MARÍA PERAL / Madrid
14/06/2011/ El Mundo
Sala no las acepta porque el tribunal se quedaría con el quórum mínimo de jueces
Los tres magistrados del Tribunal Constitucional que esperan desde el 7 de noviembre a que el Congreso elija a sus sucesores han tomado la decisión histórica de renunciar a sus cargos para forzar al PSOE y al PP a cumplir de una vez la obligación constitucional de renovar el TC.El presidente, Pascual Sala, al que correspondía decidir sobre las dimisiones presentadas por el vicepresidente, Eugeni Gay, y los magistrados Elisa Pérez Vera y Javier Delgado, acordó por la tarde no aceptarlas aludiendo a la necesidad de «garantizar la continuidad y estabilidad» de la institución y dado el volumen y entidad de los procesos atribuidos al Pleno, cuyo quórum mínimo de funcionamiento es de ocho jueces.
De haber consentido la marcha de Gay, Pérez Vera y Delgado, el Constitucional habría quedado reducido a ocho magistrados, y la ausencia de uno solo de ellos habría dejado inoperante al máximo intérprete de la Constitución.
En todo caso, la renuncia de los tres magistrados es una situación insólita que evidencia el alto nivel de malestar -muchos en el tribunal hablan de indignación- que existe en esta institución clave del Estado con los partidos hegemónicos.
El PSOE y el PP, que han tardado tres años en renovar a los cuatro magistrados del cupo del Senado, llevan desde mayo de 2008 sin cubrir la vacante por fallecimiento de Roberto García-Calvo. Éste era, junto a los tres miembros del TC que han renunciado ahora, el cuarto integrante del cupo del Congreso que terminó su mandato hace más de seis meses.
El Tribunal Constitucional, formado por 12 miembros, se renueva cada tres años por terceras partes, de manera que cada magistrado tiene un mandato de nueve años. Cuatro magistrados son elegidos por el Congreso, cuatro por el Senado, dos son nombrados directamente por el Gobierno y a otros dos los elige el Consejo General del Poder Judicial.
Sólo las primeras sustituciones (1983, 1986, 1989) se hicieron en plazo. La renovación que correspondía al Congreso en 1992 se retrasó cinco meses y la del Senado en 1998 alcanzó una demora de 10 meses.
Ninguna dilación ha sido, no obstante, comparable con los tres años que han tardado socialistas y populares en designar a los sustitutos de María Emilia Casas, Guillermo Jiménez, Vicente Conde y Jorge Rodríguez-Zapata, que debieron salir del tribunal en diciembre de 2007 y lo hicieron el pasado enero.
Para entonces, la renovación del cupo del Congreso ya acumulaba dos meses de retraso y las perspectivas de que las intermitentes conversaciones entre el PSOE y PP llegaran a buen puerto eran prácticamente nulas.
Javier Delgado, recuperado de una grave enfermedad, comunicó tanto al nuevo presidente, Pascual Sala, como en varias ocasiones al propio Pleno su deseo de marcharse si el bloqueo en la renovación se eternizaba. A él se ha unido Elisa Pérez Vera y, a la zaga de ambos, el vicepresidente Gay.
Ni las gestiones del propio Delgado durante los días en que ejerció como presidente en funciones ni las iniciativas de Sala -que ha hablado con todos los grupos parlamentarios, ha desayunado con Rajoy, se lo ha planteado a Zapatero y ha conversado en varias ocasiones con el presidente del Congreso- han logrado mover a los dos partidos mayoritarios a cumplir la Constitución.
Al comienzo del Pleno del pasado martes volvió a debatirse la situación y, a partir de ese momento, la presentación de las renuncias de Delgado y Pérez Vera era cuestión de días.
Delgado, que formula su renuncia escribiendo esta palabra con letras mayúsculas, apela a «razones personales» y recuerda que «las cosas salen mejor cuando se cumple la Constitución».
Pérez Vera subraya los «motivos institucionales» de su renuncia. «La Constitución diseña un tribunal de características específicas que no pueden alterarse sin desvirtuar la voluntad del poder constituyente», subraya, «y eso es justamente lo que se produce cuando se incumplen los plazos para la renovación».
Gay presentó el pasado miércoles un escrito en el que afirma que, ya en su momento, la falta de renovación del cupo del Senado le produjo la «sensación de formar parte de un tribunal secuestrado», forzado a tener decidir sobre el Estatuto de Cataluña con una composición anómala. Sin emplear la palabra renuncia, Gay reitera «cuanto he venido manifestando desde hace más de tres años y medio sobre la obligación, que no conveniencia o necesidad, de proceder a nuestra renovación en tiempo. En mi caso, la de sustituirme en mis funciones a pesar de no tener causa especial que no sea la muy importante de 'haber expirado el plazo de mi nombramiento', como previene nuestra Ley Orgánica que, de forma expresa, te invoco».
La no aceptación de las renuncias, que ellos ya esperaban, les obligará a permanecer en el tribunal. ¿Para qué han servido, entonces, las dimisiones? «Han sido un aldabonazo, una forma contundente de hacer saber a los diputados que el malestar es grande», indicaron en el TC.
Las primeras reacciones del PSOE y del PP no fueron muy halagüeñas. Los socialistas culparon de la falta de acuerdo al PP y éste se pronunció a favor de la renovación «sin vetos».
OORBYT.es
>Análisis de Jorge de Esteban y de Casimiro García-Abadillo.
