La consultora Vitalia Vida, mediadora habitual de los ERE financiados por la Junta de Andalucía, a la que cobró comisiones abusivas, construyó un complejo entramado empresarial para desviar fondos a diversos paraísos fiscales como Luxemburgo, Andorra y República Dominicana. La consultora cobró en cinco años 23,2 millones de euros en comisiones por los ERE y al menos 13 millones acabaron desviados a paraísos fiscales.Así lo cree la División de Investigación Criminal de los Mossos, que ha remitido varios informes al Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional en los que describe el proceder del holding Vitalia Vida, que sólo entre 2006 y 2010 cobró al menos 23,2 millones de euros en comisiones del conocido como fondo de reptiles que nutría los ERE.
EL MUNDO ha tenido acceso a esos informes, en los que los agentes concluyen que «se pueden entrever indicios fehacientes […] de la actividad ilícita a nivel internacional» de Vitalia Vida. La Policía de la Generalitat investigaba la quiebra fraudulenta de la mutua Fortia Vida, que dejó sin cobrar durante meses a miles de prejubilados en toda España, y se encontraron con que la entidad «era parte de un entramado personal y financiero que trasciende los hechos inicialmente investigados».
Los responsables de Fortia disfrazaron como malas inversiones inmobiliarias lo que, en realidad, según sus administradores judiciales, fue un desvío de más de 23 millones de euros hacia otras sociedades. Al menos 13 millones acabaron en empresas controladas por responsables de Vitalia mientras prejubilados de toda España se quedaron sin cobertura. Para ello, se utilizó un complejo entramado empresarial en el que, según los Mossos, «se podría enumerar muy generosamente más de un centenar de mercantiles», con la participación de sociedades radicadas en Luxemburgo, Andorra, República Dominicana y Bélgica.
Según los Mossos, «la utilización o búsqueda de terceras empresas con sede en el extranjero y principalmente en paraísos fiscales habría sido una de las herramientas utilizadas por el entramado investigado para dotar de opacidad al movimiento de fondos y conseguir ocultar o en todo caso dificultar la acción de las autoridades competentes».
Pese a ello, Vitalia gozó de la confianza de la Junta durante años para llevar a la práctica el sistema de los ERE: prejubilar a trabajadores de empresas en crisis con cargo a las arcas públicas sin convocar concurso ni realizar ninguna oferta pública.
Fortia Vida fue una de las aseguradoras elegidas por la Junta para cubrir las prejubilaciones de cientos de trabajadores afectados por los ERE. El Gobierno andaluz apoyaba económicamente a unas empresas y no a otras para hacer un ERE de manera discrecional, es decir, sin criterios establecidos y sin publicidad. A continuación, en lugar de pagar directamente las nóminas a los prejubilados, lo hacía mediante aseguradoras que tampoco se seleccionaban por concurso sino a través de mediadoras, una de ellas Vitalia Vida.
El papel de ésta consistía, en teoría, en calcular el coste global de los ERE y, en particular, de cada prejubilado, fijar un calendario de pagos y elegir, entre las distintas opciones del mercado, la mejor compañía aseguradora para realizar la operación.
Por ello cobraba comisiones que la juez Mercedes Alaya, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, considera abusivas, desproporcionadas y fuera de mercado. Y eso que, en numerosas ocasiones, Vitalia acababa seleccionando a aseguradoras de su propio grupo empresarial.
Es el caso de la aseguradora catalana Fortia Vida, con la que la Junta contrató seguros por al menos 109 millones de euros para pagar las rentas a cientos de prejubilados. Posteriormente, cuando esta compañía estaba a punto de ser intervenida por las autoridades de la Generalitat catalana, traspasó su negocio a Apra Leven, también del mismo holding, aunque con sede en Bélgica.
Más tarde, la aseguradora belga entró en liquidación y, al no estar sometida a la supervisión de las autoridades españolas ni gozar de la cobertura del Consorcio de Compensación de Seguros, sus prejubilados se quedaron sin cobrar.
