M. MARRACO / F. LÁZARO / Madrid
14/07/2011/E Mundo
A las 10 de la mañana del próximo martes, en la primera planta de la Audiencia Nacional, dos relevantes miembros de la cúpula policial de Alfredo Pérez Rubalcaba y Antonio Camacho, así como un inspector a su mando, recibirán de manos del juez Pablo Ruz el auto en el que les procesa por colaboración con organización terrorista y revelación de secretos de especial gravedad.Se trata del ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo, el todavía jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies, y el inspector de Vitoria José María Ballesteros. En los 75 folios notificados ayer, el magistrado detalla las razones por las que les responsabiliza del chivatazo al aparato de extorsión de ETA, el 4 de mayo de 2006 en el bar Faisán.
De acuerdo con el relato judicial, la noche del 3 de mayo, en una larga conversación de casi 28 minutos, Hidalgo y Pamies acordaron sabotear la operación prevista para el día siguiente. Para ello, Pamies encargó a Ballesteros, un hombre de su confianza, que localizara a Joseba Elosua. Lo hizo en el bar que regentaba, «centro neurálgico» de la red de extorsión. A las 11.23 horas, ya dentro del Faisán, el inspector marcó el número del jefe superior y pasó el móvil al presunto etarra. En los ocho minutos siguientes, Pamies advirtió a Elosua de la inminente operación.
El soplo supuso la cancelación de la operación Urogallo, que buscaba desarticular una red de extorsión que llevaba dos décadas funcionando. Cuando finalmente se produjo, un mes más tarde, los investigadores no hallaron el material que esperaban. Tampoco el dinero. «[El chivatazo] permitió no sólo que se impidiera llevar a cabo la detención de sus integrantes, sino además la posible incautación de dinero procedente de alguna extorsión reciente llevada a cabo por los investigados, pudiendo facilitar que el mismo revirtiera en la propia organización terrorista», dice el juez, en referencia a los 54.000 euros que ese día el etarra Cau Aldanur debía recoger de Elosua.
El juez traduce lo sucedido en dos delitos: colaboración con organización terrorista y revelación de secretos de especial gravedad. El debate jurídico sobre si unos policías pudieron cometer ese delito queda reflejado en el auto con abundantes citas de jurisprudencia y doctrina. Finalmente, Ruz se inclina por el sí -lo que conlleva la competencia de la Audiencia -, aunque plantea la posibilidad de que esa colaboración pueda interpretarse como un delito de encubrimiento a añadir al de revelación. Hasta la fecha, la Fiscalía considera que se produjo sólo el delito de revelación.
El auto de Ruz, que es recurrible, supone un respaldo rotundo a la labor del equipo investigador dirigido por Carlos Germán, en su día también al mando de la operación contra la red de extorsión. «Convertir en sospechosos» a los investigadores «carece de sustento», dice Ruz, que descarta todas las tesis alternativas planteadas por las defensas.
En cuanto al móvil, el auto es mucho más cauteloso que el informe final del equipo investigador, que lo consideraba claramente «político». El juez descarta que el objetivo directo de los procesados fuera ayudar a ETA, «siendo seguramente otro el móvil o intención que guió su conducta (que hasta el momento no ha podido ser acreditado durante la instrucción)», dice. Eso sí, lo hace unas líneas después de haber subrayado que quien dio el soplo explicó a Elosua que le avisaba debido a «la situación política actual», por el «proceso [de paz]» y «para que esto no se rompa».
En esa línea, los investigadores resaltan -y el juez en menor medida- que uno de los que iban a ser arrestados era el dirigente del PNV Gorka Aguirre y que la detención se iba a producir precisamente el día en que Zapatero recibía a Josu Jon Imaz.
La clave para la implicación de los tres procesados son las llamadas que se cruzaron el 3 y el 4 de mayo de 2006: los 10 contactos de Pamies con Hidalgo y los ocho con Ballesteros. Todos siguieron un patrón que encajaba perfectamente con el devenir del chivatazo, además de reflejar «una clara disfunción en el normal y habitual funcionamiento de la cadena jerárquica de mando», según el magistrado.
Ruz hace referencia a otros dos policías que, pese a los investigadores les tenían en el punto de mira, ni siquiera llegaron a estar imputados. La primera es una inspectora jefe de San Sebastián, «con una estrecha relación personal y profesional con Pamies», que proporcionó al jefe superior datos sobre la operación. El juez ve en sus explicaciones «un ánimo de ocultación» para ayudar a Pamies. El otro es el jefe del operativo en Francia, cuyo cruce de llamadas con Pamies apuntaría a su implicación para frenar la operación al otro lado de la frontera. Pero ni sus llamadas son inequívocamente incriminatorias ni existe «ningún otro dato más» en su contra.
OORBYT.es
>Vea hoy en EL MUNDO en Orbyt el análisis de Ferrer Molina: Aquellos GAL, este 'Faisán'
CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO
14/07/2011
El 'faisanazo'
Fuentes próximas a Moncloa transmitieron hace una semana a diversos periodistas su preocupación por la inminencia del auto del juez Ruz. Finalmente, el escrito del titular del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional se ha hecho público dos días después de que se produjera el relevo en Interior y justo el mismo día en el que Rubalcaba acudía por primera vez a su despacho en la sede del PSOE, desde donde planificará su trabajo como candidato a las próximas elecciones generales.
El auto es ciertamente contundente y no deja lugar a dudas sobre la implicación en dos graves delitos, revelación de secretos y encubrimiento o colaboración con banda armada, del ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo; del jefe de la Policía en el País Vasco, Enrique Pamies, y del inspector José María Ballesteros.
