ANTONIO SALVADOR SEBASTIÁN TORRES / Sevilla/ El Mundo
El Partido Popular le pone nombre a la X de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares. Los populares exigieron ayer la dimisión «fulminante» de Manuel Chaves tras demostrarse con pruebas que se implicó «personalmente» en un expediente de regulación de empleo financiado con cargo al fondo de reptiles durante su etapa como presidente de la Junta de Andalucía y que investiga la juez Alaya tras detectarse numerosas irregularidades.El PP cimenta su acusación en el escrito enviado el 17 de mayo de 2005 por el entonces director general del gabinete de Análisis y Relaciones Institucionales de la Consejería de Presidencia, Juan Gallo, al jefe de gabinete del consejero de Empleo, Antonio Sánchez Trujillo, requiriéndole documentación para preparar la reunión que tres días después iba a mantener el presidente de la Junta de Andalucía con el comité de empresa de A Novo Comlink España, S. L. Esta compañía planeaba redimensionar su plantilla y prescindir de personal.
Chaves recibió en el Palacio de San Telmo de Sevilla, en la tarde del 20 de mayo de 2005, a una representación de los trabajadores de la empresa malagueña, que demandaban «ayuda financiera» al Gobierno andaluz ante la intención de la dirección de cerrar el centro productivo por su baja actividad.
El entonces presidente del comité de empresa, José Barranquero García (UGT), reconoció ayer a EL MUNDO que aquella reunión con el entonces presidente andaluz fue «muy fructífera», ya que «a partir de ese momento» las consejerías de Empleo e Innovación, Ciencia y Empresa -con criterios divergentes en este asunto- empezaron a negociar «en serio». «[Comenzaron] a escucharnos, [se empezó] a avanzar y se activaron los acuerdos», explica cinco años después.
Aquel día empezaron a ponerse las bases del acuerdo que, después de al menos una decena de reuniones ya con el ex director general de Trabajo Javier Guerrero y sin la presencia de Chaves, se firmó el 18 de julio de aquel año. Ello posibilitó dar una solución a un total de 240 trabajadores de A Novo Comlink con más de 55 años ante la amenaza de cierre de la planta.
Los trabajadores accedían a un ERE suspensivo, mediante prejubilaciones y jubilaciones parciales, que tendrá un coste para la Junta de más de 35,25 millones de euros. Como broker o intermediario participó Vitalia, una de las dos compañías que trabajaban en exclusiva con la Consejería de Empleo.
Se da la circunstancia de que éste es uno de los ERE que investiga el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, tras conocerse que entre los prejubilados se halla un intruso -militante del PSOE de Sevilla- y que 42 trabajadores percibieron más cantidades de las que les correspondían. Ello obligó a la aseguradora (BBVA Seguros) a devolver esas cantidades a la Junta y a descontarla a los beneficiarios.
«Chaves dirigió, gestionó y resolvió ese ERE y es directamente responsable del ERE más fraudulento y con más irregularidades hasta ahora», afirmó ayer el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, que acusó al vicepresidente tercero del Gobierno de «mentir» tras haber afirmado en las Cortes que «ni conocía los ERE ni eran de su responsabilidad».
Sanz defendió que, con la participación «directa» de Chaves en la negociación del expediente de regulación de empleo de A Novo Comlink España, queda aclarado quién es la «X de los ERE» y da respuesta a «muchas cosas».
Esa implicación, en opinión del dirigente popular, explica que el Ejecutivo andaluz desoyera reiteradamente los informes de la Intervención General de Hacienda en los que advertía de la irregularidad del procedimiento elegido para tramitar las ayudas a los ERE y el «pánico» a entregarle a la juez Alaya las actas de los consejos de Gobierno.
«Ya sabemos por qué Chaves salió corriendo de Andalucía, porque administró personalmente el fondo fraudulento, el fondo de reptiles, se reunía con la empresa y resolvía el dinero de ese fondo que tenía que ir a la empresa», dijo Sanz.
El número dos del PP-A cerró su comparecencia advirtiendo que «mañana o pasado» denunciarán la actuación del secretario de Estado Gaspar Zarrías, implicado «hasta las cejas» en ERE financiados por la Junta a empresas de Ruiz-Mateos.
Al igual que los populares andaluces, el vicesecretario general de Comunicación del PP, Esteban González Pons, exigió ayer desde la localidad vizcaína de Guecho al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que destituya de sus cargos a Manuel Chaves tras demostrarse que está «personalmente implicado» en el escándalo de los ERE.
