Viera exigió «confidencialidad» en una ayuda del 'fondo de reptiles'

SEBASTIÁN TORRES ANTONIO SALVADOR / Sevilla

24/06/2011/El Mundo

El ex consejero financió la compra de La Cartuja para que la firma de loza sobreviviera

El ex consejero José Antonio Viera exigió «estricta confidencialidad» en el protocolo de colaboración firmado con el anterior propietario de Pickman-La Cartuja, por el que la Junta de Andalucía comprometió fondos por 3,66 millones de euros con cargo al fondo de reptiles. Aquel acuerdo se rubricó tres meses y medio antes de las elecciones autonómicas y generales.

El 1 de diciembre de 2003, el industrial Emilio Portes Fernández firmó, en calidad de potencial inversor, un protocolo de colaboración con la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico -a cuyo frente se hallaba entonces José Antonio Viera, actual secretario general del PSOE de Sevilla-, con vistas a la compra de la empresa a la familia Ruiz de Alda. Los trabajadores de la centenaria firma de loza llevaban meses movilizándose ante el abandono de la producción por parte de la propiedad y el impago de sus salarios.

Una vez el inversor hubiera adquirido el 100% de las acciones de Pickman y las marcas a sociedades de los Ruiz de Alda, la Junta asumiría una serie de compromisos económicos para garantizar la continuidad de la compañía.

Así, según el citado protocolo de colaboración, la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico pagaría 855.796,13 euros a la sociedad de los Ruiz de Alda Inversiones Jara, en concepto de subrogación del derecho de crédito que esa empresa ostentaba frente a Pickman.

En paralelo, la Junta se comprometía a conceder un préstamo participativo a Pickman por importe de 1.013.834,28 euros, de los que 413.834,28 euros se destinarían a cancelar la deuda que la empresa tenía con otra sociedad de los Ruiz de Alda (Faiencerie de Bouskoura SARL). El concepto de los 600.000 euros restantes no se detalla en el protocolo de colaboración, si bien este periódico ha podido conocer que un anticipo que se destinó al pago de salarios que Pickman tenía pendiente con el personal.

De esta forma, la Junta hizo frente a la indemnización que el empresario Álvaro Ruiz de Alda había exigido para no instar la quiebra de la sociedad. La participación activa de la Administración autonómica en vísperas electorales hizo posible la continuidad de la firma.

No fue la única ayuda concedida. Como estipula la cláusula octava del citado protocolo de colaboración, que forma parte de la documentación que la Consejería de Empleo ha enviado a la juez Alaya, José Antonio Viera se comprometía en ese documento a conceder una subvención de 1,8 millones de euros a Pickman «en concepto de adecuación inmediata de las instalaciones, maquinaria y utillaje».