'El Pocero', Bono y los límites del cohecho impropio

EL PRESIDENTE del Congreso ha denunciado que se siente víctima de una campaña orquestada ora por un grupo de comunicación, ora por la secretaria general del PP junto a su marido. Es posible que, en efecto, sobre José Bono se haya puesto una atención especial vinculada con la circunstancia de que, dedicándose a la política, haya reunido un respetable patrimonio personal, pero eso es legítimo, tanto por parte de los medios como de los grupos políticos. Este periódico ya dijo que, de acuerdo con la documentación facilitada por Bono, su actuación podía no casar con la de un líder de izquierda, pero no tenía visos de ilicitud. Cuestión distinta es, como también advertimos, que sea necesario cambiar la ley para que un alto cargo no pueda poner en marcha una actividad comercial como, por ejemplo, una hípica. Pero un nuevo asunto está ya sobre el tablero. La semana pasada, cuando este periódico reveló que un dictamen del Tribunal de Cuentas aprobado por unanimidad consideraba que la Junta de Castilla-La Mancha había cometido una negligencia al no impedir el despropósito de Seseña, Bono aseguró que todo estaba dentro de la legalidad. Sin embargo, no es precisamente ésa la conclusión que se extrae del informe que hoy publicamos de la Intervención General del Estado, que atribuye graves responsabilidades tanto al Ayuntamiento de Seseña como a la Junta en la construcción de la ciudad residencial de El Pocero, ahora abandonada. Lo que el interventor dice es que se incumplió la Ley de Ordenación del Territorio y que se cometió el «desatino» de cubrir la operación bajo «el manto» de un plan parcial, cuando se trataba de una «modificación total», al quintuplicar la población. La no intervención de la Junta en una actuación que convertiría a Seseña «en uno de los municipios más poblados de la comunidad», es tan extraña que, a ojos del interventor, sólo pudo deberse a «grave dejación de responsabilidades o a protección de intereses ilegítimos».

La Intervención está sugiriendo que el Ayuntamiento y la Junta pudieron incurrir en un delito de prevaricación, del cual serían responsables el alcalde y el consejero, Alejandro Gil, hombre de confianza de Bono. Sin embargo, las responsabilidades políticas no se acaban en ellos. El beneficiario de una recalificación urbanística en sí misma que generaba unas plusvalías de más de 1.000 millones de euros era Francisco Hernando, El Pocero, un constructor que realizó obras en la hípica de la familia Bono y que le agasajó en diversas ocasiones. Si se demostrara que El Pocero le otorgó un trato favorable, esto podría llegar a situar la relación de Bono con el promotor en un escenario de cohecho impropio, el mismo delito del que se acusa a Camps con bastante fundamento. El catedrático Enrique Gimbernat explica hoy en EL MUNDO las diferencias entre cohecho propio e impropio. En el primer caso, hay que probar que los funcionarios públicos reciben obsequios a cambio de concesiones. En el segundo, basta con aceptar los obsequios -que pueden tener muchas formas- para que «el funcionario pase a ser un sujeto corruptible y sospechoso, en cuanto que con la aceptación del regalo se ha generado una relación de dependencia respecto de quien realizó el obsequio». El bien jurídico protegido en este delito es el de «preservar la apariencia de imparcialidad, neutralidad y sujeción a la ley en el ejercicio de la función pública».

Resulta inexplicable -si no escandaloso- que la Fiscalía Anticorrupción tenga en sus manos desde hace tres años el informe de la Intervención y no haya iniciado un procedimiento penal para investigar los presuntos delitos. En cuanto al presidente del Congreso, tiene la obligación de aclarar por qué permitió que se llevara a cabo «el desatino» de Seseña y si su actuación tuvo algo que ver con su relación con El Pocero.

Insólita justificación jurídica para reformar algunas leyes orgánicas