Cinco magistrados abren por unanimidad una causa contra el ex ministro de Fomento por cohecho y tráfico de influencias
La Sala de lo Penal dice que es necesario investigar también sus «gestiones personales» ante «diversos organismos públicos»
El hoy diputado insiste en que las acusaciones «son falsas», no dimite, y el PP cree que «su futuro es cada día más oscuro»
El ex ministro de Fomento José Blanco deberá responder ante el Supremo de los indicios de cohecho y tráfico de influencias que han aparecido contra él en la operación Campeón.
Con el criterio favorable de la Fiscalía, cinco magistrados del Alto Tribunal han acordado por unanimidad abrir un proceso contra Blanco al apreciar que los datos aportados por la jueza de Lugo Estela San José «permiten inferir indiciariamente una serie de entregas de dinero» a Blanco, que también habría realizado «gestiones ante organismos públicos» a favor de empresarios próximos a él.
La Sala Penal del Supremo ha acordado iniciar un proceso contra José Blanco al coincidir con la Fiscalía en que los indicios expuestos por la jueza de Lugo Estela San José, instructora de la operación Campeón, «necesariamente» deben ser investigados.En una resolución emitida por unanimidad, y de la que ha sido ponente Julián Sánchez Melgar, la Sala afirma que los datos expuestos por San José en el escrito que elevó al Supremo el 3 de noviembre «permiten inferir indiciariamente una serie de entregas de dinero» a Blanco, así como la realización por su parte de «gestiones ante diversos organismos públicos» para favorecer a empresarios próximos a él.
Según el auto, «la exposición razonada [de la jueza de Lugo] transcribe declaraciones sumariales, correos electrónicos, proyectos de recogida de medicamentos (SIGRE), facturas, transferencias, transcripciones de comunicaciones telefónicas judicialmente intervenidas y mensajes cortos de texto (SMS) que permiten inferir indiciariamente una serie de entregas de dinero al aforado, declaradas ante la autoridad judicial por los intervinientes en dicha trama empresarial, entregas realizadas presuntamente a través de su pariente Manuel Bran, administrador de la empresa denominada Electricidad Espiñeira y Bran, y gestiones personales de aquél ante diversos organismos públicos».
Todo ello, añade, «deberá ser objeto de una investigación que, como dice el Ministerio Fiscal, 'necesariamente ha de llevarse a cabo' por la posible comisión de los delitos de cohecho y tráfico de influencias».
Era una resolución esperada a la vista del denso contenido de la exposición de la magistrada San José (ver EL MUNDO en sus ediciones del 6 y 7 de noviembre) y del informe del teniente fiscal del Supremo, Juan Martín Casallo, favorable a la iniciación del proceso contra Blanco. Aunque ha dejado de ser miembro del Gobierno, Blanco conserva su fuero ante el Supremo al haber sido elegido diputado por Lugo en las pasadas elecciones del 20-N.
Como ya adelantó este periódico, el magistrado de la Sala Penal al que ha correspondido por turno la instrucción es José Ramón Soriano, que deberá recibir declaración a Blanco como imputado.
Si el ex ministro acude a la cita voluntariamente, no será preciso que el Supremo envíe en este momento el suplicatorio al Congreso. Sí será necesario solicitar la autorización de la Cámara si el imputado no acude a declarar de forma voluntaria o si, tras esta declaración y las diligencias que se consideren pertinentes, Soriano acordase la continuación del procedimiento.
Blanco volvió a calificar ayer de «falsas» las acusaciones contra él. Ya lo hizo en un comunicado hecho público desde el Ministerio de Fomento el 6 de octubre, cuando aseguró que «no recibió ni cobró nada, ni directa ni indirectamente, ni en metálico ni en transferencia, ni en sus cuentas ni a través de personas interpuestas».
Pero la jueza San José sí cree que Blanco desplegó gestiones a favor de empresarios próximos a él y vio indicios de que uno de ellos, Jorge Dorribo, le entregó un total de 290.000 euros por ayudarle a sacar adelante varios proyectos en el Ministerio de Sanidad y la concesión de un incentivo por parte del Ministerio de Economía.
Dorribo es uno de los empresarios imputados en la operación Campeón, en la que San José investiga un posible fraude en la obtención de subvenciones públicas. Junto a él están imputados sus socios Carlos Monjero, Javier Rodríguez y José Antonio Orozco. Este último, muy amigo de Blanco, es vicepresidente de la empresa de transportes Azkar.
Todos ellos tuvieron los teléfonos intervenidos por orden de la jueza de Lugo antes de que, el pasado mayo, Dorribo fuera detenido y enviado a prisión.
Esas conversaciones y mensajes SMS, inicialmente descartados por San José al no referirse específicamente a su investigación, fueron rescatados una vez que Dorribo, en una primera declaración prestada el 8 de agosto y que le valió la libertad, empezara a develar supuestos delitos que afectarían al entonces ministro de Fomento y número dos del PSOE.
Dorribo aseguró que fue Orozco el que pagó el chalé en el que vive Blanco en Madrid y manifestó que él mismo se reunió con Blanco en la gasolinera de Guitiriz el 5 de febrero de 2011 para pedirle que le echara una mano en la concesión de la autorización de Sanidad para presentar los medicamentos en unidosis.
