La Audiencia absolvió ayer al ex asesor de Bildu Juan J. Ibaceta de amenazas
a aficionados de la selección española. Ni cree probado que dijera «os voy a
pegar dos tiros» ni cree que la amenaza fuera creíble, al no tener licencia de
armas. San Sebastián prioriza a los presos de ETA
Humilla a las víctimas adoptando seis compromisos para defender sus
derechos
Con ETA y su brazo político inmersos en una permanente campaña para presionar
en favor de concesiones a los presos, Bildu ha decidido que San Sebastián lidere
la defensa institucional de los «derechos» que les asisten a los reclusos de la
banda. El Gobierno municipal ha adoptado de forma pública una serie de
compromisos que otorgan un trato especial y preferente a los etarras
encarcelados en su agenda de actuación, lo que para las víctimas del terrorismo
constituye una «humillación».
Se trata de seis compromisos concretos cuyo principal objetivo es la realización de un seguimiento periódico de la situación que atraviesan los 77 etarras naturales de San Sebastián que a día de hoy se encuentran encarcelados, según sus cifras, lo que se reflejará en un dossier que se renovará cada seis meses. Este informe será remitido a diferentes instancias nacionales e internacionales, entre las que se encuentra la Comisión de Derechos Humanos de Estrasburgo, con el objetivo de presionar al Gobierno español para que modifique su política penitenciaria.
Esta atención especial a los presos de ETA se plasmará además en la celebración de «reuniones periódicas» con sus familiares para «tener información directa de su situación». Incluso, el gobierno de Bildu remitirá a los terroristas encarcelados toda la información que publique sobre la actividad municipal para que sean conscientes del trabajo que realiza la coalición abertzale.
Los diferentes compromisos fueron dados a conocer ayer en un acto público en los jardines de Alderdi Eder, frente al Consistorio, en el que miembros del equipo de Gobierno y los dos ex delegados que cesaron de sus puestos tras una sentencia del Constitucional que ha suprimido esta figura (aunque siguen desempeñando sus funciones bajo el cargo de asesores) se situaron tras una pancarta de apoyo a los presos.
Fue una comparecencia de apenas cinco minutos en la que el alcalde, Juan Karlos Izagirre, que no ha condenado todavía a ETA ni ha hecho alusión a sus víctimas, leyó a modo de introducción un manifiesto político de denuncia de la «conculcación de los derechos» de los presos.
El PP contestó que la actitud de Bildu «es una continua provocación» ya que sólo piensa en «ensalzar a los suyos» mientras mantiene una actitud «vergonzosa y humillante con las víctimas».
Se trata de seis compromisos concretos cuyo principal objetivo es la realización de un seguimiento periódico de la situación que atraviesan los 77 etarras naturales de San Sebastián que a día de hoy se encuentran encarcelados, según sus cifras, lo que se reflejará en un dossier que se renovará cada seis meses. Este informe será remitido a diferentes instancias nacionales e internacionales, entre las que se encuentra la Comisión de Derechos Humanos de Estrasburgo, con el objetivo de presionar al Gobierno español para que modifique su política penitenciaria.
Esta atención especial a los presos de ETA se plasmará además en la celebración de «reuniones periódicas» con sus familiares para «tener información directa de su situación». Incluso, el gobierno de Bildu remitirá a los terroristas encarcelados toda la información que publique sobre la actividad municipal para que sean conscientes del trabajo que realiza la coalición abertzale.
Los diferentes compromisos fueron dados a conocer ayer en un acto público en los jardines de Alderdi Eder, frente al Consistorio, en el que miembros del equipo de Gobierno y los dos ex delegados que cesaron de sus puestos tras una sentencia del Constitucional que ha suprimido esta figura (aunque siguen desempeñando sus funciones bajo el cargo de asesores) se situaron tras una pancarta de apoyo a los presos.
Fue una comparecencia de apenas cinco minutos en la que el alcalde, Juan Karlos Izagirre, que no ha condenado todavía a ETA ni ha hecho alusión a sus víctimas, leyó a modo de introducción un manifiesto político de denuncia de la «conculcación de los derechos» de los presos.
El PP contestó que la actitud de Bildu «es una continua provocación» ya que sólo piensa en «ensalzar a los suyos» mientras mantiene una actitud «vergonzosa y humillante con las víctimas».
Interior aprieta contra el grupo de etarras con causas al límite
Detenidos en Francia Aranalde, que estuvo en el acto de huidos de Biarritz, y
Atorrasagasti
El ministro ya aclaró que se miraría con lupa el historial de los asistentes. Y esa mirada ya ha tenido sus primeras consecuencias. De hecho, uno de los participantes en ese evento de los radicales fue detenido ayer por la Policía francesa siguiendo instrucciones de los agentes españoles.
