Correa pide inhabilitar a Garzón 17 años por ordenar escuchas ilegales

MARÍA PERAL / Madrid

Quiso espiar la estrategia de la defensa «para dominar la evolución del 'caso Gürtel'»

El juez Garzón ordenó escuchar las entrevistas en prisión de los principales implicados en el caso Gürtel con sus defensores para «obtener con ventaja cualquier información relevante que le fuera proporcionada por el interno al abogado, pretendiendo obtener datos reservados para favorecer el éxito de la investigación». Lo afirma Francisco Correa, acusado de ser el jefe de la trama de corrupción que salpica al PP, en su escrito de acusación contra el primer instructor del caso, Baltasar Garzón, sometido ahora a un proceso penal en el Supremo por dictar resoluciones injustas a sabiendas (prevaricación) y por utilizar métodos de investigación contrarios a las garantías constitucionales (escuchas ilegales).

Correa, defendido por José Antonio Choclán, solicita para Garzón una pena de 17 años de inhabilitación para el cargo de juez y una multa de 3.240 euros. Según el escrito de acusación, el juez estrella ordenó a la Policía intervenir las comunicaciones de Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez con sus abogados porque «conociendo la estrategia de las defensas o datos confidenciales que pudieran proporcionar los internos a sus abogados, dominaba completamente la evolución de la causa, de gran trascendencia mediática».

Y acordó la interceptación de las comunicaciones pese a que «conocía que ningún indicio pesaba sobre los defensores» y que ningún indicio podía tener contra cualesquiera otros abogados que visitasen a los implicados en el caso Gürtel, a los que también afectaba una medida ordenada con carácter indiscriminado.

Aprovechando que la causa estaba secreta, dictó una resolución «estereotipada, utilizada habitualmente en supuestos de investigación de hechos terroristas» y en la que introdujo «a modo de coletilla, la prevención de que se garantizase el derecho de defensa, cosa que sabía imposible en los términos en los que había dispuesto la medida». El juez «no tenía voluntad alguna de preservar el derecho de defensa» porque, de haber querido hacerlo, «le hubiera bastado con ordenar que no se activaran los mecanismos de escucha y grabación cuando los internos fueran visitados por sus defensores, toda vez que esos mecanismos se activaban manualmente» por el funcionario encargado de los locutorios.

Garzón no sólo ordenó la interceptación sino que, transcurrido un mes, la prorrogó «sin discriminación alguna». «Escuchó y grabó las conversaciones relativas al ejercicio de la defensa y, desde luego, no confirmó la existencia de indicio alguno que justificase el mantenimiento de la medida, a pesar de lo cual decidió seguir escuchando y grabando».

Accedió, así, al contenido de nueve comunicaciones entre Correa y Choclán; ocho entre Crespo y sus defensores, Gonzalo y Pablo Rodríguez Mourullo; otras ocho de Sánchez y su defensor, Juan Ignacio Vergara, y dos más del letrado Ignacio Peláez con Correa y Crespo.

En contra de la tesis de Garzón, que sostiene que las escuchas no incidieron de forma real en el derecho de defensa, el escrito de acusación de Correa subraya que habló con su abogado del pen drive ocupado a otro implicado, «que constituía una poderosa prueba de cargo para la Fiscalía». «Se habló de su contenido y de la interpretación que debía ofrecerse cuando fuera interrogado por los datos en él contenidos. Se habló de la necesidad de una defensa coordinada y de otros extremos relativos al puro ejercicio profesional de la defensa. La Policía, la Fiscalía y el instructor tuvieron acceso a información relevante con anterioridad a que los imputados prestaran nueva declaración», afirma.