Europa Press.ESCRIVÁ / MARISA CRUZ Madrid / El Mundo
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se reunirá el martes de la próxima semana con los representantes de la Confederación de Empresarios Vascos (Confebask) para analizar el alcance de la carta sin precedentes que ETA les remitió el pasado día 26, en la que les anunciaba la «cancelación» de las prácticas de extorsión que la banda ha venido ejecutando durante años.La organización terrorista ha irrumpido de nuevo en el escenario político justo en el momento en el que el Tribunal Supremo ha de tomar una decisión sobre las candidaturas de su brazo político; en plena conjura del lehendakari, Patxi López, y de todos los partidos políticos vascos -excepto el PP- para presionar al alto tribunal sobre la conveniencia política de que Bildu prospere, y horas antes de que el intermediario simpatizante de Batasuna Brian Currin y su grupo verificador, inicien su visita de dos días al País Vasco.
La carta, hecha pública por José Antonio Sarriá, presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra, dejaba claro que la cancelación «debe tomarse como una consecuencia del alto el fuego permanente y de carácter general en vigor desde el 10 de enero» y, por tanto, está vinculada a la continuidad de éste.
La misiva -enviada en euskara y en castellano- y sus circunstancias no tienen precedentes, y en eso radica la singularidad del gesto de ETA al que el Gobierno otorga «credibilidad» y que califica en privado de «buena noticia» porque supone suspender una amenaza que pende sobre los empresarios desde hace décadas. Es la primera vez que la banda remite una carta así y la primera que deja de extorsionar en tregua.
Tampoco tiene precedentes que la banda «cancele» el impuesto. Es decir que, con una terminología bancaria cuidadosamente escogida, informe de que da por anulados los plazos impagados por los chantajeados.
Otro de los elementos singulares de esta comunicación radica en que es la confirmación de un hecho que se produce de facto desde enero. ETA ya se comprometió en su anuncio de alto el fuego a dejar de acosar a los empresarios y a silenciar el terrorismo callejero. Eso es lo que el Gobierno aseguró que significaba la palabra «general» incluida en el comunicado en el que la banda anunciaba que su parón era, además, de carácter «permanente y verificable».
En la tregua de 2006, ETA, en sus negociaciones con los enviados del Gobierno, se negó a incorporar ese término porque no estaba dispuesta a quedarse sin dinero y, aunque los representantes del Ejecutivo salieron con la errónea impresión de que la extorsión había finalizado, la banda la mantuvo desde el primer día.
Esta vez, el Ejecutivo ha hecho llegar a la banda que el único modo de que sus pasos fueran creíbles era que todos los errores de la anterior experiencia quedasen subsanados, y por eso, para el comunicado de enero, ésta rescató la palabra «general». Tanto las Fuerzas de Seguridad como el Gobierno han acreditado que desde octubre la banda no ha vuelto a enviar una remesa de cartas.
Las interpretaciones de estas últimas misivas han sido variadas. Algunos miembros del Gobierno las desligan de los procesos de ilegalización, porque consideran que la organización otorga relativa importancia a la presencia inmediata en las instituciones y defienden que, si ETA ha adoptado esta iniciativa, es para recuperar la credibilidad de sus intenciones en la sociedad vasca y en el ámbito internacional. Estas fuentes creen que la banda está intentando presionar al Ejecutivo y quiere difundir su tesis de que es ella la que está dando pasos para llevar la paz a Euskadi, mientras el Estado reincide en su posición «inmovilista» y «represora».
Sin embargo, las Fuerzas de Seguridad realizan una lectura distinta. Sostienen que no hay que perder de vista el carácter propagandístico de la misiva. No en vano, el propio portavoz de los empresarios navarros aclaró ayer que en la carta se les «solicitaba que pusiéramos en conocimiento de los empresarios en particular y de la sociedad en general que la exigencia del pago del impuesto revolucionario ha quedado cancelada». Y confirman el carácter táctico que, desde su punto de vista, tiene el envío. Sostienen que pretende influir en los tribunales a favor de Bildu y dar un motivo a los partidos vascos para alentar la idea de que algo está cambiando y que, por lo tanto, hay que respaldar los avances de la izquierda abertzale.