Se trata de Jokin Aranalde Olaondo. Junto a él, la policía del país vecino también capturó a Beñat Atorrasagasti Ordóñez.
Aranalde (Ibarra, 1946), detenido en la localidad vascofrancesa de Helette, fue uno de los etarras que compareció el pasado sábado 15 en el acto para reivindicar la vuelta de huidos y deportados en Biarritz, organizado por la izquierda abertzale. Aranalde fue considerado en su día colaborador del comandoZelatu. Formó parte del aparato de captación de la organización terrorista entre los años 2000 y 2003. Durante ese período, se dedicó a la creación de un comando legal denominado Piperrak dependiente del complejo Donosti, cuyos miembros fueron detenidos el 21 marzo de 2002 tras el asesinato del concejal socialista Juan Priede Pérez.
Tres días después, fue detenido por la Guardia Civil en una operación contra el Donosti. En aquella ocasión, fue acusado de haber intervenido en la entrega de una carta de captación. Tras pasar a disposición judicial, fue puesto en libertad bajo fianza de 12.000 euros el 1 de abril de 2002, circunstancia que aprovechó para darse a la fuga e instalarse en Francia.
Es el padre de Maite Aranalde Ijurco, quien también aprovechó un error burocrático de la Justicia francesa para escapar en 2009. Fue detenida un año después junto al jefe militar de la banda, Mikel Carrera, Ata. Otro de sus hijos, Ibon Aranalde Ijurco, fue condenado a dos años por violencia callejera.
La saga Aranalde en ETA es una de las históricas. De hecho, en alguna ocasión fue el propio Aranalde ayer detenido quien captó en su entorno familiar para incorporar a la cantera de ETA. Ése fue el caso de una de sus sobrinas, Eider Iuerjo, y del novio de ella, Ekaitz Aramendi. Ambos fueron detenidos por la Guardia Civil en 2002 en el marco de una operación contra el complejo logístico de ETA.
Beñat Atorrasagasti (1976), detenido en Urrugne, trasladó entre 1996 y 2001 a miembros de la banda y elaboró informes para cometer atentados, como los realizados sobre tres concejales de distintas localidades de Navarra, según dice Interior en un comunicado. Tras la detención en Francia del responsable del aparato de mugas (encargado de facilitar los pasos por la frontera), se dio a la fuga.
Fue arrestado el 13 de julio de 2012 en Edimburgo (Escocia). Existía contra él una euroorden de detención por integración en banda terrorista y formaba parte del grupo de reserva, aunque estaba operativo. Con motivo de una euroorden emitida por Francia fue trasladado a este país, donde fue puesto en libertad.
El colectivo de huidos de ETA reaparecerá mañana miércoles en Bayona (Francia) en una rueda de prensa convocada para hacer una valoración de estos arrestos.
Alertan de la ‘batasunización’ de movimientos radicales en Galicia
Interior detecta el aumento de apoyos políticos a los terroristas de
Resistencia Galega
Ayer comenzó el proceso contra los cuatro acusados de integrar la organización terrorista Resistencia Galega. El fiscal pide para ellos entre 12 y 20 años de cárcel y les resposabiliza de más de una treintena de atentados desde 2005 por parte de los integrantes de su trama militar.
En los informes elaborados tanto por los servicios policiales como por los de inteligencia se advierte del sesgo radical que toman formaciones gallegas como el Bloque Nacionalista Galego (BNG) en este asunto. En estos informes alertan de la radicalización independentista en Galicia y del «acercamiento del BNG al ámbito de Resistencia Galega».
La Policía detuvo a seis de los integrantes de esta trama en noviembre de 2011. Desde entonces, cuatro de ellos permanecen en prisión.
Los estrategas de la seguridad consideran que el BNG «ha modificado el eje de su línea política» buscando un punto más de velocidad a sus reivindicaciones secesionistas. Así, están potenciando acciones en favor del derecho de autodeterminación del pueblo gallego y, además, están «prestando apoyo político a los presos de Resistencia Galega», advierten estos servicios de Seguridad del Estado.
El afán soberanista del BNG implica tambiénsegún los informes de la Seguridad del Estado a, entre otras formaciones, Nos-Unidade Popular, Esquerda Unida, Causa Galiza, Asamblea de Mocidade Independentista, Central Unitaria de Traballadores, Confederación Intersindical Galega, Agrupación Galega de Esquedas –liderada por Xoxé Manuel Beiras– y Centros Sociales (donde existe una fuerte implantación de grupos antisistemas», citan estos informes).