Según informa J. M. Alonso, González Pons afirmó que el vicepresidente tercero «tiene que poner ahora su cabeza para que le caiga todo el peso de la Justicia». «El que la hace la tiene que pagar», defendió.
Por cada minuto que pase sin que el presidente del Gobierno atienda a esta medida, el PP considera que sería «un minuto en el que el propio Zapatero estaría implicándose personalmente en el mismo escándalo» en el que está inmerso Chaves. Madrid / Sevilla
Las irregularidades, en el Tribunal de Cuentas
Arenas dijo que están en cuestión «los destinos de los fondos de formación al empleo o los ERE, donde se ha usado dinero de los parados para dar subvenciones a compromisos socialistas y sus amigos». De hecho, «ya se han detectado 3.790 fraudes en ayudas a la contratación».
La investigación interna que ha llevado a cabo la propia Consejería de Empleo ha puesto de manifiesto, tras revisar las pólizas de 5.982 trabajadores prejubilados en 68 ERE, la existencia de 183 casos irregulares. De éstos, 72 son beneficiarios que nunca trabajaron en la empresa por la que están cobrando un seguro de rentas, mientras que en los 111 casos restantes se han encontrado «discordancias administrativas».
De otro lado, el PP anunció ayer que denunciará a Canal Sur Televisión ante la Junta Electoral, como ya hizo la pasada semana, por el «seguidismo que la cadena pública lleva en relación con la estrategia de los socialistas» ante las elecciones municipales del 22 de mayo.
El portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Seguimiento y Control de la RTVA del Parlamento de Andalucía, José Luis Rodríguez, dijo que la cadena vulnera el principio de neutralidad informativa recogido en la Ley Electoral.
La estrategia de la cadena pública consiste en intentar recuperar informaciones antiguas que llegan a remontarse a hace más de un año y medio y que a día de hoy carecen de actualidad informativa, denunció Rodríguez.
Corresponsal
Oficina con spa, jacuzzi y squash
La principal actividad de este ente, un consorcio que de hecho controla en su totalidad la Junta, pero al que también pertenecen las dos diputaciones provinciales y el Ayuntamiento, es la organización de ferias y eventos. Pero la situación es tal que hasta los propios trabajadores del centro han denunciado la «inmoralidad» y el «despilfarro» en la gestión enviando un informe interno hace un año al propio presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.
En el documento, los trabajadores alertan, entre otras cuestiones, de las contrataciones irregulares con socios y miembros de los órganos rectores -copados casi en exclusiva por altos cargos socialistas, entre ellos el director general de la institución, José Luis Viñuela, diputado en la Asamblea de Extremadura y ex alcalde de Don Benito-, anomalías del personal directivo, omisiones y alteraciones contables y despilfarro en instalaciones, como las del nuevo centro tecnológico, dotado para que los directivos pueda disfrutar de la última generación de jacuzzi, spa, pistas de squash y cocina de lujo. Esta zona está vigilada por agentes privados de seguridad y sólo es accesible para los altos cargos directivos.
Pero hay más, mucho más, como por ejemplo la utilización de material y personal de Feval para las fincas privadas del director y el subdirector, José Villa, junto al pantano de Orellana. Para que no falte de nada, la institución ha venido abonando las facturas emitidas de forma habitual por una conocida marisquería de Don Benito y «disfrutadas por el director y el subdirector, entre otros, en casas particulares» incluidos los fines de semana. Sirva de ejemplo una factura abonada por valor de 426 euros por una mariscada para dos personas el 4 de enero de 2008.
Hay que subrayar que la entidad cuenta con comedor propio. En algunos casos, estas mariscadas se trasladaban a Mérida en razón del contrato que la Presidencia de la Junta mantiene con Feval para suministro de catering. También se remitían a un lugar identificado con las siglas S. D., que coincidirían, según el informe de los trabajadores, con Santo Domingo de Olivenza, lugar de residencia del ex presidente Ibarra.
«La gestión llevada a cabo por la dirección ha servido fundamentalmente para poner a su propia disposición todo el capital de Feval, tanto patrimonial como humano, y también económico, toda una infraestructura empresarial de capital público al 100% al servicio de un único interés, el personal», describen los trabajadores en su informe-denuncia a Vara.
El presidente autonómico ordenó el pasado mes de septiembre la elaboración de una auditoría al efecto, de la que aún no se han hecho públicos sus resultados.
Más corruptelas en el cortijo de andalucía. Pero no se preocupen que dimitir no dimite, en este pais nadie dimite, no hay la suficiente decencia para hacerlo.
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