SEBASTIÁN TORRES / Sevilla/ El Mundo
13 días después el entonces consejero de Economía alquiló a Bogaris un edificio durante 4 años por 9,5 millones sin concurso previo
Arenas se compromete a que, si el PP gobierna Andalucía, ningún familiar de los políticos contrate con la Junta sin un concurso público
El acuerdo lo tomó el entonces consejero de Economía y Hacienda y hoy presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán.
Así lo refleja una resolución de la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Andalucía fechada el 16 de diciembre de 2008; es decir, sólo 13 días después de la fiesta del 20º aniversario de Bogaris, a la que asistió Manuel Chaves y en la que éste presentó a su hijo al presidente de la compañía, Rodrigo Charlo, según confirmó él mismo a EL MUNDO.
Bogaris SA contrató a Iván Chaves Iborra, precisamente en diciembre de 2008, para la «presentación a inversores» de un informe sobre el aceite de oliva. En el mes de marzo de 2009, la empresa Cexmark Soluciones, propiedad del hijo del actual vicepresidente del Gobierno, facturó a Bogaris 28.188 euros (IVA incluido) por dichos trabajos.
Por lo tanto, en diciembre de 2008 se producen los siguientes acontecimientos: Manuel Chaves asiste a la fiesta por el 20º aniversario de Bogaris y presenta a su hijo a Rodrigo Charlo; Bogaris contrata al vástago del presidente andaluz para unos servicios de consultoría por los que Iván Chaves Iborra facturó 6.075 euros mensuales más IVA, y la Junta de Andalucía alquila, mediante contratación directa, el recién terminado edificio Bogaris a razón de 2,38 millones de euros al año durante cuatro años. En total, 9,5 millones.
El arrendamiento del edificio Bogaris como sede de la Consejería de Obras Públicas y Transportes resultó en aquellos momentos sorprendente, puesto que la Junta de Andalucía se disponía a construir un edificio administrativo de seis plantas en una de las mejores zonas de la capital andaluza como sede de dicho departamento. De hecho, la Consejería de Economía y Hacienda había contratado la redacción del proyecto por más de tres millones de euros.
Este periódico contactó con Rodrigo Charlo para conocer las circunstancias en las que se pactó dicho alquiler con la Junta de Andalucía, pero el empresario rechazó hacer comentarios. «Publique lo que usted quiera. Hasta otro día» fue su escueta declaración.
La Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que regula los arrendamientos de bienes inmuebles, establece, como norma general para los alquileres, las adjudicaciones «con respeto a los principios de publicidad y concurrencia». La contratación directa de la que disfrutó Bogaris es, pues, un supuesto excepcional que se justificó por «la limitación del mercado». Es decir, no había otros edificios de oficinas disponibles en esos momentos.
Lo que hizo Bogaris con ese edificio fue, dicho de un modo coloquial, llegar y besar el santo. El edificio estaba recién terminado cuando la Junta de Andalucía lo alquiló, a pesar de que, a finales de 2008, la crisis económica era ya una realidad, especialmente en el sector de la construcción. Como referencia, en julio de 2008 la empresa Martinsa-Fadesa entró en concurso de acreedores, la mayor suspensión de pagos de la historia de España.
En enero de 2009, se hizo oficial el arrendamiento de la sede del edificio Bogaris, mediante la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), en el que no se daban detalles del objeto del alquiler.
La finalidad era trasladar allí las dependencias de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, entonces ubicadas en la zona de la Enramadilla, en Sevilla capital, muy cerca del barrio de Nervión.
En febrero de 2009 se trasladaron al edificio Bogaris el ente público Ferrocarriles Andaluces y la empresa pública de gestión de infraestructuras Giasa.
Posteriormente, se desplazaron a la isla de la Cartuja todos los departamentos de la Consejería andaluza, salvo la Agencia de Puertos.
La Memoria de Actividades 2009 del Parque Científico y Tecnológico Cartuja 93 recoge el edificio Bogaris como uno de los que se puso en uso a lo largo de ese año, por lo que la Junta de Andalucía fue su primer y, por el momento, único inquilino.
Si llamativo resultó el alquiler del edificio para la Consejería de Obras Públicas mientras se habían iniciado los trámites para construir una sede, más sorprendió que, en abril de 2010, apenas un año después de ocupar el edificio Bogaris, la Junta de Andalucía anunciara que los servicios centrales de Obras Públicas retornarían a su anterior emplazamiento en la zona de la Enramadilla.
Así, actualmente, en el edificio Bogaris están las direcciones generales de Transportes y de Carreteras y la Agencia de Obra Pública, que, según fuentes de la Junta, engloba a Ferrocarriles Andaluces y a Giasa.
«Casi todo el edificio»
La Consejería de Obras Públicas asegura que, a pesar de haber desmantelado parte de su estructura en la isla de la Cartuja, está utilizando la totalidad del edificio Bogaris, por el que sigue pagando 2,38 millones anuales de alquiler. Otras fuentes de la Consejería explican, no obstante, que está en uso «casi todo el edificio».
La Junta de Andalucía inició en 2007 la construcción de un edificio administrativo que, según se anunció, se destinaría a sede de la Consejería de Obras Públicas y Transportes. El 26 de junio de 2007, se adjudicó por 3.024.464,83 euros la redacción del proyecto y dirección de las obras, con el estudio del arquitecto Antonio González Cordón, autor, por ejemplo, de la remodelación, en la capital sevillana, del estadio Benito Villamarín, aún inconclusa.
La parcela sobre la que se construiría el edificio podría albergar una construcción de seis plantas sobre rasante, pero la Junta de Andalucía trabajaba sobre un proyecto de siete alturas, agarrándose a una posibilidad contemplada en el Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla (PGOU) para aumentar la edificabilidad de inmuebles de equipamiento público.
A finales de 2007, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) suspendió cautelarmente varios artículos del PGOU de Sevilla; entre ellos ése, por lo que, en abril de 2008, la Gerencia de Urbanismo rechazó el estudio de detalle que contemplaba siete plantas. Fuentes de la Consejería de Economía y Hacienda dijeron entonces, y así lo publicó este periódico, que ya se estaba trabajando en un proyecto de seis plantas, pero sólo ocho meses después la Junta alquiló el edificio Bogaris.
Siguen las corruptelas en el cortijo de andalucía. Da, hasta náuseas tanta porquería, y lo más gracioso es que encima defienden estos atracos.
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