11:57 (07-10-2010) | 1
El abogado de 'Sandokán' afirma que recibió 200.000 euros.
Uno de los últimos fichajes de Alfredo Pérez Rubalcaba quedó ayer en entredicho por estar relacionado con uno de los casos de corrupción urbanística más importantes de España. Según denunció ayer el abogado de Sandokán, el constructor Rafael Gómez, acusado en el caso Malaya, que se juzga estos días, las siglas J. A. G. que aparecen en unos documentos confiscados al presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, podrían pertenecer a Juan Antonio González, el comisario jefe de la Policía Judicial. El ministro del Interior eligió hace poco a González para coordinar todos los casos de corrupción que estén relacionados con cargos políticos.
El responsable de la defensa de Rafael Gómez, Antonio Urdiales, señaló ayer durante la quinta sesión del juicio que “no se puede tratar de otro que del comisario jefe de la Policía Judicial”, en referencia a las siglas. De hecho, según informa Europa Press, Urdiales llegó a indicar que se ha intentado ocultar este dato pero que “hasta los porteros de las comisarías lo saben”.
Ritmos dispares
El abogado de Sandokán criticó además la rapidez con la que se han descifrado el resto de las siglas que aparecen en los documentos incautados en los que se detallan los presuntos pagos de la trama, sentados muchos de ellos en el banquillo de los acusados en este juicio. Sin embargo, este acrónimo ha permanecido hasta ahora en el anonimato y, como denuncia Urdiales, si se meten las siglas en Internet se ve que todo el mundo las reconoce. “Será o no será, pero con estos mimbres no se trata de otro que del comisario jefe de la Policía Judicial Juan Antonio González, parece sospecharse que no se puede tratar de otro”, apuntaló. De hecho, el abogado defensor insistió en su teoría porque está convencido de que “si se tratara de otra persona, estaría más que detenido”.
Urdiales, que consiguió ayer desviar la atención de su cliente, explicó que el instructor del caso, Miguel Ángel Torres, solicitó a la Brigada de Régimen Interior de la Policía que localizara a una persona vinculada con el Cuerpo Nacional de Policía con estas siglas porque supuestamente recibió 200.000 euros por parte de Roca a cambio de información. Sin embargo, tal y como aclaró, no se han encontrado diligencias a este respecto ni pruebas que aclaren quién puede ser J. A. G., por lo que pidió a la Sala que “se reclamen cuantas actuaciones se hayan practicado, con independencia de que los inspectores que intervinieron en la investigación consten citados” e ilustren “sobre qué investigaciones realizaron y qué les ocurrió por investigar tanto”.
A la salida de la Sala, acosado por las preguntas de los periodistas, Urdiales justificó sus manifestaciones ante la posibilidad de que se pudiera estar “ante un delito provocado” y se preguntó por qué desaparecieron hasta 17 archivadores en noviembre de 2005 “tras el soplo”.
Por otro lado, la Fiscalía Anticorrupción, según informa Europa Press, en un escrito remitido al juez el 15 de enero de 2007 indicaba que los pagos que podría haber efectuado Roca a J. A. G. “se habrían producido una vez iniciado el presente procedimiento, por lo que los mismos estarían presuntamente vinculados con la información que dichas personas o funcionarios policiales podrían haber estado proporcionando a dicho imputado sobre el alcance de las diligencias judiciales”.
Más quejas
Urdiales no fue ayer el único abogado en denunciar irregularidades. El letrado Miguel Bajo, encargado de la defensa del ex alcalde de Marbella Tomás Reñones, apuntó ayer que “no ha habido un juez instructor en el caso, sino un jefe de la Policía Judicial”. Además, acompañó su crítica con una reflexión: “Tiene que sorprender la unanimidad con la que los letrados han considerado la instrucción merecedora de ser calificada nula”.
Bajo se preguntó si en este país se están formando “sólo jefes de Policías y juristas” y manifestó que “la corrupción administrativa la evitan los partidos políticos pero no un juez instructor que se irroga en el papel de enviado por alguien divino y que está fuera de los márgenes, dictados y las limitaciones que las leyes establecen a los poderes públicos en defensa de los intereses de los ciudadanos”.
El letrado considera que el instructor Miguel Ángel Torres “insulta al derecho de defensa” y pidió que “se borrara del procedimiento las descalificaciones” que el instructor hace de las defensas” y cuestionó las últimas declaraciones por las “maniobras” del procedimiento.
Esto es peor que Italia, que vergüenza y asco me da. Es una pena, con el trabajo honrado de policías honrados, que se tenga que ver y oir todo esto, dan ganas de meter fuego a todo.
ResponderEliminarNo nos merecemos un gobierno que nos mienta (palabras dichas por rubalcaba).