo valora el hecho de que una víctima tan significada como Toñi Santiago, madre de la niña Silvia asesinada en Santa Pola, se haya dado de baja del Partido Popular al considerar que la estaba «traicionando», optó por la prudencia. «Siempre voy a estar con las víctimas del terrorismo, con todas y cada una de ellas. La política del Ministerio va a estar encaminada siempre a la disolución de ETA y a dar amparo a las víctimas».
«Mi más absoluto respeto y comprensión, esté de acuerdo o no con ella; pero todos mis respetos hacia quien ha perdido lo más preciado».
El ministro defendió a capa y espada el acuerdo alcanzado con prácticamente todo el arco parlamentario la pasada semana sobre el final de ETA y defendió la decisión del Ejecutivo de no iniciar un procedimiento para ilegalizar las formaciones de la izquierda abertzale Bildu y Amaiur.
El ministro explicó una vez más que los informes aportados tanto por la Fiscalía General como por la Abogacía del Estado no consideraban viable actuar en estos momentos contra Amaiur y contra Bildu. «Hubo una sentencia del Tribunal Constitucional en la que se las legalizaba y, nos guste o no, el Gobierno tiene que respetarla», indicó el titular de Interior que, no obstante, aclaró que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil siguen con lupa todos los movimientos de las formaciones de la izquierda abertzale, por lo que no descartó que si las circunstancias varían considerablemente se pueda estudiar una iniciativa judicial tendente a su ilegalización. Pero, insistió, «ahora haríamos un flaco favor a la democracia si iniciamos un proceso de ilegalización con los informes que tenemos sobre la mesa».
El ministro aseguró que cuenta con informes que desaconsejan iniciar esa vía en la actualidad. «Ahora, lo que falta es que pasemos de la derrota de ETA a su disolución», aseveró Jorge Fernández.
Las declaraciones del titular de Interior se producen cuando el mundo de las víctimas se encuentra muy agitado. Han sido varias y muy representativas las voces que han cuestionado las últimas declaraciones de miembros del Gobierno en materia antiterrorista y han denunciado un giro en lo que hasta ahora había sido su línea de dureza contra ETA. La decisión del Partido Popular de no secundar con sus votos la propuesta de UPyD de abrir un proceso para la ilegalización de las formaciones abertzales aumentó la dudas.
Pero el ministro insistió ayer en que las Fuerzas de Seguridad del Estado no han bajado ni van a bajar la intensidad en la lucha contra ETA. Enumeró las últimas actuaciones tanto en España como en Francia contra los miembros de la organización terrorista y aseguró que de ninguna de las maneras se cruzará la línea de la ley para alcanzar el final de la organización terrorista.
¿Qué le falta a ETA por conseguir?
La negociación con ETA de los gobiernos de Zapatero, negada con reiteración pero ejecutada implacablemente, sumergió a nuestra democracia en un descomunal sumidero. El Gobierno socialista presionó en todas las direcciones (Tribunal Constitucional, Audiencia, Parlamento Europeo, opinión pública…) y logró una tolerante posición del partido de la oposición, ahora en el Ejecutivo y comprometido a «gestionar el fin de ETA», que en modo alguno es su derrota, sino la legitimación de sus objetivos políticos y «el borrón y cuenta nueva». Es decir, la impunidad que Amaiur denomina los «problemas técnicos».Hoy podríamos tener motivos de esperanza porque han concluido las dos legislaturas terribilis del presidente Zapatero, despegadas con el atronador y turbio contexto de los atentados del 11-M; sin embargo, nos sobran motivos de preocupación. Después de las dos pasadas legislaturas, ETA ha recuperado legitimidad, acceso a las instituciones, financiación millonaria, y mucho poder: sólo con los ayuntamientos que controla gobierna a 703.000 ciudadanos (un tercio del censo vasco) y se ha convertido en la primera fuerza en el País Vasco con Amaiur. Y el nuevo Gobierno, con una aplastante mayoría, se preocupa de la crisis económica -cosa que en absoluto le afeamos-, pero en esta capital prioridad de nuestra democracia se limita a decir que «ni ha pactado, ni pactará con ETA» y que su «única hoja de ruta es el cumplimiento de la Ley».