Cabría la conclusión de que ETA está verdaderamente comprometida y está considerando la decisión de abandonar su actividad definitivamente porque renunciar a la extorsión es renunciar a los medios para su supervivencia.
En este punto, las Fuerzas de Seguridad alertan de un fenómeno que no ha trascendido y cuya existencia se constató al menos hasta el verano. Se trata de los secuestros exprés de los empresarios (o de sus familiares) que no han abonado alguno de los plazos de su chantaje para garantizar el pago. Los investigadores sostienen que continúan teniendo indicios muy potentes de que ETA ha continuado ejecutándolos en los últimos meses, y que tiene planeado seguir presionando a una docena de empresarios con este sistema para seguir obteniendo fondos. Estos expertos insisten en que la organización tiene una dinámica establecida y algún comando preparado para dedicarse a esto.
Mientras esta sospecha se investiga, los empresarios vascos serán recibidos por Rubalcaba. Fueron los miembros de Confebask quienes comunicaron a Interior el martes la recepción de la carta y el ministro les recomendó que fueran ellos los que la publicasen para que no se produjeran malas interpretaciones.
Sin embargo, ayer se adelantaron los navarros, que quisieron, con su difusión incompleta -alegaron que era correspondencia «privada»-, demostrar la veracidad de las amenazas pasadas y tranquilizar a los suyos.
Los partidos recibieron de modo desigual la noticia. Desde el PP, que dijo esperar sólo la «disolución» de ETA, hasta el PSE, que manifestó que el cese de la extorsión «va en la buena dirección» pero que hay que mantener «la guardia alta». Y también los optimistas como Aralar o EA, que sostienen que ETA «está dando pasos» exigidos en el acuerdo de Guernica, y aprovecharon para pedirle al Estado que se comprometa legalizando Bildu y Batasuna. Uno de los empresarios respondió: «ETA llega 30 años tarde».
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>Vea hoy en EL MUNDO en Orbyt el análisis de Mikel Moreno sobre el anuncio del fin de la extorsión de ETA. M. ALONSO / San Sebastián
Una inagotable fuente de dinero
Comenzaron así las amenazas y las extorsiones -a través del impuesto revolucionario- y los secuestros, que se han convertido en una de las principales vías de financiación de la banda terrorista desde los años 70, junto a las subvenciones públicas de su brazo político en las instituciones. Como último paso de su presión, la banda ha recurrido al asesinato para amedrentar a un colectivo que, con los pagos, ha permitido sufragar a ETA sus costosas actuaciones a lo largo de 40 años. Su largo historial de víctimas mortales con DNI empresarial supera los 40 nombres.
A través del chantaje, ETA ha obtenido al menos 150 millones de euros (100 por los secuestros y 50 por el impuesto revolucionario) desde 1978 hasta la actualidad, según un estudio realizado por el economista Mikel Buesa, hermano del dirigente socialista Fernando Buesa, asesinado por la banda terrorista en 2000.
En sus comienzos, ETA recurrió a robos de sucursales bancarias para dotarse de liquidez, pero, dada su peligrosidad y lo escaso de los botines, pronto aparcó esta opción para centrarse en la extorsión a empresarios bajo la amenaza de atentados contra su figura o su familia. Su objetivo inicial eran los dueños de grandes firmas, pero con el paso del tiempo fue bajando el caché para expandir sus tentáculos a todo tipo de empresarios, propietarios de pequeños negocios, profesionales liberales, deportistas o afamados cocineros. En la década de los 70 y 80, los secuestros a empresarios se convirtieron en habituales. En ocasiones, la retención apenas duraba uno o unos pocos días y sus objetivos eran liberados, previo pago, en numerosas ocasiones con un tiro en la pierna. Pero el sangriento currículo de la banda incluye al menos cuatro raptos con un posterior asesinato dentro del medio centenar de empresarios que han caído en las manos de la organización terrorista a lo largo de su historia desde 1973.
