TRAS la amenazante intervención de Montilla en el Senado poniendo en cuestión una vez más «la relación entre Cataluña y España», el PSOE propuso ayer formalmente al PP la renovación de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional nombrados por la Cámara Alta, cuyo mandato expiró hace dos años y medio. Los socialistas, que van a pedir hoy la reunión de la Comisión de Nombramientos, proponen al PP un reparto a partes iguales de las cuatro vacantes, que tienen que ser cubiertas con una mayoría de 3/5.
Ello supone una rectificación de Zapatero, que hasta ahora no había apoyado la renovación del Constitucional y se había manifestado a favor de mantener su actual composición hasta que hubiera una sentencia sobre el Estatuto de Cataluña.
La propuesta del PSOE no es, sin embargo, neutral, porque la renovación supondría la salida de María Emilia Casas, presidenta del Constitucional, y de los magistrados Guillermo Jiménez, Vicente Conde y Jorge Rodríguez Zapata. Estos tres últimos fueron promovidos al Alto Tribunal por el PP y la presidenta fue elegida a instancias del PSOE. Por lo tanto, si se produjera una renovación paritaria, los socialistas ganarían un puesto a cambio del que perdería el PP.
Ello cambiaría la actual relación de fuerzas en el seno del Constitucional y crearía una nueva mayoría a favor del PSOE, que estaría en condiciones de convalidar el Estatuto con mínimos cambios. Pero es que además la renovación supondría que el Constitucional tendría que volver a estudiar el recurso del PP desde cero, ignorando los trabajos realizados durante cuatro años.
Ni qué decir tiene que la renovación implica que no habría sentencia hasta una fecha muy lejana en el tiempo, probablemente varios años, lo que supondría un gran triunfo político de Montilla de cara a las elecciones autonómicas que se celebrarán en octubre.
Hay, además, otra trampa en la propuesta del PSOE. Tras denigrar durante meses a Francisco Hernando y Enrique López, candidatos del PP, el PSOE dice ahora que los aceptaría como prueba de buena voluntad. En realidad, los acepta para poder recusarlos, ya que ambos firmaron un informe jurídico en el que se subrayaba la inconstitucionalidad del Estatuto de Cataluña. Ello supone que se tendrían que apartar de este asunto, con lo cual dejarían camino libre a un fallo totalmente favorable a los intereses del PSOE.
Sería absurdo, por tanto, que el PP aceptara una propuesta envenenada que va encaminada a cambiar la mayoría del Tribunal y, por eso, a rechazar su propio recurso. No en vano Montilla pedía ayer el nombramiento de «magistrados libres de sospecha de parcialidad», lo que para él significa que estén a favor de la convalidación del Estatuto.
Resulta evidente que Montilla quiere disputar un nuevo partido con un árbitro distinto para poder dar la vuelta a un resultado que ahora le es adverso. El PP no se puede prestar a esta burda maniobra que crearía, además, un precedente peligrosísimo. Lo único que cabe defender es que el Constitucional haga su trabajo y se pronuncie sobre el Estatuto, ya que tiene toda la legitimidad para hacerlo. Si no ha habido hasta ahora acuerdo sobre las ponencias presentadas, María Emilia Casas tiene la potestad de someterlo a votación artículo por artículo.
La renovación ahora supondría un grave descrédito para el Constitucional, ya que quedaría acreditada su incapacidad para resolver un asunto de Estado. Por ello, sus magistrados tienen que ponerse manos a la obra y dictar sentencia, que es para lo que fueron nombrados.
Pues claro, asi con ese cambio, obtendrá el voto para el decretazo.
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