Lo malo es que el Gobierno socialista introdujo modificaciones en el Reglamento de Prisiones que satisfacen extraordinariamente a los presos de ETA, que esperan confiados su turno. Tanto es así, que a los diputados de Amaiur les parece que para el «problema de los presos» basta con la «aplicación de la actual legislación penitenciaria». Ya están previstos los cauces tramposos para las excarcelaciones y los acercamientos.
Por otra parte, en breve se pronunciará el Tribunal Constitucional sobre la doctrina Parot. Si el TC falla favoreciendo a los presos etarras -que, visto lo visto, no nos extrañaría- el Gobierno de Rajoy ya tendría la ley en la mano para ir reinsertándoles uno a uno.
¿Qué le falta a ETA por conseguir? Que no se haga nada, y lograr la impunidad uno a uno… Así, tendremos a Arnaldo Otegi de lehendakari dentro de un año (marzo de 2013). Y como nos anunció Jesús Eguiguren en su apología (2010) sobre la necesidad de que ETA-Batasuna volviera a las instituciones: «Allí en las instituciones vascas, entre vascos, con los partidos vascos… llegar a un acuerdo que España no toleraría».
Este pretendido «fin de ETA» es un espejismo que procura que los terroristas y su entorno se incorporen a la «normalidad democrática», sin solución de continuidad y con ventajas penitenciarias y políticas. La realidad es que esto es una anormalidad, una patología de la democracia, que nos ofrece una paz que prostituye la libertad. ETA no pretende su rendición sino el poder.
¿Qué conclusión sacamos los vascos que llevamos tantos años peleando por la libertad? Que el Partido Socialista de Zapatero y Rubalcaba ha vendido el País Vasco a ETA, al empeñarse en contentarla… haciendo lo que siempre hizo el PNV: ceder para «rentabilizar» colocándose en la posición de «moderados». Y, en el caso del PSOE, en la posición de que sólo ellos pueden gobernar una España resquebrajada.
Inma Castilla de Cortázar es presidenta del Foro Ermua.
Barcina denuncia que Bildu sigue usando el miedo
Sostiene que la órbita de ETA quiere imponer sus planteamientos políticos
Los anuncios generales, los cambios de situación en relación con ETA, no tienen el mismo efecto real en todas partes. En la vida cotidiana, las cosas continúan resultando difíciles en muchos lugares de Navarra y así lo denunció ayer la presidenta de la Comunidad Foral, Yolanda Barcina. Según Barcina, «Batasuna, Bildu y Amaiur, esas marcas que no han condenado el terrorismo, siguen utilizando el miedo para imponer sus planteamientos políticos» y, pese a que ETA ha dejado de matar, las formaciones políticas de su órbita de pensamiento siguen tratando de imponer el «totalitarismo». «No nos cansaremos de denunciar la situación todavía hoy existente de totalitarismo nacionalista que sufren los vecinos de numerosas localidades navarras», insistió.
La presidenta foral mostró su absoluta disposición a «contribuir a terminar con ETA», pero mantuvo que este principio no pensaba asentarlo a costa de cualquier cosa. Ni a costa de callar ante los abusos. «Que nadie pretenda que permanezcamos callados mientras la verdadera libertad no reine en todos y cada uno de los lugares de nuestro país», dijo; ni a costa de un apaño que pueda ofender a las víctimas, para las que reclamó «memoria, dignidad y justicia».
La máxima dirigente de Unión del Pueblo Navarro (UPN), que gobierna Navarra en coalición con el PSOE, se reunirá hoy con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para abordar la situación económica pero también la política antiterrorista.
