Presenta una demanda porque su proceso es «un ataque a la independencia judicial»
Es la segunda vez que un juez español denuncia a su país por una actuación del Supremo. El primero fue Javier Gómez de Liaño, también ex instructor de la Audiencia Nacional, condenado por prevaricación por el caso Sogecable. Garzón todavía no ha sido ni siquiera juzgado, pero la demanda pretende soslayar el hecho de que su caso aún no ha sido examinado en las instancias jurisdiccionales internas (requisito imprescindible para que la Corte europea acepte la demanda) con la alegación de que «ya no tiene la posibilidad de detener su enjuiciamiento».
El artículo 35 del Convenio Europeo de Derechos Humanos establece que no podrá acudirse a la Corte europea hasta después de «agotar las vías de recursos internas» y en el plazo de seis meses «a partir de la fecha de la decisión interna definitiva».
La demanda de Garzón trata de convertir en «decisión interna definitiva» la apertura del juicio oral contra él y considera que ello representa «un ataque a la independencia judicial». Pero, incluso si se considerara que no es preciso esperar a los fallos del Supremo y del Tribunal Constitucional para acudir a Estrasburgo, la demanda omite un dato esencial: el propio enjuiciamiento de Garzón es aún evitable si la Sala estima sus alegaciones en la fase de cuestiones previas de la vista oral, fase en la que el juez tendrá la posibilidad de alegar todo tipo de vulneración de derechos fundamentales y causas de nulidad.
La demanda de Garzón podría tener, así, dificultades de admisibilidad.
Presentado con la cobertura de Interights, una ONG establecida en Londres y dedicada a proteger los derechos humanos, el escrito denuncia el «enjuiciamiento injustificable de un juez por veredictos razonados de forma cuidadosa y como respuesta a su intento de impartir justicia a las víctimas de las atrocidades del franquismo».
Afirma que las querellas contra él fueron promovidas «por varias organizaciones políticas de derechas», aunque no menciona que la admisión a trámite de esas querellas se ha producido siempre por unanimidad y con la intervención de hasta nueve jueces de la Sala Penal del Supremo (más de la mitad de los magistrados titulares del tribunal) de distintas sensibilidades jurídicas.
Frente a ello, invoca el apoyo sistemático del fiscal a sus pretensiones, especialmente el respaldo que la Fiscalía, «en una actuación sin precedentes», ha brindado a la recusación promovida por Garzón contra cinco de los siete magistrados a los que ha correspondido juzgarle. La recusación, basada en que esos magistrados se han formado un prejuicio al resolver los recursos durante la instrucción, está igualmente pendiente de decisión. A este respecto, se califica de «digna de mención» la decisión de uno de los afectados, Joaquín Giménez, de admitir como cierta la causa de recusación.
La demanda se centra en la «inadmisibilidad de iniciar un procedimiento penal» contra un juez que ha sostenido una interpretación jurídica «que no se puede calificar de arbitraria o irrazonable», que es lo que corresponde decidir al Tribunal Supremo. Destaca que la tesis de Garzón sobre los crímenes contra la Humanidad «está avalada por muchos otros tribunales y organismos tanto en el ámbito nacional como en el internacional» y se queja de que el TS no le ha permitido demostrar esa afirmación al no aceptar el testimonio de expertos internacionales, que ahora apoyan la demanda ante el TEDH.
Según el escrito, «la acusación del juez Garzón ha tenido como consecuencia el bloqueo, o la congelación, de todas las demás posibles investigaciones» sobre los crímenes franquistas, por lo que «queda patente su efecto intimidatorio».
La demanda destaca la trayectoria de Garzón en casos «políticamente delicados, delitos internacionales, corrupción y terrorismo» y asegura que «ha sido reconocido como un defensor destacado de los derechos humanos en todo el mundo». No alude a que España ha sido condenada dos veces precisamente por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos debido a actuaciones de Garzón, la primera por no ser imparcial en la investigación de los GAL y la segunda, el pasado día 8, por «permanecer pasivo» ante una denuncia de torturas a un supuesto terrorista, que archivó sin investigar.. M.
Otro que tal baila, la cuestión es no dar la cara, y utlizar argucias legales oara evitar lo inevitable. Esperemos que se cumpla aquello de que todos somos iguales ante la ley, o no???.
ResponderEliminarEn la casta de algunos jueces parece que no es asi...