Ni Rubalcaba ni el entonces secretario de Estado, ahora ministro, Antonio Camacho, han sido procesados, a pesar de que éste habló con García Hidalgo la noche anterior a que se diera el soplo a ETA (4 de mayo de 2006).
¿Existen responsabilidades políticas? Ciertamente es impensable que García Hidalgo tomara una decisión tan relevante y arriesgada (como demuestra su procesamiento) sin consultar con los responsables políticos del Ministerio. Sobre todo, teniendo en cuenta que el chivatazo se hizo con la finalidad de no entorpecer el proceso de diálogo con ETA (la organización terrorista acababa de declarar un alto el fuego).
Pero, es más, Rubalcaba y Camacho no sólo no han colaborado desde el Ministerio para aclarar lo ocurrido, sino que han intentado, en primer lugar, restarle importancia, y, más grave aún, han impulsado una contrainvestigación de la Policía con la finalidad de desacreditar al responsable del equipo que investigó los hechos a las órdenes del juez, el ahora comisario Carlos Germán.
Rubalcaba ha insistido en diversas ocasiones en que, tras el chivatazo, se detuvo a los etarras de la red de extorsión. Sin embargo entre el chivatazo y la detención transcurrieron más de tres semanas, en las que ETA pudo destruir documentos y borrar pistas para proteger a sus militantes y colaboradores.
Tanto la declaración ante el juez del ex responsable de la Unidad Central de Inteligencia, José Cabanillas, como el documento remitido a la Audiencia Nacional por el director adjunto de la Policía, Miguel Ángel Fernández Chico, fueron iniciativas activadas por el ministro y su número dos para forzar el archivo del caso.
En lugar de tratar de averiguar la verdad y colaborar con la Justicia, intentaron desprestigiar al investigador. Por ello, tanto Rubalcaba como Camacho están directamente afectados por el caso. La preocupación de Rubalcaba está más que justificada.
casimiro.g.abadillo@elmundo.es
M. MARRACO / F. LÁZARO / Madrid
14/07/2011
Doce pasos hacia el banquillo
El grueso del auto de Ruz lo ocupa la docena de motivos que llevan al magistrado a concluir que los tres procesados participaron en la preparación y ejecución del chivatazo.
1.Una confesión en familia
El origen de la investigación está en una indiscreción de Elosua. Pese a que le habían advertido de que no hablara del soplo ni siquiera en el coche, lo hace de manera «espontánea» minutos después del soplo, cuando viaja con su yerno a Francia para advertir a otro miembro de la red.
2.Declaraciones coincidentes
Elosua ofrece a la Policía y al juez muchos datos útiles sobre la llamada clave. Dice que se produjo entre 10 y 15 minutos después de su llegada al bar, lo que la sitúa entre las 11.20 y las 11.30 horas. También revela que es saliente: «Hizo una llamada por el teléfono móvil, pasándoselo para que hablara con un compañero», consta en una declaración policial. Y, finalmente, que duró entre cinco y 10 minutos. El resultado apunta a una única llamada: la efectuada a las 11.23, saliente, de Ballesteros a Pamies y que dura ocho minutos y 11 segundos.
Elosua piensa «desde el primer momento» que le ha llamado un policía. En las conversaciones grabadas repite que fue «un txakurra», «la txakurrada», «un poli», «un madero», «los maderos», dice
En este extenso punto del auto, el juez resalta un dato que excluye la implicación de los propios investigadores. Todos ellos conocían bien a Elosua y los lugares que frecuentaba, pero quien le pasa el móvil ni sabe dónde vive -pregunta por su calle- ni reconoce al presunto etarra- en el bar pregunta por Elosua al propio Elosua-.
Finalmente, las descripciones físicas que aportan Elosua y su mujer «presentan aspectos diversos de gran similitud o encaje con la apariencia física del Sr. Ballesteros», según Ruz.
3.Las llamadas
Los tres repetidores de telefonía que cubren la zona investigada registraron 1.932 llamadas -incluidas de abonados y de prepago- entre las 11.00 y las 12.00 horas de aquel 4 de mayo. Descartando las que no cuadran con lo indicado por Elosua (salientes, de más de 4 minutos de duración...), quedan 63. Y sólo una de ellas es entre policías.
4.Conclusiones «correctas»
Los peritos de Telefónica convocados por el juez señalaron que las conclusiones del equipo investigador «son correctas». Además, descartaron que las llamadas de la zona del Faisán emplearan repetidores españoles no investigados. Y lo que es más relevante -puesto que las defensas hacían hincapié en ello-, ven técnicamente posible pero muy remota la posibilidad de que se emplearan en la zona antenas francesas. Eso, dice el juez, «convierte en irrelevante» que no se hayan estudiado.
5.Es Ballesteros
Tanto las imágenes de las cámaras como los estudios antropométricos apuntan a Ballesteros como la persona que salía del Faisán minuto y medio después de que concluyera la llamada del chivatazo.
6.Confesión a la fuerza
La contundencia de las imágenes referidas en el punto anterior llevaron a Ballesteros, tras muchas reticencias, a reconocerse como la persona que salía del bar. Un punto esencial para la investigación, que llevó a la Fiscalía a corregir su petición inicial de archivo. «Ante la confirmación de la presencia del imputado Sr. Ballesteros junto al acceso principal/norte del bar Faisán en los minutos inmediatamente previos y posteriores a producirse [el chivatazo], saliendo del mismo apenas minuto y medio después de concluir la llamada que mantienen Ballesteros y Pamies entre las 11:23 y las 11:31 horas [...], no advierte este instructor, atendidas las declaraciones prestadas por los imputados, que exista una versión acorde a las máximas de la lógica o la razón que permita explicar, sin incurrir en incongruencia, la presencia del Sr. Ballesteros en la zona el día de ocurrir los hechos, y en tramos horarios tan significativos como los previamente consignados».
