LO PRESENTARÁ EL PRÓXIMO MIÉRCOLES EN EL PARLAMENTO
Carlos Fonseca.- 26/11/2010 (10:20h) /El Confidencial
El Gobierno vasco presentará el próximo miércoles en el Parlamento de Vitoria un informe sobre víctimas de motivación política causadas por los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado desde 1968 hasta la actualidad que propone su reconocimiento como tales y su resarcimiento económico y moral. El documento, muy medido, elude comparar a las que se denomina ‘las otras víctimas’ con las causadas por el terrorismo de ETA.
El informe en cuestión no es una iniciativa del Ejecutivo de Patxi López, sino un mandato unánime de la Cámara de Vitoria de diciembre del año pasado, y ha sido elaborado por las direcciones de Atención a las Víctimas del Terrorismo y la de Derechos Humanos, que dirigen Maixabel Lasa e Inés Ibañez y dependen de las consejerías de Interior y de Justicia, respectivamente.
Conscientes de la controversia que genera el reconocimiento de torturas y muertes ocasionadas por los aparatos del Estado, los redactores han optado por un texto genérico para que todos los partidos se sientan cómodos y sea posible el consenso. La prudencia resulta obvia ya en el título: “Informe sobre víctimas de vulneraciones de derechos humanos producidos en un contexto de violencia de motivación política en Euskadi”, que no cita explícitamente a los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado, a los que sí se alude de manera explícita en su contenido.
El documento analiza tres etapas. La primera abarca la violencia amparada por la dictadura; la segunda cubre la transición, que los autores interpretan llega hasta mediado de los años ochenta, en la que convivieron prácticas de la etapa anterior con un incipiente estado democrático, y un tercer periodo que va desde entonces hasta la actualidad, con una democracia ya plenamente asentada.
Quién es víctima y quién no
Los autores han eludido elaborar un censo de víctimas y tampoco especifican los requisitos para establecer quién puede considerarse como tal, que dejan a criterio de los partidos. El informe propone, a modo de conclusión, que se promueva una declaración institucional pública de reconocimiento de estas víctimas; que se acuerden medidas de reparación económica y moral, y la creación de un organismo específico que se encargue de estudiar los casos que se presenten.
La presentación del informe tendrá lugar en la Comisión de Derechos Humanos de la cámara vasca, que preside Mari Mar Blanco (PP), hermana de Miguel Ángel Blanco, concejal popular del Ayuntamiento de Ermua secuestrado y asesinado por ETA en julio de 1997. Aquel crimen provocó manifestaciones multitudinarias de repulsa en toda España nunca vistas hasta entonces que acuñaron el denominado “Espíritu de Ermua”.
El trámite que seguirá a partir de ese momento es todavía una incógnita y dependerá en buena medida de la polémica que genere y la capacidad de acuerdo entre todos los partidos. Podría convertirse en una proposición no de ley o quedarse en un mero documento de recomendaciones al Gobierno. “Sabemos que el informe va a generar polémica; que unos lo considerarán insuficiente y otros que va demasiado lejos, pero la valoración global que hemos recibido es positiva –dice a este diario uno de los responsables del texto-. Creemos que no solo no debilita al Estado, sino que lo legitima aún más porque supone el reconocimiento de que ha habido abusos y de que esas conductas no sólo no se amparan, sino que se lucha para erradicarlas”.
El Gobierno de Ibarretxe ya elaboró un documento similar a cargo de su director de Derechos Humanos, Jon Mirena Landa, que se diluyó en el camino por la falta de consenso entre los partidos.
Esto como todo que hace este gobierno, es demagogia, y siempre lo usan como arma arrojadiza a las FyCSE. Ellos cuando tienen que utilizar la fuerza también lo hacen, que se creían, que era una policía sin armas y que iban a ayudar a cruzar la calle a los invidentes. Craso error por su parte, esperaba más de López, pero veo que tienen las mismas visiones ojerizas.
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