La juez de Madrid Belén Sánchez ha inadmitido la querella de Jamal Zougam por falso testimonio contra las dos testigos rumanas cuya declaración determinó su condena. Hace un mes, la magistrada afirmó en un auto que los hechos denunciados «presentan características que hacen presumir la posible existencia de delitos».Además, en ese auto del pasado 19 de enero la juez exigía a la familia del marroquí una fianza de 3.000 euros para que su madre pudiese ejercer la acción popular.
Sin embargo, una vez que los hermanos de Zougam solicitaron un crédito bancario y consignaron el dinero, la juez mantuvo paralizada la causa durante otro mes -aunque conoce que el delito denunciado puede prescribir el próximo 13 de marzo- para finalmente despacharla en una resolución de tres folios en la que dice que «no consta la concurrencia de los elementos que configuran el delito de falso testimonio». Los abogados del marroquí, Eduardo García Peña y Francisco Andújar, preparan ya un recurso ante la Audiencia de Madrid.
En 2010 se modificó el Código Penal para que la presentación de una querella suspenda la prescripción durante seis meses, por lo que el posible falso testimonio de las testigos protegidas C-65 y J-70 prescribiría ahora en junio de este año. No obstante, no está claro que pueda aplicárseles una reforma posterior a su declaración en el juicio del 11-M (marzo de 2007), aunque existe jurisprudencia que lo avala.
La juez Sánchez, afiliada a Jueces para la Democracia, había dado pocas muestras de querer quedarse con la querella desde que la recibió. Primero se inhibió a favor del juzgado que instruía el procedimiento contra Sánchez Manzano, el de Coro Cillán. Después de que ésta rechazase la causa, la juez Sánchez la devolvió a decanato para que turnase un nuevo reparto, pero días después la querella volvió a su juzgado.
El 19 de enero emitió el auto en el que afirmaba que los hechos denunciados «presentan características que hacen presumir la posible existencia de delitos» y abría diligencias previas. Un mes más tarde ha terminado inadmitiendo a trámite la querella argumentando que pretende «contradecir o impugnar la valoración de la prueba» que hizo la Audiencia Nacional «y, en concreto, la valoración efectuada por el tribunal de las declaraciones prestadas por los testigos protegidos en la causa». También dice que no está probado el dolo de las testigos.
En realidad, la intención de esa acción penal es tratar de demostrar que existen hechos nuevos, que aquel tribunal no pudo conocer, y que probarían que C-65 y J-70 pudieron mentir. El Código Penal incluye el delito de falso testimonio en el artículo 458 y recoge expresamente el caso de que esa mentira dé lugar a una condena, algo que sólo puede darse a partir de hechos que no conociese el tribunal sentenciador.
Este diario publicó en diciembre varios reportajes que ponían de manifiesto que esas dos mujeres, que testificaron después de que la imagen de Zougam fuese difundida masivamente y que, según el Supremo, constituyen «la principal prueba de cargo» contra él, habían declarado en circunstancias extrañas que fueron ocultadas a la defensa, al juez instructor y al tribunal.
En concreto, la testigo J-70 acudió a denunciar, por primera vez en febrero de 2005 (11 meses después del atentado) que había visto al marroquí con una mochila en su vagón cuando iba acompañada de su amiga, la testigo C-65. Lo que no dijo fue que, 15 días antes, técnicos del Ministerio del Interior la habían descartado como víctima, lo que le cerraba las puertas a las indemnizaciones y a los papeles para regularizar su situación en España. Inmediatamente después de inculpar a Zougam, fue incluida en el listado de víctimas y terminó cobrando 48.000 euros.
En esos 11 meses, J-70 había comparecido ante la Comisaría General de Extranjería para pedir los papeles; ante la Dirección General de la Policía para solicitar la indemnización; ante el Consorcio de Compensación de Seguros; ante una abogada para personarse en el sumario del 11-M; ante un tribunal médico, y ante una subsecretaria de Interior. Y nunca dijo que hubiese visto a Zougam en los trenes.
Por su parte, C-65 aseguró en el juicio que viajaba con J-70. No obstante, no aclaró por qué ella declaró por primera vez el 1 de abril de 2004 y su amiga 10 meses después. La investigación de este periódico reveló que fue remitida a la Policía por el Consulado de Rumanía, adonde había acudido con otra mujer (que no era J-70) para reclamar las indemnizaciones que pagaba el Gobierno rumano. Sólo después de que a esa segunda persona se le negase el dinero, porque no aportaba ninguna prueba de ser víctima del 11-M, ambas dijeron que viajaban juntas, que habían visto a un terrorista en el tren y señalaron, en un reconocimiento fotográfico que hicieron por separado, a Zougam. De esa segunda mujer nunca más se supo, pues su testimonio no trascendió al sumario.
Además, el marido de C-65 fue reconocido como víctima de otro tren y entre ambos obtuvieron cerca de 100.000 euros y la nacionalidad española. Su hermano también pidió dinero, y fue rechazado y propuesto para ser imputado por mentir.
Ninguno de estos hechos era conocido por el tribunal del 11-M. En la investigación policial no se encontró ni un solo vínculo de Zougam con la célula islamista: no hay ni una llamada telefónica con él; no hay huellas ni rastro genético suyo en la casa de Morata ni en el piso de Leganés; todos los terroristas huyeron tras el atentado, pero él siguió con su rutina habitual. Y su socio Mohamed Bakkali confesó al juez y a este diario que fue él, y no Zougam, quien vendió las tarjetas telefónicas usadas en las bombas.
150 euros por 'colar' a una víctima
El periódico 'Evenimentul Zeitei', uno de los de mayor tirada de Rumanía, publicó el pasado 28 de enero otra entrevista con el testigo protegido R-10 en la que éste se reafirma en los datos que ofreció a EL MUNDO y que contradicen su declaración en el sumario del 11-M. Aporta, como novedad, algún detalle de cómo funcionaban las tramas de falsas víctimas de los atentados.El testigo R-10 fue el primero que acusó a Jamal Zougam, pero no llegó a declarar en el juicio porque decidió volver a su país dos meses antes de su inicio.
En el diario rumano, R-10 cuenta al periodista Andrei Udisteanu que varios rumanos «vinieron después del atentado a que les vendiera el billete de tren de ese día, por 150 euros». Añade que también le ofrecieron esa cantidad por testificar ante los forenses de la Audiencia que esas personas estuvieron en el tren. «Yo no quise. No necesito hacer estas cosas», concluye.
El testigo relata también cómo los investigadores de la Policía iban a buscarlo a casa «casi siempre después de las 10 de la noche» y cómo se sintió tan presionado por ellos que tuvo que pedirles «a voz en grito» que le «dejasen en paz».
R-10 insiste en que la primera vez que vio la imagen de Zougam fue «en un cartel en el aeropuerto», como ya había dicho a este diario cuando lo localizó en Cluj-Napoca.
Contradice así su declaración ante el juez instructor Juan del Olmo y a la propia sentencia del 11-M, que destaca que R-10 testificó antes de que la foto del marroquí fuese difundida por los medios.
El testigo se reafirma, no obstante, en que la persona a la que vio en el tren era Zougam -a este periódico matizó que estaba seguro «al 90%»- y explica que si dijo que tenía el pelo liso quizá fue porque aquel día llovía.
Ya empieza a moverse la maquinaria de gallardón. La maquinaria del bipartidismo a parar todo lo relacionado con el 11-M, el caso faisán, etc., ya que no les interesa. Vaya fiasco de justicia en este país de pandereta.
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