Madrid
14/06/2011
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CARMEN REMÍREZ DE GANUZA / Madrid
14/06/2011
El PP culpa al Gobierno del «caos» del TC
El PP se puso ayer de perfil en la crisis institucional generada por la renuncia de tres magistrados del Tribunal Constitucional pendientes de renovación en sus cargos desde el pasado mes de noviembre.
Por más que las razones aducidas por los protagonistas colocaban la pelota en el tejado de los partidos responsables de la rémora, Génova apenas pasó de puntillas acerca de la «falta de acuerdo» de PP y PSOE en este sentido.
Y, desde luego, obvió por completo cualquier explicación acerca de por qué el PP no ha librado la batalla política de la renovación -que, sólo en fuentes oficiosas, se justifica en el veto socialista a la candidatura de Enrique López- y la de la cobertura de la vacante del magistrado conservador Roberto García Calvo, pendiente desde su fallecimiento, hace ya tres años.
En realidad, la dirección del PP culpó por entero al Gobierno del «caos» institucional, como un exponente más de su genérica «falta de liderazgo». Además, y sobre todo, justificó la anunciada dimisión de los tres magistrados en la tensión vivida en el seno del Tribunal a cuenta de la sentencia de Bildu.
Curiosamente, el resultado de esta sentencia podría haber sido otro sólo con que el PSOE hubiera aceptado proveer la plaza de García Calvo, o con que el PP lo hubiera exigido antes de aceptar, a su vez, la reciente renovación de los cuatro a propuesta del Senado, que dio la mayoría a los progresistas.
Pero el PP no hizo ayer denuncia alguna en este sentido. Lo que hizo fue poner en relación la renuncia de los magistrados con el momento en que -el sábado pasado- se materializó la toma de posesión, por parte de Bildu, de sus cargos municipales en el País Vasco y Navarra.
Todo ello se desprendió de las palabras de María Dolores de Cospedal. «Es la primera vez en la Historia que dimiten magistrados del TC de pronto y después de que salga una sentencia que ha sido muy especial. Habrá que analizar lo que tiene que ver con esa decisión», dijo la secretaria general, a quien la noticia pilló completamente por sorpresa, en plena rueda de prensa y pese a que, según las fuentes consultadas, había en el PP quien fue advertido de lo que, en origen, fue una iniciativa personal de Javier Delgado, nombrado en su día, precisamente, a propuesta del PP.
En fuentes populares, se justificaba ayer la renuncia de Delgado por razones de salud -abiertamente advertidas desde hace seis meses- y se explicaba las de Gay y Pérez Vera en la presión social sufrida a raíz de la mencionada sentencia. No cabe otra explicación -argumentaban- en el caso de Gay, quien hace cinco meses, ya con el mandato caducado, consiguió ser vicepresidente del Alto Tribunal.
Sea como fuere, el interés popular por entrar en detalles fue nulo. Cospedal fió todo su discurso al «caos» generado por un Gobierno «a la deriva», y se hizo eco de las noticias sobre un posible adelanto electoral. «La decisión corresponde al Gobierno, pero los españoles están perdiendo un tiempo precioso para tener un Gobierno que lidere la recuperación», dijo, para sentenciar que el PP «está preparado».
Cospedal cifró la situación en «unos datos económicos preocupantes»; «un presidente que no habla ni dice nada, ni siquiera sobre la última reforma laboral», y «un candidato socialista de gira por toda España, que no actúa como vicepresidente del Gobierno ni como ministro Interior».
Sin embargo, Cospedal tampoco fue muy expeditiva hacia Rubalcaba. «Ante el tremendo espectáculo de Elorrio, queda de manifiesto que el PP es el único partido coherente. PSOE y Gobierno deben decir qué van a hacer y cómo lo van a hacer», señaló en relación a las coacciones protagonizadas por Bildu, al tiempo que apelaba a la «responsabilidad» socialista en los pactos aún pendientes en las diputaciones forales
Las otras voces ante la dimisión
>La asociación Francisco de Vitoria calificó la decisión de «respetable» y «plausible». Considera, además, que cuando un partido propone «candidatos que no son adecuados» está provocando «un bloqueo», en referencia al candidato del PP Enrique López.
>El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, señaló que la dimisión de los magistrados es «una apelación a los dos grandes partidos del Estado, el PSOE y el PP», que, según dijo, «deberían avergonzarse de despreciar la Constitución».
>La AVT cree que los magistrados del TC que apoyaron a Bildu «podían haberse ido antes» del fallo. Su presidenta, Ángeles Pedraza, calificó el acto de renuncia de «muy curioso».
>La diputada de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en el Congreso, Rosa Díez, lamentó la dimisión de los cargos después de dictar su auto en favor de Bildu.
>El portavoz del BNG en el Congreso de los Diputados, Francisco Jorquera, dijo ayer que la dimisión de los tres magistrados del Constitucional es consecuencia del «bipartidismo» que PP y PSOE han trasladado al Alto Tribunal.
>El secretario general de ERC, Joan Ridao, afirmó que las dimisiones obedecen al «empate infinito» del PP y el PSOE que «bloquea la renovación» de este tribunal.
Si en vez de nombrarlos los del bipartidismo, los dejaran que los nombraran los juecen en un referendun o votación, primando la antigüedad y experienxia, otro gallo cantaría. Pero como son ellos los que los ponen, pues están al servicio de su partido, en vez de los ciudadanos. Por ello, todas las leyes que tengan o vayan contra el gobierno, siempre serán a favor del mismo, y a los ciudadanos, solo nos queda el pataleo o manifestarnos.
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