El Mundo
También implica a un ex consejero del BNG y a un diputado autonómico del PP
Según las mismas fuentes, Jorge Dorribo decidió colaborar con la Justicia a cambio de obtener su libertad provisional, lo que logró el pasado mes de agosto sin que la Fiscalía presentase ningún recurso.
Dorribo conoció al ministro de Fomento a instancias de su socio José Antonio Orozco, vicepresidente y uno de los principales accionistas de la empresa de transportes Azcar. Después de que Orozco le comunicara al empresario farmacéutico que el ministro quería conocerle personalmente, Dorribo se constituyó en uno de los principales impulsores de la concesión a José Blanco de la insignia de oro de la Confederación de Empresarios de Lugo, un acto que tuvo lugar el 16 de abril de 2010.
Según declaró Dorribo a la juez, el ministro y número dos del PSOE hizo gestiones ante Hacienda para que la Dirección de Ayudas Regionales subvencionase con 467.267 euros a sus empresas, y también utilizó sus influencias ante el Ministerio de Sanidad para que acelerara los permisos administrativos para la comercialización de los productos conocidos como unidosis.
¿Cómo recibió Blanco el dinero? Según Dorribo, el ministro le indicó que debía contratar los servicios de dos empresas: Proitec, y Electricidad Espiñeira y Bran.
La primera de ellas es una compañía que se dedica a la consultoría y la realización de estudios. De hecho, ha sido esta sociedad la que ha realizado los informes ante la Xunta para que a Dorribo le concediesen las ayudas públicas. Sus dos copropietarios, Carlos Monjero y Javier Rodríguez, también fueron detenidos en el mes de mayo en el curso de la llamada operación Campeón, iniciada a instancias del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y dirigida por la juez Estela San José.
La segunda empresa es propiedad de un primo político del ministro, Manuel Bran.
Según testificó ante la juez, Dorribo habría pagado 200.000 euros en metálico a Bran, además de haberle concedido contratos inflados por valor de otros 200.000 euros.
Las ayudas públicas y créditos recibidos por las empresas de Dorribo se elevan a un total de 5,6 millones de euros. El pasado mes de marzo, a través del Igape (Instituto Gallego de Promoción Económica), se le concedieron 992.942 euros a fondo perdido para la construcción de una planta de medicamentos en Rábade (Lugo). En diciembre de 2010, logró del citado Instituto un crédito de otros 2,9 millones de euros en condiciones muy ventajosas, financiado por el Banco Europeo de Inversiones, cuya vicepresidenta es la ex ministra de Fomento socialista Magdalena Álvarez.
En su declaración ante la juez San José, Dorribo también implicó en el fraude de las ayudas públicas al ex consejero de Industria de la Xunta Fernando Blanco, actual miembro de la Asamblea de Galicia por el BNG. Durante el Gobierno de coalición del PSdeG/BNG, las empresas de Dorribo recibieron a través del Igape ayudas públicas de 1,5 millones de euros.
Según declaró el empresario, José Blanco habría cobrado en metálico 350.000 euros. Además, Dorribo le habría hecho participar en sus negocios a través de Xoan Bazarra, un supuesto testaferro del ex consejero de la Xunta Fernando Blanco. Bazarra fue jefe de gabinete de este último y actualmente es gerente de una empresa de Dorribo domiciliada en Andorra.
Las implicaciones en las subvenciones ilegales de la Xunta no se limitaron a José Blanco y Fernando Blanco, sino que afectan también a un parlamentario gallego del PP: Pablo Cobián. Según declaró Dorribo ante la juez de Lugo, Cobián habría cobrado 200.000 euros por realizar gestiones ante la Xunta, además de lograr un patrocinio para su hijo, aficionado a las carreras de coches.
Ante la aparición de estos dos parlamentarios autonómicos, la juez Estela San José ha decidido remitir inicialmente sus investigaciones al Tribunal Superior de Justicia de Galicia, quien ya se ha declarado competente y ha nombrado como instructor al magistrado Pablo Sande.
Según fuentes solventes, en los próximo días la juez elevará el caso al Supremo, ante la presunta implicación del ministro de Fomento en un posible delito de cohecho.
La juez tiene previsto levantar el secreto de sumario en los próximos días
La 'operación Campeón'
Una vez que se pusieron en marcha las intervenciones telefónicas ordenadas por la juez San José, se pudo comprobar que el empresario Jorge Dorribo, en conversación con uno de los investigados, presumía de poder lograr con facilidad ayudas de la Xunta, y se ofrecía a su interlocutor para conseguirlas.
En mayo, la juez ordenó la detención de Dorribo, de su esposa, de los copropietarios de la empresa Proitec, del director del Igape (Instituto Gallego de Promoción Económica), Joaquín Varela, y de su subdirector, Carlos Silva. Según fuentes de la investigación, estos dos funcionarios solían cobrar el 10% del monto de las ayudas ilegales que concedía el Igape.
Normalmente, las empresas que recurrían a esa vía inflaban facturas y simulaban créditos y operaciones para que las subvenciones fueran mayores.
La trama de ayudas ilegales procede de la época del Ejecutivo de coalición del PSdeG y el BNG, partido que colocó al frente del Departamento de Industria a Fernando Blanco, ahora implicado por el empresario Dorribo en el cobro de comisiones. Durante el Gobierno de Feijoó, la trama ha seguido funcionando, aparentemente sin el conocimiento de los miembros de la Xunta
CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO / Madrid
04/10/2011
Ascensión y caída del empresario Dorribo
Jorge Dorribo Gude responde a la perfección al arquetipo del empresario hecho a sí mismo. Emprendedor, amante del riesgo y osado en todas sus acciones.