El juez valora igualmente que Ballesteros «omitió» muchos datos en su declaración judicial, que no se reconoció hasta que no tuvo más remedio y que cayó en varias contradicciones. Por ejemplo, cuando dijo que pasó dietas por ese día, lo que se probó falso. O que no tuviera explicación a que usara un teléfono de seguridad para hablar con los otros imputados.
7.La coartada no vale
«Carece por el momento de fuerza exculpatoria, ni siquiera a efectos de ser valorado como contraindicio que pueda servir para desvirtuar los múltiples indicios acumulados frente a los imputados, la versión aportada por el Sr. Pamies en su declaración judicial». Así despacha el juez la alegación del jefe superior de que sus llamadas y los movimientos de Ballesteros se explican por los preparativos para un encuentro con un confidente de ETA. El juez le ofreció interrogar en secreto al confidente, a lo que Pamies se negó. Esa versión «carece de consistencia o coherencia», dice Ruz, que no ve razonable que mandara a vigilar la frontera a quien, como Ballesteros, no conocía la zona. O que hiciera falta comprobar si había agentes desplegados cuando ya sabía que así era. Unos agentes que, además, se retiraron a tiempo de que Ballesteros pudiera advertirlo. Y, finalmente, todas las llamadas del jefe superior de ese día están identificadas, por lo que ninguna podría corresponder a un confidente.
8.Sabía lo que había que saber
Una de las claves para acotar la lista de sospechosos es que pocos policías conocían cinco «datos concretos» de la operación identificados por el juez. Pamies era uno de ellos. «Estaba en conocimiento tanto de las informaciones denominadas de conocimiento general [...] como en las de conocimiento restringido», subraya el juez. Uno de esos datos reservados era que Elosua se había reunido la víspera con el fallecido dirigente del PNV Gorka Aguirre, lo que «hacía suponer la presunta intervención de ambos en el cobro del impuesto revolucionario».
9.Reacción «inmediata»
El juez se fija en «las consecuencias inmediatas» originadas por el chivatazo en la parte francesa. La reacción de Pamies al saber que Elosua iba para Francia -es decir, que aún podía ser detenido- es llamar inmediatamente a García Hidalgo. Y, cuando más tarde le informan de que en Francia también se ha frustrado la operación, vuelve a llamar al entonces director de la Policía.
10.«Una disfunción jerárquica»
Ruz detecta en el tráfico de llamadas de los procesados «una clara disfunción en el normal y habitual funcionamiento de la cadena jerárquica de mando». El patrón de llamadas entre ellos de esos días no se repite entre ellos en ningún otro periodo.
11.Los cortes, intrascendentes
El magistrado descarta que los cortes en la cinta que grabó la entrada del Faisán el día del chivatazo sean «relevantes» para la investigación. Los informes periciales no aclaran la causa de los cortes y, por el contrario, sí ofrecen datos que «avalan la investigación policial».
12.Memoria poco fiable
El juez remata este apartado con un punto que, más que un nuevo indicio, es el descarte de un contraindicio. En este caso, que Elosua afirmara categórico que quien le pasó el móvil no era la persona que vio en los fotogramas publicados en la portada de este diario, que mostraban a Ballesteros saliendo del bar. Ruz resalta que el propio Elosua ha dudado en ocasiones de su memoria y que ha negado tajantemente cosas que se han demostrado ciertas.
Junto a estos 12 puntos, el juez añade otros indicios complementarios. El más relevante, y el que refleja que la investigación no está concluida, es que tres de los imputados activaron meses después del chivatazo varias tarjetas de pago como teléfonos de seguridad para hablar entre ellos. Un cuarto teléfono sigue, cinco años después, sin ser identificado
JOAQUÍN MANSO / Madrid
14/07/2011
«Me llama un poli y me advierte de este proceso»
«Cómo me puede llamar un poli... que... aunque yo no sé quién es... advertirme que... que hay este proceso, que hay gente que quiere que no... prospere... pero de ambas partes... y que... y... que aquí hay que tener cuidado... y que no llame por teléfono...».
El auto de procesamiento del caso Faisán reproduce ampliamente fragmentos de la conversación entre el cobrador de ETA, Joseba Elosua, y su yerno Carmelo Luquin durante el trayecto en coche que realizaron para alertar a su contacto en la banda, el etarra José Antonio Cau Aldanur, inmediatamente después de que el primero de ellos recibiese el chivatazo de que estaba preparada una operación policial contra ellos. En el vehículo se había instalado con autorización judicial una baliza que registró el diálogo, en el que se desvela la existencia del soplo.
Aunque la mayor parte de esa conversación ya había sido publicada por EL MUNDO, el entrecomillado con el que comienza esta pieza es elocuente del sentido de ese diálogo: Elosua manifiesta su estupefacción por que le llame nada menos que un policía al que él no conoce y le advierta de que van a detenerle porque hay «gente» que no quiere que el «proceso» «prospere». Era el 4 de mayo de 2006, sólo dos meses después de que ETA anunciase una tregua y en medio de su negociación política con el Gobierno.
Para Elosua y su yerno, que la Policía de España haya hecho semejante cosa es «ridículo»:
Elosua.- Ahora, si esto me lo hubiera hecho, ¿qué te voy a decir?, la Ertzaintza [...] pero... ¡la txakurrada!... ¡Avisarme de la forma que me han avisado!... Esto es... ¿cómo hostias? Y encima diciendo que no... no dé... que no diga que me han llamado...».
Luquin.- Ridículo...
