Asumirá las pérdidas del Frob
El Mundo
Afirma que es 'irresponsable' que el PP cuestione la labor de Fernández Ordóñez en la reestructuración
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía, Elena Salgado, ha anunciado que se realizarán cambios en el Fondo de Garantía de Depósitos, el que se garantiza hasta 100.000 euros de los ahorros de los españoles en las entidades, para que haga frente al coste de la reestructuración bancaria.
De este modo, se fusionarán los tres fondos de garantía de depósitos -bancos, cajas y cooperativas de crédito- en un sólo organismo y se establece que las potenciales pérdidas netas del Fondo de Reestructuración Bancaria (Frob), que tiene la misión de entrar en el capital de las cajas con problemas -como ya ha ocurrido con tres de ellas- se pasarían a este organismo y no tendrían ningún efecto sobre el contribuyente y el déficit.
La pasada semana, EL MUNDO adelantó en su edición impresa que el Gobierno estudiaba alternativas para que la intervención de la CAM no afectara al déficit del Estado, uno de los pilares que España necesita mantener a raya para poder colocar sus emisiones de deuda.
La dotación de este nuevo fondo será de 6.593 millones de euros. La vicepresidenta afirma que si la reforma del sistema financiero tiene un carácter sistémico debe beneficiar al conjunto del sector y, por tanto, es razonable que se produzca este cambio y que el sector financiero asuma los costes de la reestructuración y así no la tendrán que pagar los contribuyentes y el déficit.
En la práctica, supondrá que el dinero que los bancos han aportado para proteger el ahorro de sus clientes se podrá destinar a sufragar las pérdidas que genere el rescate de las cajas, o de cualquier otra entidad que tenga problemas en el futuro.
La vicepresidenta ha garantizado que cualquier ahorrador podría en caso de quiebra cobrar hasta 100.000 euros por depositante y por entidad, tal y como se recoge en la legislación europea desde octubre de 2008.
La vicepresidenta no ha querido valorar si esta posible recuperación estaría sometida a algún tipo de incertidumbre ya que con esos 6.593 millones de euros de los tres fondos se tendría que financiar esta recuperación y a la vez la reestructuración del sector financiero.
La vicepresidenta ha recordado que el fondo de Garantía de Depósitos, en concreto el de las cajas, aportó fondos en la intervención de Caja Castilla La Mancha. La vicepresidenta ha remarcado que el Fondo de Garantía de Depósitos figura fuera del balance de los bancos, tiene capacidad jurídica propia y que, incluso, puede endeudarse para abarcar pérdidas futuras.
Defiende a Fernández Ordóñez
Por otro lado, la ministra de Economía ha defendido la labor del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, tras las críticas recibidas por las indemnizaciones recibidas por los directivos salientes de las cajas de ahorros.
"Por supuesto, creo que lo ha hecho bien", ha sentenciado sobre la labor de Fernández Ordóñez en la reestructuración del sistema financiero, y ha añadido que es "irresponsable" que el Partido Popular cuestione su papel en la reorganización bancaria
.MARÍA VEGA / Madrid
08/10/2011
Fitch degrada dos escalones a España por la recaída de la economía
Cuando España empezaba a lograr pasar a un segundo plano en la epidemia de deuda europea en favor de la ahora más problemática Italia, Fitch volvió a ejercer presión ayer sobre el Estado español. La agencia de evaluación de riesgos insistió en unir la situación de los dos países mediterráneos al degradar su nota de forma conjunta. En el caso de España, esa rebaja dejó su calificación en 'AA-', mientras que en el de Italia se quedó en 'A+', un nivel peor al de la deuda española en su escala de rating. Lo peor es que la agencia dejó la puerta abierta a un nuevo recorte de la nota de ambos países en los próximos meses, una decisión que encarecería aún más la financiación de sus Estados.
El punto de partida para tomar la decisión de ambos recortes fue el mismo: el impacto financiero del recrudecimiento de la crisis de deuda que asola la Eurozona. Sin embargo, los matices de cada una de las rebajas fueron diferentes.
