Secretos de teléfono

El mismo policía que se jugaría antes la carrera y la libertad por prácticas ilegales se la jugaría ahora si encendiera el sistema Sitel sin aval de un juez
02.12.2009 - ANDRÉS MONTERO GÓMEZ
España es un paradigma global en la aplicación antiterrorista del Estado de Derecho. Excepciones individualizadas aparte, los aparatos del Estado no tuvieron tentaciones de legislación o procedimientos especiales -como hicieron democracias tan consolidadas como la británica en Ulster- durante los años ochenta para hacer frente a ETA. La legislación antiterrorista de entonces no era más que un aumento razonable del período de detención policial. Tampoco tuvimos la ocurrencia de lanzarnos a la guerra contra el terrorismo que, de nuevo democracias anglosajonas, propugnaron y aplicaron tras el 11-S. En cambio, España se ha mantenido como un modelo internacional en lo relativo a su rigurosa aproximación penal y criminal ante el terrorismo.
Todos damos por sentado que el Reino Unido es una democracia. Allí, un jefe de Policía puede autorizar cuantas intervenciones telefónicas o de e-mail pueda fundamentar en sospechas razonables de vulneración de la ley. Es decir, no tiene que recurrir a un juez para pinchar un teléfono. Sin embargo, esas conversaciones así grabadas a los sospechosos no pueden ser utilizadas en un proceso penal, ni como elemento acusatorio ni como nada.
Por supuesto, este componente de la inteligencia policial anglosajona es intrasplantable a nuestra legislación. Por más que se pudieran introducir mecanismos de control interno e independientes en las fuerzas de Policía para garantizar que no existen abusos en las labores de inteligencia, en España ese tipo de opciones ni se contemplan.
El asunto más reciente sobre nuestras idiosincrasias es la polémica en torno al sistema Sitel del Ministerio de Interior. El instrumental digitalizado de escucha Sitel no faculta a la Policía para intervenir los teléfonos a su discreción sin orden judicial. Eso es posible, pero es tan delictivo ahora como lo era antes con cables; y el mismo policía que se jugaría antes la carrera y la libertad por prácticas ilegales se la jugaría ahora si encendiera Sitel sin aval de un juez. Qué digo. es ciertamente menos posible una actuación discrecional de la policía con el sistema Sitel que cableando ilegalmente, como antes. Ahora con Sitel todos los procesos digitales estarán auditados, así que es de suponer improbable que un policía o una concurrencia de ellos decidan una intervención discrecional sin autorización judicial. Precisamente porque dejarían un claro rastro digital auditable de sus procesos.
Otra cuestión es lo que proporciona Sitel a la Policía cuando un teléfono es intervenido por orden judicial. En ese caso, debido a la información digitalizada del usuario disponible en el sistema, no sólo son los paquetes de voz los que están accesibles al policía investigador, sino cualquier dato personal sobre el usuario investigado que posea la compañía telefónica. Por supuesto, no se nos ha ocurrido pedirle a las telefónicas, ni a los bancos, que aseguren que sus miles y miles de empleados accedan a nuestros datos sólo para fines de operativa telefónica o bancaria. Una entidad bancaria tiene más información personal sobre nosotros que la Hacienda pública y, sencillamente, nos fiamos de ella y de sus empleados. Ahora bien, la Policía compra un sistema que facilita tanto la intervención como el posterior procesamiento de una acción de investigación judicial y entonces nos preocupa qué puede ocurrir con los datos del sospechoso.
Expresado de otra manera, quien mejor puede escuchar mi línea telefónica es mi operador de telefonía o quien mejor puede leer mis secretos en el chat de facebook es un empresario de California. y no me preocupan ni una cosa ni la otra. ¿Ustedes saben que una corporación multinacional privada, la sociedad mundial de telecomunicaciones interbancarias financieras (Swift), que agrupa a 8.300 bancos en más de 200 países y ejecuta todas las transferencias bancarias internacionales tiene el mayor banco de datos global sobre transacciones financieras públicas y privadas?
Es saludable que siempre le pidamos a la Policía que responda ante los ciudadanos. Igual que deberíamos exigírselo a nuestros políticos, sobre todo a nuestros políticos. Este país respira democracia, a veces con oxígeno de botella. Sin embargo, los controles introducidos quizás serían más efectivos si tuvieran más relacionados con la auditoria de los procesos que con la restricción 'a priori' de las capacidades. Si un policía está supervisado por un sistema de control no duden de que la probabilidad de que actúe discrecionalmente disminuyen exponencialmente.
En ese Reino Unido del que hablábamos hay no uno sino dos cuerpos independientes para supervisar el trabajo de la Policía: la comisión de quejas (IPCC) y el servicio de inspección de las policías (HMIC). Claro que esa democracia es mucho más defectuosa que la nuestra, ¿verdad?