La resolución judicial expone cómo el contenido de la conversación revela que el autor del chivatazo «proporciona instrucciones sobre las cautelas que Elosua debía adoptar cuando mantuviera contactos o citas con las demás personas investigadas, a fin de prevenir evitar que se precipitase la actuación policial» y también le da «información sobre otras personas investigadas, como presuntos partícipes de la red de extorsión que estaban siendo objeto de vigilancia policial, y pone en su conocimiento datos adicionales directamente extraídos del contenido de las medidas de observación e intervención de las comunicaciones decretadas judicialmente»
Al cobrador de ETA y propietario del bar Faisán le cuesta creer que quien le haya dado el aviso sea un policía:
Elosua.- Se me hace difícil de... que te llame un txakurra [perro, apelativo despectivo con el que los radicales se refieren a los policías nacionales]... que te diga un txakurra... para que le advierta a éste [al etarra Cau Aldanur]... ¡que le van a ligar!
Luquin.- Algo no cuadra...
Elosua.- Algo no me cuadra... algo no me cuadra...
Luquin.- Que te llamen a través del teléfono... Por qué no el mismo tío te ha identificado... y él mismo te dice...
Elosua.- El tío no sé... no se me ha identificado... y... y... es más ... éste no me ha dicho quién era ni nada ni nada... nada más que me ha pasado el teléfono.
Luquin.- Por eso.
Elosua.- Y al pasar el teléfono me dice...
Luquin.- «Ya te habrá dicho...»
Elosua.- «Ya te habrá dicho mi compañero». Digo, ¡joder! Ya está: «Compañero».
Luquin.- Eh... sí...
Elosua.- Eh...
Luquin.- Son maricones o son maderos.
Elosua.- Son maderos...
Según el auto de procesamiento, la persona que le entrega el móvil a Elosua es el inspector Ballesteros y quien le habla es jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies. Éste informa al cobrador de ETA de que tiene el teléfono pinchado, de que la Policía sabe que va a mantener una reunión con Cau Aldanur para entregarle «nueve botellas de vino» (es decir, nueve millones procedentes de la extorsión a empresarios):
Elosua.- [...] No me decía quién era... pero también a mí no... «Ya sabes cómo nos encontramos... Eh... tengo que advertirte que el teléfono... ayer estuviste en una reunión... luego... el pelo blanco... el Burutxuri [alias del etarra Cau Aldanur]... eh... tienes cita hoy o mañana... que le vas a dar nueve botellas de vino... tac-tac-tac».
Posteriormente, Pamies le alertaría de la operación policial:
Elosua.- [...] Además, me ha dicho: «Tienes Policía ahí en la frontera, ¿eh? Para cogerle a José Antonio [Cau Aldanur]... Si pasa, le van a detener... Van a mirar el coche de arriba abajo e igual le interrogan» [...]. A mí aún no me entra en la cabeza... si no me conoces... que no me conoces... que me ha advertido por teléfono... «Ya sabes cuál es la situación actual política, ¿no? Y... hay quien quiere... esto que se rompa, y hay quien quiere y lo que no queremos es... armar un... un circo... político, ¿no?».
Pamies, según el juez, le insiste a Elosua acerca del carácter confidencial de la llamada y de que tiene el teléfono pinchado y el coche balizado:
Elosua.- Dice que no hable por el teléfono del bar, con esa gente por lo menos... que lo tengo... que lo tengo machacado... me ha entrado agua... «Oye, que tú... que esto... no vas a decir que te he llamado yo, ¿eh?... Para no fastidiar todo el proceso... y que luego vamos a... armar aquí un zipi-zape diciendo que... te he llamado yo… [...…] Me ha dicho: «Y en el coche y por teléfono no des nada... lo que tengas que decir, me lo dices personalmente... por teléfono no digas nada» [...] «Pero por nada quiero que... que los teléfonos que... que normalmente utilizas y... el teléfono de aquí de casa, no hables, ¿eh?... Con esta gente...».
J. M. / Madrid
14/07/2011
El juez apunta a la colaboración con ETA
La Sala Penal de la Audiencia Nacional se posicionó en abril a favor de que los hechos fuesen juzgados como un delito de colaboración con banda armada, frente a la tesis de la Fiscalía, que apunta sólo a una revelación de secretos. Según el fiscal, para que exista colaboración sería necesario que los imputados compartieran fines y objetivos de ETA.
Ruz rebatió ayer ese razonamiento: «Debe destacarse cómo el interlocutor de Elosúa que le alerta del dispositivo policial en marcha, le aporta al mismo tiempo diversas informaciones o consejos sobre cómo eludir el control policial, permitiendo la continuación de su presunta actividad delictiva, evitando su detención», argumenta el juez. Añade que el autor del chivatazo «insiste en varias ocasiones en el carácter extremamente confidencial de la llamada, y en el interés de que no revele a nadie su contenido, poniendo el motivo de la llamada y de su contenido secreto o confidencial en conexión con la 'situación actual política' por entonces existente en relación con la actividad de la organización terrorista ETA, inmersa en un alto el fuego declarado desde el 22.03.06, así como con el proceso de conversaciones o negociación emprendido por el Gobierno español, aludiendo en repetidas ocasiones a lo largo de la alocución al interés de determinada gente de que 'esto se rompa' o 'que no prospere'».
La resolución considera que todo ello pone de manifiesto que, «con independencia del ánimo, móvil o intención directa que guiara la acción, el autor de las citadas revelaciones, al aportar datos concretos como los anteriormente recogidos, debe necesariamente tener conciencia [...] de estar llevando a cabo una acción que supone, objetivamente, una colaboración idónea y potencial a las actividades de la organización terrorista [...], mientras que, adicionalmente, ha de tener también conciencia de la eficacia que su conducta supone para la propia actividad terrorista (permitiendo, no sólo que se impidiera llevar a cabo la detención de sus integrantes, sino además la posible incautación de dinero procedente de alguna extorsión reciente llevada a cabo por los investigados, pudiendo facilitar que el mismo revirtiera en la propia organización terrorista como contribución a su ilícita actividad)».
