Piden al CGPJ que investigue las medallas de Interior a los jueces

F. L. / Madrid

Las medallas no dejan a nadie indiferente. Y algunos quieren que se ponga el filtro, que se indague, que se tomen medidas para que la judicatura siga manteniendo su imagen de independencia. Porque algunos entienden que esta serie de condecoraciones otorgadas por el Ministerio del Interior puede deteriorar la imagen de los jueces. A muchos no les gusta que el Departamento dirigido por Alfredo Pérez Rubalcaba reparta pensiones de hasta el 20% de los sueldos de forma vitalicia. Y en esa línea se encuentra la asociación de juristas Preeminencia del Derecho, dedicada, desde su constitución en 2006, a combatir las arbitrariedades de los poderes públicos, según consta en sus fines estatutarios.

Este colectivo, que preside José Luis Mazón, entre otros abogados, ha remitido un escrito al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para pedir una investigación. Defienden la tesis de que «la mujer del César no sea sólo honrada, sino que, además, lo parezca». En su escrito, que obra en poder de EL MUNDO, indica que el Ministerio del Interior ha concedido la Cruz del Mérito Policial con distintivo rojo a los magistrados Javier Gómez Bermúdez y Fernando Grande-Marlaska. «Dicha distinción lleva consigo una pensión vitalicia del 10% de la retribución de los distinguidos», indica el escrito.

«La imparcialidad de los citados magistrados, ambos del orden penal, queda comprometida, ya que es notorio que la Policía tiene intereses directos en los procesos penales, sus atestados tienen que ser evaluados por esos mismos juzgadores condecorados, al juez Marlaska, como instructor, la Policía le tiene que pedir autorizaciones de entrada y registro, así como de interceptación de comunicaciones y de otros tipos que arbitra la ley. Una vez en nómina policial, el juez pierde su imparcialidad», indica el escrito de denuncia, que considera «incompatible con el deber de preservar la imparcialidad el que ambos magistrados hayan aceptado la citada medalla, y más recibiendo un importe económico».

«¿Con qué autoridad moral el juez puede ratificar la detención operada por la Policía si ha aceptado regalos de la propia Policía y cobra de ella?», se pregunta esta asociación. Y pone sobre la mesa las similitudes con el «cohecho impropio del artículo 426 del Código Pena». Los denunciantes entienden que los magistrados deben devolver las percepciones «derivadas de las susodichas medallas por ser incompatibles con el deber de independencia e imparcialidad, ya que no se puede ser juez del orden penal y estar en nónima del Ministerio del Interior».