Un carta muy publicitada

LUCHA ANTITERRORISTA / El 'caso Faisán'
Un carta muy publicitada

FERNANDO LÁZARO

El secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, quiso dejar clara su posición ayer ante los representantes del Cuerpo Nacional de Policía. Con intención o sin ella, el 'número dos' de Interior remitió una carta a los principales sindicatos. Se trata del mismo escrito que remitió el lunes a este diario, a la atención de su director, Pedro J. Ramírez.

En dicha carta, Camacho no negaba haber mantenido conversaciones con el director general de la Policía Víctor García Hidalgo justo después de que éste, presuntamente, diera luz verde al chivatazo a ETA. Pero sí aseguró que el contenido de esas llamadas distaba mucho de referirse a la delación.

Pero aprovechaba la misiva para lanzar una seria advertencia de que si se le hubiera investigado su tráfico de llamadas en las fechas del chivatazo a ETA, hubiera sido una actuación «ilegal». Esta aseveración ha provocado mucha sorpresa entre expertos investigadores. Todos aseguran que ningún policía sabe lo que se va a encontrar cuando comienza una investigación. Explican que si al investigar a un implicado en una supuesta trama se detectan contactos con otras personas, esos contactos se deben consignar y eso no significa que el segundo protagonista de la conversación aparezca implicado en las pesquisas.

El hecho de que el secretario de Estado haya reiterado en su misiva la advertencia sobre posibles comportamientos ilegales únicamente se interpreta entre los agentes como un aviso a navegantes encaminado, fundamentalmente, a blindar toda la información policial sobre el chivatazo

LUCHA ANTITERRORISTA / El 'caso Faisán'
Camacho llamó a Hidalgo al móvil secreto que usaba ETA

El secretario de Estado contactó al menos tres veces con el director de la Policía a través del mismo número que encontraron al etarra Iurrebaso / El teléfono de Camacho figura en la parte reservada del sumario y fue investigado por el chivatazo


FERNANDO LÁZARO

Madrid
Está negro sobre blanco. Al menos en tres ocasiones, el actual secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, comunicó con el que fue director general de la Policía Víctor García Hidalgo, señalado como uno de los responsables del chivatazo a ETA. Pero no comunicó con su teléfono oficial. Llamó al número secreto utilizado por García Hidalgo y que era el mismo del que disponía la banda terrorista ETA durante el llamado proceso de paz para contactar con el Gobierno.

El móvil, cuyas tres últimas cifras son 190, llevaba una tarjeta de Movistar cuyo uso es atribuido por los investigadores del chivatazo a García Hidalgo. Ese número es el que llevaba anotado el etarra Jon Iurrebaso cuando se le detuvo en Francia en marzo de 2007. Este terrorista (uno de los interlocutores de ETA en el proceso) mostró una tarjeta con tres números de teléfono entre los cuales estaba el 648XXX190.

En uno de los últimos informes remitidos por el equipo de investigadores del chivatazo dirigido por Carlos G. se hace mención a este teléfono secreto utilizado por el director general. Y se detallan, entre otras comunicaciones, tres con un número de teléfono móvil que pertenece a la Subsecretaría del Ministerio del Interior y que es utilizado por el secretario de Estado Antonio Camacho. Es decir, los investigadores conectan en sus informes a Camacho con Víctor García Hidalgo y con el etarra encargado de la negociación.

En concreto, los agentes detallan que los investigados utilizaron teléfonos con tarjeta prepago para tratar de eludir las pesquisas sobre su implicación en el chivatazo al responsable del entramado de extorsión etarra.

En los informes policiales se detalla que «la tarjeta Movistar 64XXXX190, que se activa el 16-2-06, es usada por el director general de la Policía, por cuanto en su tráfico de llamadas figuran números de teléfonos relacionados con la actividad profesional del director general y otros vinculados con personas de su entorno familiar más directo».

Sorprendentemente, es con este teléfono con el que el día 14 de septiembre de 2006 contacta el secretario de Estado de Seguridad. En lugar de llamar a García Hidalgo a su móvil oficial, lo hace a través de este teléfono de tarjeta prepago. Según se detalla en los documentos que obran en poder de Garzón, el 14 de septiembre, a las 14.04 horas, el director general telefonea desde su móvil secreto a Antonio Camacho. La llamada tiene una duración de 60 segundos. García Hidalgo se encontraba en ese momento en Vitoria, según recogen los datos de la BTS, los postes repetidores de teléfono donde se recogen las señales.

Ese mismo día, a las 20.50 horas, es el secretario de Estado quien llama a ese número «secreto» de Víctor García Hidalgo. La BTS vuelve a ubicar al director de la Policía en Vitoria (su lugar de residencia habitual). La llamada tiene una duración de 47 segundos. Los investigadores, en el informe elevado al juez, no detallan que las llamadas son realizadas y recibidas por el secretario de Estado. De hecho, no aportan más datos.

