CARLOS SEGOVIA / Madrid
El Gobierno ha negado reiteradamente que España haya pagado rescate en éste y otros casos de secuestro, pero un documento oficial del Ministerio de Exteriores al que ha tenido acceso EL MUNDO apunta que pudo utilizarse dinero público para liberar el Alakrana.
El 12 de noviembre de 2009, cuando el embajador de España en Kenia, Nicolás Martín Cinto, participaba activamente en la negociación para la liberación del pesquero y sus 36 tripulantes, la entonces subsecretaria de Exteriores, María Jesús Figa, efectuó una orden de transferencia.
La alta funcionaria subordinada de Miguel Ángel Moratinos indicó por escrito «en nota interior» a la subdirectora general de Administración Financiera, Marta Navarro, que «debe realizarse, de modo inmediato, una transferencia a favor de la Embajada de España en Nairobi por el contravalor de quinientos mil euros en dólares USA».
Figa agregó que debía transferirse el dinero «con cargo a los fondos existentes en la Caja Pagadora número uno del Departamento». Se trata de la utilizada para gastos generales, por lo que, teóricamente, el dinero debía responder a algún importante gasto que había surgido a esas alturas del año en la embajada. Figa agregó que «dicho importe será reintegrado a la Caja Pagadora en el más breve plazo posible».
Calvillo, con la firma también del jefe de área, Elías Rodríguez, cursó la orden para que el BBVA, el banco con el que opera el ministerio, hiciera llegar el dinero a su entidad asociada en Kenia en que tiene cuenta la Embajada. Se trata del keniata Commercial Bank of Africa Limited.
El titular de la Embajada fue el encargado de negociar también en 2008 la liberación de otro pesquero vasco, el Playa de Bakio y el Gobierno no ha negado su papel ni el de los servicios del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
El Código Penal desarrolla el delito de malversación de fondos públicos cuando sirven para enriquecer a un tercero. El artículo 434 establece que «la autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro propio o ajeno y con grave perjuicio para la causa pública, diere una aplicación privada a bienes muebles o inmuebles pertenecientes a cualquier Administración o Entidad estatal, autonómica o local u Organismos dependientes de alguna de ellas, incurrirá en las penas de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años».
El pago de rescate con dinero público a los piratas somalíes sería considerado un delito. De hecho, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz cerró el pasado julio la instrucción del caso Alakrana sin poder averiguar quién pagó el rescate. Requirió para ello informes de la Policía y la Guardia Civil que no arrojaron luz sobre el caso. Tampoco instó al Gobierno a desclasificar material reservado del CNI que pueda identificar a los autores del pago del rescate. A diferencia de lo sucedido con la Policía y La Guardia Civil, los servicios secretos no respondieron al juez que no disponían de dato alguno. Se limitaron a contestar que su información estaba protegida por la Ley de Secretos Oficiales, por lo que sólo una decisión del Consejo de Ministros podría sacarla a la luz. Ni el fiscal ni las acusaciones quisieron ir por esa vía, por lo que el magistrado archivó el asunto.
Sin embargo, el movimiento bancario ordenado por la subsecretaria de Exteriores coincide en el tiempo con la ebullición de la operación Alakrana. El Gobierno había constituido un llamado gabinete de coordinación o célula de crisis para intentar la liberación del pesquero y en él participaban dos altos cargos que ya no pertenecen al Ejecutivo: la entonces vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega y el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos. Y también otra ministra que sí continúa, la titular de Defensa, Carme Chacón.
Cinco días después de la llegada del dinero de Exteriores a la cuenta de la Embajada, el propio presidente del Gobierno proclamó la liberación del pesquero. José Luis Rodríguez Zapatero fue preguntado ya aquel día 17 si se había pagado un rescate y el presidente respondió así: «El Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer, el Gobierno ha trabajado, trabaja y trabajará dentro de la legalidad, por supuesto, y cooperando en este caso con el armador y con todas las familias, que han tenido una situación muy difícil».
Después hizo este llamamiento: «Seamos prudentes y seamos responsables. Lo importante es que los marineros van a estar con nosotros y lo importante es que un Estado, un país, se vuelca con los ciudadanos que en actividades privadas, en este caso en actividades económicas, atraviesen dificultades. Y estoy seguro de que ése es el país que quiere la inmensa mayoría de los ciudadanos: un país con un Estado y un Gobierno que hace lo que tiene que hacer, y es lo que hemos hecho».
Con cierta ambigüedad se manifestó al día siguiente en rueda de prensa en Roma el ministro de Justicia, Francisco Caamaño. «España como país no ha pagado ningún rescate», dijo. Otro alto funcionario vinculado al caso, el secretario general del Mar, Juan Carlos Martín realizó después esta afirmación: «Desconozco la cantidad y sólo sé que el Gobierno de España ha apoyado al armador».
Todo este galimatías fue zanjado por Fernández de la Vega en la rueda de prensa el día 20, en el primer Consejo de Ministros tras la liberación: «España no ha pagado ningún rescate».
Y ya este mismo año, el pasado día 31 de septiembre, Moratinos afirmó ante la Comisión de Exteriores del Congreso que «el Gobierno de España no paga rescates ni a terroristas ni a piratas». Respondía así a las acusaciones de Argelia sobre que España abonó el pasado agosto un rescate para la liberación de los cooperantes catalanes en el Sahel y aprovechó para recordar que tampoco lo hizo en el Alakrana. Ya entonces el ministro había relevado a María Jesús Figa. Ésta fue destituida el pasado 9 de septiembre.
EL MUNDO publicó tras la liberación del pesquero que el CNI había adelantado hasta 2,7 millones de euros a los piratas a la espera de que el armador devolviera el dinero obtenido del seguro. También que en el primer fin de semana tras la liberación los piratas celebraron varias bodas en la localidad somalí de Haradhere en un festín de droga y alcohol.
En aquellas fechas se especuló con que el Estado había adelantado dinero al armador del Alakrana, Kepa Etxebarría, hasta que éste pudiera cobrar a su vez el obtenido de las compañías de seguros. Éste declaró el pasado 17 de enero ante el juez que se podía cuantificar en medio millón de euros los daños causados al pesquero durante el secuestro. Explicó que recibió las noticias de la negociación y liberación a través de Pepe, un presunto agente del CNI. Según el armador, éste sólo le dijo que trabajaba «para los misteriosos» y que fue clave en las conversaciones con los piratas, aunque no le respondió cuando le preguntaba si era un agente del Gobierno.
Todo esto ya se sabía, pero como lo niegan todo, pues asi les va.
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