Los Mossos investigaban un supuesto fraude en la quiebra de Fortia cuando descubrieron «la existencia de un laberíntico, complejo y dinámico entramado empresarial, tanto de ámbito nacional como internacional» en el que se insertaba la aseguradora. Ese entramado se fue «tejiendo con absoluto descontrol durante años con el objeto de financiar un determinado modus vivendi».
En la cúpula de la organización los agentes sitúan al dueño de Vitalia Vida, el empresario catalán Eduardo Pascual Arxé, que mantiene negocios con la Junta al menos desde principios de los 90, a través de Medicalia, una sociedad dedicada también a la consultoría laboral y a la tramitación de incapacidades e invalideces.
Medicalia fue la empresa a la que recurrió Renfe a finales de los 80 para tramitar 1.800 ceses e invalideces en la empresa pública de ferrocarriles, durante el Gobierno de Felipe González. El Tribunal de Cuentas consideró desproporcionadas las comisiones cobradas por Medicalia en aquella operación, por la que el Estado le pagó unos 4,7 millones de euros.
La Junta había contado con Medicalia para varios planes de prejubilaciones en los 90, como los de las empresas aeronáuticas Isa, Inverisa, HTC y HTM. Cuando se estableció formalmente el fondo de reptiles en el año 2001, mediante la implantación de un sistema opaco de concesión de ayudas, Vitalia se convirtió en la mediadora y consultora de cabecera del Gobierno autonómico para llevar a buen puerto los planes de prejubilaciones.
El holding Vitalia invirtió los beneficios de su actividad, entre ellos las comisiones de los ERE, en operaciones inmobiliarias fuera de España, realizando poco a poco una descapitalización de Fortia Vida. El resultado fue la quiebra de la aseguradora, con el consiguiente perjuicio para sus clientes, y el enriquecimiento, presuntamente ilícito, de particulares. Así lo consideran los Mossos y así lo avanzaron ya los administradores provisionales de Fortia Vida, en su informe final.
Junto a Eduardo Pascual Arxé, los investigadores colocan en el puente de mando o «la cúspide» del holding Vitalia Vida a María Vaqué Molas. Estas dos personas utilizaron «testaferros y una dirección comercial de la mano de Antonio Albarracín», con un objetivo primordial: «Las comisiones sobre las pólizas».
Albarracín está doblemente imputado: por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, en la quiebra presuntamente fraudulenta de Fortia Vida, y por el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, en el caso de los ERE.
Un interlocutor habitual
El director comercial de Vitalia, Antonio Albarracín, era uno de los interlocutores habituales con la Junta de Andalucía, como demuestra su correspondencia con la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, el departamento de la Consejería de Empleo que disponía del conocido como 'fondo de reptiles' que nutría los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). Este periódico ya informó de que Vitalia, a través de Antonio Albarracín, repartía un 20% de su comisión por mediar en el ERE de Altadis, financiado por la Junta, con un «colaborador» que le estaba «dando mucho negocio» a la consultora. Es lo que se desprende de una serie de correos cruzados entre Albarracín y la cúpula de Vitalia Vida e intervenidos por los Mossos d'Esquadra. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) está siguiendo esa pista en su investigación sobre el destino final de las «sobrecomisiones» pagadas por la Junta de Andalucía en los ERE. Precisamente, investiga el flujo de dinero desde Permar 21 SL, una sociedad controlada por Antonio Albarracín, desde la que Vitalia habría repartido sus beneficios con colaboradores y otros intermediarios. Un informe elaborado por los Mossos d'Esquadra alude a la posible vinculación entre la quiebra de Fortia y el caso de los ERE de la Junta de Andalucía, motivo por el cual la Audiencia Nacional, a través de un auto dictado el pasado 11 de enero, ha autorizado el acceso de la UCO a los documentos relacionados con la investigación catalana