El juez atribuye la autoría material a Pamies, «por ser quien presuntamente suministra la información a Elosua, eligiendo los datos que va a revelarle»; a Ballesteros lo señala como cooperador necesario, «al precisar el jefe superior de su ayuda, sin que quepa suponer en el mismo una ignorancia o desconocimiento absoluto del contenido de su función, visto el carácter excepcional que presentan los hechos». De García Hidalgo dice que fue «conocedor del contenido y alcance de la acción».
ROBERTO BENITO / Madrid
14/07/2011
Las llamadas que muestran cómo se desarrolló el soplo
Desde que, en la noche del 3 de mayo, el entonces director general de la Policía Víctor García Hidalgo telefoneó al jefe superior del País Vasco, Enrique Pamies, hasta que volvieron a hablar a las 14.35 horas del día siguiente, los tres procesados se telefonearon entre ellos en 16 ocasiones, además de la llamada en la que supuestamente se produjo el chivatazo al etarra Joseba Elosua.
El primer telefonazo que registra el juez Ruz en el auto es el que realizó García Hidalgo a su subordinado Pamies a las 22.00 horas del 3 de mayo, después de conocer los detalles de la operación que se iba a desarrollar al día siguiente contra la red de extorsión de ETA.
Ésa es la llamada más larga de todas las que se realizaron en las 16 horas siguientes -27 minutos y 52 segundos- y, supuestamente, en ella el director de la Policía le ordenó al jefe superior del País Vasco que había que advertir a Elosua de que iba a ser detenido.
A la primera conversación entre ambos siguieron otras dos, ya más breves, antes de que, a las 00.06 horas, Pamies hablara con José María Ballesteros, el inspector de Vitoria que se desplazó a Irún al día siguiente.
En efecto, el juez detalla cómo, a las 9.14 horas del 4 de mayo, Ballesteros abandonó Vitoria en dirección a Irún. Dos horas después, a las 11.04, se produjo la primera de las tres conversaciones que mantuvo con Pamies en un estrecho margen de tiempo, cuando ya se encontraba en la localidad guipuzcoana: primero en las cercanías del domicilio de Elosua y, después, en la zona del Faisán.
A las 11.17 horas el inspector entró en el bar. Seis minutos después, a las 11.23 horas, telefoneó a Pamies, en una llamada que se alarga ocho minutos y 11 segundos y en la que, supuestamente, se produce el chivatazo, tras pasarle Ballesteros su móvil a Elosua.
A las 11.33 horas, el inspector salió del Faisán. Volvió a hablar con el jefe superior del País Vasco una vez más, antes de abandonar la zona. A las 11.59 horas ya se encontraba de camino de regreso a Vitoria.
Mientras, Pamies presuntamente dio cuenta a García Hidalgo. Hablaron tres veces, la última a las 14.35 horas, cuando ya se sabía que la operación contra la red de extorsión de ETA no se había realizado
FERNANDO LÁZARO MANUEL MARRACO / Madrid
14/07/2011
«Con Garzón no hay problema»
Mientras el nuevo titular del Ministerio del Interior estaba tomando posesión, el juez Pablo Ruz ultimaba los últimos párrafos de un auto de procesamiento contra policías y contra el jefe de esos policías. Antonio Camacho recogía la cartera de manos de su predecesor, Alfredo Pérez Rubalcaba, en presencia de toda la cúpula de la Audiencia Nacional. Había muchos fiscales y muchos jueces, pero no todos. Entre otros faltaba Ruz, el último instructor de un caso que ha levantado las tapas que durante varios años han cubierto las alcantarillas de la Seguridad del Estado.
Porque el chivatazo se produjo el 4 de mayo de 2006. EL MUNDO lo destapó en junio de ese mismo año. Y desde ese mismo momento, se produjo la soledad mediática más absoluta. Los primeros tiempos de la investigación recordaban a aquella etapa en la que este periódico tiraba del hilo del crimen de Estado; miraba hacia atrás y no encontraba a nadie del resto de la prensa.
Fueron pocos, muy pocos, los que intentaron también tirar de este carro, apostar por avanzar en las investigaciones sobre un caso que no tenía precedente en toda la historia de la democracia, un caso en el que mandos de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior habían colaborado con ETA. Habían dado información a la banda terrorista para evitar su captura con las manos en la masa.
EL INCORRUPTIBLE MARLASKA. El caso llegó al juez porque la información había sido grabada, porque el coche de Joseba Elosua estaba balizado. Cuando ya estuvo en manos del primer instructor, Fernando Grande-Marlaska, el vehículo de la investigación tomó algo de velocidad, la justa para que saltaran todas las alarmas de los que alguna relación podían tener con los hechos; es decir, en el Ministerio del Interior y, por extensión, en el Gobierno. Se dieron cuenta de que este magistrado era capaz de tirar de la manta y aclarar el episodio de colaboración, un episodio que se produjo cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero estaba hablando, dialogando o negociando con la organización terrorista ETA.
Por eso le llegaron cantos de sirena. Grande-Marlaska ocupaba el Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, en sustitución de Baltasar Garzón, su titular, que se encontraba en Estados Unidos con un permiso. Le ofertaron que dejara el caso, que no lo acelerara, que lo durmiera hasta que regresara Garzón y, a cambio, podía irse de juez de enlace español a Londres, un puesto muy codiciado en el mundillo judicial. Pero el primer instructor del chivatazo no entró en la trampa. Sabía que, si decía que sí, quedaría enredado en este profundo lío de Estado.