El origen del grupo empresarial pilotado por Dorribo fue tan humilde que se fraguó en una cocina, gracias al invento de una de sus hermanas: una crema protectora para el cuero.
Eso ocurrió en 1986. Luego vinieron las cremas y los cosméticos etiquetados con la marca Nupel y, 10 años después, la creación de Laboratorios Nupel, dedicado a la comercialización y distribución de medicamentos.
Dorribo ha conseguido exportar medicamentos a más de 20 países de África, Asia y América Latina.
En 2006 llegó a firmar un acuerdo con los Emiratos Árabes para instalar una fábrica de medicinas en Abu Dabi. El veterano líder del PP de Lugo Francisco Cacharro le cedió los salones de la Diputación para la firma del convenio con un jeque llegado a Galicia desde Oriente.
Estando en la cima del éxito, Dorribo llegó a ser vicepresidente del club de baloncesto Breogán y fue patrocinador de su propio equipo de coches de carreras.
Su olfato le llevó a relacionarse con todas las fuerzas políticas sin distinción. Amigo de Cacharro, tras constituirse el Gobierno de coalición PSdeG/BNG entabló relación con el consejero de Industria del Bloque, el nacionalista Fernando Blanco.
Más recientemente, sus relaciones subieron un peldaño de la mano de su socio José Antonio Orozco y logró acercarse al ministro de Fomento y número dos del PSOE, José Blanco.
Él y su amigo Orozco fueron los promotores de la entrega de una medalla de oro al ministro en un masivo acto que se celebró en un conocido restaurante de Lugo en abril de 2010.
Las ayudas por vía de subvenciones y créditos obtenidas desde diciembre del año pasado por un total de casi cuatro millones de euros sirvieron para que Nupel mantuviera su actividad e incluso proyectara la creación de una filial en Andorra. Sin embargo, su grupo se encontraba ya en una situación financiera muy comprometida.
Tras su detención el pasado mes de mayo en el curso de la operación Campeón, sus negocios se han venido abajo. Nupel se encuentra ahora en proceso de concurso de acreedores y sus trabajadores llevan sin cobrar varios meses.
La Consejería de Sanidad de la Xunta ha abierto una investigación por posibles prácticas prohibidas. Este Departamento acusa a Dorribo de montar un sistema por el que numerosas farmacias de toda España compraban medicamentos que no necesitaban a las empresas farmacéuticas, que luego, en virtud de un acuerdo previo, eran comercializados en el extranjero por Laboratorios Nupel.
Según algunas fuentes, las deudas del grupo (Dorribo participa en más de 40 sociedades) podrían elevarse en la actualidad a 30 millones de euros.
Tras su puesta en libertad, Dorribo ha decidido instalarse en la provincia de Alicante
SEBASTIÁN TORRES
ANTONIO SALVADOR / Sevilla
04/10/2011
Nuevos papeles implican a Viera en los ERE
El secretario general del PSOE de Sevilla y número dos en las elecciones del 20-N por esta provincia, José Antonio Viera, aprobó un gasto de 1.032.987 euros para una campaña de publicidad que la Intervención General de la Junta de Andalucía consideró posteriormente ilegal.
El 2 de septiembre de 2003, Viera, entonces consejero de Empleo, presidió la reunión del consejo rector del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) en la que se acordó sacar a concurso dos adjudicaciones: la elaboración de un «plan estratégico de comunicación» para el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), por 996.737 euros, y la «ejecución del plan de medios» para esa campaña, por 1.032.987 euros.
Cuando llegó el momento de debatir el segundo de los contratos, uno de los vocales del consejo rector del IFA, Juan Carlos Soriano, realizó dos objeciones: «La campaña de divulgación del SAE es una cuestión que guarda poca relación con el objeto de nuestro instituto», recoge el acta.
La respuesta se la dio el propio Viera: «El IFA es un instrumento ejecutivo de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico y de sus políticas, a fin de aprovechar la agilidad de dicho instituto». Tanto la afirmación de Viera como la adjudicación de la campaña de publicidad de un millón de euros tendrían contestación dos años después en un informe de la Intervención de la Junta.
En julio de 2005, la Intervención realizó el Informe Definitivo de Cumplimiento de la Agencia IDEA correspondiente al ejercicio 2003, es decir, cuando dicho ente instrumental aún se denominaba IFA. En dicho informe, al que ha tenido acceso EL MUNDO, el interventor se refiere explícitamente al gasto de 1.032.987 euros para «la planificación y ejecución del plan de medios para la campaña del SAE».
El interventor censura el sistema empleado para gastar el dinero, la transferencia de financiación, ya que se vulneró así la Ley de Presupuestos para 2003. Dicho sistema es idéntico al empleado para pagar las prejubilaciones con cargo al fondo de reptiles y que permitía eludir los controles.
El varapalo de la Intervención a Viera es doble. Si, por un lado, considera ilegal el procedimiento administrativo, por otro desmonta la coartada de emplearlo para «aprovechar» la mayor «agilidad» del IFA en la tramitación, como dijo Viera en la reunión del consejo rector del IFA y como ha defendido en público tras estallar el caso de los ERE.
En un anexo a su informe, la Intervención recuerda a la Consejería de Empleo que no puede escudarse en la eficacia u operatividad del IFA para justificar los incumplimientos de la ley. «No es sólo cuestión de oportunidad, conveniencia u operatividad sino, básicamente, de legalidad. La eficacia de la actuación no dispensa del cumplimiento de la ley».
Siguen las corruptelas de estos de la casta. Ahora pepiño sale a la palestra, aqui no se libra nadie, estos del bipartidismo son todos iguales.
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