Desarrolla uno de los artículos del Estatut cuestionado por el fallo y fijasanciones de hasta un millón a los comercios que no atiendan en catalánLa Generalitat insiste en que no desvelará su estrategia para «recuperar» el Estatut hasta que conozca la «integridad» de la sentencia, que el Tribunal Constitucional (TC) no hará pública en un par de semanas. Sin embargo, la cautela que el Govern emplea a la hora de reaccionar no es equiparable a la que usa para legislar.
El Parlament aprobó ayer -con los votos a favor del tripartito- el Código de Consumo, que podría ser inconstitucional, pues se basa en uno de los artículos del Estatut, el 34, que los magistrados han puesto en entredicho y que deberá ser interpretado. Una interpretación que, de momento, desconocen los 68 diputados de PSC, Esquerra e ICV que ayer votaron a favor de este Código.Sigue en página 4
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A quien no se le ha escapado que esta nueva regulación del consumo en Cataluña puede nacer viciada de inconstitucionalidad desde el primer momento es a la oposición. «Estamos viviendo la primera muestra del desacato a la sentencia del Tribunal Constitucional», aseguró José Domingo, parlamentario autonómico del Grupo Mixto, durante el debate de la ley. «Entendemos que, tras la sentencia del Constitucional, en esta ley hay artículos realmente dudosos», coincidió Eva García, diputada del PP en el Parlament.
Y es que el fallo estatutario contiene una serie de artículos que deberán interpretarse de acuerdo con las claves que determinen los jueces. Entre ellos se encuentra el artículo 34 del Estatut, que establece: «Todas las personas tienen derecho a ser atendidas oralmente o por escrito en la lengua oficial que elijan en su condición de usuarias o consumidoras de bienes productos o servicios». El precepto introduce también el concepto de «disponibilidad lingüística» para todos los establecimientos abiertos al público en Cataluña.
Según informó ayer este diario, el inminente fallo íntegro, que se conocerá en los próximos días, especificará que esta disponibilidad lingüística no puede entenderse como una imposición. Eso podría dejar sin efecto varios artículos de la ley aprobada ayer.
El Código de Consumo establece en su artículo más polémico, el 128.1, que todo el mundo tiene derecho a ser atendido en catalán en los comercios. «Si eso se aplica, se pueden llegar a producir incluso despidos por incapacidad sobrevenida. Imagine un camarero de origen suramericano, que entiende el catalán, pero que no lo habla. A esta persona la podrían echar de su puesto de trabajo, pues no podría cumplir con la obligación de responder en esta lengua a los clientes», explica Domingo.
Al diputado del Grupo Mixto también le preocupa el artículo 211.5 de este Código de Consumo que, en su opinión, choca con la interpretación que los magistrados quieren establecer en esta materia. Dicho precepto obliga a que toda la documentación e información para los consumidores y usuarios de los comercios, bares y establecimientos en general abiertos al público, estén en catalán «a disposición inmediata». «Es decir, no se le da al comerciante un margen de tiempo para que pueda traducir o conseguir la documentación en este idioma», dice el diputado.
La mera obligatoriedad no sería preocupante si no fuese porque el Código impone multas de hasta un millón de euros por no cumplir con estas disposiciones lingüísticas. Y es que el artículo 331.6 tipifica como infracción «vulnerar los derechos lingüísticos de las personas consumidoras o incumplir las obligaciones en materia lingüística que establece la normativa».
Lo elevado de las sanciones ha llamado incluso la atención del grupo parlamentario de CiU, que se abstuvo en la votación. Xavier Dilmé, el diputado nacionalista que debatió ayer la norma, consideró que «debería haberse priorizado la pedagogía por delante de la sanción».
La otra cara de la moneda la puso Esquerra, que se mostró encantada con la aprobación de este nuevo Código de Consumo. «En la práctica se abre la puerta a que veamos etiquetados en catalán todos los productos, las instrucciones de los medicamentos o el manual de uso de los electrodomésticos. Hemos dado un paso hacia la normalización del catalán», presumió el diputado republicano Miquel Carrillo.
La de ayer no es la única norma catalana que choca con el fallo emitido el lunes por el Constitucional. Son varias las leyes que ahora contienen preceptos inconstitucionales, pues habían sido dictadas antes de la sentencia. La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, se lo hizo saber al presidente de la Generalitat, José Montilla, en una reunión que ambos mantuvieron anoche. Montilla no contestó a la preocupación de Sánchez, que planea presentar una batería de propuestas para reconducir este paquete legislativo hacia la constitucionalidad.
El charnengo del president, no atiende a razones..
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