LA PARÁLISIS DE GARZÓN. Entonces, desde la fontanería del Estado, se optó por convencer a Garzón para que adelantara su regreso a España y tomara las riendas del caso Faisán. «Con Garzón no hay problema». Con esta frase, pronunciada por un comisario en una conversación con un imputado, no pudo quedar mejor resumida la situación.
Garzón se hizo cargo del caso en julio de 2006. Recomendó destejer lo que había tejido Grande-Marlaska. Una de sus primeras decisiones fue apartar de las pesquisas a la Guardia Civil. No quería dos cuerpos. ¿Sería porque eran más difíciles de controlar? Su predecesor utilizó dos equipos, policías y guardias, que actuaban por separado. Garzón finiquitó este modelo de inmediato. A partir de ese momento, se produjo un espeso y prolongado silencio en el tiempo, confidencialidad y, como era habitual en sus instrucciones, secreto sumarial. Y, en ese impasse, fue tomando declaraciones y actuando a golpe de informes policiales. Porque el equipo investigador que se hizo cargo del caso era el mismo que actuó con Grande-Marlaska. Sobre la mesa le puso informes científicos basados en el movimiento de llamadas en la zona del bar Faisán. Llegó a tomar declaración como imputados a los ahora tres procesados. Pero no adoptó ninguna decisión. El caso quedó paralizado. Nadie en aquellas fechas pensaba que podía salir del control de Garzón. Pero llegaron las denuncias contra este magistrado y la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de apartarlo del juzgado. Cuando ya supo que se le habían acabado todos los niveles defensivos en el mundo político, Garzón optó por levantar parcialmente el secreto de sumario. Y abandonó el juzgado.
EL IMPULSO DE RUZ. Llegó Pablo Ruz, que ya había estado por la Audiencia Nacional. Se estudió el caso, tomo por tomo y página por página. Vio que había piezas separadas sobre piezas separadas. Comprobó que quedaba pendiente una comisión rogatoria de Francia que podía aportar mucha luz sobre los hechos que estaban siendo investigados. Realizó una nueva ronda de declaraciones, de testigos de los investigadores... Encargó nuevas periciales. En poco tiempo, no sólo aportó nuevos indicios y pruebas, sino que también destapó algunas de las maniobras que se pusieron sobre la mesa con el fin de buscar el sobreseimiento de la causa. Y le llegó a sus manos un vídeo con imágenes de uno de los imputados saliendo de bar Faisán justo después del chivatazo.
LAS MANIOBRAS. La principal maniobra que se orquestaba desde Interior era sembrar las sospechas sobre el equipo investigador, poner en cuestión las actuaciones de los hombres dirigidos por el comisario Carlos Germán, de tal manera que incluso le señalaban como el sospechoso de llevar a cabo él mismo el chivatazo. Utilizando el testimonio de antiguos responsables de la Comisaría General de Información, trataron de desviar las pesquisas del juez hacia Germán y hacia Grande-Marlaska. Llegaron a declarar que Garzón había comunicado con Grande-Marlaska y con Carlos Germán la víspera del chivatazo.
Pero el juez fue sorteando estas maniobras y restándoles, auto tras auto, toda verosimilitud. Además, una vez que Garzón, con el que tuvo muchas diferencias, abandonó el juzgado, la juez Laurence Le Vert remitió la documentación que España le había demandado hacía meses. Los documentos remitidos, entre otros, eran una parte significativa de las actas incautadas a ETA sobre la negociación con el Gobierno. En dichas actas aparecían referencias al chivatazo y a los negociadores designados por el Ejecutivo; más concretamente, por Rubalcaba. Y Ruz fue llamando a declarar a todos, desde Jesús Eguiguren hasta el vocal del Poder Judicial José Manuel Gómez Benítez.
Poco a poco, sin prisas pero sin pausas, Ruz fue resolviendo los recursos presentados por las partes y ha logrado llegar a esta primera meta de este largo maratón. El procesamiento es el primer paso, el previo a un juicio que desde el Ministerio del Interior se trataba de evitar utilizando todas las armas habidas y por haber.
Porque el caso del Faisán ha sido una investigación judicial dura, muy dura. Pero, en el ámbito policial, se ha desarrollado con el cuchillo entre los dientes. Las patadas entre las diversas familias policiales han sido tremendas. Unos, para tratar de evitar que el caso se resolviera; otros, para evitar que los que están acusados fueran procesados, y una tercera facción para impedir aparecer salpicados por el caso. Han sido más de cinco años en los que las puertas de los despachos de la Comisaría General de Información se han cerrado en más ocasiones. Nadie se fiaba de nadie. Y siguen sin fiarse.
Pero la presión política ha ido también in crescendo hasta llegar al nivel actual, a día de hoy, en que es muy difícil que pueda aumentar.
EL NINGUNEO MEDIÁTICO. El chivatazo nació cuando Rubalcaba llevaba apenas un mes en el Ministerio. Y, desde entonces, ha tratado de restar primero importancia y después credibilidad a todas las informaciones que nacían desde EL MUNDO y que apuntaban a la responsabilidad de ese departamento en los hechos. Porque nadie tenía dudas de que no hay un solo policía o guardia civil en España que se meta en semejante lío si no es cumpliendo órdenes.