Los analistas entienden que con este giro soberanista, el BNG trata de dejar sin sitio político a la corriente interna liderada por Beiras y denominada Anova, recientemente ya escindida del Bloque. Y en esta línea, desde el BNG se está solicitando el fin de lo que denomina «medidas de excepción para los presos gallegos». Además, sus representantes se negaron a firmar una propuesta del Partido Popular, en sede parlamentaria, para condenar el terrorismo de Resistencia Galega. Las Fuerzas de Seguridad y los servicios de Inteligencia comienzan a observar profundas y peligrosas coincidencias con la manera de actuar de la antigua Herri Batasuna, ilegalizada por su pertenencia a ETA.
La nueva estrategia contempla el apoyo a los familiares de los detenidos y organizaciones radicales con fondos de municipios bajo su responsabilidad.
Y es que, como explican los analistas, la organización se repite en Galicia como la que existió en su día en el País Vasco. La trama de Resistencia Galega cuenta con una estructura militar (en la que hay legales e ilegales, como en ETA). Además, tienen una estructura de captación. Clave son sus grupos de financiación y de falsificación. En definitiva, un modelo organizativo muy similar al que históricamente tenían ETA y su entorno.
Pero también detectan estos especialistas acercamientos de lo que hasta ahora eran movimientos de ultraizquierda, casi marginales, antisistema, a las formaciones como el BNG. Comienzan a coincidir en actos en pro de la soberanía gallega y en el apoyo implícito a los que ahora serán juzgados en la Audiencia Nacional como terroristas.
Según los informes remitidos por los servicios antiterroristas a la Audiencia Nacional, Resistencia Galega, en virtud de los elementos probatorios, «puede ser considerada como una organización autónoma dentro del entramado del autodenominado Movimiento de Liberación Nacional Galego, del que se nutre y apoya, presentando características claramente definidas y reuniendo los requisitos necesarios para ser considerada una organización terrorista».
Aclaran que los objetivos principales de Resistencia Galega son: empresas de la construcción, partidos políticos, propiedades de políticos, bancos, oficinas de empleo y juzgados.
Planes para hacer «la yihad en casa»
Dadas las circunstancias, el delegado del Gobierno en la Ciudad Autónoma, Francisco Antonio González, alertó ayer de la necesidad de un pacto como el que firmaron en su día PP y PSOE contra ETA para introducir modificaciones legales que aumenten la eficacia contra el terrorismoyihadista.
Según el juez, se trataba de una estructura radicada en España con conexiones internacionales en Marruecos, Bélgica, Turquía y Siria, que daría cobertura a grupos terroristas como el Frente de la Victoria o el Estado Islámico de Irak, considerados respectivamente los brazos armados de Al Qaeda en Siria e Irak.
Habían radicalizado, financiado y enviado a unos 50 jóvenes, 12 de los cuales eran ceutíes y el resto marroquíes. La historia del primero del que se tiene constancia fue recogida por este periódico en septiembre pasado. Dejó Ceuta en abril de 2012 junto a dos amigos, en junio mató a 150 personas estampando el camión-bomba en el que se había subido contra un cuartel del ejército y en septiembre las imágenes eran publicadas después de que Marquitos hubiese comunicado a la familia la defunción y le hubiese entregado el testamento vital del joven y el vídeo.
Marquitos, paradójicamente, incrementó su popularidad entre los yihadistas tras resultar absuelto por terrorismo en la operación Duna, en la que también fue acusado de captar a islamistas. Todavía más, según recoge el juez en el auto, la noticia de las muertes de sus voluntarios, lejos de desanimar al resto, «ha producido un efecto llamada entre los integristas» de Ceuta. De ahí la necesidad de realizar la operación policial, ya que la red estaba en activo y empezaba a hablar de hacer la yihad en casa.
Las primeras remesas de terroristas estuvieron compuestas de varones con antecedentes delincuenciales. En la última, de cuatro voluntarios, tres, que eran muy jóvenes, sufrían enfermedades mentales sin determinar y trastorno bipolar.
Algunos familiares amenazaron a Karim Abdeselam, un tipo que a sus 37 años no tiene ningún historial laboral pero sí conexión directa con el número 1 de Al Qaeda. Vive desahogadamente desde hace mucho –en una casa de unos 200 metros– en contraste con la miseria en la que se mueven sus objetivos del barrio ceutí de El Príncipe. Sin embargo, también hubo otros, entre ellos la esposa de uno de los suicidas, que salieron en su defensa el viernes, protestando al grito de «somos musulmanes, no terroristas».
