AGUSTÍN YANEL / Madrid / El Mundo
El Partido Popular ha reclamado que el vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Albert Soler, expliquen en el Congreso las presuntas irregularidades cometidas por ese organismo y por la Guardia Civil -que EL MUNDO desveló ayer- en relación al supuesto dopaje de Marta Domínguez, considerada la mejor atleta española de todos los tiempos.
Esta deportista fue acusada en otoño pasado de traficar con sustancias prohibidas, porque presuntamente las facilitó a algunos compañeros suyos, pero la juez que ha investigado este caso acordó recientemente su sobreseimiento provisional y archivo por falta de pruebas contra ella.
Según la información que publicó ayer este periódico, cuando los primeros análisis no detectaron ningún rastro de dopaje en esta atleta, el laboratorio de la Agencia Estatal Antidopaje -dependiente del CSD- y la Guardia Civil aceptaron que se realizaran otras pruebas en Colonia (Alemania), pero sin pedir autorización a la juez de la llamada operación Galgo.
Tras enterarse de esa información a través de este diario, la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció que iba a pedir la comparecencia en esa Cámara no sólo del ministro Rubalcaba, sino también del actual presidente del CSD.
«Queremos saber lo que ha pasado y cómo se ha gestado este caso», declaró a Telemadrid, porque «vamos conociendo noticias de determinadas pruebas que no se custodiaron de forma debida y de una instrucción que no contó con el seguimiento de la juez».
Indicó que los «encargados y competentes» en este asunto son el ministro del Interior y el presidente del CSD, por lo que ambos «tendrán que explicar lo que ha pasado». «Y tendremos que llegar hasta el final, porque el honor de las personas también es importante y máxime en un ámbito, el de los deportistas, en que su valía depende de una imagen que tiene que ajustarse a la realidad», dijo.
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, también se refirió poco después a este mismo asunto. Se preguntó cómo es posible que «se hayan producido actuaciones ordenadas desde el Ministerio del Interior, al margen de los dictados de la juez».
En concreto, el PP pide que el vicepresidente y ministro Rubalcaba explique en la Comisión de Interior del Congreso las «instrucciones, actuaciones y responsabilidades» de su Departamento en esa investigación policial.
Respecto al presidente del CSD, Albert Soler, los populares piden que comparezca en la Comisión de Educación y Deportes para aclarar el papel que han desempeñado en esa operación policial contra el dopaje en el deporte tanto él como su antecesor en el cargo, Jaime Lissavetzky, actual candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid.
Marcelino Iglesias, secretario de Organización del PSOE, dijo que pensar en un interés del CSD en este caso es un planteamiento «demasiado complicado». «No veo qué ganaría el Consejo Superior de Deportes yendo en esa dirección. Ni lo veo ni lo entiendo».. LÁZARO / L. F. LÓPEZ / Madrid
La "camarilla policial socialista" no aclara por qué ocultaron datos a la juez
Se centraron en explicaciones secundarias para acabar contradiciéndose. Baste el ejemplo de la Guardia Civil, que informaba en una nota oficial: «Como aclaración a las informaciones aparecidas en varios medios de comunicación [por EL MUNDO], la Guardia Civil reitera que desarrolló la operación Galgo una vez que la Juez, junto con la Fiscalía, determinara, a mediados de noviembre de 2010, que la misma se realizase el 9 de diciembre». Y añadía: «Esta circunstancia ya fue aclarada en nota oficial del pasado 12 de diciembre». Ese 12 de diciembre, cuando sólo un medio, El País, y parcialmente, había conocido partes relevantes del sumario, nadie podía contradecir a la autoridad. Hoy sí. Fue la Guardia Civil quien pidió autorización para lanzar su operativo el 9 de diciembre, como se observa en los documentos que acompañan a esta noticia. La juez se limitó a aprobarlo.