En esa primera declaración, Dorribo omitió un dato tan relevante como que, según él mismo manifestó a la jueza el 13 de octubre, entregó 200.000 euros en metálico a Bran, primo de Blanco, minutos antes de subirse al coche del ministro. «El pago del 5 de febrero a José Blanco se le hizo a Bran», dijo textualmente el empresario. «Entraron en la cafetería de la gasolinera con los escoltas y tomaron un café y Bran se dirigió a Blanco. Ellos dos hablaron y yo entiendo que Bran le dijo a Blanco que tenía el dinero porque, si no, yo no entraba en el coche, eso lo tengo claro».>Vea hoy el vídeoanálisis de Casimiro García-Abadillo.
San José también envió al Supremo conversaciones telefónicas y mensajes SMS interceptados a Blanco y Orozco en los que se refieren a las gestiones del ex ministro para que el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat concediera a Azkar la licencia de instalación de una nave que le interesaba tener cerca del aeropuerto de El Prat.
«Un negro futuro»
>En opinión del PP, que se expresó a través de su portavoz en el Congreso, Alfonso Alonso, el ex ministro y 'número dos' del PSOE, José Blanco, tiene por delante «un futuro procesal cada día más negro». Alonso insistió en que «la Justicia es igual para todos» y, en consecuencia, Blanco, que en su día se negó a comparecer en la Cámara para explicar su vinculación con el 'caso Campeón', tendrá ahora que hacer frente «inexorablemente» a los tribunales.>Por su parte, el portavoz de Justicia del PNV en el Congreso, Emilio Olabarria, recalcó que su partido defiende en estos casos el principio de «tolerancia cero». Olabarria aseguró que, en el PNV, cuando se produce la judicialización de un caso de presunta corrupción, «lo que se ha hecho siempre es exigir el cese si se ocupa algún tipo de cargo público». En otras palabras, según los nacionalistas vascos, Blanco tendría que dimitir de sus cargos.
>También se manifestó en relación con el caso el diputado y 'número dos' de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, para quien existe una impresión «bastante fundada» de que el ex ministro «se va a aprovechar de su estatus y su aforamiento para protegerse». «Sería bueno», dijo Gorriarán, «por aquello de colaborar con la Justicia, que dimitiera del cargo de diputado mientras esté bajo esa imputación».
El silogismo falso
Los que fabricaron la defensa del ex ministro de Fomento José Blanco sobre la base de que su acusador era «un corrupto» se equivocaron de medio a medio.
Utilizaron mal la lógica, dando por bueno un silogismo tan sencillo como falaz. A saber: todos los corruptos mienten; el empresario Dorribo es un corrupto; por tanto, Dorribo miente.
El fallo está en la primera premisa. No siempre los corruptos mienten. Sólo hay que echar un vistazo a nuestra reciente historia para darse cuenta de que casi detrás de cada proceso penal hay un arrepentido. O sea, alguien que dice la verdad para beneficiarse o bien para vengarse al haberse sentido engañado. O por las dos cosas al mismo tiempo.
Cuando Dorribo comenzó a contar a la juez de instrucción de Lugo lo que sabía de Blanco y otros (no olvidemos al ex consejero de Industria del BNG Fernando Blanco o al ex diputado del PP Pablo Cobián) lo hizo para salir de prisión. Y también porque se sintió engañado por sus socios.
Mientras ellos estaban en libertad y no movían un dedo por ayudarle, él asumía las consecuencias de una actividad delictiva que consistía en utilizar resortes políticos para lograr ayudas de las administraciones públicas (aquí están involucrados tanto el Gobierno central como la Xunta de Galicia).
Ésa fue la causa que despertó la memoria del empresario farmacéutico que unos meses antes había tenido el honor de subir al coche oficial del poderoso ministro y número dos del PSOE, tras citarse con él en la gasolinera de Guitiriz.
El asunto de la gasolinera me llamó la atención desde el primer momento. Por eso llamé al ministro para confirmarlo, lo que, efectivamente, hizo Blanco.
¿Es normal que un miembro del Gobierno recoja en una gasolinera a un empresario para hablar de temas que ni siquiera están relacionados con su ministerio, sino con el de Sanidad? ¿Si no era una conversación inconfesable, por qué no se citaron directamente en el lugar donde se produjo el almuerzo al que acudieron?
Luego supimos, por la versión del empresario, que el primo de Blanco (Manuel Bran) se citó antes con él en el bar de la estación de servicio para cobrar en billetes de 500 euros y por adelantado el precio de la gestión a realizar.
El ministro lo ha negado todo. Ayer también insistió en que el proceso penal le dará la oportunidad de defender su inocencia y demostrar que Dorribo miente. Me suena parecido al discurso de Francisco Camps, quien decía que estaba deseando declarar para demostrar que él había pagado los trajes.
Todo apunta a que Dorribo puede destapar un entramado empresarial y político que pondría patas arriba la ya agitada provincia de Lugo.
Lo veremos. El asunto, penalmente, no ha hecho más que empezar y, hasta que haya una sentencia firme, Blanco es inocente.
Lo que sí está claro es que no es sólo un empresario autoinculpado en delitos de corrupción el que acusa a Blanco. Son una juez y un fiscal de Lugo; son también un fiscal y una sala de cinco magistrados del Supremo los que ven indicios de que se han producido «entregas de dinero al aforado». Según la doctrina del ex ministro, ese auto debería obligarle a dimitir ya.
Era de esperar que esto sucediera. Siempre se amparan en sus cargos para presuntamente delinquir, y lo que deberían de hacer, es dimitir para favorecer que se haga justicia.
ResponderEliminar