Pons rechaza que se puedan cometer delitos «según el contexto político»

El Mundo

Critica el voto particular del magistrado De Prada, que justifica el chivatazo

El responsable de Comunicación del PP, Esteban González Pons, criticó ayer que el magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada haya defendido la «plena justificación» del chivatazo a ETA en un «proceso de negociación», ya que, a su entender, si se convierte «el contenido del Derecho en algo político, triunfa la arbitrariedad y muere el Estado de Derecho», según informa Europa Press.

De Prada emitió un voto particular en el que defiende que acciones como el chivatazo a ETA tienen «plena justificación» en el marco de «un proceso de negociación política o de un proceso de paz».

En un apunte en su perfil de Facebook, González Pons critica que el juez justifique el soplo. «¿Se pueden cometer impunemente delitos según sea el contexto político? ¿El contexto político legitima también la corrupción o la ocupación ilegítima del poder? ¿Quién y por qué decide cuándo en nombre del Estado se puede delinquir?», se pregunta.

Por su parte, el diputado del PP Ignacio Gil Lázaro, habitual encargado de interpelar sobre el caso Faisán a Alfredo Pérez Rubalcaba, afirmó que «un juez no puede decir que en el ordenamiento jurídico existen espacios abiertos para la comisión de un delito». Gil Lázaro declaró a Servimedia que «repugna leer» el voto, y que la justificación del proceso de paz «produce un inmenso estupor jurídico y ético». Por el contrario, elogió el fallo de la mayoría del tribunal, que «permite dar un paso muy importante para el esclarecimiento de la verdad del chivatazo y supone un descalabro mayúsculo para el enésimo intento de Rubalcaba de darle carpetazo».

Desde las filas de UPyD, Rosa Díez tachó de «disparatado» que un juez utilice argumentos «netamente políticos» para justificar la existencia de un proceso político con ETA.

Entre las víctimas, Rubén Múgica, hijo del dirigente del PSE asesinado por ETA Fernando Múgica, afirmó que el voto «parte del error de pensar que un Estado de Derecho puede sentarse a la mesa y hablar de tú a tú con una cuadrilla de criminales».

Las declaraciones de ayer se suman a las de los principales sindicatos policiales poco después de que se conociera el contenido del voto. «No compartimos que sea razonable justificar el soplo porque se estuviese en un proceso de negociación. Hay que aplicar el Estado de Derecho, si no nos vamos a la ley de la selva, a la dictadura y la inseguridad jurídica», dijo el responsable del SUP, José Manuel Sánchez Fornet. Desde el CEP, Lorenzo Nebrera aseguró que tuvo que leer varias veces las explicaciones de De Prada para convencerse de que eran ciertas. «Nos parece especialmente grave que el Estado de Derecho tenga que ajustarse a la política. Los delitos los marca el Código Penal».

MARÍA PERAL / Madrid

La APM cuestiona a Gómez Benítez

Cree que un negociador con ETA no debe estar en el Consejo del Poder Judicial

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) cuestionó ayer la permanencia del abogado José Manuel Gómez Benítez en el Consejo General del Poder Judicial por su papel como interlocutor de ETA en las negociaciones entre el Gobierno y la banda terrorista.

La APM, mayoritaria en la carrera judicial, hizo público un comunicado valorando las informaciones periodísticas -«no desmentidas»- sobre el contenido de esas negociaciones en las que, en su opinión, «se deslegitimó la actuación de los jueces» en operaciones antiterroristas.

Gómez Benítez tuvo que declarar recientemente ante el juez Pablo Ruz, que investiga el chivatazo a ETA, en relación a las afirmaciones que se le atribuyen en tres reuniones celebradas con la delegación etarra en septiembre de 2006. Su participación en las negociaciones se prolongó meses después, y según publicó EL MUNDO, en diciembre de 2006 aseguró a sus interlocutores que «estamos intentando» y «es nuestro interés» que el Supremo declare que Jarrai «no es parte de ETA».

Por lo que se refiere a los encuentros con los representantes de la banda terrorista de septiembre de 2006, las llamadas actas de ETA ponen en boca de Gómez Benítez afirmaciones como que, «a nivel de la Audiencia Nacional y de operaciones que puedan venir de lejos, es difícil poder pararlas totalmente. Lo intentaremos y en ocasiones lo conseguiremos, pero no siempre». Las detenciones de terroristas que se estaban produciendo durante la negociación fueron objeto de reproche por la delegación etarra, que las consideraba un incumplimiento de los compromisos del Gobierno.

La APM afirma que «en la medida en que se ha publicado sin desmentido alguno, sabemos que los comisionados del Gobierno han considerado las actuaciones de la Justicia como un problema y un obstáculo» para los fines del proceso negociador, y «entendieron que llevar a cabo actuaciones encaminadas a frustrar actuaciones judiciales supone una prueba de leal proceder».

La APM «rechaza y reprueba estos comportamientos, incompatibles con las previsiones constitucionales de separación de poderes e independencia judicial», y «de manera especial cuestiona la conveniencia de que uno de esos comisionados, Gómez Benítez, siga integrado en el CGPJ», órgano cuya razón de ser es «la defensa de la integridad de la jurisdicción y la independencia de los jueces».

Sin embargo, la portavoz del CGPJ, Gabriel Bravo, salió ayer en defensa de este vocal por su «capacidad de trabajo» y su responsabilidad y lealtad institucional en el Consejo.