Policías y ONG, contra Rubalcaba

Por primera vez, los agentes se unen a Amnistía Internacional para denunciar que Interior vulnera los derechos humanos

Las Fuerzas de Seguridad y las organizaciones no gubernamentales se han constituido en joint venture contra el enemigo común: la política de hostigamiento a los inmigrantes del Ministerio de Alfredo Pérez Rubalcaba. Las asociaciones mayoritarias de la Policía Nacional y la Guardia Civil comparecieron ayer en una insólita rueda de prensa ofrecida mano a mano con Amnistía Internacional (AI) para denunciar la «deficiente» formación de los agentes en derechos humanos, tal y como dice el último informe de esta ONG.

De allí salió de todo. Los policías contaron que sus superiores siguen obligándoles a hacer redadas masivas e indiscriminadas contra los inmigrantes para «conseguir rentabilidad estadística» -José Manuel Sánchez, secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), reveló que en Castellón hay hasta seis controles policiales diarios y se identifica a 900 personas al mes-; los guardias civiles admitieron que también se están negando a realizar este tipo de prácticas «ilegales»; unos y otros reconocieron que no reciben formación específica sobre los centros de internamiento de extranjeros (CIE)... Y Joaquín Cánovas, secretario general de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) de Madrid, dijo que el Instituto Armado «se encuentra todavía con los valores castrenses, y luego llegarán los de derechos humanos», y denunció falta de transparencia: «¿Sigue siendo una institución oscurantista? ¿Les cuesta trabajo abrir las ventanas?», se preguntó.

Es la primera vez que los agentes participan en una comparecencia pública de estas características. Hace tiempo, el SUP dio una rueda de prensa con Mensajeros de la Paz para denunciar de forma conjunta las expulsiones de menores extranjeros, pero nunca antes se habían prestado a dar su aval -y buenas dosis de autocrítica- a un informe de una ONG que, además, no les deja precisamente en el mejor de los lugares. Según el documento, de 54 páginas, la formación en derechos humanos -que es definida como «marginal», «residual» y «muy deficitaria»- representa sólo el 4% de toda la formación que reciben los agentes.

Amnistía ve «falta de voluntad política» por parte de Interior para cambiar esta situación. «Seguimos suspendiendo al Gobierno en la formación en derechos humanos», sentenció Virginia Álvarez, responsable de Política Interior de la ONG, que contó que en septiembre se reunieron con dos asesores del Ministerio para comentar el informe y «no mostraron mayor interés en colaborar».