PEDRO BLASCO / Madrid
La Guardia Civil, por orden de Patrimonio Nacional, viene impidiendo el paso a los fieles católicos alegando que la estatua de La Piedad está en mal estado y pueden desprenderse piedras.
Los benedictinos, y el grupo de católicos que les apoyan, creen que desde Patrimonio Nacional se está intentando que los sacerdotes abandonen el Valle de los Caídos, que se ha convertido en un lugar incómodo para el Gobierno. Una de estas personas dijo que, desde hace un año, sufren «una auténtica persecución».
El pasado sábado, un centenar de personas quiso acceder a las instalaciones del Valle y se lo prohibió la Guardia Civil, que sí dejó entrar a dos autobuses de turistas, uno de chinos y otro de franceses. El domingo, los sacerdotes salieron a celebrar la misa junto a la carretera de Guadarrama. La cifra de asistentes se dobló.
Ayer, los sacerdotes hicieron público por la mañana un comunicado en el que señalaban que volverían a oficiar en la cuneta de la carretera, si no les dejaban hacerlo dentro del Valle.
Por la tarde, mantuvieron una reunión de tres horas y media con la delegada del Gobierno, Amparo Valcarce, y Patrimonio Nacional. Este último organismo ofreció cuatro alternativas y, finalmente, los benedictinos aceptaron oficiar en la explanada que hay detrás de la basílica, junto a su convento y la hospedería. La intervención de la Delegación del Gobierno ha sido clave para que se celebre en este punto y exigirá que se cumplan los acuerdos.
Patrimonio Nacional se comprometió a vallar las zonas peligrosas y poner medidas de seguridad para que los visitantes puedan acceder a la basílica antes del 25 de diciembre. Existe el compromiso de invertir en estas obras 100.000 euros y terminarlas en mes y medio.
Los sacerdotes y los fieles no se fían, pues las promesas de Patrimonio Nacional se han incumplido sistemáticamente y mantienen que en esa zona no rige la autoridad civil, sino la eclesiástica, por lo que pueden acceder a la iglesia.
Fuentes de la Delegación del Gobierno dijeron que la reunión fue «altamente satisfactoria», según informaron a Efe fuentes de la institución. Los representantes de los fieles católicos dijeron que se temen un nuevo incumplimiento de Patrimonio y no salieron contentos. Al encuentro también asistieron, entre otros, el abad y el prior de la comunidad benedictina.
Este grupo de católicos estaba preparando una querella criminal contra las personas que, según ellos, no les dejan ejercer su derecho a la libertad religiosa.
Los que sí presentaron una denuncia en el juzgado de San Lorenzo fueron varios miembros del sindicato Manos Limpias. En ella acusan a la Delegación del Gobierno de cometer un presunto delito contra la libertad de conciencia vulnerando el artículo 16 de la Constitución y el 522 y 537 del Código Penal.
Zp engaña a cualquiera, incluso a estos monjes. Lo que quiere, es volar todo el valle de los caídos, y poco a poco va medrando a los monjes para que se vayan, todo es hipocresía, la verdad es esa, volarlo todo.
ResponderEliminar