Pero apenas una página después, en el mismo informe, estos investigadores incluyen otra comunicación entre ambos. Se produjo unas fechas antes, el 8 de septiembre, el día en que se materializa el cese del director general de la Policía. Desde el teléfono que tiene ETA, García Hidalgo telefonea al móvil de Camacho. El llamante se encontraba en ese momento en Aranda de Duero (Burgos). Estas son las tres pinceladas que los investigadores incluyen en sus escritos sobre el polémico teléfono acabado en 190.

Como declaró el propio Iurrebaso en Francia ante la juez Le Vert, ese número le fue facilitado en un encuentro anterior por uno de los interlocutores del Gobierno para que lo utilizara como salvoconducto si tenía algún problema. Y así lo mostró cuando fue detenido. Junto a este número utilizado por García Hidalgo aparecía también el de un mando de la Policía francesa.

Tras esta detención, la juez antiterrorista Le Vert envió una comisión rogatoria a España para que la Audiencia Nacional le informara de la identidad del titular del móvil secreto.

La comisión rogatoria le llegó al juez Del Olmo, quien sufrió en este caso la presión de Baltasar Garzón que quería hacerse cargo de esta comisión. El caso acabó en manos de Garzón. Argumentó que llevaba un sumario en el que aparecía implicado el compañero de Iurrebaso en el momento de su detención.

Mientras se discernía la batalla legal, Camacho remitió un escrito a Le Vert en el que daba respuesta a las preguntas planteadas por la juez sobre ese polémico teléfono.

Este periódico ya informó ayer de que el secretario de Estado había mantenido una conversación con el director general de la Policía inmediatamente después de que éste, según los investigadores, hubiera organizado el chivatazo a ETA, el 4 de mayo de 2006.


Las reacciones

>UPYD. La diputada y líder de Unión, Progreso y Democracia, Rosa Díez, exigió explicaciones urgentes al Gobierno y al ministro del Interior, y les pidió que no se refugien en que el asunto está siendo investigado por los tribunales. «Es el escándalo más grave sucedido en al democracia española», añadió.

>PP. Javier Arenas, vicesecretario del Partido Popular y presidente de este partido en Andalucía, manifestó que los políticos deben «ahondar en los debates reales, como el que suscita el hecho de que un chivatazo de un policía pueda dar lugar a que un etarra se escape».

>Foro Ermua. Fernando García Capelo, abogado de este colectivo, afirmó que los autores del chivatazo a ETA podrían ser acusados de un delito de colaboración con banda terrorista, pero no de traición, porque para ello sería necesario que con esa acción se hubiera favorecido a una potencia o asociación extranjera.

>Ministro de Justicia. Francisco Caamaño declaró a TVE que el Gobierno tiene «la máxima tranquilidad» en este asunto, porque «no está detrás» del chivatazo a ETA. «Lo más relevante», añadió, es que todos los presuntos terroristas relacionados con este asunto «están ya en la cárcel».


LUCHA ANTITERRORISTA / El 'caso Faisán'
Rajoy: «No lo han desmentido»

CARMEN REMÍREZ DE GANUZA


Madrid

«El Gobierno ha sido incapaz de decirle a la gente que no es cierto que algunos funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, siguiendo, naturalmente, instrucciones políticas, han dado un chivatazo para que un etarra no fuera detenido. «¡Es que ni de desmentirlo ha sido capaz el Ministerio del Interior», afirmó ayer Mariano Rajoy en relación con la delación a ETA. Razón por la cual, anunció que el PP «va a dar la batalla para que se sepa la verdad» y para impedir, además, el archivo del caso.

Y ello, a través de dos vías, la parlamentaria y la judicial. Precisamente, la Sala Penal de la Audiencia Nacional confirmó ayer la decisión del juez Baltasar Garzón de autorizar la personación del PP en el 'caso Faisán'. Eso sí, la formación deberá llegar a un acuerdo con la Unión de Oficiales de la Guardia Civil para que les represente el mismo letrado. Ayer mismo comenzaron los contactos.

En el ámbito parlamentario, Rajoy insistió en exigir al ministro Alfredo Pérez Rubalcaba su «obligación» de dar explicaciones.

El presidente del PP también reprochó la falta de «desmentido alguno» del ministro de Justicia sobre la oferta de un cambio de destino al juez Grande-Marlaska para procurar que le sustituyera Garzón.

Por su parte, el diputado Ignacio Cosidó aconsejó ayer al secretario de Estado, Antonio Camacho, «que venga a dar explicaciones al Parlamento en lugar de mandar cartas amenazantes a un periódico». «Si tiene ahora dudas de que ha sido escuchado ilegalmente», declaró a este diario, «debería ser cesado inmediatamente por el ministro, que siempre ha calificado de 'paranoias' esas sospechas».