La Ley de la patada en las webs

La Ley de la patada en las webs
10 de Enero de 2010 - 18:48:52 - Luis del Pino
Entradilla al programa "Sin complejos" del domingo 10 de enero.

En el año 1992, y siendo José Luis Corcuera ministro de Interior, el gobierno socialista de Felipe González aprobó una polémica Ley de Seguridad Ciudadana, que incluía en uno de sus apartados la posibilidad de que la Policía pudiera practicar registros sin autorización judicial, motivo por el cual dicha ley fue bautizada como la "Ley de la patada en la puerta". Un año después, el Tribunal Constitucional declaraba la nulidad de aquella parte de la Ley que autorizaba los registros domiciliarios no sometidos a control judicial, lo que motivó la dimisión del ministro de Interior socialista.

Hoy, el gobierno Zapatero, a instancias de su sindicato de amigos de la ceja, pretende aprobar, como sea, una ley que permita cerrar páginas web en un plazo record. La intención inicial del gobierno era poder cerrar webs con una mera orden administrativa, así que no es de extrañar que los internautas, con sorna, bautizaran el proyecto de Zapatero con el nombre de "Ley de la patada en las webs".

La rebelión de los internautas, que han puesto el grito en el cielo ante ese nuevo ataque a las libertades, ha forzado a la ministra González Sinde a sacar una segunda versión más edulcorada, donde se sustituye la clausura administrativa por un cierre cautelar bajo control de la Audiencia Nacional, cierre que podrá decretarse en el plazo máximo de cuatro días tras la solicitud.
Aunque la nueva versión de la ley es menos descarada que la anterior, no por ello resulta menos peligrosa, porque se pone en manos del sindicato de la ceja, del Gobierno y de la Audiencia Nacional, que no deja de ser un órgano político, un procedimiento para poder echar el candado en un plazo brevísimo a cualquier web que se considere.

Imaginen ustedes por un momento que ponemos en manos del juez Garzón, de Cándido Conde-Pumpido y de Teddy Bautista la posibilidad de cerrar webs de modo preventivo. China parecería un paraíso de libertad informática al lado de aquello en lo que España podría convertirse.

Además, el nuevo proyecto sigue manteniendo la existencia de una denominada Comisión de Propiedad Intelectual que, además de instar ante la Audiencia Nacional el cierre cautelar de webs, podrá recabar de las operadoras de servicios de acceso a Internet datos sobre abonados, sin que sepamos qué control judicial va a haber de dichas solicitudes.

Se mire por donde se mire, el asunto no hay por dónde cogerlo. A falta de conocer el texto concreto de la lay, lo que está claro es que, para este gobierno, priman más los derechos económicos del sindicato de la ceja que cualquier derecho a libre expresión y comunicación de información. Y no vacila, para defender los dineros de sus amigos, en introducir leyes de excepción que restringen derechos fundamentales sin la más mínima justificación racional.

Porque el argumento que se da para proteger los derechos intelectuales mediante un procedimiento sumarísimo es que hay que defender la propiedad intelectual frente a aquéllos que no la respetan y que están, por tanto, cometiendo un robo. Pero entonces, ¿me podría indicar el señor Zapatero por qué esa propiedad hay que defenderla mediante un procedimiento sumarísimo y las restantes no?

¿Por qué no se aplican los mismos procedimientos sumarísimos a otros tipos de robo? ¿Por qué no apartamos preventivamente del cargo, por ejemplo, a aquellos políticos sobre los que pesan sospechas de corrupción, dado que la corrupción institucional no es otra cosa que un robo del dinero de todos los españoles? ¿Por qué no se aplican esos procedimientos sumarísimos a la hora de desalojar a los ocupas de una vivienda que no es la suya? ¿No están esos ocupas robando la propiedad de otros? ¿Por qué no se detiene cautelarmente a todo sospechoso de cometer un robo con violencia física? ¿Por qué no se aplican leyes excepcionales a la hora de juzgar denuncias de violaciones de patentes?

Pues porque en todos esos procedimientos, la tutela judicial efectiva exige que sea un juez, en un procedimiento con todas las garantías legales, el que determine cuál de las partes tiene razón. Y si el juez natural quiere dictar medidas cautelares, puede hacerlo. Pero con todas las garantías de cualquier procedimiento normal.

Si el sindicato de la ceja quiere proteger sus derechos, ya tiene la Justicia actual para protegerlos, como todo hijo de vecino. Si creen que hay una web robándoles el dinero, pues que vayan al juzgado de guardia e inicien un proceso judicial como todo el mundo, con los mismos plazos y garantías que todo el mundo. No es de recibo que Zapatero pretenda otorgar un trato de privilegio a sus amigos de la ceja, como si la propiedad intelectual fuera diferente de cualquier otro tipo de propiedad.

¿O es que a lo mejor hay alguna otra cosa detrás? Porque lo más simpático de este asunto es que esa ley no podrá proteger lo que dice que va a proteger. Porque lo único que se podría cerrar son webs de descargas situadas en España. Todas las webs que estén situadas en otros países caen fuera de la jurisdicción de los tribunales españoles. Por tanto, lo que se va a hacer es restringir derechos fundamentales de los españoles e introducir una desigualdad jurídica entre los españoles, para al final no resolver el problema que se dice que se quiere resolver.

Lo cual lleva a pensar si a lo mejor es que en realidad se quiere esa ley para alguna otra cosa. Por ejemplo, para disponer de una vía rápida para poder cerrar webs molestas bajo la excusa de la protección de la propiedad intelectual.

El Gobierno está restableciendo el mecanismo de la censura gubernativa propia del régimen anterior, pero tratando ahora de aplicarlo al mundo de la red.

Les invito a ustedes, por tanto, a oponerse con todas sus fuerzas en Internet a esta Ley de la patada en las webs con la que el gobierno Zapatero pretende dar un paso más en el proceso de restricción de nuestros derechos y de consolidación de la cleptocracia de la ceja.