lunes, 8 de noviembre de 2010

Juego, amor y broncas en CCOO


BEGOÑA P. RAMÍREZ / Madrid

Sindicatos del Toxo Mocho

Un desfalco por un posible caso de ludopatía desata una guerra sindical en Telefónica.

Zapatero embustero

Una decena de delegados sindicales de CCOO y la jerarquía del propio sindicato se han enzarzado en los tribunales por cuenta de unos miles de euros desaparecidos en la sección de Telefónica de Madrid. Por un lado, el fiscal pide 10 meses de cárcel por apropiación indebida para Dolores Pardo Osinde, responsable de finanzas de la sección, por haberse quedado con casi 40.000 euros de los afiliados durante 2005, 2006 y hasta junio de 2007. Por otro, el sindicato pelea en los juzgados de lo Social contra cuatro de sus delegados, que han denunciado los procedimientos disciplinarios a los que fueron sometidos.

El caso es que la Comisión de Garantías federal suspendió durante cuatro años a Dolores Pardo en sus derechos sindicales como resultado del expediente disciplinario que le abrió para investigar la desaparición del dinero, pero el sindicato se negó a indagar en las cuentas de los años anteriores en que ella había gestionado las finanzas de la sección, desde septiembre de 2000. Éstas mostraban movimientos por un importe total de 165.000 euros. Se da la circunstancia de que Dolores Pardo es la compañera sentimental de Juan Antonio Olmos, secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) en Madrid, que integra a Telefónica.

Las investigaciones comenzaron a raíz de la solicitud que cursó el secretario general de la sección de CCOO en Telefónica, José Carlos Mozas Pajares, en mayo de 2007, a Juan Antonio Olmos. La comisión que instruyó el expediente estaba integrada por personas del entorno de Olmos, asegura Mozas Pajares. En cualquier caso, dictó la suspensión de Pardo Osinde, quien se había declarado responsable de la desaparición del dinero y se comprometió a devolverlo.

En noviembre de 2007, el presidente de la comisión instructora Víctor López de Aberasturi, explicó lo ocurrido ante una treintena de delegados de Telefónica, detallando, además, que Dolores Pardo había alegado una ludopatía para justificar sus actos. Diez de los delegados allí presentes solicitaron que se ampliara la investigación a todos los años en que la mujer había estado al cargo de las cuentas de la sección. La petición fue rechazada por Olmos aduciendo que, de haber irregularidades, éstas habrían prescrito, y que no habría documentación ni testimonios personales a los que acudir.

Además, decía que la denuncia se basaba «en una suposición». También devolvía la responsabilidad sobre las finanzas de la sección a los dirigentes que no habían denunciado la ausencia de cuentas hasta ese momento.

Los delegados sindicales explicaron lo sucedido a los afiliados a través del correo electrónico. En febrero de 2008 CCOO abrió expedientes disciplinarios a esos 10 delegados: por difundir los problemas adictivos de Dolores Pardo y por utilizar la base de datos del sindicato para enviar los emails. También fueron objeto de dos querellas judiciales por revelación de secreto y calumnias.

Pero ya antes las tensiones en la sección sindical se habían trasladado al ámbito institucional. Apenas un mes después de la primera solicitud de investigación, en junio de 2007, CCOO disolvió la dirección de su sección sindical en Telefónica y nombró una gestora. Alegó que era «ingobernable» por los enfrentamientos que se vivían en su seno. En junio de 2008 se convocó un congreso extraordinario de CCOO Telefónica de Madrid, que terminó disuelto tras una gran bronca entre delegados afines a uno y otro bando.

El dictamen de la Comisión de Garantías federal fue expulsar a cuatro y suspender a los otros seis. Tras ser recurrido por los afectados, la Comisión de Garantías confederal lo redujo a dos expulsiones -una de ellas la del propio José Carlos Mozas-, cuatro suspensiones de derechos y dos absoluciones. Estas medidas disciplinarias han terminado en los juzgados de los Social.

Este periódico ha intentado recabar la versión de CCOO sin éxito. Tanto Olmos como Antonio del Campo y el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, Enrique Fossoul, han declinado hablar aduciendo que se trata de «un problema interno». Se limitan a asegurar que las sanciones a los delegados son el resultado de los problemas habidos en el congreso y del uso irregular de los datos de afiliados para enviar los correos.

1 comentario:

  1. Otro tanto de lo mismo, gastando el dinero en no se que, claro, como cuesta poco ganarlo...

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