En un oficio del 29 de noviembre, la Sección de Consumo y Medio Ambiente de la Unidad Central Operativa de la Guardia civil pedía: «Considerándolo imprescindible para el esclarecimiento de los hechos, solicito a V.I. [la juez]: Mandamientos judiciales para proceder a la entrada y registro, en horas diurnas y nocturnas del día 09 de diciembre de 2010 en los siguientes domicilios y establecimientos (...)». La precisión de la Guardia Civil busca negar la hipótesis de que la operación se lanzó para desviar la atención de otros asuntos políticos. Y vuelve a mentir, pues dice que la juez determinó la fecha de la operación «a mediados de noviembre». La magistrada ordenó «la entrada y registro en diversos domicilios» el 1 de diciembre, y ratificó su decisión el 3 de diciembre, la misma fecha en que el Gobierno cortaba en seco las demandas de los controladores y éstos respondían con una huelga salvaje.
El CSD, por su parte, insistió en que envió la sustancia a Colonia conforme al protocolo de la Agencia Mundial Antidopaje, «con el objeto de obtener una segunda opinión». Pero la sustancia no era una común obtenida tras una competición deportiva cualquiera, sino que se encontraba bajo custodia policial. Porque actuar así era contrario a la ley, la juez le ordenó «interrumpir el proceso», como admitió el propio CSD.
SALVADOR SOSTRES
Muchos culpables
Porque los días de asedio y difamación que conoció Marta Domínguez no pueden archivarse. Es inaceptable que una ciudadana inocente -y ejemplar- haya visto cómo su honorabilidad era pisoteada y haya sido molestada e insultada de un modo tan grave. La actuación irresponsable de un ministro con ganas de desviar la atención pública de los desastres de su Gobierno no tendría que quedar impune y es impresentable que algunos periódicos fueran cómplices de la trama publicando chismes sin otra comprobación que la del ordeno y mando de un ministro afín. Cuando, en lugar de pensar, obedeces, acabas con las manos manchadas de las peores barbaridades.
Marta tendría que querellarse contra quienes la envenenaron con aquellos días terribles. No puede quedar como un simple incidente, porque lo que hicieron con ella fue arrastrarla por la arena pública sin ninguna piedad -y sin ninguna prueba, como se ha comprobado- y usando un despliegue policial incendiario e innecesario, con el único propósito de armar lío mediático y de humillarla. Con su actuación, los medios de comunicación afines al Gobierno se saltaron todos los artículos del código deontológico del periodismo y, después de saltárselos, volvieron al lugar del crimen para orinarse en ellos.
Sólo la sección de Deportes de EL MUNDO funcionó como una sección de periodistas y no de animadoras. Mucho antes de que la juez archivara el caso, los periodistas Luis Fernando López y Pablo de la Calle llegaron a la trabajada conclusión de la inocencia de la atleta, y la entrevista que le hizo el director de EL MUNDO en Veo 7 marcó un antes y un después en el devenir de las investigaciones y puso fin al linchamiento. Lo peor de la España negra persiste en este destrozar a inocentes e indefensos para disimular las propias vergüenzas y culpabilidades. Este regusto a checa y a gulag que tienen siempre los encarnizamientos.
Lo que tuvo que soportar Marta durante los días en que los de siempre decidieron lincharla fue mucho peor que cualquier multa imaginable, y nadie se ha disculpado por haberle causado aquel tormento, ni nadie ha asumido tampoco ninguna responsabilidad. Sufrió, de hecho, una condena de angustia personal y de escarnio público que fue muchísimo más allá de la sanción que habría recibido si se hubiera confirmado la peor de las falsas acusaciones.
El caso archivado de Marta no sólo subraya su inocencia, sino que deja en evidencia que hubo muchos culpables de asedio y de mentira. Sería un escándalo político, moral y cívico que no tuvieran que pagar por ello.
Sería un escándalo político, moral y cívico que no tuvieran que pagar por ello. Estas palabras, son extériles cuando de los de la kgb se trata, ya que están vacunados, y de sus acólitos igual.
ResponderEliminarLa justicia a estas alturas, está teledirigida, y uno no sabe si está en España o en una república bananera.
Espero que sus conciencias les pasen factura.