Rubalcaba ninguneaba porque el eco mediático era mínimo. Pero éste fue creciendo y alcanzó el Parlamento de la mano, primero, de Ignacio Cosidó y, después, de Ignacio Gil Lázaro. Y entonces la presión ya no fue ninguna tontería. Las preguntas se acumulaban por cientos. Y todas, sin respuestas de Rubalcaba ni de Antonio Camacho. Y esa presión aumentó cuando EL MUNDO desveló el movimiento de llamadas del nuevo ministro con su director general de la Policía, con el que llegó a Interior a la vez y ahora está procesado y se sentará en el banquillo. Este periódico informó de que el móvil de Camacho aparecía en las pesquisas y el nuevo ministro negó la mayor: «Un nuevo error de su redactor», aseguró en una misiva enviada a EL MUNDO en que trataba de desmentirle. Posteriormente, aparecieron algunos datos más, tanto que las acusaciones pidieron que acudiera a declarar. El juez Ruz, tras realizar consultas a la Policía, optó por no citarle.
Ahora Camacho tiene que tomar las riendas del Ministerio después de que el que fuera su mano derecha en la Policía tenga que responder a una acusación de colaboración con ETA.
Y no son pocos los que se preguntan: si no hubiera sido suspendido Garzón, ¿se habría avanzado hasta aquí en este caso?
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ANÁLISIS
JOHN MÜLLER / Madrid
14/07/2011
Sin ti no soy nada
La cacería parlamentaria del caso Faisán, desarrollada desde octubre de 2009 por el Partido Popular, ha sido una de las controversias políticas que han marcado la segunda legislatura de Zapatero.
Fue el 24 de octubre de 2009, 19 días después de que la Fiscalía pidiera al juez Baltasar Garzón que archivara el caso, cuando Mariano Rajoy anunció en Bilbao que su partido se personaría en la causa del chivatazo, que parecía condenada a la muerte administrativa.
Tres parlamentarios populares fueron asignados al caso: Ignacio Gil Lázaro, Jorge Fernández Díaz e Ignacio Cosidó. Pero el que más relieve adquirió, debido a la dureza de las descalificaciones personales que vertió en su contra el ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba, fue Gil Lázaro, que es secretario tercero del Congreso.
Cuarenta y tres sesiones de control al Gobierno registran preguntas orales de Gil Lázaro sobre el chivatazo. Además, formuló 270 preguntas por escrito. En una primera etapa, Rubalcaba se limitó a negar puntillosamente los hechos, aprovechando que el caso, en manos de Garzón, evolucionaba hacia el archivo de la causa. «Respeto las sentencias judiciales, siempre lo he hecho, y cuando se producen las respeto y acato. En este caso que no hay sentencia, ni le digo», contestó a Cosidó el 14 de octubre de 2009. «Ustedes esconden sistemáticamente que en este tema hay 24 personas procesadas», respondía a Jorge Fernández en la misma sesión.
A partir del 13 de mayo de 2010, cuando Garzón es suspendido cautelarmente en la Audiencia, la actitud de Rubalcaba cambia. Se le ve desconcertado y muchas veces dice que la pregunta ya la ha contestado o se remite al Diario de Sesiones. Combina esta estrategia con la de atacar personalmente a Gil Lázaro, quien continúa preguntando en solitario y ofrece un blanco más fácil. Así, el 14 de abril de 2010 le acusa de «inventar infamias y calumnias contra mí y contra policías honestos que hacen su trabajo».
La estrategia de erosionar la credibilidad del adversario se agudiza y el 15 de diciembre de 2010, responde: «Se lo diré una vez más: confíe en los jueces. ¡Si están ustedes personados! Confíen en los jueces, que al final dirán la verdad. El día que digan la verdad tendrá que abochornarse por todas las barbaridades que usted ha dicho un día tras otro en esta Cámara, y que están, para su desgracia y la de su grupo, en el Diario de Sesiones. Y pasarán a la historia como la historia de una infamia, señor Gil Lázaro, que es lo que es: una infamia»
La guerra psicológica contra Gil Lázaro se endurece en 2011. Intenta hacerlo pasar por un fanático, un loco, incluso consigue hacer ver que el PP ha decidido «poner fin al numerito» del Faisán. El momento estelar se produce el 23 de marzo de 2011, cuando tras tres semanas de ausencia por viaje y por enfermedad, provoca aplausos y risas en su grupo parlamentario con una respuesta casi cómica: «¿Qué haría usted sin mí los miércoles por la noche cuando pasea por esas tertulias de extrema derecha glosando las infamias que ha dicho en esta Cámara? ¿Qué sería de usted sin mí y sin el caso? Es como la canción de Amaral: Sin ti no soy nada».
Al final, el auto de procesamiento del juez Pablo Ruz ha venido a respaldar las horas de dedicación parlamentaria al caso. Como dijo el propio Rubalcaba al diputado popular, «todo está en el Diario de Sesiones... para su oprobio y el de su grupo». Un amigo de Gil Lázaro, en cambio, cree que aunque el parlamentario valenciano ha vivido momento muy duros, «debe ser el tipo más transparente de España, porque seguro que han mirado hasta debajo de su cama».
CARMEN REMÍREZ DE GANUZA / Madrid
14/07/2011
El PP cree que el auto 'incapacita' a Rubalcaba
Ni revelación de secretos ni encubrimiento... La confirmación judicial de la existencia de indicios de que los tres mandos de Interior ayudaron a ETA fue de tal «gravedad» a los ojos del PP que el partido se tomó su tiempo antes de estar seguro y dar públicamente como amortizado al candidato socialista.
«El equipo íntimo de Rubalcaba y Camacho ha sido procesado, quizá, por el delito más grave que se le puede atribuir a quien tiene una obligación fundamental en el Ministerio del Interior: luchar contra ETA», declaró la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría. La número tres del PP sentenció que el procesamiento de los tres mandos, entre ellos el número tres de Interior, «inhabilita a cualquiera e incapacita para cualquier cargo, también para pedir la confianza». O como a continuación añadió a este diario el diputado Ignacio Gil Lázaro, desde ayer también el vencedor de Rubalcaba en su personal y largo pugilato de dos años en el Congreso: «En cualquier otro país, esto inhabilitaría absolutamente a un político de por vida».
