El juez cree que ETA y las Farc fabricaron armas en Venezuela

MANUEL MARRACO / Madrid

Ordena una pericial para demostrar que desarrollaron juntos explosivos y lanzagranadas / Envía policías a Colombia a interrogar a guerrilleros arrepentidos

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha ordenado a las Fuerzas de Seguridad que elaboren un informe pericial sobre el trabajo conjunto de ETA y las Farc en el desarrollo de nuevas armas, principalmente en territorio venezolano. De los datos aportados por los investigadores al juzgado, se desprende que las dos organizaciones terroristas intercambiaron conocimientos sobre explosivos y lanzagranadas. El resultado más claro habrían sido los «cilindros-bomba y su sistema de lanzamiento» empleados por las Farc, que ETA denominaba lanzagranadas Jotake-Handia.Ésta es una de las diligencias previstas en la causa sobre la colaboración entre ambos grupos terroristas, que incluye el envío de policías para interrogar a ex miembros de las Farc que entrenaron con etarras. Sigue en página 4

Velasco ambién quiere interrogar a varios testigos que podrían arrojar luz sobre las facilidades ofrecidas por el régimen de Chávez a miembros de ETA.

El juez ha acordado que los agentes se desplacen a Colombia para interrogar a nueve ex miembros de las FARC que aseguran haber coincidido en los campamentos con miembros de ETA. Tres de ellos ya hicieron declaraciones precisas hace meses e identificaron fotográficamente a estos etarras, lo que sirvió al juez Velasco para dictar un auto de procesamiento que desvelaba las facilidades que los terroristas recibían en Venezuela.

Ahora, los policías españoles tomarán declaración a otra media docena de guerrilleros arrepentidos, incorporados al Programa de Desmovilizados promovido por el Gobierno colombiano. Tres de ellos ya declararon hace meses, pero el juez quiere que la Policía les muestre fotos de etarras para que los identifiquen. Con los otros tres ex guerrilleros aún no ha hablado la Policía española, según informaron fuentes jurídicas.

Una vez concluido ese trabajo policial, el juez tiene previsto tomarles declaración desde España por videoconferencia.

Además, el magistrado ha citado para el próximo mes de noviembre a un ex militar y un ex diplomático venezolanos que, según las acusaciones populares personadas en la causa, podrían aportar datos sobre las vinculaciones entre el Gobierno de Hugo Chávez y la colonia etarra instalada en ese país.

Los dos testimonios han sido propuestos por la acusación popular ejercida por la AVT y la Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid. En concreto, el ex militar habría llegado a conocer a Arturo Cubillas, jefe de la colonia etarra y pieza clave en la investigación por su proximidad al régimen de Chávez. Por su parte, el ex diplomático podría ofrecer datos sobre los campos de entrenamiento de las FARC en territorio venezolano.

El juez de la Audiencia Nacional también tiene previsto tomar declaración a un ex fiscal venezolano que ha sido declarado testigo protegido. El ex fiscal remitió recientemente una carta al juzgado en la que explicaba que recibió la instrucción directa de abandonar el expediente contra un etarra que había sido localizado entrando en el país con documentación falsa. De acuerdo con su relato, cuando le correspondió investigar el caso, el fiscal general de la República «giró instrucciones para que [el asunto] no regrese al despacho fiscal». Es decir, que se enterrara el expediente, como así sucedió.

El ex fiscal se encuentra fuera de Venezuela desde hace años y sería interrogado por videoconferencia. Velasco aún no ha acordado la diligencia, pero ya ha pedido a las partes que elaboren un cuestionario para el testigo protegido.

El resultado del conjunto de diligencias podría servir tanto para dictar nuevos procesamientos como para reforzar los ya acordados en el auto del pasado 24 de febrero. En ese escrito ya se recogían múltiples datos que ahora el juez quiere agrupar en la nueva pericial de explosivos. La colaboración de ambas organizaciones para desarrollar armas y hacer prácticas en suelo venezolano se reflejaba en diversas comunicaciones intervenidas a ETA, que se refería a ello como el asunto Gabardina. Parte del desarrollo se había producido en Cuba.

«Ese intercambio continuaba con las pruebas del asunto Gabardina en campamentos de las FARC instalados en territorio de Venezuela, mediante las que la organización terrorista colombiana aprovechaba para adiestrarse en los procesos de fabricación y utilización de granadas o morteros similares, que serían las llamadas por ETA Jotake-Handia y por las autoridades colombianas 'cilindro-bomba'». El auto reflejaba así las similitudes de armamento entre los dos grupos terroristas. «Las FARC han empleado granadas o morteros muy similares a los utilizados por ETA en el atentado contra el cuartel de Aizoain», dice el juez. «Así, en febrero de 2003, precisamente el mismo año en que ETA utilizó por primera vez las granadas Jotake-Handia, las autoridades de Colombia difundieron una serie de fotografías relativas a técnicas y procedimientos empleados por la organización terrorista colombiana. Entre esas fotografías se incluía lo que las autoridades de Colombia denominaban 'cilindro-bomba y su sistema de lanzamiento', que es muy similar a la granada, elaborada también a partir de un envase comercial de gas a presión, y los tubos lanzadores denominados Jotake-Handia de ETA», explica el magistrado.