Su primera víctima fue el director gerente de Sigma Ángel Berazadi, asesinado en 1976 tras permanecer 22 días retenido y a quien siguió, un año más tarde, Javier Ibarra, consejero del Banco de Vizcaya, que apareció muerto 33 días después de ser capturado. Los otros secuestros que finalizaron en asesinato fueron los del empresario de hostelería Alfredo Ramos, en 1980, y el de Francisco Arín Urquiola, en 1983.
El secuestro más largo lo sufrió Jose María Aldaya, propietario de dos empresas de transporte en Guipuzcoa, que permaneció 342 días retenido antes de ser liberado en 1996. Hasta la fecha, el último capítulo lo escribe Cosme Delclaux, hijo del presidente Vidrieras de Álava, que fue puesto en libertad en julio de 1997 tras 232 días de cautiverio.
Para atajar la falta de compromiso de los empresarios, ETA ha echado mano de las armas para mostrarles el camino a seguir. Entre la larga lista de 40 víctimas mortales están Isidro Usabiaga (1996), Francisco Arratibel (1997) o el presidente de la patronal guipuzcoana, José María Korta (2000). Cierra la lista Ignacio Uría, consejero de la constructora Altuna y Uría, una de las firmas que construye la línea ferroviaria de alta velocidad vasca, asesinado el 3 de diciembre de 2008.
SANTIAGO GONZÁLEZ
Las cartas de ETA
Algo pasa con las cartas de ETA. Recordarán que el llamado proceso de paz de 2006 comenzó con una carta que en agosto de 2004 escribieron los terroristas al presidente Zapatero, que éste jamás enseñó a nadie, aunque explicó por doquier que en ella anunciaban su intención de abandonar las armas sin exigir precio político por ello. Sería también una comunicación de naturaleza privada.
El fin de la extorsión estaba anunciado por ETA en su comunicado de tregua del pasado 10 de enero, pero la organización terrorista nunca ha renunciado a vender en varias ocasiones el mismo asunto y a rentabilizarlo cuantas veces sea menester. Ahora es el turno de que Eguiguren o Brian Currin y su banda de mediadores sincopados empiecen a decir que le toca mover ficha al Gobierno.
Algo hemos avanzado desde la última vez. Las cartas que recibieron entonces los empresarios navarros eran de extorsión y el Gobierno descalificó al entonces presidente, José Manuel Ayesa, por denunciar el hecho. Primero afirmó que las cartas habían sido enviadas antes del 22 de marzo de 2006, fecha del anuncio del alto el fuego, y después dijo, cuando se vio que el matasellos era del 7 de abril, que Ayesa era del PP.
La cuestión es que una banda terrorista puede congelar sus atentados por un tiempo determinado, poner a hibernar a sus comandos, dar órdenes estrictas a sus cachorros, porque las armas tardan tiempo en oxidarse, pero las necesidades económicas no decaen con la tregua. Ciertamente los terroristas cobran salarios de subsistencia, pero no pueden cegar todas sus fuentes de financiación. Primum vivere, deinde philosophare.
Se sabe que ETA ha estado recurriendo a secuestros exprés para empresarios que no habían atendido la invitación hecha por carta. Después de unas horas en poder de un comando, pagaban sin rechistar y sin denunciarlo. Otro acontecimiento de carácter privado, al parecer. ¿Habían hecho caja suficiente para aguantar una tregua larga? ¿Se ha puesto en marcha una financiación alternativa como la que sugerían Eguiguren y sus panchos: «Si es por dinero, siempre lo podremos hacer a través de una organización internacional»?
Hay otra explicación, claro. Que hayan decidido dejarlo y nos estén acercando la paz a plazos. La cuestión es que, mientras nos han vendido dos veces la cancelación de las extorsiones, jamás han dicho una palabra sobre su voluntad de abandonar las armas. Lo más práctico es esperar al último plazo.
Ahora el supremo se apiadará de ellos, y colorín colorado...
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