En el caso español, la agencia reconoció que el país ha emprendido una serie de medidas importantes para resolver los problemas de su economía. Sin embargo, esas reformas no parecen suficientes para superar la crisis, por lo que Fitch no dudó en afirmar que España tendrá que emprender más cambios estructurales para alcanzar la competitividad y productividad necesarias para recuperar el crecimiento. Y entre ellas, apuntó a la reforma del mercado laboral.
En una nota difundida por la tarde, al cierre de las Bolsas europeas, Fitch dibujó un panorama poco halagüeño para una economía española que hasta 2015 crecerá por debajo del 2% y no conseguirá crear empleo.
Esta debilidad de la actividad económica complicará aún más si cabe la consolidación fiscal. Según recordó la agencia norteamericana, hay «riesgos» de que España no sea capaz de cumplir con sus objetivos de déficit por «la actuación presupuestaria de algunas regiones». Y es que esta rebaja llega después de que el pasado septiembre Fitch recortara el rating de cinco comunidades autónomas (Andalucía, Canarias, Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana) por el previsible empeoramiento de su déficit fiscal en un entorno económico adverso en el que el desempleo impedirá a los gobiernos autonómicos recuperar sus niveles de ingresos anteriores a la crisis.
En la nota de ayer, los expertos de Fitch calificaron la respuesta del Gobierno central a la crisis como «agresiva». Pero también señalaron que lograr una solución «creíble y comprensible» a la crisis para recuperar la «confianza» de los mercados es una tarea «política y técnicamente complicada» que además, tarda tiempo en dar sus frutos.
La agencia prestó especial atención al sistema financiero español. Según sus cálculos, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) habrá inyectado en las cajas de ahorro a finales de este año 17.300 millones de euros, con lo que las entidades necesitarán en 2012 otros 30.000 millones de euros para cubrir sus necesidades de capital, de acuerdo con los test de estrés realizados por Fitch
ROCÍO GALVÁN / Madrid
08/10/2011
El número de familias desahuciadas alcanza un nuevo récord histórico
Sólo hasta junio se han producido 32.010 ejecuciones, casi el total de los desahucios dictados durante todo 2009, que cerró con un total de 33.918 procesos. Así, el número de embargos crece por tercer trimestre consecutivo y todo apunta que la tendencia no va a cambiar en los próximos meses.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) pronostica que también 2012 habrá un récord en desahucios, como consecuencia de las cotas históricas de ejecuciones hipotecarias presentadas en los dos últimos ejercicios, que son el primer paso para desalojar a los propietarios que no pagan sus hipotecas.
Durante el segundo trimestre del año, los juzgados españoles recibieron 15.546 solicitudes de desahucio, un 36,8% más que en 2010. Muchas de estas solicitudes, en su mayoría presentadas por las entidades financieras por impago de hipotecas, están pendientes de ejecución, lo que hace prever un aumento de las cifras a final de año. Desde 2008, en España más de 140.000 familias han perdido sus hogares y más de 162.000 se encuentran en un proceso de ejecución hipotecaria que aún no se ha hecho efectivo.
Por su parte, la asociación de consumidores Adicae exigió ayer al Ejecutivo que ponga en marcha de manera «urgente» una moratoria hipotecaria que evite más desalojos. «Hay que de tomar medidas inaplazables que eviten que en los próximos meses la cifra de personas que se ven en la calle y con una deuda insoportable se multiplique», advertía Adiace en un comunicado.
La ciudadanía está reaccionando ante esta situación y ya son muchos embargos los que se han aplazado por la oposición de los vecinos y asociaciones. Ayer mismo una treintena de manifestantes convocados por la PAH y el movimiento 15M impidieron el desahucio de Abdul Rahim Diallo, un trabajador de la construcción en paro, que vive en la localidad madrileña de Parla junto a su mujer y sus tres hijos. Y es que entre abril y junio, Madrid volvió a situarse a la cabeza con un total de 2.688.
Por su parte, la Audiencia Provincial de Gerona dio un nuevo espaldarazo a la dación en pago al aceptar la entrega de la vivienda para saldar la hipoteca. La sentencia considera que la actuación del banco, que embargó la casa, la subastó y continuó cobrando el préstamo, supone un «abuso de derecho» y un comportamiento «antisocial». El auto da la razón a una familia desahuciada al no poder pagar una hipoteca de 325.000 euros al Deutsche Bank, después de que este adjudicara la casa en subasta por 162.500 euros, al 50% del valor de tasación.