Y es que, sea cual sea la deriva judicial del asunto -«Nadie se cree que los tres actuaron sin órdenes políticas, y el director general de la Policía no se va a comer el marrón», vaticinaba ayer Gil Lázaro-, el PP dejó bien claro que veía llegado el momento de la doble «responsabilidad política» de Camacho y Rubalcaba.
Claro que, curiosamente, no llegó a pedir formalmente su dimisión. Con respecto al recién nombrado ministro del Interior, el PP anunció preguntas y una interpelación sobre este asunto en la sesión de control de la próxima semana en el Congreso. En cuanto a Rubalcaba, ya fuera del Gobierno, Sáenz de Santamaría se limitó a emplazar al PSOE a que reflexione sobre su retirada. No faltaron en las filas del PP quienes apuntaron que, ahora más que nunca, a su partido le conviene este cartel del PSOE.
En todo caso, la política va por grados, y tras esta primera reacción, la presión popular irá en aumento en las próximas semanas. Primero, contra Camacho: «Si Antonio Asunción fue el breve, por higiene democrática, este ministro debería ser el brevísimo», declaraba Ignacio Gil Lázaro, «y en cualquier otro país, estaba en su casa ya». Segundo, contra Rubalcaba: «Cuando me acusó de dirigirle vilezas e infamias de la peor especie, se atrevió a decirme que cuando el juez hablara, hablaríamos los dos. Pues bien, el juez ha hablado, y es hora de que él hable», decía Gil Lázaro, al tiempo que recordaba: «Ha sido duro, porque él ha intentado minar mi moral desacreditándome como un chalado o un extremista». Y es que, antes de pedir formalmente su retirada, los populares le reclaman explicaciones. Y no sólo de su responsabilidad sobre los presuntos colaboradores de ETA, sino de su «mentira»: «El político que dijo en su día que España se merece un Gobierno que dijera la verdad, ha estado mintiendo dos años al Parlamento para protegerse», sentenciaba.
M. S. / Madrid
14/07/2011
«Bildu no es exactamente ETA»
Alfredo Pérez Rubalcaba abrió ayer su carrera electoral con una entrevista en Telecinco, donde se visualizó que todavía le sigue pesando más su trayectoria como ex vicepresidente del Gobierno y ex ministro del Interior, que su candidatura como cabeza de cartel del PSOE a la Presidencia del Gobierno.
Un Rubalcaba incómodo, que pareció hasta nervioso, se limitó a reiterar los mensajes lanzados en su discurso de proclamación, porque toda la atención estaba centrada en el auto judicial sobre el denominado caso Faisán -donde se procesa a tres de sus colaboradores- y en el último comunicado de la banda terrorista ETA.
Sobre este último aspecto, Rubalcaba se reafirmó en que «ETA está muy mal» y auguró que «ETA nunca va a estar bien». Pero, a la vez, aseguró que «Bildu no es exactamente ETA, aunque yo hubiera preferido otra sentencia del Tribunal Constitucional».
No obstante, el ex ministro del Interior aseguró que a ETA, «le queda muy poco que hacer, y el Estado lo que tiene que hacer es seguir luchando contra el terrorismo» afirmó.
En cuanto al denominado caso Faisán, que le ha perseguido en toda su carrera política como ministro, el ahora candidato socialista quiso pasar página sobre él.
«Que decidan los tribunales, no hay problema», afirmó.
Rubalcaba se esforzó en explicar que, en primer lugar, «todo el mundo tiene que tener claro que todos los presuntos etarras fueron detenidos y están procesados o juzgados». Y, en segundo lugar, lo explicó como una campaña contra su persona. «El PP sólo quiere sembrar dudas y sombras, llevamos con esto años para ocultar la política antiterrorista, que ha sido un éxito, le guste más al PP o le guste menos», afirmó.
A su candidatura, a la campaña electoral, al más que probable adelanto de las elecciones, Rubalcaba le dedicó poco tiempo, y hubo pocas novedades.
Explicó, de nuevo, la necesidad de que los bancos y las cajas, una vez que concluya su reestructuración, colaboren con sus beneficios para crear empleo y, en especial, empleo joven. Se esforzó en defender que hay que combatir la corrupción, en proteger la Sanidad pública, gratuita y universal. Y en ser el mayor defensor de la Educación.
Tampoco faltaron recetas para que Europa o, en especial, España, salga del acaso de los mercados financieros. Y recordó todas las propuestas que hizo en su discurso de proclamación como candidato.
Pero, al candidato del PSOE aún se le pregunta más y se le ve más como ministro del Interior y número dos del Ejecutivo, que como un candidato electora del PSOE a la Presidencia del Gobierno. En Ferraz quedaron contentos, pero piden tiempo. «Es que sólo lleva un día como ex... y vaya día».
El candidato 'toma' Ferraz. Con todos los honores, Alfredo Pérez Rubalcaba tomó posesión ayer de su despacho en la cuarta planta de la sede socialista de la calle de Ferraz de Madrid. La directora del Comité Electoral del PSOE, Elena Valenciano (en la imagen), hizo de anfitriona de su llegada. El candidato, como se ve en la fotografía, saludó a todo el equipo socialista que trabajará en su candidatura
A medida que se va leyendo, más vomitivo se pone el tema. Es vergonzoso y vomitivo, hasta donde puede llegar una "persona" por conseguir rédito político, y seguir en el sillón mangoneando, y los de la kgb sacando pecho reluciendo las medallas manchadas, espero que sus conciencias les pasen factura.
ResponderEliminarEspero que se haga justicia, pero todos sabemos, que no están todos los que son..