ANDRÉS MARÍN CEJUDO / Huelva / El Mundo
Los nervios desatados entre los sindicatos mayoritarios a cuenta de la investigación judicial por la trama de los ERE llevaron la pasada semana a UGT a cerrar filas entre los prejubilados de Astilleros de Huelva, a quienes previno y dio instrucciones de cómo actuar en caso de que fueran requeridos por la Policía Judicial para declarar.Según ha podido saber EL MUNDO, UGT convocó una asamblea con los prejubilados de la factoría naval onubense afiliados a este sindicato (la mayoría de los 147 que reciben estas ayudas) con un único punto del orden del día: pedirles que no declarasen en el caso de que fueran llamados por la Policía.
La asamblea, conducida por el secretario provincial de la Federación de Metales, Construcciones y Afines de la UGT de Huelva, Sebastián Donaire, reunió a un centenar de prejubilados, a los que se les dijo que, en el caso de que fueran citados por el juzgado, irían acompañados por los abogados del sindicato.
El ERE de Astilleros pudo incurrir en alguna irregularidad, como que se hayan incluido a varios trabajadores que no cumplen el requisito exigido por el Ministerio de Industria. Este organismo estableció en su resolución para la concesión de los 19 millones de euros de ayudas sociales a pagar través de Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión (Pymar) que no tendrían derecho a las mismas «aquellos trabajadores con contrato laboral temporal y los fijos otorgados con posterioridad al 24 de febrero de 2004».
Sin embargo, el auto del Juzgado de lo Mercantil de Huelva que el 23 de noviembre de 2010 fijó definitivamente las condiciones del ERE de Astilleros de Huelva establece un listado de trabajadores divididos en varias categorías en el que aparecen dos prejubilados cuya antigüedad es posterior a la fecha tope fijada por Industria, en concreto de junio y agosto de 2006, muy por encima de lo estipulado por el Ministerio.
Sólo para las prejubilaciones, las administraciones han pagado una cantidad cercana a los 29 millones de euros. En esa cantidad se incluyen los 19 millones aportados a través de Pymar para todas las ayudas, que se han terminado usando únicamente para las jubilaciones anticipadas. Los diez millones restantes han sido sufragados a partes por la Junta de Andalucía y el Ministerio de Industria.
Y estos son los que se supone, deben de defender a los currantes, vaya fiasco. Lo primero que hacen es llenarse la bolsa, como cuatreros, y luego les dicen que no declaren nada.
ResponderEliminarLa gente pasando calamidades, algunos millones en el húmbral de la pobreza, y ellos, los de la paz social, llenándose los bolsillos al estilo curro jimenez. Panda de sinvergüenzas.