Se trata de la segunda sentencia que avala la dación en pago tras lasentencia dictada por la Audiencia Provincial de Navarra en noviembre de 2010 contra el BBVA y que a día de hoy se encuentra recurrida
FRANCISCO D. GONZÁLEZ / Alicante
08/10/2011
Los ex jefes de la CAM cobrarán hasta 360.000 de renta vitalicia
Las prebendas recibidas por los principales directivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) por su brillante gestión son interminables. Además de los espectaculares finiquitos y prejubilaciones que se embolsaron cinco de sus altos ejecutivos -más de 13 millones de euros- tras dejar a la entidad en la bancarrota, intervenida por el Banco de España y a la espera de ser subastada, la caja les obsequió con un plan de pensiones que, en teoría, tendrán que empezar a cobrar a partir de los 65 años, su edad legal de jubilación.
Este fondo fue constituido por la entidad en 2007 y sus beneficiarios eran los empleados que más cobraban de la CAM. Está contratado con Aegon y tiene un montante de unos 32 millones de euros. Con esta póliza los principales ejecutivos se han garantizado una renta vitalicia anual que puede sobrepasar los 360.000 euros.
Entre los finiquitos, las prejubilaciones y los seguros de pensiones, las dádivas económicas otorgadas por la CAM a su personal clave llegan a los 45 millones. La entidad alicantina, que cerró el primer semestre con unas pérdidas de 1.136 millones y una morosidad del 19%, ha recibido 3.000 millones para garantizar su liquidez -de los que ya ha gastado 500- y 2.800 millones de fondos públicos porque es insolvente. Además, la magnitud del agujero en sus cuentas ronda entre los 15.000 y los 20.000 millones de euros. Es lo que el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, definió como «lo peor de lo peor» de la banca española.
La hucha de las pensiones en la CAM se reparte entre algunos de los miembros del comité de dirección de la caja, que estaba compuesto por la directora general -María Dolores Amorós, despedida-, cinco directores generales de área y los cinco directores territoriales. El ex director general Roberto López Abad, que recibió una indemnización por salir de la caja de unos 5,8 millones, también se habría beneficiado de este pellizco. Los directivos podían optar por cobrar la indemnización en un pago único o bien percibirla poco a poco, como si fuera una renta mensual vitalicia. Para ilustrar cómo funcionaba este mecanismo basta sólo un ejemplo: Amorós iba a recibir una pensión anual de 370.000 euros para el resto de su vida tras abandonar la caja. En el caso de su predecesor, López Abad, la cifra es similar.
Joaquín Meseguer (ex director general de Participaciones Empresariales), Vicente Soriano (ex director general de Recursos), Agustín Llorca (ex director general adjunto) y Gabriel Sagristá (ex director territorial de la zona norte), que cobraron dos millones cada uno tras acogerse al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y prejubilarse, están en el grupo de los denominados pensionables. En estos casos la renta vitalicia anual será algo inferior, aunque muy sustanciosa.
La cuantía máxima que iba a recibir este selecto grupo de trabajadores era el 60% de su salario bruto. Varios de los beneficiarios de este superfondo blindado de pensiones todavía trabajan en la caja, pero ahora bajo las órdenes del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob).
Se trata de José Pina, ex secretario general-director general, luego director de Desarrollo Corporativo y ahora director financiero, y Francisco Martínez, ex director general de Riesgos y en estos momentos director de Gestión de Activos tras la última remodelación del organigrama puesta en marcha por los nuevos interventores de la entidad.
La cúpula de la CAM se blindó con esta póliza en 2007, año en que estalló la crisis financiera internacional. También coincidiendo con la fecha de la suscripción del fondo de pensiones, la inspección del Banco de España concluyó un informe en el que detallaba las enormes irregularidades que estaban cometiendo los gestores de la entidad. Especialmente, se hacía hincapié en el nulo control de riesgos que ejercía el equipo que capitaneaba, por entonces, Roberto López Abad. El informe fue enviado a Javier Aríztegui, responsable de supervisión del Banco de España. Cuatro años después, las advertencias de los inspectores se han hecho realidad, y Aríztegui es el responsable del Frob.
