Diputado del PP que se sintió amenazado por Rubalcaba le pregunta si tiene autorización judicial para escucharle

SITEL
Diputado del PP que se sintió amenazado por Rubalcaba le pregunta si tiene autorización judicial para escucharle
El Grupo Popular defenderá el martes en el Pleno del Congreso la necesidad de que una ley orgánica regule el sistema
MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP Carlos Floriano, que esta semana mantuvo una acalorada discusión en los pasillos del Congreso con el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, a cuenta del sistema de interceptación de telecomunicaciones (SITEL), volverá a la carga la próxima semana y preguntará a Alfredo Pérez Rubalcaba en el Pleno del Congreso si tiene autorización judicial para escuchar todo lo que dice.

La sonora discusión entre Rubalcaba y los diputados Floriano y Esteban González Pons ha sido uno de los episodios más polémicos de la presente semana parlamentaria. González Pons llegó a decir que el ministro les había amenazado y que les dijo que "ve y escucha todo lo que hace" Floriano. Pérez Rubalcaba admitió que la conversación fue tensa pero negó tales acusaciones.

Pero el PP ha decidido que la bronca no puede quedar ahí y anoche registró en el Congreso una pregunta para la sesión de control del próximo miércoles: "¿Tiene el ministro autorización judicial para escuchar todo lo que digo?", pedirá saber Floriano.

Para el diputado 'popular', Rubalcaba perdió los nervios y "ha dejado de merecer ser ministro del Gobierno de España después del comportamiento" que mostró el miércoles. "Debería dejar el Ministro del Interior, por el bien suyo, pero sobre todo por el bien de España y de los españoles", zanjó ese día.

EL TS SÓLO AVALA CASOS CONCRETOS

El secretario general del Grupo Popular, José Luis Ayllón, confirmó hoy que si el "máximo interesado" --en referencia a Floriano-- no tiene intención de denunciar esa supuesta amenaza en los tribunales, el PP no va a judicializar este asunto, y también dejó claro que no piensan cambiar de estrategia pese a que ayer mismo el Tribunal Supremo dictó su cuarta sentencia avalando SITEL.

Y es que, según la interpretación del partido de Mariano Rajoy, lo que ha venido haciendo el Alto Tribunal es dar por bueno el sistema sólo en los casos que han sido recurridos, pero no de manera global. Por eso no van a cesar en su empeño de que su utilización se regule mediante una ley orgánica, una propuesta que, a juicio de Ayllón, Rubalcaba no va a atender únicamente porque la propone el primer partido de la oposición.

En este contexto, el Congreso acogerá un primer debate sobre este sistema el martes cuando el PP defenderá en el Pleno una proposición no de ley exigiendo al Gobierno la presentación en dos meses de una ley orgánica que regule la interceptación de las comunicaciones estableciendo "la exclusiva competencia de la autoridad judicial para la gestión de todos los sistemas y software de interceptación de las comunicaciones entre los ciudadanos".

Además, reclama que se designe un funcionario identificado como responsable de los centros de interceptación de las comunicaciones. También exige que la utilización de esos sistemas requiera que el juez especifique en la resolución qué sistema de interceptación se debe utilizar y motive individualizadamente qué datos son los que deben ser interceptados.

CONTROL EN LA COMISIÓN SECRETA QUE VIGILA AL CNI

Igualmente, propone que los soportes digitales en los que se realice la grabación de datos estén "firmados por una autoridad certificada de la autenticidad para evitar la manipulación de los datos grabados". Y pide que "una vez aportados al proceso se destruyan las copias existentes, incluidos los datos obrantes en servidores de SITEL".

Los 'populares' creen que se deben regular específicamente las investigaciones referentes a los delitos de terrorismo, crimen organizado, narcotráfico, pederastia y pornografía infantil. En otro punto, plantean que la Comisión de Control de los Créditos Destinados a Gastos Reservados del Congreso, que sigue las labores del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), conozca anualmente un informe sobre la utilización de SITEL y otros software similares.

En la misma proposición se defiende que la Comisión de Justicia del Congreso elabore antes de un año un informe sobre el impacto de las innovaciones tecnológicas en los derechos civiles al ser utilizadas por la Administración Pública.

NUEVAS PREGUNTAS SOBRE EL CHIVATAZO

La sesión de control del pasado miércoles tuvo otro episodio de enfrentamiento entre el PP y Rubalcaba, referido al supuesto 'chivatazo' policial a ETA en medio de la tregua de 2006. Los 'populares' aseguraron que este caso puede ser otro "borrón" en la lucha contra el terrorismo como lo fue el GAL que pesó sobre otro Gobierno socialista del que también formaba parte Rubalcaba como portavoz, a lo que el ministro replicó que sólo el PP y ETA recurren a aquel caso de guerra sucia.

La próxima semana el PP vuelve a insistir en el tema con los dos mismos diputados que preguntaron a Rubalcaba la pasada semana: Ignacio Cosidó e Ignacio Gil Lázaro. El primero pedirá saber por qué la cinta que grabó la policía en el bar Faisán el día del soplo "tenía dos cortes que podían contener imágenes clave para la investigación" del soplo.

Gil Lázaro, por su parte, preguntará a Rubalcaba cuál es su responsabilidad política en este caso, teniendo en cuenta que era el ministro del Interior cuando ocurrieron los hechos. "La cuestión es que alguien cometió un delito de colaboración con banda armada al dar un chivatazo y quienes lo hicieron aun no han sido detenidos y pretenden darle carpetazo a este caso, mientras el Gobierno esconde muchas vergüenzas --señaló el diputado hace unos días--. Alguien traicionó a la ley, a la Policía y a las victimas y ahora pretenden que se traicione también a la Justicia".