lunes, 21 de febrero de 2011

Las acusaciones reclaman la citación de Antonio Camacho


FERNANDO LÁZARO / Madrid/ El Mundo

Argumentan que el imputado García Hidalgo no llamó al secretario de Estado durante el chivatazo porque estaban juntos

Zapatero embustero

Están dispuestos a reclamar y llegar hasta las últimas instancias. Y es que las acusaciones consideran relevante el testimonio que pueda prestar en esta causa el actual secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho. Tanto Dignidad y Justicia como el Partido Popular entienden que es de gran relevancia el testimonio que pueda aportar a la causa el superior jerárquico en el Ministerio del Interior de uno de los imputados, el que fuera director general de la Policía Víctor García Hidalgo.

Por este motivo, y tras analizar el informe policial en el que se apoyó el juez Ruz para descartar esta citación, han presentado un recurso de reforma contra la decisión del instructor. Recuerdan estas acusaciones que en el informe policial se detallaban tres fases de contactos telefónicos entre el director de la Policía y su jefe superior en el País Vasco, también imputado en la causa.

Indicaba que hubo una «fase de planificación, detectada el día 3 de mayo de 2006, la fase de delación, y la fase de traslado a Francia».

En esas tres fases, la Policía detecta contactos entre el presunto autor de las órdenes, el director de la Policía, y su ejecutor. Pero no constata estos mismos contactos entre el director de la Policía y su superior, el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho.

Según los informes policiales, «únicamente consta acreditada una llamada durante la primera fase, en la noche del 3 de mayo, sin continuidad durante las trascendentes fases dos y tres». Es decir, la Policía concluye que debería haber habido una concatenación de llamadas entre García Hidalgo y su superior similares a las que el imputado mantuvo con su inferior, el también imputado jefe superior de Policía del País Vasco.

Sin embargo, las acusaciones ponen sobre la mesa un dato muy relevante. En lo que la Policía denomina fases dos y tres, «fase de delación y fase de traslado a Francia», no se producen, efectivamente, llamadas entre el director general de la Policía y el secretario de Estado.

Y es que ambos estaban juntos, como bien recuerdan las acusaciones. García Hidalgo y Camacho, a las horas en que la Policía presume que se perpetraron los hechos, asistían a la toma de posesión de Joan Mesquida como director general de la Guardia Civil. El acto se celebró en la sede de la Dirección General del Instituto Armado, en Madrid. De hecho, se constatan intentos de llamada del jefe superior de Policía del País Vasco a su superior mientras se estaba celebrando el acto.

«No cabe echar de menos una llamada del director general de la Policía al secretario de Estado de Seguridad tras la delación; ni cabe echar de menos una llamada entre ambos interlocutores al tiempo en que Elosúa se trasladaba a Francia; ni cabe tampoco echar en falta llamadas entre los citados en las denominadas fases dos y tres por la sencilla, reconocida y acreditada razón de que en todos tales momentos el director general y el secretario de Estado estaban juntos», recuerdan en sus escritos las acusaciones.

«Es evidente que hubiera resultado absurdo encontrarse con un distinto cruce de llamadas del efectivamente conocido y registrado, cuando dos de los interlocutores que debían cruzar las llamadas que se echan en falta estuvieron en todo momento físicamente juntos», recuerda el escrito del PP.

«La diligencia testifical del secretario de Estado de Seguridad sí constituye una diligencia de prueba proporcional, necesaria e idónea a los fines de la instrucción, razón por la que venimos en solicitar la citación del referido testigo a fin de permitir un mejor esclarecimiento de los hechos».

El movimiento de llamadas entre García Hidalgo y Camacho fue defendido también en su escrito por el fiscal, quien se opuso a su citación.

Entendía que era el normal que se debía de producir entre un secretario de Estado de Seguridad y un director general de la Policía cuando se estaba produciendo una operación de la envergadura de la que se iba a producir contra el entramado de extorsión etarra.

En aquellas fechas, los jueces Grande-Marlaska y Laurence Le Vert habían acordado actuar conjuntamente contra la estructura recaudatoria de ETA.

El fiscal entendió que los contactos entre los responsables políticos de Interior podían tener esta lógica operativa. Pero, en respuesta al Parlamento, el vicepresidente y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, negó que tanto él como su número dos, Antonio Camacho, conocieran de antemano la operación que se iba a llevar a cabo contra el entramado etarra, una respuesta que ha provocado una enorme sorpresa entre los especialistas de la lucha contra el terrorismo.

1 comentario:

  1. Todos deben de saberlo todo, las cabezas pensantes del ministerio y sus acólitos de la kgb, lo que pasa, es que ahora toca decir y hacer la consabida frase: maricón el último (con perdón), y se van a pegar codazos y zancadillas entre ellos por salir airosos, cuando deben de estar al parecer con mierda hasta el cuello.
    No nos merecemos un gobierno que nos mienta (palabras dichas por rubalcaba)

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