Rubalcaba niega al PP un informe sobre el chivatazo a ETA

AGUSTÍN YANEL / Madrid

El Ministerio del Interior ha decidido no entregar al PP un informe de la Guardia Civil sobre el chivatazo telefónico que recibió un presunto colaborador de ETA el 4 de mayo de 2006, advirtiéndole de que iba a ser detenido. Alega que fue realizado por encargo del juez que investiga el caso Faisán y que, por consiguiente, sólo debe ser remitido a dicho magistrado.

El diputado popular Ignacio Gil Lázaro, que solicitó oficialmente ese documento en septiembre, dijo ayer que el ministro y vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, «miente» al darle esa explicación porque ése y otros informes sobre el caso Faisán «jamás fueron remitidos a la autoridad judicial», por lo que deben ser facilitados a los diputados cuando éstos lo soliciten.

El Ministerio le ha contestado que «no se considera procedente la remisión de informes que, en su caso, hayan podido ser elaborados por orden judicial», porque los guardias civiles, cuando actúan en funciones de Policía Judicial, «dependen exclusivamente de los jueces o tribunales o del Ministerio Fiscal».

Como el informe que reclamó Gil Lázaro forma parte de una investigación judicial, Interior le ha comunicado que se remite «exclusivamente» al juez, tribunal o fiscal que lo ha encargado.

Ante esa respuesta, Gil Lázaro explicó ayer que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ordenó a la Policía y a la Guardia Civil que investigaran el chivatazo por separado, pero el juez Baltasar Garzón recuperó ese caso y separó al instituto armado, por lo que «todas las pesquisas que realizó la Guardia Civil no forman parte de las actuaciones judiciales en curso».

Opinó que esta negativa es similar a la del Gobierno de Felipe González cuando no atendió las peticiones del Congreso sobre la guerra sucia contra ETA y «el expolio de los fondos reservados».