UPN fue uno de los partidos que avaló la semana pasada el manifiesto para el fin de la violencia. Barcina justificó su postura favorable alegando que, «por primera vez», ese acuerdo contempla que no sólo el Gobierno vasco sino también el navarro sea escuchado al respecto.
«Afortunadamente», según dijo, la «victoria de la democracia sobre el terror resta cada vez más protagonismo a los violentos y a quienes les apoyan en el debate público» y Barcina considera esencial que Navarra participe en ese proceso que ha dado en llamarse «la gestión del fin de ETA». Pese a que la presidenta navarra considera desafortunada esa expresión porque da la impresión de «hay algo que acordar con los terroristas».
Barcina realizó estas declaraciones en un encuentro informativo organizado por Nueva Economía Forum en el que fue presentada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, quien reforzó esta idea del fin coordinado y ortodoxo de la banda terrorista. Gallardón aseguró que la derrota definitiva del terrorismo y la desaparición de ETA tienen que venir de la mano de las instituciones democráticas.
El titular de Justicia elogió la preparación y fortaleza de la presidenta navarra y advirtió de que el cese de la violencia terrorista abre «una nueva etapa», aunque eso no implica que haya «una nueva historia». En consecuencia, aseguró que el cercano fin del terrorismo es fruto de «la resistencia de la democracia frente al terror» y que «la victoria final habrá de ser dentro de la instituciones y su representación democrática y no al margen de éstas». Aludía así a quienes en los últimos meses están dejando la puerta abierta a una negociación directa con la banda y su entorno, dejando a un lado a los parlamentos y los gobiernos democráticamente elegidos.
La presidenta navarra se pronunció sobre dos aspectos más relacionados con la banda terrorista. Respecto a los presos de la banda, abogó por aplicar las leyes «tal y como las tenemos», y sobre el acto protagonizado el pasado domingo por la izquierda abertzale, alegó que, aunque parece que en esta ocasión el fin de ETA parece real, «el presunto guiño dirigido a las víctimas es insuficiente».
López concretará nuevas iniciativas por la paz para ampliar el acuerdo del Congreso
Profundizará en su decálogo, que incide en las víctimas y el acercamiento de presos
Ese marco de referencia limita su intervención del 8 de marzo a las bases de «unidad, concordia y convivencia». Lo que excluye adentrarse en otros debates sobre los límites del autogobierno vasco o la reforma del actual Estatuto, a los que López se ha mostrado predispuesto últimamente en aras a ampliar el consenso sobre el proyecto político del País Vasco.
«Son dos cuestiones totalmente distintas», observan desde Ajuria Enea. «La gestión del final de la violencia no se va a mezclar con contenidos eminentemente políticos», asegura un portavoz, negando de forma rotunda que López vaya a deslizarse por el terreno que transitan las exigencias de la izquierda abertzale al vincular la paz con la resolución de un «conflicto político».
El PNV saluda que por fin el lehendakari dé a conocer las medidas «celosamente guardadas durante cinco meses», aunque recuerda a López, a través de Joseba Egibar, que la importancia del acuerdo del Congreso radica en el rechazo, con el apoyo del PP, de la ilegalización de la izquierda abertzale.
El consenso de la Cámara Baja proporciona a López cobertura para descender a aspectos que concreten el colchón institucional obtenido por el presidente Rajoy. Será una ponencia parlamentaria la encargada de entrar en detalles sobre cómo favorecer la convivencia en el País Vasco, uno de los aspectos esenciales del decálogo de López, que parte de la construcción de «un relato veraz sobre lo ocurrido».
En su hoja de ruta se incluyen además la legalización de Sortu y el acercamiento de presos dentro de una política penitenciaria más flexible, aunque ambos extremos exceden las competencias vascas.
No hay que darle más vueltas a todo esto, es la continuidad de las promesas de zetaparo con los asesinos, y estos prepotentes del pp lo siguen a rajatabla. Así que no desesperéis españoles de bien, que el mal está en marcha.
ResponderEliminarAhora vas y lo cascas...