La presión social ha forzado al Banco de España a encargar un informe jurídico para estudiar cómo recuperar el dinero que se han embolsado los directivos de las cajas que han recibido ayudas. Sin embargo, en el supervisor hay pocas esperanzas. La contratación de fondos de pensiones para altos directivos es una práctica generalizada en la mayoría de las entidades de crédito, y en el caso de la CAM, los afectados se niegan en banda a devolver el dinero.
Rechazo social
Contra lo que no pueden luchar es contra su desprestigio social. Dos miembros de la Junta Rectora del Patronato del Misterio de Elche han solicitado la dimisión de su presidente, Modesto Crespo, también ex presidente de la entidad financiera alicantina, con el argumento de que esas noticias pueden «influir negativamente» sobre la imagen de La Festa.
Los dos patronos, Antonio Rodes y Miguel Ors, a su vez ediles socialistas en el Ayuntamiento de Elche, elevaron esa petición durante la reunión de la Junta Rectora celebrada el jueves. «Solicité la dimisión de Crespo a título exclusivamente personal», precisó Rodes, tras explicar que dejó al margen su condición de edil del PSPV-PSOE. El partido, dijo, «todavía no se ha pronunciado al respecto».
La petición pretende evitar que el «escándalo» de la CAM «salpique» al Misteri, destacó Rodes
B. P. R. / Madrid
08/10/2011
De la negociación colectiva al arbitraje
El desbloqueo de los convenios colectivos arrancó ayer con buena disposición por parte de los sindicatos y la patronal, de tal forma que ambas partes ya han acordado emprender, nada más solventen el atasco, la adaptación de los actuales sistemas de mediación y arbitraje a la reforma de la negociación colectiva aprobada en junio por el Gobierno. Un punto que corre especial prisa a los agentes sociales para evitar que estos sistemas de solución extrajudicial de conflictos, ahora voluntarios, terminen siendo obligatorios. Lo que ocurrirá si CEOE y sindicatos no alcanzan un acuerdo antes del 30 de junio de 2012.
En cualquier caso, la próxima reunión de la comisión de seguimiento de la negociación colectiva no se celebrará hasta después de las elecciones, en diciembre, según explicaron fuentes sindicales. UGT y CCOO mantienen que más de cinco millones de trabajadores están pendientes de actualizar sus convenios colectivos y que más de 800.000 asalariados no han tenido ningún aumento salarial desde 2008 porque la renovación de su convenio está bloqueada.
Del desatasco de la negociación colectiva también depende, en principio, el difícil pacto de rentas -salarios y beneficios empresariales- que pretenden alcanzar ambas partes.
Pese a que los sindicatos se quejan del escaso ánimo negociador ofrecido por la patronal, a la que acusan de permanecer «a la espera» del resultado electoral del 20-N, la CEOE, aseguran, accedió ayer a hablar de la «negociación colectiva pendiente», cuando hace sólo un mes negaban la existencia de bloqueo alguno en el proceso, e incluso mostraron «interés» en la adaptación de los sistemas de arbitraje.
Estos mecanismos funcionarán cuando no consigan acuerdos las comisiones paritarias -integradas por sindicatos y patronal en cada sector o en cada empresa- ni las que negocien la renovación de los convenios. Pero antes deberán ponerse de acuerdo a fin de que ambas partes accedan voluntariamente a someterse a ellos. Y esa disposición deberá a partir de ahora incluirse en cada convenio, en cumplimiento de la reforma de la negociación colectiva.
Las conversaciones deberán, además, modificar el último Acuerdo de Solución Extrajudicial de Conflictos (Asec), firmado en 2009 y en vigor hasta el 31 de diciembre de 2012. Hasta ahora, la adhesión a este acuerdo por parte de empresas y sectores era voluntaria. El primer Asec, de 1996, creó el Servicio de Mediación y Arbitraje de ámbito nacional. También existen otros 17 servicios de arbitraje autonómicos
Unas cuantas perlas, del saqueo y de como están dejando España. Aparte, los de la famosa agencia, dando noticias buenas como siempre de la economía de este pais. Estamos en la más miserable de las ruinas, por la incompetencia de los de la casta y de los bancos avariciosos.
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